Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas, informar en relación con la estimación de mediciones de consumo del servicio público de gas suministrado por la concesionaria Distribuidora Gas Cuyana S.A., las siguientes cuestiones:

1) Los resultados de la Auditoría dispuesta a Distribuidora de gas Cuyana S.A. mediante Nota NO-2018-34677385-APN-GRGC#ENARGAS, comunicando en detalle un informe por localidad, para cada uno de los turnos de facturación que posee y para cada uno de los periodos de facturación emitidos desde el 01/01/2018 a la fecha, que exprese la cantidad de facturas emitidas a usuarios de facturación bimestral, con el detalle de las lecturas “Real” y “Estimada”

2) La cantidad de facturas emitidas por la Distribuidora de gas Cuyana S.A. en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, desde el 01/01/2018, con una lectura estimada (Art. 14, inc. h del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° I-4313/17), así como la cantidad de facturas emitidas por esta modalidad cómo facturas consecutivas, y la cantidad de facturas emitidas en base a lecturas efectivas de los medidores.

3) Qué mecanismos de control está aplicando el ENARGAS, para todo el territorio nacional, para controlar la efectiva medición de los medidores, en lugar de la estimación decidida unilateralmente por parte de las empresas distribuidoras.

4) Qué mecanismos de control está aplicando el ENARGAS, para todo el territorio nacional, para controlar que los reintegros debidos a los consumidores cuenten con la “indemnización del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente” del artículo 31 de la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) por cobros indebidos.

Señor presidente:

Dada la enorme cantidad de reclamos recibidos por los consumidores ante la generalización de las facturas estimadas, y su abultado consumo en relación con los consumos del año previo (en muchos casos se “estima” un consumo de más el 40% del correspondiente al mismo periodo del año previo), es necesario requerir al ente de control correspondiente la información precisa sobre las acciones que le competen en protección de los consumidores del servicio público regulado.

La generalización del mecanismo de la “estimación”, en perjuicio del consumidor y del derecho que le otorga el artículo 29 de la ley 24.240 de controlar efectivamente su consumo, y su derecho constitucional a un consumo responsable, en sintonía con un cuidado del recurso, ha llevado a un enorme abultamiento de las tarifas, que ya sufren un aumento pautado para el año en curso, que ha derivado en la imposibilidad de muchísimas familias del pago del servicio. Pero esta imposibilidad de pago, que ya es grave en un servicio esencial y público, se da en un contexto en donde las familias vienen efectuando un fuerte cuidado del recurso (dados los aumentos de los años anteriores), que viene a demostrarse inútil ante el descarte de su consumo efectivo. Lo único que puede justificar este problema, con la generalización que se viene demostrando, es el interés de la empresa monopólica de aumentar su facturación a costa de los consumidores.

En muchos casos, se ha facturado un 40% de más en m3, que en periodos de años anteriores. Esto puede traer como consecuencia, no solo la pérdida del ahorro y descuentos, sino un mayor costo ante el cambio de una categoría de usuario mayor, donde se aumenta en forma desproporcionada el valor de m3, el cargo fijo y por ende todos los impuestos que gravan el servicio.

No es posible permitir que todos los esfuerzos hechos por las familias de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis a la hora de cuidar el recurso, se vean tirados por la borda por la sed de ganancia de una empresa monopólica.

En razón de lo expuesto, solicito a los señores diputados que me acompañen en este proyecto.