Expresar repudio y preocupación –en virtud de la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes– por la oficialización del otorgamiento de permisos de exploración hidrocarburífera a empresas británicas en las cuencas sedimentarias próximas al archipiélago Malvinas, pese al recurso de amparo interpuesto por el senador nacional Marcelo Fuentes y el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Federico Bernal que aún tramita en el Juzgado 10 en lo Contencioso Administrativo Federal.

Señor presidente:

El Decreto 872 publicado en el Boletín Oficial el 2 de octubre de 2019, instruye a la "Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera nacional –un total de 200.841 km2, una extensión alrededor de cinco veces y media mayor a Vaca Muerta–. El entonces Secretario de Energía Javier Iguacel ya había anticipado la convocatoria en septiembre de ese año, ante referentes de la industria petrolera norteamericana.

Las cuencas Malvinas, Malvinas Norte y Malvinas Oriental se encuentran extremadamente próximas al archipiélago Malvinas, por lo que constituye una zona de alta trascendencia geopolítica; y de interés para la seguridad nacional. El Decreto 872 cede además la jurisdicción a favor de tribunales internacionales el territorio objeto del concurso –más del 3% de la plataforma continental–.

En mayo de 2019, por medio de la Resolución 276/2019, la Secretaría de Gobierno de Energía dio a conocer la adjudicación de áreas involucradas en el Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1. Las empresas británicas Shell, BP y Tullow Oil –mediante una participación del 100%, o bien asociadas a terceros– ganaron 7 áreas de las 18 licitadas (39% del total): la mayor concentración de áreas ganadas por empresas privadas originarias de un solo país.

Según un informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) la situación representa una virtual amenaza a la seguridad nacional, una grave afrenta a la soberanía nacional y la violación sistemática a los legítimos reclamos de la Nación Argentina vinculados a la cuestión Malvinas –el Estado sede en caso de un conflicto podría ser el mismo Reino Unido–.

La empresa Tullow Oil es adjudicataria de tres áreas en la cuenca Malvinas, al suroeste del archipiélago. En dos de ellas, cuenta con un 40% de participación (participa como consorcio junto a las empresas Pluspetrol y Wintershall). En una de ellas cuenta con un 100% de participación. Según informes de OETEC, Tullow Oil operó 7 licencias otorgadas por el gobierno kelper en la Cuenca Malvinas Sur en 2007. Una de sus directoras, Anne Drinkwater, fue simultáneamente asesora petrolera del gobierno kelper. Desde 2018 Drinkwater integra el directorio de la empresa Equinor (también adjudicataria de áreas en la cuenca Malvinas). Resulta preocupante la estrecha relación entre Tullow Oil, Equinor y el gobierno kelper, a través de Drinkwater. Además, la petrolera británica Rockhopper Exploration, bajo licitación del ilegítimo gobierno isleño, opera al norte del archipiélago y cuenta con licencias de exploración al sur.

El senador nacional Marcelo Fuentes (FPV-PJ) y el director de OETEC Federico Bernal presentaron un recurso de amparo con el objeto de solicitar se dicte cautelar urgente y se suspenda el procedimiento tendiente al otorgamiento del título definitivo de los permisos de exploración y explotación a favor de las empresas Tullow Oil y Equinor; así como la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 872/2018 y resoluciones 65/2018 y 276/2019. El amparo tramita en el Juzgado 10 en lo Contencioso Administrativo Federal. A pesar de la acción legal, que aún no cuenta con sentencia, los permisos fueron oficializados por medio de resoluciones de la Secretaría de Gobierno de Energía publicadas en el Boletín Oficial a principios de octubre de 2018.

La creciente presencia británica en la zona erosiona los intereses estratégicos argentinos y la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional reconocida en la Constitución Nacional. Además, las adjudicaciones a las empresas en cuestión no promueven el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la República Argentina fijados en la ley 26.741 –el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de

empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones-. Por los motivos expuestos solicito el acompañamiento a esta iniciativa.