Expresar el mas enérgico repudio al Decreto 882/2017 publicado el 1 de noviembre, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispone la venta, cesión o transferencia de activos de centrales térmicas de generación eléctrica, toda vez que a través del mismo implicará una mayor desregulación y extranjerización del sector energético.

Señor presidente:

A través del decreto N º 882/2017 publicado el 1º de noviembre, el Gobierno Nacional impulsa la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de activos de centrales térmicas de generación eléctrica tales como “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes), Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Termoeléctrica Guillermo Brown. A su vez estimula la venta de participaciones accionarias en Central Dique Sociedad Anónima, Central Térmica Güemes Sociedad Anónima, Central Puerto Sociedad Anónima, Centrales Térmicas Patagónicas, y Dioxitek Sociedad Anónima. Esta última, la cual es perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), abastece y produce suministro de Dióxido de Uranio para alimentar las centrales nucleares argentinas. La privatización de las acciones clase “C”, que implica el 51% de Dioxitek, significa que este insumo, vital para la fabricación de los combustibles nucleares, dependerá de la decisión de un actor privado y pondrá en riesgo el Plan Nuclear Argentino lanzado en 2006. Asimismo, el decreto autoriza el desprendimiento de la participación accionaria de ENARSA en la Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica CITELEC.

La normativa establece que ENARSA pasa a denominarse Integración Energética Argentina S.A. a partir de la fusión con Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA). Esto abre la posibilidad de una futura privatización de la misma y con ello de las obras energéticas proyectadas o en construcción. Se pueden mencionar en ese sentido los proyectos de aprovechamiento hidroeléctricos del Río Santa Cruz de los cuales se afirma en el decreto “resulta conveniente otorgar a ENARSA la concesión para la explotación de las centrales de generación eléctrica referidas, la que podrá ser transferida a empresas del sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo”.

Estas medidas profundizan la pérdida de capacidad regulatoria del Estado en un sector clave para la soberanía y el desarrollo nacional como es el energético, abriendo paso a un proceso de extranjerización. En efecto, los números de la producción de petróleo y gas de los últimos dos años muestran una fuerte caída, mientras aumentan las importaciones de combustible, y sigue sin advertirse la anunciada “lluvia de inversiones”.

Por otro lado, una vez mas Gobierno toma medidas trascendentes para el país ignorando al Congreso Nacional. Quienes fueron elegidos bajo la identificación y la promesa de republicanismo, diálogo y consenso, llevan adelante sistemáticamente acciones que están en las antípodas, como el mencionado decreto y otros tantos: la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la flexibilización de la Ley de Tierras; la designación de Jueces de la Corte Suprema por decreto; el decreto que permite a los familiares de funcionarios entrar al blanqueo; o el reciente decreto de anulación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil.

La venta de patrimonio público y la apertura económica importadora redundarán en una mayor pérdida de soberanía nacional y el cierre de nuestras industrias. El Poder ejecutivo no puede seguir ignorando al Congreso Nacional sin discutir o consensuar medidas tan importantes. Por las razones expuestas solicito el acompañamiento de mis pares en este proyecto.