Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través del organismo que corresponda informe a esta Cámara respecto de la gestión de YPF S.A. y decisiones adoptadas en el marco de la Ley 26.741, detallando datos específicos sobre:

1- Proceso de tasación de los bienes correspondientes al cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF S.A., declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación según lo normado por el artículo 7 de la Ley 26.741;

2- Proceso de tasación de los bienes correspondientes al cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de Repsol YPF Gas S.A. representado por el sesenta por ciento (60%) de las acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano S.A., declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación según lo normado por el artículo 7 de la Ley 26.741;

3- Procedimientos administrativos arbitrados por el Poder Ejecutivo Nacional como autoridad expropiante a los efectos de materializar el proceso expropiatorio en el marco de la Ley 21.499, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 26.741;

4- Procedimientos administrativos arbitrados por el Poder Ejecutivo Nacional como autoridad expropiante a los efectos que el Tribunal Nacional de Tasaciones realice la tasación de los bienes involucrados según lo normado por el artículo 12 de la Ley 26.741;

5- Proceso de distribución y cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación entre el Estado nacional y las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, según lo normado en los artículos 8 y 9 de la Ley 26.741;

6- Procedimientos arbitrados para la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, según lo normado por el artículo 4 de la Ley 26.741;

7- Conformación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas en la órbita de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según lo establecido por el Decreto 1277/2012 que reglamenta la Ley 26.741;

8- Elaboración del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas con el objetivo de establecer los presupuestos mínimos y las metas en materia de inversiones en exploración, explotación, refinación , transporte y comercialización de hidrocarburos, según lo establecido por el Decreto 1277/2012 que reglamenta la Ley 26.741;

9- Creación del Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, según lo establecido por el Decreto 1277/2012 que reglamenta la Ley 26.741;

10- Estructura de financiamiento de inversiones, concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas, u otro tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresarias con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras encarada por YPF S.A. en función de lo normado en el artículo 17 de la Ley 26.741;

11- Prospectos de exploración, desarrollo de campos y extracción de hidrocarburos en las cuencas sedimentarias productivas de la Argentina en el marco de la planificación estratégica elaborada y presentada por YPF S.A. en 2012;

12- Decisiones adoptadas en los eslabones de refinación, transporte, comercialización y distribución de combustibles líquidos en el marco de la planificación estratégica elaborada y presentada por YPF S.A. en 2012;

13- Balance general de exportaciones e importaciones de combustibles líquidos realizados por YPF S.A. durante 2012; y

14- Previsiones de importación de combustibles líquidos durante 2013.

Señor presidente:

Los recientes rumores sobre un potencial acuerdo entre la Argentina y España para dar por finalizado el conflicto suscitado a raíz de la expropiación del 51% del paquete accionario de Repsol en YPF- sellado con la aprobación de la denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera 26.741 en mayo de 2012- abren nuevamente un preocupante escenario de incertidumbre en materia de la política hidrocarburífera llevada adelante por la Administración de Cristina Kirchner.

A la luz de este ruido mediático que, por cierto, tiene una alta cuota de juego de intereses contrapuestos en un contexto de erráticas medidas oficiales para detener el avance de la crisis energética, es importante recordar que, luego de un año de sancionada la mencionada ley, el Gobierno nacional no ha avanzado enérgicamente en la ejecución de las principales medidas necesarias para concluir el proceso de expropiación y renacionalización de la petrolera YPF.

¿Cuáles son esos puntos aún pendientes de definición?

En primer lugar, la tasación oficial del valor accionario del conjunto de la empresa y, fundamentalmente, del 51% expropiado. La ley, sancionada el 3 de mayo de 2012, determina en su artículo 12 que será el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que debe determinar el valor de la empresa a los efectos de poner en marcha el proceso expropiatorio. Este decisivo primer paso, aún no se ha concretado.

En segundo lugar, y como consecuencia de ello, no se han activado los mecanismos enmarcados en la ley de expropiación N° 21.499 , con lo cual, la injustificable demora en la determinación de un trámite de tamaña relevancia, puede llevar a detener todo el proceso en un contexto en el que Repsol ha interpuesto, durante 2012, tres reclamos jurídicos solicitando la nulidad de lo actuado por el Estado argentino. Una de esas presentaciones fue realizada ante el CIADI, el organismo del Banco Mundial que resuelve casos de disputas por inversiones internacionales presentadas por empresas extranjeras contra los Estados receptores de esas inversiones, cuya jurisdicción es reconocida por la Argentina desde la década de los '90 y, además, es un mecanismo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España. Otra presentación fue realizada ante la Security Exchange Commission (SEC) en los Estados Unidos y la tercera en España, con el objeto de dificultar las decisiones tomadas por el nuevo directorio conformado a partir de la asamblea de accionistas realizada en junio de 2012 y que reflejaba la nueva realidad de mayoría estatal en el control de la compañía.

Un tercer aspecto que nos parece relevante y que está íntimamente relacionado con los dos puntos anteriores, es la inexistencia de información confiable sobre el nivel de reservas probadas efectivamente existentes en todos los yacimientos donde la compañía opera. Se recordará, en tal sentido, que desde distintos sectores se había insistido sobre la necesidad de realizar una auditoría integral del estado de las reservas de petróleo y gas de la compañía a los efectos de determinar, con mayor precisión, el valor de los activos, más aún teniendo en cuenta que las compañías petroleras se valorizan en el mundo por la cantidad de reservas probadas con que cuentan en su inventario, lo cual se suma, ciertamente, a la estructura productiva existente (refinerías, maquinaria, comercializadoras, infraestructura de transporte, etc.). En definitiva, sobre ello tampoco se ha avanzado.

En cuarto lugar, no se ha informado fehacientemente sobre el estado de avance del proceso de distribución y cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación entre el Estado nacional y las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, según lo que se norma en los artículos 8 y 9 de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. Esta cuestión no es menor, ya que, según lo normado, la distribución de las acciones estará sujeta a los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada uno de los distritos productores. Nuevamente, nos preguntamos si no será pertinente encarar un completo proceso de auditoría de reservas en todas las cuencas sedimentarias del país, a los efectos de determinar con mayor precisión, eficacia y equidad lo establecido por la norma consignada.

Un quinto aspecto relevante, está vinculado con la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos que, según lo que establece el artículo 4 de la Ley 26.741, sería el órgano encargado de la fijación de la política hidrocarburífera argentina y del monitoreo de los principios de esa política establecidos en el artículo 3 de la norma, al tiempo que debería arbitrar los mecanismos para el establecimiento de una efectiva coordinación entre el Estado nacional y las provincias en materia de hidrocarburos.

En sexto lugar, y en virtud del Decreto 1277/2012 que reglamenta la Ley 26.741, se creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuya principal misión es la elaboración del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas a los efectos de establecer los presupuestos mínimos y las inversiones necesarias en todos los eslabones de la cadena de la industria hidrocarburífera del país. En ese marco, la mencionada Comisión es responsable por la creación y monitoreo del Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. A partir de ello, nos preguntamos si estas estructuras creadas por la Ley 26.741 y su Decreto reglamentario 1277/2012 han sido puestas en funcionamiento en el contexto de la política energética global de la República Argentina. Asimismo, estas nuevas agencias han sido creadas con prerrogativas jurisdiccionales que podrían yuxtaponerse en tanto y en cuanto no se establezcan mayores precisiones sobre el funcionamiento integral del esquema de decisiones de la política energética nacional.

Llegados a este punto, aparecen dos cuestiones más que son relevantes a la hora de comprender dónde estamos y porqué el Gobierno ha demorado decisiones fundamentales para construir un nuevo camino sobre la recuperación del control estratégico de la empresa.

Una de ellas, es la capacidad de financiamiento que es necesario poner en marcha en orden a desarrollar el plan estratégico presentado por Galuccio en sendas ocasiones entre junio y agosto de 2012. Efectivamente, esa planificación establecía un horizonte de cinco años entre 2013 y 2017, durante los cuales se debían asegurar unos 7.000 a 7.500 millones de dólares por año- totalizando unos 35.000 millones en el período-para el desarrollo de nuevos campos en búsqueda de recursos convencionales y no convencionales. A juzgar por las emisiones de obligaciones negociables, títulos y bonos lanzadas entre junio de 2012 y marzo de 2013, a partir de las cuales se ha logado captar alrededor de $15.000 millones, estamos ante una necesidad ingente de más recursos frescos para llegar a los mínimos requerimientos de financiamiento planteados en la planificación para el quinquenio. Ello parece difícil de lograrse en el corto plazo, ya que, por un lado, la Argentina no puede fondearse a tasas razonables en el mercado internacional- recordemos que persiste el conflicto por los holdouts- y, por otro lado, las cajas internas- Anses y otros organismos- que han permitido generar buena parte de esos recursos, son vías de financiamiento insuficientes para una industria que es capital intensiva, amén que resulta peligroso seguir recurriendo a estas fuentes para captación de recursos.

La otra cuestión relevante y directamente relacionada con lo anterior, es que ni siquiera se ha alcanzado una estructura de financiamiento mínimo para poner en marcha lo que parece ser el proyecto estrella del programa de Galuccio: la explotación no convencional de gas y petróleo en la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina, cuyas necesidades de financiamiento total oscilarían entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares durante el quinquenio. Nos preguntamos: ¿ podría esta situación ser la moneda de cambio y/o acuerdo entre ambos países a los efectos de terminar con el conflicto post expropiación? Parece, cuanto menos, simplista y peligroso pensar en estos términos, pero la impericia, la improvisación y el cortoplacismo del Gobierno en la cuestión energética, nos habilita a plantear este tipo de situaciones.

Ahora, la posibilidad de encarar alguna actividad exploratoria y extractiva en Vaca Muerta, no depende exclusivamente de algún "tipo de acuerdo" con Repsol, sino que, en los últimos meses, la dirección de YPF comenzó a trabajar en un posible vínculo estratégico con Chevron, de los Estados Unidos. La idea era encarar un primer tramo de fuertes inversiones en la formación Vaca Muerta- en el orden de los 1.000 millones de dólares en 2013- como parte de un programa general a desarrollar en el quinquenio 2013-2017, que comportaría una inversión total de unos 15.000 millones de dólares por parte de la compañía estadounidense. El tipo de explotación a encarar, se realizaría bajo el modelo de farm in, por el cual YPF pone en juego el recurso (en este caso, la potencial riqueza hidrocarburífera no convencional) a cambio de una inversión inicial de Chevron para desarrollar un área específica de los plays de la formación Vaca Muerta, que le brinda derechos ulteriores para la participación accionaria en la concesión del área en cuestión. Sin embargo, la propuesta quedó virtualmente congelada ante el avance de una causa megamillonaria por contaminación ambiental en la región amazónica que una ONG y el gobierno ecuatoriano le iniciaron en 2010 a la empresa estadounidense, a partir de la cual las inversiones que realice en la Argentina, corren el riesgo cierto de ser embargadas. Esto podría producirse ya que, simultáneamente, se realizó una presentación en la Argentina patrocinada por estudios jurídicos locales para obstaculizar cualquier tipo de inversiones de Chevron, a consecuencia de la cual, hacia fines de 2012, el juez en lo Civil y Comercial, Adrián Elcuj Miranda, estableció el congelamiento de los activos de la empresa estadounidense en el país. Con esta situación consumada, ambas empresas estarían en la búsqueda de mecanismos de asociación financiera alternativos que permitan poner en marcha el proyecto.

Ante esta situación de estancamiento en la que se encuentra la empresa, se han producido dos hechos que han agravado aún más la traumática coyuntura.

Por un lado, la seria afectación operativa de la refinería de Ensenada, provocada por las inundaciones de comienzos de abril, cuya intensidad desbordó la capacidad de contención y canalización de fluidos del sistema de seguridad, a resultas de lo cual se produjo el incendio en una de las principales estructuras de destilación de la planta. Piénsese que esta refinería es responsable por el 25% del total de combustibles líquidos que se vuelcan al mercado y representa casi el 50% de la capacidad de producción de YPF. Actualmente, se estima que el proceso para recuperar la capacidad de refino al 80% aproximadamente, demandará casi dos meses, con la necesidad entonces de adoptar medidas de contingencia para superar esta situación crítica.

Por otro lado, y como consecuencia de la anterior situación, YPF debería importar por lo menos 50% más de combustibles líquidos en relación al año 2012. Durante el año pasado, la empresa importó aproximadamente el 10% de su producción, lo cual le insumió alrededor de $1.000 millones de dólares, a lo que habría que sumar unos $800 millones para el año en curso.

Asimismo, se encararán otras medidas adicionales, como la compra de combustibles líquidos a otras operadoras (posiblemente Oil, Petrobras y Axion), la exportación de variedades de crudo más pesados (como el tipo Escalante de la cuenca del Golfo San Jorge) y la maximización productiva de las operaciones en las refinerías de Luján de Cuyo y Plaza Huincul. Nótese que, luego de casi cinco años, y por una cuestión coyuntural crítica, se decide exportar crudo al sólo efecto de tratar de recomponer caja. De esta manera, la excepcionalidad como norma de formulación y ejecución de decisiones se emparenta con la arbitrariedad y la falta de una mirada integral y sistémica del problema, ya que lo que hay que hacer -siempre- es resolver el apuro que plantea la coyuntura a partir de la agudización de la crisis.

En el marco de los hechos descritos y de la evolución de la coyuntura energética nacional, la Presidencia de YPF dio a conocer, en marzo pasado, los primeros números globales sobre extracción de petróleo y gas, ventas de combustibles líquidos y rentabilidad obtenida por la empresa en 2012.

En tal sentido, recuérdese que la nueva conducción de la empresa comenzó a tomar decisiones a partir de junio de 2012, luego de concluido el proceso de intervención y de normalización a partir de la integración del nuevo Directorio posterior a la asamblea de accionistas de fines de mayo pasado.

En líneas generales, estos son los números más relevantes:

- La extracción de petróleo se incrementó en un 2,2% en relación a 2011. En tal sentido, si bien todavía no tenemos los números más desagregados, la extracción de YPF estaría apenas por encima de los 11 millones de m3/año, lo que sigue representando alrededor de un 30% de la extracción total, que se ubicaría en torno a los 33 millones de m3/año. Este número implicaría una baja del 4.3% de la extracción de crudo en relación a 2011, si se toma el conjunto de las empresas que operan en extracción. Por cierto, es importante recordar que 2011 fue un año complejo, con paros muy prolongados que afectaron esencialmente la extracción en las cuencas patagónicas, con lo cual, las cifras preliminares de 2012 siguen reflejando el cuadro de estancamiento y caída que es ya estructural al funcionamiento del sistema.

- En lo que respecta a gas natural, YPF anunció un retroceso del 2,3% en relación a 2011, en un cuadro de situación aún más grave, ya que la extracción de gas en todo el país habría declinado un 3,1% aproximadamente. Las necesidades diarias de abastecimiento de gas rondan los 170 millones de m3/día, de los cuales, alrededor de 20%- unos 35 millones de m3/día- deben importarse porque el sistema no los puede abastecer, ya que la producción diaria está en torno a los 130 millones de m3/día.

- En la performance de elaboración de combustibles líquidos, es donde se ha visto un mejoramiento parcial durante el segundo semestre de 2012, merced a la maximización de la producción de naftas super y diesel ultra en las principales refinerías de YPF. En tal sentido, el conjunto del sistema de refinación del país superó los 19.000 millones de litros de combustibles, un 2,4% más que 2011 y alrededor de la mitad del incremento productivo, se explica por YPF, que controla, en promedio, casi el 60% de la comercialización de combustibles.

- Finalmente, en lo que respecta al total de ventas, YPF registró unos 67.700 millones de pesos en 2012, un 19,5% más que 2011, lo cual probablemente se deba al aumento productivo señalado anteriormente y a los ajustes de precios obtenidos durante 2012. Sin embargo, en lo que respecta a las utilidades netas, en el primer balance preliminar, la empresa informó unos 3.900 millones de pesos, lo cual representa un descenso de 12% en relación a los 4.445 millones de pesos de ganancias en 2011.

- Un último aspecto estratégico para la operación de la compañía es la insuficiencia de la inversión, que, como afirmábamos, no permite encarar la multiplicidad de proyectos (entre ellos, los de shale oil y shale gas en Neuquén) anunciados en 2012. En función de esta situación, se ha creado, mediante la Resolución 130/2013 del Ministerio de Economía, el llamado Fondo Argentino de Hidrocarburos, que no es otra cosa que un fideicomiso respaldado en el Artículo 71 de la Ley N° 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a crear y/o constituir y/o participar en fideicomisos con otras entidades públicas o privadas, otorgar préstamos y/o efectuar aportes de capital en empresas del sector hidrocarburífero en las cuales el Estado Nacional tenga participación accionaria y/o el ejercicio de los derechos económicos y políticos. En la norma se ha establecido un monto de hasta $2.000 millones de dólares, que, muy probablemente, sean volcados gradualmente hacia inversiones en YPF. Esto podría ser incluso más factible si se tiene en cuenta que la Argentina dispondría de alrededor de $3.300 millones de dólares de las reservas internacionales que no se afectarían al pago del denominado cupón PBI, ya que el crecimiento de la economía en 2012 fue inferior al 3,2% requerido para que ese pago se efectúe. Aunque, a esta altura, se trata de especulaciones que, al correr de los meses, podrían verse corroboradas si las negativas condiciones de inversión para la compañía persisten.

Por todo ello, y en referencia a la gestión de YPF S.A. y a las decisiones adoptadas en el marco de la Ley 26.741, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.