Interpelar al Secretario de Gobierno de Energía, Ingeniero Javier Alfredo Iguacel, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el Artículo 204° del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que informe y fundamente el dictado de la Resolución 20/2018 publicada en 5 de octubre en el Boletín Oficial, por la cual los usuarios y usuarias del servicio de gas, deben compensar a las empresas por la devaluación registrada entre los meses de Abril y Septiembre.

Señor presidente:

El gobierno nacional dispuso a través de la Resolución 20/2018 suscripta por el Secretario de Gobierno de Energía, Ing. Javier Iguacel, que las empresas distribuidoras de gas podrán cobrar a los usuarios y usuarias un importe adicional en 24 cuotas para compensar el impacto de la devaluación de los últimos meses.

La mencionada Resolución se publicó el día 5 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial. La resolución dispone en su artículo 1°, “… en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en VEINTICUATRO (24) cuotas a partir del 1º de enero de 2019. …”.

Esas diferencias entre el “precio del gas previsto en los contratos” y el “reconocido en las tarifas finales” (pagado) entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, según se explica en la resolución ocurre porque “…a raíz de la marcada variación del tipo de cambio se han acumulado diferencias diarias significativas por la compra de gas en el marco de los contratos suscriptos entre los productores y las Licenciatarias.

Es decir, el traslado a los usuarios y usuarias del servicio de gas para compensar a las empresas comenzará a cobrarse a partir del 1 de enero de 2019, en forma retroactiva al mes de abril, con intereses, y se sumará al aumento de entre 30 y 35% que rige desde el 1 de octubre para el gas.

La política monetaria decidida por este gobierno que trajo como consecuencia más inflación, pulverizando el salario de los Argentinos/as, no debe cargar sobre el pueblo para beneficiar, una vez más, a los más favorecidos por este modelo económico.

El gobierno nacional persiste en tomar decisiones que castigan a las familias, la pequeña y mediana empresa, los comerciantes, asociaciones civiles, clubes de barrio, poniendo en cabeza de los más débiles “el esfuerzo”, sin considerar que hay familias que no pueden pagar las facturas de los servicios públicos y deben endeudarse para hacer frente a las mismas o bien dejar de consumir.

El Gobierno Nacional, una vez más nos demuestra con sus decisiones que considera que los servicios públicos son un privilegio y no un derecho, contrariando la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

A través del presente proyecto, instamos a que el Secretario de Gobierno de Energía, Ingeniero Javier Alfredo Iguacel, fundamente esta insólita, injusta e inconstitucional medida en el recinto de la Cámara de Diputados, y responda las preguntas de los/as representantes del pueblo de la Nación en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.