Artículo 1°: Declárase la Emergencia para los Usuarios Viales en todo el territorio nacional, por el plazo de un (1) año, contado desde la promulgación del presente Cuerpo Legal. El aludido plazo podrá ser prorrogado mediante la sanción de la Ley correspondiente.

Artículo 2°: Durante el plazo de la Emergencia declarada en el artículo 1° quedan suspendidos los aumentos de combustibles derivados del petróleo en todo el territorio nacional. El precio máximo de referencia para el litro de combustible debe retrotraerse, durante la vigencia de la Emergencia, al publicado por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) el día 30 de diciembre de 2017, tanto mayorista como minorista.

Artículo 3°: Durante el plazo de vigencia de la Emergencia declarada en el artículo 1° quedan suspendidos los aumentos de las Tarifas de los Peajes en la totalidad de las rutas y autovías nacionales cuya regulación corresponde al Estado nacional. El precio de las tarifas aludidas debe retrotraerse al que se encontraba vigente el día 30 de diciembre de 2017.

Artículo 4: El Poder Ejecutivo debe arbitrar los medios necesarios para asegurar la observancia de lo establecido por este Cuerpo Legal.

Artículo 5°: Invitase a las Jurisdicciones provinciales a sancionar normativas de similar tenor a la presente en lo concerniente a las Tarifas de Peajes en rutas y autovías sujetas a la regulación local.

Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La presente iniciativa tiene como objeto el establecimiento de medidas de emergencia tendientes a paliar la grave situación por la que atraviesan los usuarios viales en la totalidad del territorio nacional.

La situación de emergencia que golpea a diversos sectores del quehacer nacional; afectando duramente a las más amplias capas de la sociedad y repercutiendo en los sectores más vulnerables, así como en los vinculados al empleo, a la producción y al comercio en general, se hace cada vez más evidente en la cotidianeidad de la vida de quienes habitan nuestro país. A tal punto es indisimulable la crisis por la que estamos atravesando que es el propio Poder Ejecutivo, por medio del Presidente de la Nación, quien ha debido reconocer públicamente la situación de emergencia que estamos padeciendo. Tal sinceramiento, aunque resulte tardío e insuficiente, prácticamente nos exime de fundamentar la Declaración de Emergencia que propiciamos mediante el Proyecto de Ley que ponemos a consideración de las Legisladoras y los Legisladores que componen este Honorable Congreso.

A la luz de los acontecimientos ya casi nadie puede negar la urgencia de medidas por parte de las autoridades estatales que tiendan a mitigar la crisis y volver a poner en marcha el proceso virtuoso de la economía; reparando los embates sufridos por las personas de carne y hueso, que han sido convertidas en sólo números dentro de los fríos “excels” a los que tanto afecto tienen los múltiples burócratas neoliberales. Los rotundos fracasos que revela el mero repaso de la historia de la aplicación de los programas de ajuste fiscal en nuestro país y en todo el mundo, promovidos invariablemente por el Fondo Monetario Internacional, parece no importar a los predicadores de un supuesto único camino posible, que nos conduce al empobrecimiento general. En definitiva, muchísimos perdedores, poquísimos ganadores y una sociedad sin futuro.

Existen en este Congreso variadas iniciativas que contemplan diversas situaciones de emergencia por la que atraviesan muchísimos colectivos sociales, cuya aprobación resulta cada vez más necesaria para garantizar el acceso a los derechos de la población que han sido vulnerados por el avance de un programa económico que excluye y margina. De hecho, se ha sancionado normativa cuya aplicación hubiera constituido un importante paliativo para las condiciones de vida de vastos sectores de la sociedad, como la que dispuso tanto la Emergencia Laboral como la Emergencia Tarifaria, que lamentablemente el Poder Ejecutivo, dando muestras de una obcecación muy preocupante, decidió vetar en su totalidad. Es indudable que debe insistirse con la aprobación de legislación de esa índole.

En este caso estamos proponiendo contemplar la acuciante situación de los usuarios viales. Los mismos han sido sistemáticamente castigados, por un lado, por los reiterados aumentos de combustibles, producto de la nefasta política energética implementada por el ex Ministro Aranguren y continuada por el recientemente degradado Secretario Iguacel, que han dolarizado el costo de los hidrocarburos, como si Argentina fuera en país que no produce ni una gota de petróleo. Por otro lado, resultan víctimas de los irrazonables aumentos de la tarifa de los peajes autorizados por el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Transporte. Sin entrar en las consideraciones vinculadas con las irregularidades observadas en la prórroga, efectuada sin compulsa, de algunas de las concesiones viales (que ha resultado sugerentemente favorable para los concesionarios), resulta muy clara la necesidad de adoptar políticas públicas para reparar los perjuicios producidos a quienes transitan por las autovías nacionales.

Concretamente, el Proyecto establece que, durante el plazo de la Emergencia para los Usuarios Viales que se declara (un año contado desde el momento de la promulgación de la Ley), queden suspendidos los aumentos de combustibles derivados del petróleo en todo el territorio nacional. El precio máximo de referencia para el litro de combustible debe retrotraerse al publicado por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) el día 30 de diciembre de 2017, tanto mayorista como minorista. Asimismo, se dispone que, durante el plazo de vigencia de la Emergencia, queden suspendidos los aumentos de las Tarifas de los Peajes en la totalidad de las rutas y autovías nacionales cuya regulación corresponde al Estado nacional. El precio de las tarifas aludidas debe retrotraerse al que se encontraba vigente el día 30 de diciembre de 2017. Queda a cargo del Poder Ejecutivo la adopción de las medidas que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto.

Se añade una invitación expresa a las jurisdicciones locales a adoptar normativa de similar tenor con respecto a las tarifas de los peajes que cuentan con regulación de carácter provincial.

Nos asiste el convencimiento de que las medidas propuestas no sólo constituirán un paliativo para un colectivo enorme de la población que se desplaza cotidianamente con sus vehículos, en general por razones laborales, sino que además generarán un efecto favorecedor para la economía nacional en general, puesto que se aminorarán indudablemente los costos, entre otros, de la logística y la distribución de productos, lo que puede producir un efecto de descompresión sobre la inflación y el costo de vida.

Se trata de una iniciativa con una clara intención anti cíclica, que, al contrario de lo que postula el dogma neoliberal del ajuste sin fin, parte de la premisa de que, para enfrentar la crisis, es necesario fortalecer la economía cotidiana, para volver al vigorizar el mercado interno y retomar el sendero de un crecimiento equitativo que tanto ha caracterizado a nuestro país en diversos períodos históricos.

La defensa de las conquistas sociales de nuestro pueblo debe ser una prioridad para quienes estamos comprometidos profundamente con una democracia con real contenido social, con una ciudadanía empoderada y una patria soberana. Ponerle un freno al proceso de empobrecimiento económico, sanitario, educativo y cultural que preconizan los herederos de la Escuela Chicago, es tal vez el principal imperativo para comenzar a revertir el ciclo.

Este Congreso debe asumir su responsabilidad histórica sin especulaciones mezquinas. Las grandes mayorías sociales lo necesitan de forma cada vez más urgente.

Por los argumentos expuestos solicitamos que se acompañe con el voto positivo el Proyecto de Ley puesto a vuestra consideración.