Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que, por medio del Ministerio de Energía y Minería, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre la Resolución E 415/2017 publicada en el Boletín Oficial el día 1° de noviembre del corriente año, y en particular informe sobre:

a) Los fundamentos técnicos y políticos en los que se sustenta la decisión de disminuir el precio del bioetanol a base de maíz y del bioetanol a base de caña.

b) Si se realizaron estudios sobre el impacto de la disminución del precio en el sector productor de bioetanol y sus posibles efectos en la sostenibilidad de dichas industrias, y en su caso, informe sobre las variables contempladas para dichos estudios y sus resultados.

c) Si se realizaron estudios y cuáles fueron sus resultados, sobre el impacto de la disminución del precio del bioetanol en las regiones y provincias productoras.

d) Cuál es el impacto que estiman que la decisión tomada a través de la Resolución E 415/2017 tiene sobre el Plan Belgrano y sus objetivos.

e) Cuál es el plan sectorial del Gobierno Nacional para el desarrollo de la producción de bioetanol.

f) Si existen planes de llevar adelante en el corto o mediano plazo nuevas modificaciones en el precio del bioetanol o en el porcentaje obligatorio de bioetanol en su mezcla con las naftas de uso automotor.

Señor presidente:

Los biocombustibles representan en nuestro país una industria en desarrollo con una gran importancia en la creación de valor agregado y generación de fuentes de trabajo directas e indirectas. Además, el producto de esta industria tiene un impacto positivo en materia de sustentabilidad ambiental y de sostenibilidad energética, permitiendo sustituir combustibles fósiles no renovables y de impacto ambiental negativo.

A través de la Ley N° 26.093 para la regulación y la promoción de la producción y uso sustentable de los biocombustibles, Argentina reconoció la importancia de esta industria y generó un régimen para acompañar su desarrollo. En esta ley estableció, entre otras cuestiones, el porcentaje mínimo obligatorio de mezcla de biocombustibles con combustibles líquidos a ser comercializados en el territorio nacional, dando a la autoridad de aplicación la facultad para incrementar dicho porcentaje.

Actualmente, el porcentaje obligatorio de bioetanol en su mezcla con las naftas de uso automotor está fijado en el 12% de acuerdo a lo dispuesto a través del Decreto N° 543/2016. Esta norma, sin embargo, generó una diferenciación en el cupo a cubrir con bioetanol producido en base a caña de azúcar y el bioetanol producido a base de maíz, en línea con la Resolución 44/2014 de la entonces Secretaría de Energía que estableció una diferenciación en el precio del bioetanol según su base de elaboración.

El día 1° de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución E 415/2017, donde se decidió la diminución del precio del bioetanol en un 29%, lo que genera sin lugar a dudas impactos negativos para el sector productivo y los empleos que dependen de él de manera directa e indirecta, pero también para las provincias donde están radicadas las empresas del sector.

Se trata de una medida difícil de entender que afecta a un sector que produce un alto valor agregado acompañado de un importante beneficio ambiental y económico, ya que permite sustituir combustibles fósiles no renovables que son contaminantes y que tienen un fuerte impacto negativo en la balanza comercial del país.

La decisión de disminuir el precio del bioetanol, además de poner en riesgo fuentes laborales actuales del sector, pone en riesgo el desarrollo futuro de la industria y los beneficios que tendría su expansión. La disminución del precio no sólo afecta las posibilidades de generar flujos destinados a la inversión, sino que daña seriamente la previsibilidad necesaria para encarar estas decisiones de inversión y desarrollo, generando una transferencia de recursos de un sector generador de alto valor agregado y beneficios ambientales y regionales, hacia las empresas petroleras, lo que plantea una situación de posible conflicto de intereses del Ministro a cargo del área involucrada.

El daño ocasionado por esta medida a la industria del bioetanol, en el caso de la provincia de Córdoba, donde se encuentran instaladas tres de las cinco fábricas de bioetanol a base de maíz del país (Bio 4 en Rio Cuarto, Acá Bio en Villa María y Promaíz en Alejandro Roca) generaría pérdidas estimadas en $1.200.000.000 anuales. Esto impacta negativamente en las finanzas provinciales por la caída de la actividad, además de ser perjudicial para la agricultura sostenible por la importancia de la industria, no sólo en la producción del maíz, sino también de sorgos azucarados que abren expectativas de inversión en las zonas más alejadas de los puertos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de Resolución.