Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que corresponda suspenda los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, en todo el país.

Señor presidente:

Es por todos conocidos la actual coyuntura económica. Una economía que no crece hace ya varios años con una alta inflación que este año estará por arriba de las paritarias.

Por otro lado existe un consenso entre la mayoría de los especialistas sobre el atraso de las tarifas de los servicios públicos que evidentemente no cubren los costos de los mismos.

Este gobierno ha decidido llevar a cabo un sinceramiento de la encomia, tal como él mismo ha denominado a este proceso. Entre otras medidas tomadas, se ha decidido quitar los subsidios a los servicio públicos, tomando ciertos recaudos al implementar tarifas sociales, que a mi entender han ayudado, pero han quedado cortas.

Esto se ha hecho mediante la Resolución Ministerial del ministerio de Energía y Minería N° 28 y 31/2016 para la tarifa de gas. Y para las tarifas del servicio eléctrico mediante la Resolución N° 6/2016 y el dictado del Decreto 134/2015, que declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional en su artículo 1°.

Esto se ha hecho sin el debido debate público y legislativo que ameritan estas cuestiones, dado que esta aún vigente las delegaciones al poder ejecutivo dispuestas en La Ley N° 25.561; que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, prorrogada por las leyes 25.790 y 27.200. Debates que además están previstos en la legislación vigente sobre derechos de los consumidores.

A la falta de previsión y cálculo evidente, por parte de las autoridades se agregaron factores climáticos desfavorables con temperaturas por debajo del promedio habitual para esta época de año. Tuvimos, señor Presidente, un otoño con temperaturas invernales. Esta situación disparo el consumo domiciliario de energía para combatir el frio, tanto de gas natural en los sectores medios y altos, como de electricidad y gas envasado en los sectores bajos.

Este combo, mezcla de cuestiones previsibles e imponderables, genero que gran parte de las familias argentinas hayan recibido facturas con grandes aumentos. Facturas que son imposibles de cancelar dado que sus ingresos, que no han aumentado en la misma proporción.

A lo ancho de nuestro territorio se han presentado ante la justicia recursos judiciales para suspender la suba de tarifas. Incluso la justicia en distintas instancias ha fallado en este sentido, y hoy es la Corte Suprema quien deberá resolver la cuestión. Distintas fuerzas políticas se han manifestado, de diferentes maneras, para pedirle al Poder Ejecutivo revea las medidas tomadas. Este, ante los pedidos, ha dictado la Resolución N° 99/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación poniendo topes a los aumentos.

Esta Resolución tiene vigencia desde el 1° de abril al el 31 de diciembre de 2016 y establece que bajo el régimen tarifario actual, la suba no podrá superar en un 400% (5 veces) en el caso de hogares y 500% (6 veces) en los casos de pymes, a los montos que hubieran resultado de someter el consumo y la categoría del cliente registrados en la actualidad, al régimen tarifario anterior vigente hasta el 31 de marzo pasado. Estos topes me parecen excesivos para los sectores de menos ingresos que no pueden afrontarlo de ninguna manera, de hecho se les hace difícil pagar tarifas que, aun ahorrando energía, se han multiplicado por 2 o 3 veces.

Además es una mediada desacertada, que beneficia a los sectores de mayores ingresos a quienes se está incentivando a consumir por encima de este tope y no como todos creemos debiera ser, a ahorrar energía.

Por los argumentos expuestos anteriormente solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.