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ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 6279-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUACION GENERAL DEL SUBSECTOR ELECTRICO.
Fecha: 13/08/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 101
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por
intermedio de quien corresponda informe a esta Honorable Cámara respecto de:
La situación general del subsector
eléctrico en los siguientes aspectos:
- La estructura de precios efectivamente
vigente en los distintos segmentos del subsector eléctrico y la desagregación de los
mismos por fuente de generación.
- Si la Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), en cabeza de la administración general del
sector, registra deudas con el segmento de empresas generadoras de energía eléctrica. Si
así fuere, monto global de las deudas y razones de la persistencia de las anomalías
económico-financieras.
- Evolución del índice de indisponibilidad
térmica del parque de generación térmico instalado en la Argentina.
- Niveles de inversión efectivamente
registrados en materia de generación y transmisión de energía eléctrica entre 2004 y 2013
en la República Argentina.
- Situación del estado patrimonial de las
empresas prestadoras del servicio público de electricidad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.
- Razones de la puesta en marcha de un
programa de convergencia y adecuación de tarifas eléctricas entre todos los distritos del
país. Compromisos específicos que adquiere el Estado nacional en relación a los Estados
provinciales en lo que respecta al estado general del servicio eléctrico.
- Niveles de ejecución del programa
denominado Energía Plus, vigente desde 2006 a partir de la Resolución 1281 de la
Secretaría de Energía de la Nación.
- Existencia de evaluaciones técnicas,
económicas y financieras relativas a posibles readecuaciones y/o aumentos de los cuadros
tarifarios del servicio público de electricidad.
En lo que respecta al servicio
público de electricidad brindado por Edenor S.A. y
Edesur S.A. en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y en
el contexto de la grave crisis de
distribución eléctrica que se ha vivido entre diciembre
de 2013 y enero de 2014, se
requieren precisiones sobre los siguientes aspectos:
- La existencia de planes integrales de
obras realizados en la red de distribución eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires y la forma en que los mismos fueron comunicados a la opinión
pública.
- Detalle de las obras efectivamente
realizadas hasta el momento en cada una de las comunas en lo que se refiere a
mantenimiento de redes, funcionamiento de subestaciones, cámaras y transformadores en
toda la red de infraestructura de distribución manejada por Edenor y Edesur.
- Información específica, concreta y en
tiempo real sobre el funcionamiento del Sistema de Monitoreo Vehicular Continuo
que las empresas comprometieron a poner en marcha a los efectos de ubicar las
cuadrillas en las zonas de trabajo comprometidas.
- Brindar detalles sobre el despliegue
de los equipos de trabajos en las zonas en las que se efectuaran reparaciones y/o
obras de mantenimiento y de reemplazo de infraestructura y material eléctrico, incluyendo
tanto los guarda reclamos (de baja tensión), como las guardias, cuadrillas de
mantenimiento y de obras, y equipos de localización de falla (en todos los casos, para baja
y media tensión).
- Informar fehacientemente sobre los
tiempos y modalidades de contratación de personal excedente para su afectación
a los trabajos de reparación y mantenimiento de la red que, en función de lo establecido,
deberán representar no menos de un 20% de la fuerza de trabajo actualmente en
actividad por parte de las dos empresas prestadoras del servicio público de
electricidad.
- Especificar la forma y los tiempos en
que se realizarán los estudios de factibilidad que deberán determinar si la
incorporación de los nuevos requerimientos a la red que superen los 50 kilowatt no
producen modificaciones "que afecten la calidad del servicio", de acuerdo con los
respectivos contratos de concesión.
- Precisar las características de los
informes técnicos y operativos que obran en poder de la Comisión Técnica creada a
través de la Resolución 266/2014 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios- publicada el pasado 24 de enero de 2014 en el Boletín Oficial- según la cual
debe prestarse toda la asistencia técnica y operativa a la Subsecretaría de
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, a los
efectos de llevar adelante todas las obras necesarias en la red de distribución atendida por
las compañías prestadoras del servicio.
- Especificar si los montos remanentes
reunidos por las compañías distribuidoras en la cuenta especial creada por la Resolución
347/2012- por medio de la cual se aumentaron los cargos fijos cobrados a los usuarios
residenciales y comerciales en las facturas del servicio eléctrico a los efectos de
canalizarlos a las obras de mantenimiento de la red-, han sido debidamente utilizados para
los fines establecidos y, si así hubiere sido, en qué tipo de obras y en qué barrios de la
Ciudad de Buenos Aires. Es importante tener en cuenta que, según se precisa en la
Resolución 3/2014 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-
publicada en el Boletín Oficial el pasado 3 de enero de 2014- la referida cuenta tenía un
remanente acumulado, al 20 de diciembre de 2013, de $54.347.803,82 correspondientes a
Edesur S.A. y de $161.027.770,17, correspondientes a Edenor S.A.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la Resolución 95 del 22 de marzo
de 2013, la Secretaría de Energía de la Nación, determinó una nueva estructura de costos
a partir de la cual regirían nuevas remuneraciones para los distintos actores integrantes
del subsector eléctrico: empresas generadoras, transportistas y distribuidoras.
Esa medida, estaba íntimamente vinculada a
serios desajustes estructurales en el funcionamiento del sector eléctrico en la Argentina, y
que se habían acumulado durante más de diez años, con profundas consecuencias
técnico-operativas y económico-financieras en todas las unidades en las que el subsector
fue dividido en 1992 a partir de la aprobación de la Ley N° 24.065, que cristalizó un nuevo
funcionamiento segmentado y una estructura regulatoria que fue puesta en cabeza de un
Ente creado a tales efectos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
En efecto, en la citada medida, el Poder
Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, consumó dos
decisiones fundamentales:
1- Cambiar el esquema de funcionamiento
del sector generación.
2- Cambiar el modo de cálculo de las
remuneraciones destinadas a las generadoras.
En lo que respecta al primer punto, el Estado
pasó a controlar directamente la comercialización de energía a grandes usuarios ( unos
6.000 divididos a su vez en dos categorías discriminadas por consumo). Esto lo
instrumentará a través de CAMMESA, que es la SA administradora del mercado eléctrico
mayorista desde la nueva regulación del sector establecida en 1992.
En este esquema, las generadoras le venden
la energía disponible al Estado, quien la comercializa a los grandes usuarios a través del
denominado Organismo Encargado del Despacho (OED). Esta reorganización del sector,
abarcaría a todos los generadores y autogeneradores que proveen de energía al sistema y
quedarían exceptuados los contratos ya existentes que se hubieran transado en el
Mercado a Término (lo cual es refrendado, año a año por resoluciones de la Secretaría de
Energía) y la energía generada por las Centrales Hidroeléctricas Binacionales Yacyretá y
Salto Grande y las centrales nucleares Embalse y Atucha I.
También se establecería un valor
determinado de disponibilidad de energía que cada generador deberá garantizar, y que
resultará del promedio de los últimos tres años. Este dato no es menor, ya que se lo ha
utilizado, seguramente, para determinar las remuneraciones correspondientes a cada
agente generador. Esta resolución abarcaría las tecnologías termoeléctricas disponibles
(las centrales Turbo Gas, Turbo Vapor y Ciclo Combinado) y las hidroeléctricas.
En lo que refiere al segundo punto, la forma
de remunerar la generación de energía eléctrica, es donde se pautaron cambios
importantes que, en principio, apuntaron a garantizarles a los generadores un aumento de
las remuneraciones. En ese sentido, se establecieron tres instancias de costos.
Por un lado, la remuneración de los costos
fijos, que está en función de la Potencia Puesta a Disposición (PPAD). Aquí cobre
relevancia lo afirmado anteriormente, ya que para tener derecho al cobro total de ese
monto fijo, las generadoras deberán asegurar una disponiblidad siempre mayor al 80% de
la disponibilidad media de los últimos tres años. Si no se llegara a esta cifra, cobrarán
montos menores en relación a la potencia que puedan garantizar. Igualmente, se
establecería un piso mínimo que todas cobrarían. Es importante aclarar que los costos fijos
son diferentes en virtud del tipo de generación que se trate y la cantidad de Megavatios
que puedan volcar al sistema. La unidad de medida es siempre el MW/h.
Por otro lado, se previó una remuneración de
costos variables, que ponderaría indicadores de operación y mantenimiento de las
centrales. Por cierto, cómo se consideraría, en este esquema, el costo de los combustibles,
era y sigue siendo un aspecto crucial, ya que, como es sabido, a causa de la caída
estructural en la oferta de gas natural, buena parte del parque termoeléctrico funciona,
desde hace varios años, con crecientes cantidades de combustibles líquidos- sobre todo,
fuel oil y gas oil-, cuyos costos operativos no sólo son más caros que su sustituto más
eficiente- el gas natural- sino que, además, provocan externalidades medioambientales
que impactan a través de mayores emisiones de carbono a la atmósfera.
En ese momento, se tomaron precios de
referencia del combustible que se tratare, más los costos de transporte y distribución de
gas natural. Aquí podría entrar en el juego YPF, que se haría cargo de la entrega de los
combustibles a las centrales. No es una cuestión menor el hecho que los costos del gas
natural, carbón y del diesel o gas oil que se queman también para su uso en las centrales
térmicas, difieren y mucho entre sí.
Por ende, no es claro hasta qué punto esto
se ha visto reflejado plenamente en la remuneración de costos variables. Sí se sabe que
se les ha reconocido, con seguridad, mayores remuneraciones variables a las centrales
que funcionan con combustibles líquidos y carbón, dado los mayores costos que
afrontarían, en relación a las otras.
Por último, se creó una remuneración
adicional, que tendría dos destinos. Una parte, iría a los generadores directamente y la
otra integraría un fideicomiso para financiar nuevos proyectos de infraestructura. Esta
remuneración adicional se determinaría mensualmente en función de la energía total
generada por cada compañía. Si así fuera, suena mucho a película vista en el sector
hidrocarburos ( recuérdese los esquemas de Petróleo y Gas Plus, que remuneraban en
función de mayores niveles de extracción y los fideicomisos), por lo cual, es de imaginar
que por este valor adicional, vendría el aumento de las remuneraciones destinadas a los
generadores.
Ahora, cuánto ha ido directamente a las
empresas y cuánto a ese fondo, es algo que, posiblemente, haya quedado bajo el arbitrio
("discrecionalidad", y, otra vez, nada nuevo bajo el sol) de la Secretaría de Energía.
También, será importante ver cómo fueron premiadas las generadoras, ya que, de
preverse una mayor remuneración adicional para las hidroeléctricas, ello daría una señal
en favor de aumentar la participación de la hidroelectricidad en la matriz total de
generación primaria de energía eléctrica.
Por ende, la remuneración final que le
correspondería a cada agente, era función de los costos fijos, los variables y la
remuneración adicional. Se estableció que es la Secretaría de Energía la que debía definir
los procedimientos de cálculos. Este sí es un tema central, ya que, hasta ahora, veníamos
de un esquema de remuneraciones al sector de generación que estaba en línea con el
escenario de congelamiento de tarifas vigentes en todo el sector eléctrico, y que
establecía valores referenciales que estaban cada vez más lejos de los costos reales de
operación que venía subsidiando CAMMESA hasta el momento
Todas estas medidas, parecían dirigidas a
generar más ruido, confusión y arbitrariedad, aunque ya con un férreo control del Estado
que, en tal sentido, podría seguir avanzando en el futuro cercano con los otros dos
sectores, el transporte y la distribución, que, en principio, no fueron incluidos en esos
anuncios.
Sin embargo, huelga decir que, con esta
medida, se cambió sustancialmente el esquema de funcionamiento del sector eléctrico,
pautado en el Marco Regulatorio sancionado en 1992 a través de la Ley 24.065. Se
reproduce, así, un accionar permanente del gobierno argentino en materia energética:
resoluciones que modifican leyes, marcos normativos con derogaciones parciales y
adendas, lo cual agrava más todavía el desbarajuste normativo en el sector.
En definitiva, el Estado, a través de
CAMMESA, pasó a controlar la compra y venta de energía eléctrica, con YPF como
proveedora de los combustibles necesarios para la operación de las centrales
termoeléctricas y con nuevos esquemas de determinación de las remuneraciones que se
pagarían a las generadoras por la electricidad que vuelquen al sistema.
Un año después de este nuevo esquema de
funcionamiento del sector, se establecieron, a fines de mayo de 2014, nuevas
remuneraciones a todas las unidades generadoras disponibles del parque térmico e
hidroeléctrico, con promedios de aumentos que han oscilado entre un 40% a un 60%
aproximado en cada una de las instancias de costos creadas por la resolución 95 de
2013.
En efecto, esta medida se estableció a través
de la Resolución 529/2014, publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de mayo y agregó,
además, una innovación, ya que creó una nueva categoría de medición de costos, llamada
remuneración de mantenimientos no recurrentes, que persigue el objetivo de incentivar a
los generadores a aumentar la oferta total de energía puesta a disposición del sistema.
Sin embargo, aún no conocemos la forma en
que este nuevo esquema funcionará, más aún si se tiene en cuenta que uno de los
problemas estructurales más acuciantes del sector eléctrico, es el crecimiento del índice de
indisponibilidad térmica, que mide la cantidad de MW/h en las distintas unidades de
generación que, por motivos de mantenimiento o problemas operativos diversos, no están
disponibles en el con junto de la oferta final de energía. Este valor ha subido en los
últimos años al compás de la insuficiente inversión en el sector, a tal punto que, a
comienzos de 2014, se calcula que un 30% del parque térmico disponible- algo más de
6.000 MW/h- están técnicamente indisponibles en la oferta final, lo cual se agrava por la
virtual inexistencia de reservas técnicas- que no son mayores al 2% del total, cuando
deberían ubicarse en no menos del 15% del total de la oferta- para cubrir situaciones de
contingencia vinculadas a aumentos de demanda, tal como ocurre permanentemente en
los veranos e inviernos en nuestro país en los últimos años.
Por otro lado, en los primeros meses de
2014, se han cerrado acuerdos con la mayoría de las jurisdicciones provinciales, con el
objetivo de congelar las tarifas finales de transporte y distribución de las empresas del
interior del país, en un contexto en el que parece inminente la toma de decisiones en
relación a reasignaciones de subsidios y aumentos de tarifas en la región metropolitana
del país, donde operan Edenor y Edesur y que son las empresas que, en términos
comparativos, tienen los mayores atrasos tarifarios. A cambio de este avenimiento de los
gobiernos provinciales, se espera que el Gobierno nacional destine algo más de 4.000
millones de pesos en 2014 y 2015, a los efectos de ser destinados a obras de generación
adicional, mantenimiento operativo integral y reemplazo de infraestructuras obsoletas.
Todo ello, perseguiría, además, la paulatina adecuación de las tarifas finales de todas las
empresas prestadoras del servicio eléctrico en todo el país.
Lo cierto es que, en todo este contexto de
cambios institucionales provisorios en materia de administración del subsector eléctrico, en
los últimos meses, se han renovado las típicas situaciones de crisis de suministro eléctrico
que asolaron con particular intensidad a nuestra población en el verano 2013/2014.
Tal es así que, en los primeros días de enero
del corriente año, y luego de los estragos causados a miles y miles de vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires durante diciembre de 2013 por los reiterados y prolongados cortes
en el servicio de distribución eléctrica que brindan las concesionarias Edenor y Edesur, el
Ministerio de Planificación Federal, Obras, Inversiones y Servicios Públicos junto con el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), han establecido una serie de pautas a
partir de las cuales se dispusieron multas y resarcimientos que las empresas prestadoras
del servicio deben honrar a los efectos de comenzar a paliar algunas de las desastrosas
consecuencias de los cortes de suministro acaecidos.
Más allá de lo insuficiente de los montos
establecidos en materia de resarcimientos, se informó seguidamente que se encararía sin
más demora un plan integral de obras por un valor cercano a los $4.000 millones de pesos
que debían ejecutarse con la mayor celeridad posible en las zonas más afectadas por los
cortes de suministro en las áreas de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires en
donde Edenor y Edesur prestan el servicio público de electricidad.
En líneas generales, se informó que se
realizarían un conjunto de 205 obras de mantenimiento de diverso tipo, con reemplazo de
más de 250 kilómetros de cables subterráneos de media y baja tensión y la repotenciación
de más de 90 centros de distribución, reparación de cámaras de distribución y cambio de
transformadores, entre otras cuestiones.
En ese sentido, entre el lunes 13 y el jueves
16 de enero del corriente, se dieron a conocer estas informaciones por diversos medios de
comunicación y se explicitó, de boca de distintos funcionarios gubernamentales, que se
exigiría celeridad a las empresas en la ejecución de estas obras.
En forma simultánea, se informó que se
publicarían tres resoluciones del ENRE en las que se establecerían que las empresas
deberían informar con partes diarios sobre los distintos tipos de arreglos y mantenimiento
en la red eléctrica que realizaran en los barrios, como así también, la incorporación de un
20% adicional de trabajadores en las cuadrillas operativas, la instalación de un monitoreo
satelital que permitiría, en tiempo real, ubicar las zonas en las que las cuadrillas estuvieran
trabajando y el establecimiento de estudios de factibilidad ante nuevos pedidos de
suministro a partir del conocido estado de precariedad de las instalaciones en general.
En este punto, es importante destacar que
estas medidas jamás fueron publicadas en el Boletín Oficial, lo cual ha ido de la
mano de una virtual carencia informativa que, desde marzo de 2014 en adelante, ha
hecho que sea prácticamente imposible saber el estado de situación de las obras que
supuestamente se habrían comenzado a encarar. Sí, se ha conocido, que la
responsabilidad última por el avance de estos planes de obras integrales, recaería en
manos de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificación Federal, según consta en la Resolución 266/14, del citado Ministerio.
A su vez, es importante recordar que, el Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que, de acuerdo a lo establecido por la
mencionada Ley N° 24.065, es el organismo responsable por el control y la auditoría de la
calidad del servicio prestado por las empresas distribuidoras, transportistas y generadoras,
se encuentra intervenido hace ya unos años por el Poder Ejecutivo Nacional, lo
cual configura una anomalía inexplicable que se sigue consumando al compás del
agravamiento del deficiente funcionamiento del sector eléctrico en todas sus unidades de
gestión.
Finalmente, nos parece importante hacer un
breve balance de la situación patrimonial de Edenor y Edesur, que son las dos
principales prestadoras del servicio eléctrico en nuestro país y que, además, ostentan los
peores números en términos de su capacidad y resultados operativos, situación que se
sigue agravando conforme pasa el tiempo. En efecto, el estado financiero y operativo de
las empresas, ha sido un aspecto relevante en el continuo deterioro del servicio en estos
años, y, por todo lo que hemos visto, este derrotero- que se consumó a través de años de
desinversión en la calidad del servicio- parece ser la contracara de la decisión política de
haber mantenido el congelamiento tarifario durante más de diez años por parte de la
Administración Kirchner.
Desde el año 2010, las empresas Edenor y
Edesur han acumulado pérdidas operativas que, en los últimos dos años se han acentuado
seriamente, al punto que han impactado en el balance del patrimonio neto de ambas
compañías.
Así, si tomamos el indicador Resultado neto
para los años 2010-2012, a valores constantes, estos son los números. Asimismo, se
destacan los resultados al cierre del año 2001, al momento de la salida de la
convertibilidad.
Cuadro N° 1. Resultado neto.
Fuente: elaboración propia en base a datos
de los balances de las empresas.
Es importante destacar que Edenor ha tenido
mayores pérdidas que Edesur, a causa de mayores costos de explotación y mayores
cargas financieras, ya que han tenido niveles de ventas más o menos similares.
El promedio de aumento de ventas en el
2012 está en torno al 3% a causa de la mayor demanda, pero los costos han crecido en
forma importante por las remuneraciones, los servicios contratados y los insumos, en un
contexto de tarifas que han seguido son variaciones en el tramo final del precio, que es el
de la distribución. También las compañías han afrontado mayores multas y sanciones por
cortes de energía.
Un detalle relevante a tener en
cuenta, es que, desde fines de 2006 cuando se acordó una renegociación
integral de tarifas, que nunca se aplicó finalmente, se había estructurado un
Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), que se debería haber aplicado entre
mayo de 2008 y octubre de 2012, a los efectos de comenzar a atender las
problemáticas vinculadas a los desfasajes crecientes en los costos de
explotación y operación de las redes. Este esquema, justamente, se había fijado
en el Acta Acuerdo Provisoria que había sido firmada en 2006 por el Gobierno y
las empresas distribuidoras.
Al no haberse aplicado, entonces,
este esquema, hacia mayo de 2013 el Gobierno nacional decidió autorizar a las
empresas Edenor y Edesur a retener fondos del Programa de Uso Racional de la
Energía Eléctrica (PUREE), que se acumulaban en cuentas como créditos
provenientes de las multas y penalizaciones aplicadas a usuarios por excesos
de consumo, medida que rige desde 2005. Desde la Secretaría de Energía
calcularon que las acreencias a favor de las empresas por la no aplicación de
ajustes tarifarios desde 2007 en adelante, están en torno a los $2.200 millones
para cada una de ellas. A partir de esta situación, se habilitó entonces a las
empresas a echar mano a los fondos reunidos en el PUREE a los efectos de
cancelar pasivos y mejorar su situación patrimonial.
Esto sirvió a modo de paliativo, aunque fue
una medida que, nuevamente, lleva el sello de la provisional y lo discrecional. Se calcula
que se destinaron unos 2.700 millones de pesos en total, provenientes de las
transferencias de ese fondo, que fueron a parar a las empresas y que sirvieron para paliar
los resultados operativos negativos acumulados hasta el 2013. El fondo del PUREE cuenta
con algo más de 3.000 millones de pesos aproximadamente.
Veamos otro indicador clave, el que muestra
el patrimonio neto de las empresas. Usamos los mismos años de referencia del cuadro
anterior.
Cuadro N° 2. Patrimonio neto.
Fuente: elaboración propia en base a datos
de los balances de las empresas.
El índice de solvencia (patrimonio neto sobre
Pasivos), registra valores menores a 1, tanto para Edenor como para Edesur, lo cual
significa que tienen importantes niveles de endeudamiento.
EDENOR es la que está en peor situación, ya
que tiene un apalancamiento (pasivo total sobre activo total) del 93%, con un índice de
solvencia de 0,08. Algo mejor es la situación de EDESUR, aunque bastante cercana a su
prima hermana. Es decir, que afrontan problemas de liquidez y situaciones financieras
complejas.
Finalmente, debe agregarse que las empresas
de distribución tienen acordado con CAMMESSA, la empresa operadora del mercado
mayorista de electricidad y la responsable de toda la operatoria, planes de pago por las
compras de energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ya que venían
registrando abultadas deudas con las generadoras por la compra de energía. Incluso,
luego de la publicación de la citada Resolución 529, de mayo de 2014, por parte de la
Secretaría de Energía de la Nación, a través de la cual se aumentan las remuneraciones de
costos destinadas a las empresas generadoras, podría contemplarse una reedición de un
mecanismo de pago de las acreencias y deudas acumuladas por venta de energía entre
todos los segmentos operativos ya que, en la situación actual, impera una virtual ruptura
de la cadena de pagos.
Un dato contundente sirve para ver el grado
de desfasaje que hay en el sistema en lo atinente a precios. Se calcula que, para fines de
2013, el precio promedio de generación de 1 MW, está en torno a los $400, mientras que
la mayor parte de los sectores demandantes de energía están pagando en promedio unos
$70 a $100 por ese mismo MW. Estas son distorsiones bastante serias y hacen a una de
las problemáticas centrales del sector eléctrico.
Es importante tener en cuenta
que CAMMESSA, ha erogado entre enero y diciembre de 2013, unos 38.000
millones de pesos, destinados en parte a la compra de combustibles líquidos
que reemplazan el gas faltante para la centrales termoeléctricas y a los
subsidios a sectores residenciales, comerciales y a parte de los usuarios
industriales. En este sentido, las distribuidoras en sí no reciben subsidios
directamente, aunque se han visto beneficiadas por las transferencias del
Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica, citado anteriormente.
Asimismo, las erogaciones que CAMMESSA ha realizado en el primer trimestre
de 2014, superan en más de un 60% a las realizadas en el mismo período de
2013, lo que implica que el Poder Ejecutivo Nacional ha devengado, sólo en el
primer trimestre de 2014, más de un 60% de lo destinado por las partidas
presupuestarias para todo el año.
Por otro lado, hacia noviembre de 2012, el
Gobierno nacional emitió la Resolución 347/12, por medio de la cual se habían establecido
aumentos en los cargos fijos de la tarifa que iban entre los 4 y los 150 pesos. Se calcula
que hay no menos de 500 a 700 millones de dólares que se han recaudado por ese
Fideicomiso que debía ser destinado por las compañías a encarar obras de mantenimiento
e inversiones nuevas. Ligado a ello, desde Edenor y Edesur sostienen que, durante 2013
han invertido una suma cercana a los 1.000 millones de pesos para afrontar estas
inversiones. Sin embargo, no se ha conocido desde el Ministerio de Planificación, la
Secretaría de Energía o el ENRE, un informe completo sobre los montos reunidos por ese
aumento en los cargos fijos, sobre las inversiones supuestamente realizadas por las
compañías y, en concreto, sobre las perspectivas de planes de inversiones para 2014 en
adelante.
Por último, a todo el cuadro de anomalías
presentes en el sector, se debe agregar el dato no menor que el Poder Ejecutivo Nacional
tiene presencia en los directorios de ambas empresas licenciatarias del servicio público de
distribución de electricidad, a tal punto que ello configuraría una especia de intervención
híbrida o una coadministración, lo cual no es descabellado si se tiene en cuenta la
intervención discrecional del ENRE y la opaca e ineficiente administración de todo el
subsector eléctrico.
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, y
dada la gravedad institucional de las cuestiones tratadas, le solicito la aprobación del
presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| LOZANO, CLAUDIO RAUL | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNIDAD POPULAR |
| RIESTRA, ANTONIO SABINO | SANTA FE | UNIDAD POPULAR |
| DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | BUENOS AIRES | LIBRES DEL SUR |
| DUCLOS, OMAR ARNALDO | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |