Expresar mi más Enérgico Repudio contra la Resolución E 415/2017 publicada en el Boletín Oficial el día 1° de noviembre del corriente año por el Ministerio de Energía y Minería, donde se decidió la disminución del precio del bioetanol en un 29%, lo que genera sin lugar a dudas impactos negativos para el sector productivo y los empleos que dependen de él de manera directa e indirecta, pero también para las provincias donde están radicadas las empresas del sector.

Señor presidente:

SR. Presidente vengo a presentar este proyecto para Expresar mi más Enérgico Repudio contra la Resolución E 415/2017 publicada en el Boletín Oficial el día 1° de noviembre del corriente año por el Ministerio de Energía y Minería, donde se decidió la disminución del precio del bioetanol en un 29%, lo que genera sin lugar a dudas impactos negativos para el sector productivo y los empleos que dependen de él de manera directa e indirecta, pero también para las provincias donde están radicadas las empresas del sector.

Los biocombustibles representan en nuestro país una industria en desarrollo con una gran importancia en la creación de valor agregado y generación de fuentes de trabajo directas e indirectas. Además, el producto de esta industria tiene un impacto positivo en materia de sustentabilidad ambiental y de sostenibilidad energética, permitiendo sustituir combustibles fósiles no renovables y de impacto ambiental negativo.

A través de la Ley N° 26.093 para la regulación y la promoción de la producción y uso sustentable de los biocombustibles, Argentina reconoció la importancia de esta industria y generó un régimen para acompañar su desarrollo. En esta ley estableció, entre otras cuestiones, el porcentaje mínimo obligatorio de mezcla de biocombustibles con combustibles líquidos a ser comercializados en el territorio nacional, dando a la autoridad de aplicación la facultad para incrementar dicho porcentaje.

Actualmente, el porcentaje obligatorio de bioetanol en su mezcla con las naftas de uso automotor está fijado en el 12% de acuerdo a lo dispuesto a través del Decreto N° 543/2016. Esta norma, sin embargo, generó una diferenciación en el cupo a cubrir con bioetanol producido en base a caña de azúcar y el bioetanol producido a base de maíz, en línea con la Resolución 44/2014 de la entonces Secretaría de Energía que estableció una diferenciación en el precio del bioetanol según su base de elaboración.

El día 1° de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución E 415/2017, donde se decidió la disminución del precio del bioetanol en un 29%, lo que genera sin lugar a dudas impactos negativos para el sector productivo y los empleos que dependen de él de manera directa e indirecta, pero también para las provincias donde están radicadas las empresas del sector.

Se trata de una medida difícil de entender que afecta a un sector que produce un alto valor agregado acompañado de un importante beneficio ambiental y económico, ya que permite sustituir combustibles fósiles no renovables que son contaminantes y que tienen un fuerte impacto negativo en la balanza comercial del país.

La decisión de disminuir el precio del bioetanol, además de poner en riesgo fuentes laborales actuales del sector, pone en riesgo el desarrollo futuro de la industria y los beneficios que tendría su expansión. La disminución del precio no sólo afecta las posibilidades de generar flujos destinados a la inversión, sino que daña seriamente la previsibilidad necesaria para encarar estas decisiones de inversión y desarrollo, generando una transferencia de recursos de un sector generador de alto valor agregado y beneficios ambientales y regionales, hacia las empresas petroleras, lo que plantea una situación de posible conflicto de intereses del Ministro a cargo del área involucrada.

El sector genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos sólo en el NOA. La citada decisión atenta contra el principio de seguridad jurídica, ya que las empresas bioetanoleras y azucareras realizaron inversiones sobre la base de un escenario previsto en la ley hasta 2021 y, en cuestión de horas, esa situación cambió por una inconsulta decisión de Energía.

Las pérdidas serían enormes; estamos hablando no menos de $ 1.600 millones. Por eso solicito la urgente revisión de las medidas que darán un duro golpe a la economía de mi provincia Tucumán como a provincias vecinas ya que se calcula una pérdidas de ingresos en una zafra del orden de $ 3.000 millones e impactará negativamente en el precio del azúcar en el mercado interno.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.