Creación de Fondo de Afectación y Remediación de Pasivos Ambientales provocados por YPF S.A.

Título I

Artículo 1º:

Aféctese la suma resultante establecida por el Tribunal de Tasaciones de la Nación -al artículo 12 de la ley 26.741- en concepto de pasivo ambiental en el proceso de determinación del precio a pagar por las acciones expropiadas por Estado Nacional a la empresa Repsol S.A.

Artículo 2º:

Créase un Fondo de afectación constituido con el monto anteriormente determinado. El mismo será integrado por los fondos del tesoro nacional con el objeto de remediar los pasivos ambientales provocados por YPF S.A.

Artículo 3º:

Es obligación del Poder Ejecutivo Nacional remediar o recomponer con los fondos afectados los pasivos ambientales provocados por YPF S.A.

Artículo 4º:

Se establecerá un plazo para remediar o recomponer los pasivos ambientales. El mismo será determinado por la autoridad de aplicación de acuerdo al tipo de desastre ambiental que corresponda.

Artículo 5°:

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Este proyecto tiene como objetivo efectivizar la remediación de los pasivos ambientales generados en este caso específico por la actividad hidrocarburífera realizada por YPF S.A.

El derecho a un ambiente sano y equilibrado con un desarrollo humano y sustentable es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales. El mismo no puede ser simplemente un derecho "declamativo". Pero nuestra legislación no solo ha reconocido este derecho en nuestra norma fundamental sino que además ha establecido el principio de que quien daña debe recomponer.

La desprotección ambiental siempre perjudica a los grupos más vulnerables con carencia de recursos económicos y humanos para reclamar, en general, frente a grandes empresas con posibilidades de obtener de esos daños externalidades positivas.

En 1994 nuestra constitución reflejó la importancia de reconocer como derecho fundamental el derecho de todos los habitantes de Argentina a vivir en un ambiente saludable y con un desarrollo humano y sustentable.

Así, la Constitución Nacional (CN) establece que todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y estamos obligados a su vez a protegerlo por nosotros y por nuestras generaciones futuras (art. 41).

Las autoridades de todos los niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) debemos trabajar en el diseño de normas y políticas concretas para que el goce de este derecho humano sea efectivo y tangible.

De acuerdo a la CN, a partir de la reforma constitucional de 1994, las provincias delegaron en la Nación la potestad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, las cuales son exigibles a lo largo y a lo ancho del país.

De acuerdo a esta competencia delegada, la Nación sancionó en el año 2002 la Ley General del Ambiente N° 25.675 (LGA), que establece las directrices básicas de la política ambiental nacional, sus herramientas y los principios de derecho ambiental aplicables a toda decisión pública o privada que pueda afectar al ambiente.

Mientras, la Constitución Nacional en su artículo 124 reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, con el conjunto de relaciones jurídicas que de él derivan, así como, el ejercicio del poder de policía.

Es así que como representante de la Provincia de Mendoza, en donde existe una larga tradición por el cuidado del ambiente -dadas las condiciones adversas propias de nuestro clima natural- y una larga historia de explotación petrolera -remontándose el tema a la creación de la Compañía Mendocina de Petróleo, ciento veintiséis años atrás- tengo la obligación de rendir cuentas a mis votantes frente a los desastres ambientales generados por YPF S.A a lo largo de su historia ante todo considerando el contexto actual en el cual se encuentra la empresa.

En esta nueva etapa YPF S.A. debe emprender un camino no solo de inversión y producción para el servicio de la población, sino de cuidado y protección del medio ambiente donde actúa en pos de respetar el derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano y equilibrado.

Si bien todas las actividades del hombre contaminan, algunas producen mayores problemas que otros. Y si bien hay actividades que aparecen como esenciales para el desarrollo de nuestras economías e incluso para actividades diarias no podemos dejar de prestar atención a sus externalidades negativas.

Las exploraciones y la propia extracción de crudo ocasionan serios problemas ambientales. Los pasivos ambientales dejados por la actividad petrolera son muchos y requieren atención. Los mismos parten de las actividades de exploración y extracción, el transporte del crudo a través de oleoductos y finalmente la quema del combustible.

Para dar solo un ejemplo, en el caso de Mendoza, el territorio está cubierto de picadas destinadas a la exploración de yacimientos, mientras que las áreas de producción contienen grandes espacios desmontados para la instalación de los equipos de extracción y transporte de suministros. Si bien las técnicas actuales provocan menores impactos negativos en los recursos naturales, toda la actividad del pasado no ha sido remediada ni se han realizado trabajos de rehabilitación a escalas mayores que las remediaciones de sitio. Las piletas de aguas de purga o coproducidas que en el pasado eran comunes -luego de las restricciones impuestas por la legislación fueron retiradas- fueron simplemente tapadas, dejando su carga de contaminación en las napas de agua subterránea. Es necesario identificar, de manera urgente, estos pasivos ambientales y remediar los suelos contaminados.

Por su parte, también en el caso de Mendoza, los oleoductos más antiguos han sufrido roturas, algunas de ellas bastante importantes, que han derramado grandes volúmenes de crudo que han contaminado aguas, suelos y hasta ha provocado el empetrolamiento de la fauna silvestre.

REPSOL renovó varias tuberías dentro de la refinería de petróleo dado el deterioro de las mismas y su descarga a los acuíferos de la zona. Sin embargo, quedan aún muchos kilómetros de cañerías por reemplazar antes de que terminen su vida útil o produzcan algún desastre mayor.

En el corriente mes de mayo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia presentó ante la Fiscalía de Estado de Mendoza una demanda contra la petrolera por no declarar pasivos ambientales en las áreas de explotación La Ventana y Barrancas, ubicadas en Luján de Cuyo. En principio, desde la Secretaría se requerirá a la empresa un informe sobre la totalidad de los pasivos ambientales de las zonas a su cargo en toda la provincia, un plan de remediación de dichos pasivos ambientales y la aplicación de las multas que correspondan.

Hay muchos más ejemplos para dar en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén, entre otras.

Entonces, desde Mendoza y como socio minoritario de esta S.A. siento la obligación legal y política de poder dejar remediados los pasivos ambientales para así avanzar en la línea del desarrollo humano sustentable. Este proyecto establece la obligación por parte del estado de reparar los diferentes pasivos ambientales generados por la actividad realizada por YPF S.A. Asimismo, el proyecto prevé la necesidad de que los plazos sean determinados por la reglamentación, teniendo en cuenta que cada desastre ambiental presenta características propias y exige diferentes períodos de tiempo para ser remediados.

Será entonces responsabilidad del Estado Nacional remediar esos daños ambientales con los montos correspondientes a lo que se determinó como pasivo ambiental al momento de la determinación del precio y en los plazos a determinar por la reglamentación, a los fines de terminar de una vez por todas con estas injusticias.