Artículo 1º - Establécese como referencia del valor del gas en boca de pozo, en cada cuenca productora de la República Argentina, el precio de importación de dicho energético desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta un monto del ochenta por ciento (80%) del mismo.

Artículo 2º - Fíjase un plazo de cinco (5) años para equiparar el valor boca de pozo del gas natural con el valor de referencia, de acuerdo a la siguiente evolución:

Artículo 3° - Facúltase al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a evaluar el impacto de esta medida en cada uno de los sectores consumidores del país, y a re-direccionar los subsidios que el estado nacional provee al sistema energético nacional y a los estratos de consumo.

Artículo 4º- La Secretaria de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artículo 5º - De forma.-

Señor presidente:

La crisis económica y social de los años 2001- 2002 ha dejado varias consecuencias para nuestro país; algunas de ellas como por ejemplo las sociales afortunadamente se han podido mejorar, aunque aún falte recuperar a compatriotas de los bolsones de pobreza que aún subsisten.

En materia económica también se ha mejorado y mucho, caso contrario hubiese sido imposible regenerar los índices sociales, pero también en este aspecto falta mucho por hacer, y uno de esos aspecto es la cuestión energética.

Desde comienzos del presente año, el Poder Ejecutivo nacional ha alertado sobre la situación de déficit del sector y de la necesidad de recomponer la producción nacional de hidrocarburos; son públicos los indicadores que muestran una reducción importante en la producción de petróleo y gas, como así también es altamente significativa la reducción de las reservas de ambos energéticos.

Este déficit energético o pérdida de la soberanía energética está provocando una creciente necesidad de importación, especialmente en el caso del gas, pues de no ser así afectaríamos tanto la calidad de vida de nuestra ciudadanía como así también el nivel de actividad económica del país. Nos hemos visto en la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) para los cual se han habilitado los puertos de Bahía Blanca y Escobar en la provincia de Buenos Aires y anualmente son crecientes la cantidad de barcos metaneros para cubrir una demanda que aumenta y una oferta nacional que disminuye.

Por supuesto que esta situación está provocando, y de no solucionarse se agravará aún más, una sangría de divisas a la nación; para el año 2011 dicho monto alcanzó los U$S 9.300 millones y para el año en curso se estiman entre U$S 11.000 y U$S 12.000 millones. Es claro que en un contexto en el cual los precios internacionales del petróleo y del gas se vienen incrementando y a la vez que el comercio internacional está sufriendo las consecuencias de la crisis económica que no logra superar sobre todo Europa, las posibilidades de Argentina de producir los excedentes de balanza comercial para atender esta cuestión se ven notablemente reducidas. Como consecuencia de todo ello podemos concluir en que si importamos en forma creciente nuestra economía no lo soportaría y si no lo producimos internamente tampoco.

La expropiación del 51% de las acciones de la empresa YPF tiende justamente a solucionar estos problemas a través de la nacionalización de la principal empresa petrolera del país como una herramienta invalorable para la recuperación y puesta en valor de los recursos energéticos que posee el territorio nacional.

Actualmente nos encontramos en el punto en el cual se discute que precio se pagará por dicha expropiación y de donde saldrán los fondos para afrontarla, pero cabe señalar que este no será el mayor costo al que se deberá hacer frente; las inversiones necesarias para explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos son muy superiores; tan solo en la provincia del Neuquén, el gobernador, Jorge Sapag, ha presentado un Plan Quinquenal que demanda U$S 20.000 millones.

Creemos que necesariamente debemos hacer concurrir junto con la iniciativa estatal al capital privado, y de hecho el gobierno nacional así lo ha entendido, al iniciar una ronda de consultas con empresas petroleras de nivel internacional con gran capacidad financiera y tecnológica.

Cuando iniciamos esta fundamentación hicimos referencia a la crisis de los años 2001 - 2002 y ello no fue casual pues los precios internos de los hidrocarburos sufren desde entonces un retraso en su cotización, especialmente en el caso del gas natural. Cabe recordar que estamos importando el GNL a un valor de entre U$S 15 y U$S 18 por millón de BTU (medida británica de la unidad térmica) y en caso del gas natural que traemos desde Bolivia, el valor de importación es de alrededor de U$S 11 por millón de BTU.

Estimamos necesario para tener éxito en esta etapa de recuperación de la producción nacional llevar a cabo un actualización de los precios del gas en boca de pozo, y para ello proponemos lo que en alguna oportunidad ya había señalado la Secretaría de Energía de la Nación, esto es iniciar un "sendero de precios" que lleve el valor de nuestro gas desde los actuales U$S 2,60 por millón de BTU hasta un valor aproximado al 80% del precio que abonamos a Bolivia, en un término de los próximos cinco (5) años.

De acuerdo a la tabla del artículo 2° del proyecto y con un valor de casi U$S 11 por MBTU el precio en boca de pozo para el primer año rondaría los U$S 4,4 por MBTU, U$S 5,5 para el segundo, U$S 6,6 para el tercero, U$S 7,7 para el cuarto y se llegaría a los U$S 8,8 por MBTU para el quinto y último año.

Este sendero implicaría un período de cinco (5) años, tal lo que se establece en el Artículo 2º del presente proyecto, con lo cual al término del mismo estaríamos en consonancia con los valores regionales del gas natural.

Asimismo, este proyecto faculta al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a evaluar el impacto de este incremento del gas en boca de pozo sobre los sectores consumidores, a los efectos de revisar la política de asignación de subsidios para reorientarlos hacia los sectores que más lo necesitan.

Entendemos finalmente que esta medida no solo beneficiará a YPF, sino de la misma manera a todas las empresas del sector con lo cual resultaría más factible alcanzar los objetivos de la ley 26.741 de lograr el autoabastecimiento energético.

Por los motivos expuestos, se solicita a las señoras y señores Diputados la aprobación del presente proyecto de ley.