DEROGACIÓN RESOLUCIÓN 20/2018 de la Secretaría de Energía y RESOLUCIONES 280/2018, 281/2018, 282/2018, 283/2018, 284/2018, 285/2018, 286/2018, 287/2018, 288/2018 y 289/2018, del Ente Nacional Regulador del Gas

Artículo 1°.- Derógase la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación, por la cual se autoriza a trasladar a los usuarios la deuda que las empresas distribuidoras de gas poseen con las productoras, publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre del corriente año; así como toda norma ampliatoria y complementaria de la misma.

Artículo 2º.- Deróganse las resoluciones 280/2018, 281/2018, 282/2018, 283/2018, 284/2018, 285/2018, 286/2018, 287/2018, 288/2018 y 289/2018, del Ente Nacional Regulador del Gas publicadas en el Boletín Oficial el 8 de octubre de 2018; así como toda norma ampliatoria y complementaria de las mismas.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de ley que establece la derogación de diversas resoluciones publicadas entre el 5 y el 8 de octubre del corriente año en el Boletín oficial. Se trata de la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación, por la cual se autoriza a trasladar a los usuarios la deuda que las empresas distribuidoras de gas poseen con las productoras; y de las resoluciones 280/2018, 281/2018, 282/2018, 283/2018, 284/2018, 285/2018, 286/2018, 287/2018, 288/2018 y 289/2018, del Ente Nacional Regulador del Gas, según las cuales se oficializan los nuevos cuadros tarifarios en el gas que implican aumentos de hasta el 50 por ciento, así como la “compensación” a las empresa productoras por la devaluación a partir de enero de 2019, establecida por la resolución anteriormente mencionada.

Este nuevo ataque del Gobierno a los bolsillos de las mayorías populares para salvaguardar las ganancias de las empresas es escandaloso. Pretenden que las empresas de gas cobren un importe en 24 cuotas extra a partir de enero de 2019 en las facturas de los usuarios para “compensarlas” por la devaluación. La premisa está más que clara: que la devaluación impacte en los salarios, pero jamás en las ganancias empresarias. El argumento para habilitar el nuevo importe a cobrar es la supuesta necesidad de las empresas prestadoras del servicio de compensar el impacto de la "marcada variación del tipo de cambio".

Se trata de alrededor de 10.000 millones de pesos extra que las empresas obtendrán a costa de los usuarios. Recordemos que a comienzos de este mes, el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, anunció nuevos incrementos de la tarifa del gas. Además el Gobierno anunció recortes en los subsidios a la tarifa social. La resolución 20/2018 de Secretaría de Energía encarecerá más el servicio todavía.

Asimismo, tanto los nuevos cuadros tarifarios, es decir, los nuevos tarifazos en el gas, como la "compensación" a las empresas fueron oficializados en el Boletín Oficial, con las resoluciones que fueran publicadas en el día de la fecha (8/10/2018) y que venimos también a derogar con este proyecto de ley.

Tanta preocupación por el impacto de la devaluación en el bolsillo de los empresarios, se contrapone a la nula sensibilidad por la realidad de las millones de personas que no pueden afrontar más el pago de los servicios elementales para la vida como el gas, la luz o el agua. Al Gobierno no le preocupa que la devaluación triture los salarios de la clase trabajadora y los ingresos de los sectores populares, sólo le preocupa que las ganancias empresarias estén plenamente garantizadas.

Asimismo, desde este lunes se incrementa por segunda vez en el año la tarifa del gas, con subas que están entre el 30 % y el 50 %. Parte del incremento se expresará en las boletas de noviembre, ya que el incremento es bimensual, por lo que octubre tendrá los nuevos precios pero septiembre no. El alza plena en las facturas se verá entonces desde diciembre. A su vez se elimina la bonificación por ahorro en el consumo del 10 %. Esto se suma al aumento de abril que fue de un promedio de 32 %. La segunda parte de este aumento llegará en enero de 2019, con un 10 a 15 % adicional. ¿Hasta dónde piensan llegar?

Debemos recordar aquí que ya en 2017, cuando se aplicó una parte importante de los tarifazos, las ganancias de las empresas más que se triplicaron en algunos casos respecto al año anterior, según sus propios balances contables:

Transportadoras de gas: TGN obtuvo en 2017 una utilidad neta de $ 841,8 millones frente a una pérdida de $ 256 millones el año anterior. TGS, que tiene una actividad no regulada además del servicio de transporte, ganó $2.793 millones frente a $ 930,6 millones de 2016, lo que significa que triplicó la ganancia.

Distribuidoras de gas: Metrogas ganó en 2017 $ 774,8 millones frente a una pérdida de $ 604,4 millones el año anterior. Sobre los números de la empresa que todavía no presentó detalles, en el balance de YPF, que es la controlante, se indicó que Metrogas registró menores volúmenes despachados en un 13,1 % y un mayor precio promedio del 70,1 %, totalizando un incremento en sus ventas de $ 3.600 millones o un 48,8 %.

Entre las otras distribuidoras, Gas Natural BAN tuvo una utilidad neta de $ 542,9 millones, un 124,6 % más que en 2016, Camuzzi Pampeana ganó $ 824,9 millones frente a una pérdida de $ 207,4 millones en el ejercicio anterior, Gas del Centro obtuvo una ganancia de $ 770,5 millones, un 444 % más, y Gas Cuyana $ 588,4 millones, un 136,6 % más.

Cabe consignar asimismo que los artículos 7 y 880 del Código Civil y Comercial se encuentran en abierta contradicción con la resolución 20/2018 ya que las facturas anteriores están pagas, y por ende ya se extinguió la obligación de pagar la tarifa de ese período, así como en contradicción con el principio de irretroactividad.

Los tarifazos no son "necesarios" e inevitables como plantea el gobierno. Por el contrario, bajo su aplicación muchas de las empresas concesionarias de servicios públicos obtienen exorbitantes ganancias millonarias, como señalamos precedentemente. Estas empresas, como en el caso de la energía, de los peajes y del gas, fueron privatizados durante los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, y desde esa fecha a la actualidad así se han mantenido. Pero los empresarios no solo llenan sus bolsillos con los tarifazos, sino también con los millonarios subsidios que les otorgó el Estado en ese momento y que los distintos gobiernos han seguido manteniendo sin ningún tipo de control ni auditorías.

Una concepción racional y necesaria de los servicios públicos es que deben estar puestos en función de satisfacer las necesidades básicas de la población, y no al servicio de garantizar una alta rentabilidad para un puñado de parásitos. Hoy más que nunca se hace urgente la estatización de todos los servicios públicos, bajo gestión de los trabajadores y el control de los usuarios populares, los únicos interesados en que los mismos sean de calidad y no obtener ganancias por ello. Frente a la inflación, se torna evidente la necesidad de abrir los libros de contabilidad de las empresas, de modo de constatar si las "pérdidas" y los "costos" son efectivamente los que dicen tener las patronales, o lo que se esconde es un intento de trasladarlos a los consumidores (el pueblo trabajador), así como las amenazas de despidos y suspensiones a sus trabajadores.

Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista. Las resoluciones del Poder Ejecutivo que venimos a derogar llevan a extremos impensados esta lógica: los usuarios no sólo tienen mal servicio, cuando tienen la suerte de no ser parte de los millones no que no acceden a redes de gas natural en todo el país, sino que además deben sufrir tarifazos impagables y ahora además tienen que compensar por las pérdidas a las empresas, pagando de su bolsillo cuotas extra.

Se torna imperioso derogar las resoluciones mencionadas ut supra, por lo que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.