Instar al Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (Y.P.F. S.A.) para que, sin perjuicio de lo normado por el art. 15 de la Ley 26.741, convoque a la Auditoría General de la Nación a fin de que audite las cuentas de dicha empresa, dotando así de transparencia y profesionalismo al sistema de control y contralor de la inversión de los fondos públicos en la actividad hidrocarburífera que desarrolla esa firma.-

Señor presidente:

Recuperada la mayoría accionaria a favor del estado nacional de la empresa YPF S.A., resulta trascendente establecer una política de estado de alto arraigo nacional para favorecer su actividad y tender a la plena productividad de los pozos petrolíferos y las àreas gasíferas.-

Pero más allá de los loables fines estratégicos para asegurar a nuestros ciudadanos el acceso a los hidrocarburos, no debe perderse de vista que esta empresa debe ser ejemplar en cuanto a su gestión.-

La L. 26741 declaró en su artículo 1 "de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones"

Esta definición que contó con la abrumadora adhesión de la mayorìa del arco político parlamentario, no fue acompañada por otras normas que mostraran que la real intención del gobierno kirchnerista era repatriar la empresa y ponerla efectivamente al servicio de los intereses nacionales.-

El artículo 15 mereció fundadas críticas y propuestas de modificación, las que fueran sistemáticamente desoidas por los legisladores oficialistas.-

Según el mentado artículo, no resultarán "... aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación".-

Con esta fórmula y en manifiesta violación con los arts. 16 y 85 de la Constitución Nacional, se excluyó a esta empresa -y en especial a la participación estatal en ella- de los controles constitucional y legalmente establecidos, en lo que a la aplicación, gestión y administración de fondos públicos se refiere.-

Oportunamente desde nuestro bloque se formularon sobradas criticas no solo a la redacción, sino fundamentalmente al concepto de gestión "sin control" que proponía el proyecto, que finalmente fue aprobado por la automática mayoría kirchnerista.-

En nuestro dictamen minoritario, se proponía incorporar a la Auditoría General de la Nación (AGN), a la Sigen y al propio Parlamento como organismos de control de la estatización, intención de por sí ambiciosa y con un marcado acento institucional, algo que no es muy caro para las filas oficialistas.-

Pero superada la instancia de debate parlamentario, ya se advierte que la gestión de la empresa no cumplimenta standards mínimos de actividad y que convoca sin concursos ni licitación, a empresas extranjeras para veladamente volver a privatizar áreas estratégicas.-

Es dable entonces reclamar que para asegurar la transparencia de la gestión estatal en YPF S.A., su directorio -compuesto por representantes del gobierno nacional- convoque a la Auditorìa General de la Nación -órgano natural de contralor, con arraigo en el Congreso de la Nación- para que audite las cuentas y muestre así al conjunto de los argentinos, la real actividad de la mas importante empresa de nuestro país.-

Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.-