Artículo 1°: Derógase la Resolución 14/2018 del de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 27 de septiembre de 2018.

Artículo 2°: De forma.

Señor presidente:

A pesar de la crisis socio-económica por la que se encuentra atravesando nuestro país y, en especial, los sectores de menores recursos, el gobierno nacional decidió profundizar la política de eliminación de los subsidios que reciben los beneficiarios de la tarifa social del gas.

La medida, que se publicó el pasado jueves 27 de septiembre en el Boletín Oficial, dispuso también la eliminación de la bonificación que se otorgaba a los usuarios residenciales de gas natural que lograran un ahorro en su consumo comparado con el año anterior.

La tarifa social es un beneficio que se otorga a las familias carenciadas a fin de que puedan acceder al servicio público de gas a precios accesibles. Aproximadamente hay 2.000.000 de hogares que hoy se ven beneficiados con esta política social. Los subsidios cubren el precio de un consumo mínimo de gas, variable entre 76 y 83 metros cúbicos dependiendo del clima de la zona en donde se aplica. Así, en las regiones extremas –como la Patagonia o el norte andino- el consumo bonificado llega al máximo previsto, mientras que en el centro y litoral del país el consumo sin cargo es menor. A partir del primer bloque de consumo bonificado, un segundo bloque similar era facturado con una rebaja del 75%.

Cabe aclarar que la bonificación sólo alcanza al precio de gas propiamente dicho, no al resto de los componentes de la factura. El precio final pagado por los usuarios del gas está compuesto fundamentalmente por 4 rubros: la extracción o valor del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte equivale aproximadamente al 50% del total de la factura; el transporte equivale al 10%; la distribución al 15% y los impuestos nacionales y tasas locales al 25%. Queda claro entonces que la bonificación cubre menos del 50% de la factura de gas.

La resolución cuya derogación propiciamos ha eliminado, con efecto a partir del 1° de octubre de 2018, la bonificación por el segundo bloque de consumo, al que desde ahora se le va a aplicar el 100% de la tarifa.

La medida gubernamental recientemente publicada contiene también otro recorte. Tal como informara la ONG Consumidores Libres, la resolución 14/2018 elimina el descuento del 10% de la factura que obtenían los usuarios residenciales que lograban consumir un 20% menos comparado con el mismo período del año 2015. Esta bonificación ahora quedó sin efecto.

Ello así a pesar de que el artículo 4° de la Resolución N° 474/2017 –dictada por este mismo gobierno- determinó que la bonificación correspondiente a los beneficiarios de la Tarifa Social, prevista en el artículo 5° de la Resolución N° 28/2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, sería equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del precio del Gas Natural y al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del precio del Gas Natural, cuyo volumen será igual al de dicho bloque de consumo base, mientras que los consumos por encima de este bloque se abonarán al CIEN POR CIENTO (100%) del precio del Gas Natural o del Gas Propano Indiluido.

Ambas medidas, sumadas al inminente anuncio de una suba en las tarifas del gas a partir de este mes, estimada entre un 30 y un 36% habrán de provocar un importante deterioro de las condiciones de vida y salud de una gran parte de la población, en especial la de aquellos con menores recursos económicos.

Los incesantes aumentos de las tarifas, producto de la inaceptable decisión de dolarizar el precio de gas, en beneficio exclusivo de unas pocas empresas extractivas, ya está provocando un incremento de la morosidad. Así por ejemplo, el distribuidor de gas Redengas, que brinda servicios en el litoral, informa que la morosidad ha aumentado al 37% de los usuarios y que lo que antes se recuperaba en 30 o 40 días hoy se recuera a los 90 o 120 días.

El propio gobierno reconoce que los subsidios que ahora elimina tenían como fundamento principal el de “considerar adecuadamente la capacidad de pago de los usuarios que se encontraran en una situación económica y social vulnerable” y que por ello “se dispusieron -a través de la tarifa social- subsidios específicos en favor de usuarios y grupos de usuarios que carecen de ingresos personales (o familiares) suficientes o se encuentran en dificultades particulares (como por ejemplo, una discapacidad) para afrontar el pago de la tarifa que corresponde al tipo de servicio que deben recibir.”

Contrariamente a lo expuesto, la reciente medida cuya derogación propiciamos, reconoce como su fundamento “la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos previstos”, es decir que los $2.350.000.000 que se estiman como costo fiscal de estos subsidios para el 2019 habrán de utilizarse para otros fines. Teniendo en consideración los compromisos asumidos por este gobierno para el pago de la deuda con el FMI, surge claramente que la eliminación de estos beneficios sociales se efectúa exclusivamente para cumplir con metas fiscales contrarias al interés nacional.

Valga señalar al respecto que la norma en cuestión explicita claramente que las tarifas del gas ya no serán fijadas en función de las necesidades sociales sino en “la necesidad de realizar adecuaciones para transmitir señales de mercado con el objetivo de incentivar las inversiones necesarias para incrementar las reservas de gas y los niveles de producción local.”

La quita de subsidios y el aumento de las tarifas agravarán, sin duda alguna, la crisis económica y social por la que estamos atravesando. La recesión, la inflación van a profundizarse y quienes más las sufrirán serán los más desprotegidos. Este gobierno, que a pesar de haber sostenido que bajar la inflación era lo más fácil, no ha hecho otra cosa que incrementarla, a la par que aumentó la deuda externa.

La actual política económica pone el acento en los efectos dinámicos que pueda llegar a provocar la acumulación, por sobre los efectos regresivos que seguramente traerá aparejada sobre la distribución del ingreso en la sociedad argentina. Esta visión sobre la macroeconomía viene acompañada por recomendaciones tales como devaluación, restricción monetaria, bajar gasto, desregulaciones, etc.; para alinear las variables, y sin tener en cuenta sus efectos sociales.

No coincidimos con esa política, consideramos sí que hay que efectuar los ajustes necesarios a fin de regularizar las variables económicas, pero el costo del ajuste no debe recaer sobre los más necesitados sino sobre aquellos sectores de la economías que se han visto y se ven privilegiados por las medidas económicas.

Por las razones expuestas solicitamos a nuestros pares el acompañamiento.