Citar, en función de lo establecido por el Artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y por el Artículo 77 de la Constitución de la Nación, al Sr. Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Axel Kicillof, al Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio de Vido, y al Sr. Secretario de Energía, Daniel Cameron, a concurrir a la Comisión de Energía y Combustibles de la H. Cámara de Diputados de la Nación, a los efectos de informar sobre las explícitas condiciones de los acuerdos o preacuerdos comerciales de inversión suscriptos en el último año por la compañía estatal YPF, en especial el acuerdo el firmado con la petrolera estadounidense Chevron, y para que brinden información sobre la política en materia de hidrocarburos llevada a cabo por el Gobierno Nacional e YPF S.A. principalmente sobre los puntos que se detallan a continuación:

1 - Estado de cumplimiento de los objetivos planteados hasta el momento en el Plan Estratégico de cinco años presentado en el 2012. Fundamentos de los resultados.

2 - Fundamentación de las razones del aumento del 67 % de los honorarios del directorio para el ejercicio 2013.

Señor presidente:

El objeto de este pedido de informes verbales se centra en la política energética, y sobre todo hidrocarburífera, que está llevando a cabo el Gobierno nacional fruto de la cual, consideramos, han surgido en el último tiempo acuerdos o preacuerdos como el suscripto con la petrolera estadounidense Chevron Corporation, para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, la tercera reserva de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Es pertinente, antes que nada, hacer unas aclaraciones sobre YPF. Desde su expropiación, a través de la ley 26.741, el Estado argentino controla el 51 % de las acciones y es, por lo tanto, quien toma las decisiones sobre el destino de la compañía. Sin embargo, esto no significa que tenga el control total del petróleo que existe en el país.

Es decir, según los datos aportados por la propia petrolera, esta participa sólo en un 35 % del mercado del gas y el petróleo. Es más, si a eso le incorporamos la participación que tiene el Estado dentro de la compañía (51 %) vemos cómo, en realidad, la Argentina sólo es poseedora del 18 % del mercado. Por esa razón es erróneo hablar de soberanía energética integral, cuando sólo se controla un quinto del petróleo y el gas que existe en el país.

Además, YPF funciona como una sociedad anónima, controlada por personas designadas por el Poder Ejecutivo, pero lejos del control parlamentario y por ende ciudadano. En texto de la ley 26.741 el Artículo 15 lo declara de manera explícita:

"ARTICULO 15. - Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS S.A., continuarán operando como sociedades anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación".

Con ello se pretende eximirla de todo control, ya sea de la Auditoria General de la Nación o de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación. Al respecto, existen iniciativas para modificar dicho artículo como la presentada por el diputado Pablo Tonelli (Expediente 1389-D-2013), pero que no han tenido tratamiento.

Pero no debe olvidarse que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".

Mucho se ha discutido acerca de la diferencia entre "dominio" y "jurisdicción". Gran parte de las veces con el objetivo de allanarle el camino al Gobierno nacional para establecer leyes que regulen el ejercicio y explotación de ese dominio. Pero lo cierto es que se hace de manera completamente arbitraria, sosteniéndose en una interpretacieon unívoca de los múltiples y a veces contradictorios matices que presenta la legislación actual, a la que la mayoría de los analistas considera insuficiente e inadecuada al paradigma constitucional surgido en 1994.

Por otro lado, es oportuno señalar que algunas constituciones provinciales contienen articulado sobre recursos naturales y sus gobiernos pueden legislar, con toda autoridad, sobre los aspectos no contemplados por las leyes nacionales. De allí que también, en nuestra condición de representantes del pueblo de las provincias argentinas, solicitamos que se den a conocimiento público los alcances y consecuencias de este proyecto.

En segundo lugar, es necesario aclarar la situación energética de la Argentina. Más allá de de las estimaciones privadas, que ubican que para este año la importación de energía alcanzará los 15 mil millones de dólares, resulta esclarecedor los datos aportados por Instituto Nacional de Estadística y Censos Indec a través del informe del (Intercambio Comercial Argentino):

Sólo en el último año hasta la fecha la importación aumentó un 43 % mientras que en ese mismo lapso la exportación se redujo un 37 %. Esto implica un déficit comercial de alrededor de 1.500 millones de dólares. En tanto, si se toma el acumulado desde 2003 hasta la fecha vemos cómo mientras la importación aumentó en el orden del % 1600 la exportación sólo subió un 20 %.

Por otra parte, yendo a un análisis más pormenorizado -y según datos publicados en los Balances Energéticos anuales de la Secretaría de Energía de la Nación que publica de cada año- el aumento de la importación de las energías Primarias (petróleo y gas) se ubica en un 10 % por sobre la producción nacional durante 2011. Esto significa un aumento respecto de 2009 y 2010, cuando la importación de este tipo de enrgía significó un promedio del 7 %. Y si se compara con el año 2003, la importación para esa época significaba apenas el 1,3 %. El último dato aportado surge justamente del año 2011, cuando los indicadores del balance comenzaron a ser claramente desfavorables.

En sí, estos datos sólo expresan un cuadro de situación y no hacen referencia, explícitamente, a YPF. Pero sirven para enmarcar la situación energética del país y las necesidades urgentes del sector

que, de acuerdo a la propaganda oficial, iban a resolverse con la expropiación del 51 % de las acciones de YPF y las posteriores decisiones que resultaran de ella.

Por otro lado, otro de los objetivos principales es conocer los términos del preacuerdo que se aprestan a rubricar, en la segunda semana de julio, YPF y la empresa Chevron, a fin de establecer condiciones de explotación en los yacimientos que se desarrollen en la formación Vaca Muerta, de los cuales la información es escasa o nula.

Esto sería aceptable en el caso de que se tratase de una empresa privada; sin embargo, estamos ante una empresa bajo control estatal, aunque siga denominándose como una Sociedad Anónima Abierta. Dicha complejidad provoca serios problemas a la hora de tener un panorama preciso de la situación, como evidenciamos anteriormente.

Como ocurre generalmente, nos encontramos ante la falta de información confiable y actualizada por parte de los organismos oficiales. Es por esa razón que reclamamos que se informe, con el mayor detalle posible, sobre las líneas de acción que ha emprendido YPF, a fin de determinar si contribuyen o no a mejorar el sistema energético del país.

YPF es patrimonio del Estado. Por tanto, su situación no sólo concierne a un Gobierno sino, también, a la ciudadanía, que tiene pleno derecho a estar debidamente informada. Pero, pesar de ello, la empresa petrolera se maneja con el hermetismo propio de una empresa ajena al interés nacional.

No son pocas las dudas, generadas en la opinión pública, tras conocerse la escasa respuesta de los inversores a las propuestas de la conducción de YPF. Se teme, por ello, que los últimos emprendimientos, en especial las conversaciones con la multinacional de origen norteamericano Chevron, sean fruto de una urgencia política más que de una aplicación estratégica.

Por esa razón, ante el hermetismo en el que fue firmado dicho plan, y la inmediata renuncia de uno de los miembros del directorio, Eduardo Basualdo, que no fue explicada oficialmente pero que se atribuye a su oposición a las condiciones del acuerdo, es que exigimos saber qué medidas y de qué manera YPF y el Poder Ejecutivo han tomado para atraer inversiones y financiar dicho proyecto.

Al anunciar el plan quinquenal de YPF para lograr el tan mentado "autoabastecimiento" y mejorar los índices de exportación, el CEO de YPF; Miguel Galuccio, precisó que se el objetivo era lograr atraer inversiones por 37.200 millones de dólares, entre 2013 y 2017.

En ese período los objetivos serían aumentar un 32 % la producción de petróleo y gas, y un 37 % la de refinados (gasoil y naftas), y generar 10.000 empleos.

Galuccio aseguró que YPF financiaría 32.600 de los 37.200 millones de dólares que debería invertir en los próximos cinco años. Es decir, un 88 % de las inversiones estarían a su cargo. Un 70 % lo obtendría de su facturación y el otro 18 % a través de la emisión de deuda. En tanto, el 12 % restante que significan casi 4.500 millones de dólares provendría de los nuevos socios.

Unos meses después YPF colocó bonos de deuda en el mercado por un valor de 4000 millones de pesos. Sin embargo, ante la falta de demanda fue el propio Estado que salió a paliar la escasez a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Es así como a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de dicho organismo se aportaron 2.200 millones de pesos, es decir, un 62 % del total de la deuda emitida. En definitiva, fue el propio Estado que termino financiándose a sí mismo, con el agravante que en este caso fue a costa del dinero de los jubilados.

Pero el plan de financiamiento a través de las propias ganancias adquiere dificultades aún mayores si se toma en cuenta que en el balance 2012 presentado hace algunos días YPF presentó una merma de un 12 % en cuanto a los beneficios en comparación con el año 2011.

Como si esto no bastara, recientemente y de manera inexplicable, el directorio de YPF, encabezado por el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Axel Kicillof, y Miguel Galuccio, y a pesar de las caídas en las ganancias, aprobaron un aumento en los honorarios para el 2013 que alcanzaron una suma de 73,7 millones de pesos, es decir, un 67 % más que los 44,98 millones de pesos del año 2012.

Esta compleja situación en la que se encuentra YPF no sólo es fruto de una sobrestimación de las capacidades financieras de la compañía sino un error conceptual y estratégico mayúsculo por parte de los delegados por el poder ejecutivo para implementar el plan de inversiones de YPF.

En resumen, se trata de un problema estructural, tal como evidenciábamos antes, fruto de una política energética errónea que no sólo se manifiesta en el sector de los hidrocarburos sino también en otros como el de la electricidad. En este sentido, existen tres responsables directos que actúan como representantes del Poder Ejecutivo. Ellos son, en primer lugar, el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, Axel Kicillof, a cargo de la Comisión de Planificación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, tal como lo estipula el Artículo 2° del decreto 1277 / 2012 que reglamenta la ley Nº 26.741. En segundo lugar, el Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio de Vido, a cargo de la política de energética de la Argentina. En tercer lugar, el Secretario de Energía, Daniel Cameron, quien además se encuentra procesado por su supuesta participación en el desvío de fondos públicos en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

Ya ha ocurrido a lo largo de la historia Argentina. La mala administración de los recursos, a través de una fallida gestión Estatal, y su concesión por parte de empresas extranjeras han hecho estragos, imposibilitando el desarrollo de las capacidades de producción nacional. El afán y la desesperación por participar de las nuevas tendencias mundiales, teniendo como único objetivo los réditos a corto plazo, demuestran siempre resultados contraproducentes para nuestro país. La falta de planificación y la regencia por dictados políticos antes que por dictados del desarrollo es la causa de la actual situación de desmantelamiento industrial y energético en la Argentina. No queremos que eso siga ocurriendo. Por eso necesitamos respuestas por parte de quienes tienen la obligación de brindarlas.

Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.