Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional y con el artículo 204 del reglamento de esta Cámara, para que disponga la concurrencia del Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Dr. Axel Kicillof, al plenario de esta Honorable Cámara a fin de que informe sobre el acuerdo realizado con la compañía Repsol que establece el pago de una indemnización por la expropiación del porcentaje accionario que la misma tenía en YPF S.A.

Señor presidente:

El gobierno argentino compensará a la empresa española Repsol S.A por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF del siguiente modo: a) lanzará tres emisiones de bonos por 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) y se obliga a otras tres más adicionales por 1.000 millones si el valor real de mercado de los bonos cae de aquella cifra; b) el grupo español considerará efectivo el pago cuando éste entre en caja y no cuando se emita; c) para fijar el precio, se tomará la media de la cotización de los bonos en los 90 días previos a la fecha de la firma definitiva del acuerdo, que acaba de obtener la aprobación del directorio de Repsol. Se pagará una tasa leonina de 8,75% en dólares. Sólo los intereses que irá percibiendo Repsol le reportarán hasta el año 2020 importes similares a las utilidades que la empresa estaba girando antes de la expropiación, con un claro método de vaciamiento y desinversión. El total de re-endeudamiento alcanza a casi 11 mil millones de dólares, por una compañía por la cual el Ministro Axel Kicillof dijo que no habría que pagar un peso.

Repsol ha sido rescatada con costo integral al pueblo argentino. La empresa ha logrado de este modo que la deuda no quede zanjada hasta que no considere haber recibido el dinero, con lo que queda en sus manos la aprobación definitiva del acuerdo que hoy ha obtenido el visto bueno de su directorio. Cuando el Congreso trate la ampliación de deuda, que obligatoriamente debe pasar por él, lo hará en el marco de la extorsión de un acuerdo

ya firmado y bajo control de la petrolera que llevó a la pérdida de las reservas petroleras y gasíferas argentinas. Rechazamos este método de pérdida de autonomía nacional que coloca al país, al gobierno y al Congreso bajo el dictado de una petrolera extranjera, beneficiaria de una nueva hipoteca para los argentinos.

Repsol irá descontando la deuda a medida que la perciba, sea por amortizaciones periódicas de los bonos o por venta a terceros. De considerar Repsol que existen problemas en el cobro, queda habilitada para recurrir de nuevo al arbitraje internacional. Por lo cual el retiro de todos los procesos abiertos contra la Argentina ante la corte de arbitraje internacional del Banco Mundial, CIADI, así como en los tribunales de España, Argentina y Estados Unidos, tienen sólo un efecto suspensivo.

Repsol no sólo se ha asegurado el cobro de los 5.000 millones de dólares. Deben sumarse los intereses de la deuda a diez años, a una tasa que ronda el 8.75% anual, cifra absolutamente leonina si se considera que la tasa de retorno del bono a 10 años de la Reserva Federal norteamericana está en un 2.73%, sin entrar a considerar que la tasa de préstamos de los bancos centrales estadounidenses y europeos a los bancos que lo requieren está en el orden del 0.25% anual. Una suma elemental hasta aquí plantea un monto de 10.500 millones de dólares de capital e intereses, lo que representa, cinco veces los 2.200 millones de dólares que cotizaban estas acciones hace un año. La suba especulativa del precio de las acciones tuvo como contrapartida el aumento del 80% de las naftas desde mediados del año pasado, una medida con la que el gobierno pavimentó los acuerdos con Chevron, Down Chemical y ahora con Repsol.

La información sobre el respaldo del pago total de la deuda a Repsol con garantía bancaria no ha sido desmentida y no debe ser pasada por alto. ¿Cómo se piensa

materializar tal garantía bancaria? ¿Está en debate, por caso, el armado de una ingeniería financiera que, fideicomiso mediante, comprometa las reservas del Banco Central?

Dicho todo esto, no se dijo lo principal: no es el Estado argentino quien debe indemnizar a Repsol, sino Repsol al Estado argentino. Ni siquiera sería una salida nacional lo que el ministro de economía prometió en su momento, "que la expropiación no iba a costar un peso".

Repsol se hizo propietaria de YPF en 1999 a un costo de 15.000 millones de dólares - 44.78 dólares por acción - en una operación que la actual legisladora e hija del presidente de YPF José Estenssoro calificara de "el último gran acto de corrupción de la gestión menemista", que significó un acuerdo a un precio irrisorio, mediante bonos garantizados de deuda y desguazando casi por completo la flota e instalaciones de YPF, entrega que contó con el acuerdo de todos los accionistas de YPF locales e internacionales, incluidos el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, gobernada por el ex presidente Néstor Kirchner, que aceptaron la oferta y vendieron sus acciones. Para consumar este golpe Repsol se endeudó por dos veces su patrimonio y descargó esta deuda sobre YPF y el país. Según un centro de estudios que actúa en la órbita del CONICET: "Bajo la administración de Repsol, la controlante se limitó a explotar las reservas descubiertas durante la administración estatal sin inversión en exploración para incrementarlas" - Andrés Asaian y Agustín Crivelli, investigadores del Instituto de Estudios Históricos, Económicos y Sociales e Internacionales (IDEHESI). Únase a esto el escandaloso acuerdo que impulsó esta administración entre Repsol y la empresa Petersen Energy, del grupo Eskenazi, que ingresó como grupo minoritario de YPF S.A. Los banqueros de Santa Cruz lograron

comprar con una mínima inversión- ¿cómo habrán llegado a tener esta posibilidad? - el 15% de la empresa y asumir nada menos que su gerenciamiento. La llamada "argentinización" de YPF fue un grandísimo negocio privado que benefició a los amigos del gobierno y a las petroleras que tienen refinerías: Repsol, Esso, Shell y Petrobras. Se consumó en junio de 2007 y sólo en un período de cuatro años los combustibles subieron más de un 100%, superando el precio del petróleo crudo. Recordemos las características de tal "argentinización". Los Eskenazi compraron el 15% de las acciones con un crédito bancario de U$S 1.000 millones y otro similar de Repsol, más un adelanto de los dividendos 2006 cedidos por la petrolera. En contrapartida el comprador le permitía a Repsol girar al exterior el 90% de las ganancias de YPF pagadas como dividendos. La no inversión de utilidades de parte de Repsol entre 2007 y 2011, según datos de la Comisión Nacional de Valores, implicó un vaciamiento del orden de los 16.000 millones de dólares. El balance es conocido: luego de diez años Repsol dejó la empresa con sólo la tercera parte de las reservas de petróleo y menos de la cuarta parte de las de gas, con una producción anual de petróleo reducida en un 50% y un déficit energético que se lleva entre 12 y 16.000 millones de dólares al año.

Recordemos que no se trató de un rayo en cielo sereno. En este mismo año 2007 de la "argentinización", un 24 de mayo fue aprobado por la Legislatura de Chubut y con el voto de los justicialistas, casi todos los radicales y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno nacional, la prórroga hasta 2047 de la concesión del yacimiento petrolífero más importante de Argentina, que es Cerro Dragón, en beneficio de Pan American Energy, perteneciente en ese tiempo a la British Petroleum y a Bridas, del grupo Bulgheroni. La explotación de Cerro Dragón vencía en 2017 y se cedió su explotación por cuarenta años, es decir hasta su extinción. En 2006 y a impulso de esta administración,

supuestamente "nacional y popular", se continuó con la política menemista de entrega a las provincias de los recursos petroleros, a través de la llamada Ley Corta.

El acuerdo que hoy se intenta establecer entre Repsol y el Estado nacional plantea, naturalmente, que se terminan los juicios recíprocos entre la petrolera española, de un lado, y el Estado argentino o YPF, por el otro. Ello implica el fin de la demanda de Repsol por la expropiación de 2012, pero clausurando cualquier reclamo por el desfalco económico y la depredación ambiental incurridos desde 1998 por parte de Repsol, que el gobierno de Santa Cruz ha valuado en U$S 3.000 millones. Implica, en definitiva, tratar de imponer un "punto final" a un proceso de vaciamiento que admite escasos casos de comparación

Toda enumeración puede ser arbitraria, pero existen tres momentos de entrega del petróleo de naturaleza histórica: el acuerdo de Perón con la California, los contratos de Frondizi y la privatización llevada adelante por el gobierno de la década "neoliberal". El vaciamiento operado por Repsol durante gran parte de la década llamada nacional y popular incluyendo la "argentinización" de YPF debería ser, en esta lista, el cuarto capítulo. El quinto, nos apresuramos a decirlo, ha sido el acuerdo con Chevron, desconocido hasta el día de hoy en su totalidad, por cual la multinacional petrolera recibirá ingresos, incluso después del cumplimiento del período contractual o de una rescisión eventual del mismo.

El Frente de Izquierda rechaza la indemnización a la empresa Repsol y plantea que se proceda a la nacionalización integral de la industria petrolera. En el caso de YPF el Estado debería reclamar una indemnización a Repsol por el fraude cometido con la privatización y por el saldo negativo que deja la diferencia entre aportes de capital y utilidades extraídas y los inmensos daños ambientales. En su conformación actual el Estado

carece de la capacidad para realizar las nuevas inversiones que permitan superar el vaciamiento operado no sólo por Repsol sino por el conjunto de petroleras instaladas en la Argentina, lo que plantea un agravamiento del derrumbe energético al que asistimos. Los más de 80.000 millones de dólares que se han fugado en los últimos cinco años son la prueba sin atenuantes de que la Argentina genera un ahorro nacional más que suficiente para sentar las bases de una industrialización genuina, dentro de la cual está la industria petrolera.

No queremos culminar la exposición de estos fundamentos sin denunciar que este acuerdo es sólo la puerta de entrada de nuevos acuerdos, particularmente con organismos internacionales de crédito para un nuevo endeudamiento de la Argentina, frente al agotamiento imparable de este gobierno. Endeudamiento que, por otra parte, seguirá siendo pagado por trabajadores y jubilados. Esta escandalosa indemnización a Repsol, es el primer paso de todo un nuevo ciclo de endeudamiento y entrega nacional: Club de París, juicios del Ciadi, canje a los fondos buitres.

Por todas estas razones entendemos imprescindible la concurrencia del Ministro Kicillof para que dé explicaciones sobre los alcances de este acuerdo, que tiene enormes consecuencias sobre el conjunto del pueblo argentino.