Disponer la citación del Sr. Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de exponer un amplio y pormenorizado informe acerca de las motivaciones de oportunidad, mérito y conveniencia ponderados por el Poder Ejecutivo Nacional para incrementar exponencialmente las tarifas de los servicios públicos de luz eléctrica y gas natural.-

Señor presidente:

A comienzos de año, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso una serie de normas que posibilitaron un incremento severo en las tarifas de los servicios públicos de luz eléctrica y gas natural, medidas que impactan negativamente en el tejido social argentina. Particularmente, hacemos referencia a los Decretos Números 134/2016 y 135/2016, las Resoluciones Números 6/2016, 7/2016, 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y sus concordantes del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y la Resolución Número 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.-

Desde la implementación de los nuevos cuadros tarifarios, los contribuyentes comenzaron a recibir facturas exorbitantes, que ocasionan severos perjuicios tanto en la economía familiar como en las diversas actividades productivas. Esta situación también provoca la crisis y colapso económico de numerosas organizaciones intermedias, como pequeñas y medidas empresas, agricultores familiares, clubes de barrio, centro vecinales, teatros independientes, asociaciones civiles y fundaciones, entre otras.-

Por un lado, es imposible desconocer el desabastecimiento energético provocado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sumado a las inequidades sociales causadas por los fuertes subsidios en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que contrastaban con los precios abonados en otros rincones del país, tornaron necesario y urgente readecuar las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural. Pero, por otra parte, también es innegable que los aumentos tarifarios dispuestos por la conducción actual del Gobierno Nacional deberían haberse implementado previa realización de las audiencias públicas dispuestas por el Decreto N° 1172/2003.-

En toda democracia deliberativa, la toma de decisiones requiere de la participación y debate de la mayor cantidad de actores posibles que puedan resultar abarcados por sus resultados. Por esta razón, la celebración de audiencias públicas en forma previa a la modificación del cuadro tarifario no sólo es una exigencia legal, sino que también constituye una pre-condición para el ejercicio de derechos de raigambre constitucional, como el acceso a la información pública, la libertad de expresión y de reunión y la publicidad de los actos de gobierno.-

El Gobierno Nacional debe arbitrar las medidas para proteger a los sectores vulnerables, adoptando medidas de acción afirmativa que permitan corregir las asimetrías provocadas por el incremento exponencial de las tarifas. Para ello, es necesario un Estado fuerte, activo, presente, que tenga sensibilidad social y solvencia intelectual para escuchar las demandas de los grupos marginados, sistemáticamente excluidos y desprotegidos.-

Aunque el Gobierno Nacional puso en práctica medidas para atenuar los efectos negativos de los incrementos señalados, a través de la llamada “tarifa social”, entendemos que ella deviene insuficiente, tardía e inoportuna.-

El Estado tiene la obligación moral y jurídica de satisfacer ciertos servicios públicos esenciales, como luz eléctrica, gas natural o agua potable, ya sea por sí mismo o por medio de terceros contratistas o concesionarios. Por eso, el Estado debe asegurar que los ciudadanos paguen un precio justo, razonable, fundado, equitativo y transparente por los servicios públicos.-

Sin embargo, el nuevo esquema tarifario está lejos de responder a dichos principios fundamentales (razonabilidad, fundabilidad, equidad y transparencia), ya que la serie de marchas y contramarchas del Gobierno Nacional genera un marco de dudas e incertidumbre, que provoca un mayor malestar social por la medida.-

A lo dicho, debemos adicionarle que los incrementos tarifarios afectan severamente en los esquemas de cotos de las diversas actividades productivas de nuestro país, lo cual pone en riesgo numerosos puestos de empleo e impacta necesariamente en las diversas economías regionales. -

Por ello, la presente iniciativa legislativa pretende la interpelación del Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, porque creemos que el ámbito legislativo es el espacio propicio para discutir y debatir en forma integral, completa y excautiva la oportunidad, mérito y conveniencia de los nuevos cuadros tarifarios para los servicios públicos de luz eléctrica y gas natural. El Congreso es el ámbito adecuado para el debate, la participación y la discusión entre las fuerzas políticas con representación legislativa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.-

En virtud de las consideraciones esgrimidas, en el convencimiento que el control parlamentario es una garantía para el resguardo de los derechos fundamentales, pido a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.-