Disponer la citación del Sr. Andrés Chambouleyron, Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía y Minería y a la Lic. Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de exponer un amplio y pormenorizado informe acerca de sus conflictos de interés y cómo fueron evitados -si es que lo fueron- en el marco de lo establecido por el artículo 15, inciso b, de la Ley 25.188.

Señor presidente:

El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, designó al economista Andrés Chambouleyron para presidir la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria. Su designación fue oficializada por medio del Decreto 271/2015 del 29 de diciembre de 2015.

Por su parte, las funciones de su dependencia se plasmaron a través del Decreto 231/2015, del 22 del mismo mes. Los objetivos de la cartera a su cargo son, conforme la referida norma: "1. Asistir al Ministro en la coordinación de políticas de precios y tarifas de energía y servicios públicos vinculados al área energética; 2. Coordinar las relaciones con los organismos descentralizados en el ámbito del Ministerio; 3. Coordinar las acciones a efectos de identificar mecanismos de transferencias y subsidios a los sectores carenciados de la sociedad en relación a los servicios públicos vinculados al área energética; y 4. Realizar recomendaciones de política energética interactuando con otras Secretarías y Subsecretarías del Ministerio".

En los últimos doce años, Andrés Chambouleyron actuó como "testigo experto" de parte de sendas empresas extranjeras en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el CIADI. Dicha labor fue confirmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, durante la exposición que brindara en el Parlamento Nacional con motivo del primer informe de gestión de la administración Macri. En efecto y consultado por el bloque del Frente para la Victoria si "¿Sabía Ud. que Andrés Chambouleyron, el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía fue testigo de parte de empresas energéticas (gas y electricidad) en 10 juicios contra el Estado y el pueblo argentino ante el CIADI?" Y si "¿Le preguntó Ud. a Chambouleyron si sigue vinculado a Compass Lexecon, la firma que asesoró a las empresas en sus referidas demandas?", el ministro respondió: "Tengo conocimiento de los antecedentes profesionales del Ing. Chambouleyron, por medio del Ministro de Energía y Minería que propició su designación", y "Obviamente, se desvinculó de Compass Lexecon para incorporarse a la función pública".

Del Currículum Vitae del Sr. Chambouleyron publicado oficialmente por Compass Lexecon se observa que las empresas representadas por el actual funcionario del Ministerio de Energía fueron en su mayoría energéticas dedicadas a la distribución de gas natural y electricidad, muchas de las cuales siguen operando en el país.

Si vinculamos lo anterior con lo manifestado por el Jefe de Gabinete Peña: "Obviamente, se desvinculó de Compass Lexecon para incorporarse a la función pública", debemos preguntarnos cómo fue que hizo el Sr. Chambouleyron para ajustarse al artículo 15, inciso b, de la Ley 25.188 a saber: “Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria".

Asimismo, nos preguntamos, si para ajustarse a la referida ley el Sr. Chambouleyron debió delegar la firma en todos y cada uno de los actos administrativos que involucren empresas por él representadas como empresas no representadas pero con participación accionaria de las primeras (y aquí infinidad de alternativas adicionales): ¿A qué empresas energéticas representó? ¿A quiénes delegó la firma y en qué actos administrativos? ¿Cómo fue que intervino en todas las resoluciones, incluyendo la 212, vinculadas a los nuevos cuadros tarifarios del gas natural?

Por último y dado su pasado reciente, agregar que es preciso se hagan público los términos de su contrato porque de lo contrario, cómo asegurar que, una vez finalizado su cargo de Subsecretario o al momento de presentar una eventual renuncia, no utilice la información confidencial del Estado en contra del propio Estado en futuros juicios, con sus ex colegas de Compass Lexecon, así como en cualquiera de los 10 juicios pasados si es que siguieran vigentes. ¿Siguen vigentes? Esto por un lado, y por el otro, ¿aseguró el señor Chambouleyron en su contrato con el Estado no volver a oficiar de testigo de parte de empresas contra el mismo Estado hasta el fin de sus días?

Sabemos que las demandas de empresas contra Estados soberanos ante el CIADI constituyen una doble extorsión, pues mientras pueden implicar fuertes erogaciones a los Estados demandados sirven también de elementos de presión para tender a marcos regulatorios favorables al interés privado en detrimento del público (no necesariamente incompatibles). Y es por esto aprovechamos este proyecto de Resolución para agregar que la designación de funcionarios públicos que hubieran actuado en calidad de testigo de parte de empresas en acciones judiciales contra de su propio pueblo constituye una clara amenaza a la seguridad nacional.

En función de lo expuesto creemos oportuno, necesario y urgente que el Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Sr. Andrés Chambouyleron, se apersone a esta HCDN a efectos de responder los lógicos interrogantes aquí planteados, entre muchos otros.

Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares, que acompañen la presente iniciativa.