ARTÍCULO 1°: Derógase el Decreto 566/2019.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Por medio del Decreto N° 566 de fecha 15 de agosto de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional, estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los NOVENTA (90) días corridos siguientes a la entrada en vigencia de esta medida deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de cuarenta y cinco pesos con diecinueve centavos por dólar estadounidense ($ 45,19/USD) y un precio de referencia BRENT de cincuenta y nueve dólares por barril (USD 59/bbl) y que las empresas productoras de hidrocarburos deberán cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido por las empresas refinadoras locales, proveyendo de manera habitual y continua a todas las refinerías ubicadas en el territorio de la República Argentina para la adecuada satisfacción de las necesidades internas.

El Poder Ejecutivo Nacional estableció esta medida en forma unilateral, inconsulta y avasallando el federalismo, lo que generará consecuencias muy graves para toda la Nación.

Queremos ser claros. No cuestionamos el evitar el traslado abrupto de la devaluación al precio del combustible. Nosotros lo que defendemos son los empleos y los recursos de los habitantes de nuestra provincia y estamos convencidos de que eso no es incompatible.

Nosotros nos oponemos a que se tomen medidas que consideramos discriminatorias y parciales. Porque, si el objetivo era el de evitar el traslado a los precios de la devaluación, ¿Por qué no congelamos toda la economía al 9 de agosto? ¿Por qué no congelamos todos los precios de los bienes y servicios y los salarios, y fijamos el dólar a 50 pesos? No se hace porque todos sabemos que ese tipo de medidas solo aceleran las crisis y terminan afectando aún más a los que menos tienen.

Con esta medida inconsulta y arbitraria, el gobierno nacional pone en riesgo las fuentes de trabajo creadas y por crearse, las inversiones en esta industria, las mejoras de producción, el autoabastecimiento energético, la mejora de la competitividad de nuestra industria y las finanzas de las provincias productoras, pero también pone en riesgo al resto de las provincias argentinas porque el déficit de la balanza energética lo pagamos todos los argentinos: la baja de la recaudación por impuestos nacionales como Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Impuestos a los Débitos y Créditos, Derechos de Importación, Retención a las Exportaciones que abona esta industria -los cuales representan una gran parte del valor de un barril de petróleo- van a afectar al conjunto de nuestro país, agravando la situación económica y social que viven nuestros compatriotas y generando muchos conflictos sociales en nuestras provincias.

Los costos de esta norma sancionada por el Poder Ejecutivo Nacional, recaen principalmente sobre las finanzas de las provincias productoras de petróleo, las cuales perderían en su conjunto un estimado del orden de 12.000 millones de pesos en los próximos tres meses, lo cual afectará seriamente sus cuentas y en consecuencia, los servicios públicos esenciales que ellas prestan.

Por eso, queremos alertar con toda nuestra fuerza de esta situación porque es nuestra responsabilidad ponerle un freno a este acto de irresponsabilidad.

Lo que decimos, no es un pronóstico y mucho menos una amenaza. YPF -la empresa nacional más grande del sector cuyo 51 por ciento pertenece a la Nación y a las provincias- ya anunció que disminuirá sus inversiones en aproximadamente 360 millones de dólares. Esta decisión afectará los niveles de producción de petróleo, pero principalmente impactará en la actividad económica de las regiones donde opera y en las finanzas provinciales. El panorama que plantean el resto de las empresas que integran la cadena de valor de la industria petrolera no es muy diferente.

Entre los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia, el Poder Ejecutivo Nacional cita a la Corte Suprema que “afirmó que cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales se pueden regular, con mayor intensidad, los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones entre particulares”. De esta manera, este Poder considera que los derechos de particulares son pasibles de regulación en lo que éste interprete, más allá de la vigencia de las leyes que pudieran existir y de lo que establezca la Constitución respecto a la propiedad privada, lo cual abriría un grave antecedente.

Por otra parte, resalta que esta norma contendría “parámetros de razonabilidad a que se refiere el máximo Tribunal respetando un adecuado equilibrio entre el derecho de los agentes del sector hidrocarburífero involucrados y los derechos de los consumidores”. Nosotros consideramos que en ella no existe este pretendido equilibrio hacia los actores económicos privados que desarrollan las actividades afectadas y por consecuencia a las provincias productoras de petróleo que son las dueñas del recurso que estas empresas explotan por concesión.

El Decreto de Necesidad y Urgencia indica que es “indispensable preservar el abastecimiento de combustibles líquidos, ya que con ellos se satisfacen necesidades básicas de la población”, poniendo a combustibles y petróleo en un plano de igualdad como si ambos fueran elementos básicos de consumo. Y si este fuera el caso, deberíamos esperar medidas similares, por ejemplo, para el mercado del trigo o de las carnes, ante esta situación que se describe explícitamente como de “crisis y necesidad pública”.

Desafortunadamente la negativa del Gobierno a considerar otras opciones en la actual emergencia. Asimismo, en los casos en los cuales se encuentran estos precedentes, las experiencias finalizaron con peores consecuencias que lo que se procuró evitar.

Medidas como las dispuestas a través de este Decreto de Necesidad y Urgencia, encuentran antecedentes en el congelamiento de precios y nacionalización de la cadena de distribución y expendio de combustibles establecida en los años 1974 - 1975 y en las disposiciones similares que se aplicaron en 1989 durante pocas semanas. En ambos casos, recordemos, desembocaron en crisis aún mayores.

Muchas veces, desde el gobierno central, se cree que tan solo el hecho de poder contar con recursos petroleros nos da la posibilidad de ser productores de petróleo. Y solo debemos ver el caso, de la República Bolivariana de Venezuela que contando con las mayores reservas de petróleo, en la actualidad no solo debe importar combustible, sino también está sumida en una grave crisis económica. Consideramos que medidas como las dispuestas en este Decreto de Necesidad y Urgencia, nos ponen en esa misma senda.

Nuestras provincias no son insensibles a la situación desencadenada y a las necesidades que padece el pueblo de la Nación, pero estamos convencidos de que la salida de esta crisis es a través del dialogo, del acuerdo y por lo tanto sería útil para el país que exista una mayor receptividad a propuestas alternativas, como las que pretendían presentar las autoridades de la provincia del Neuquén, que implicaban compartir los costos para no modificar los cursos de acción que regían la actividad apelando a medidas morigeradoras que tengan menor grado de impacto en el largo plazo. Lamentablemente la propuesta no fue escuchada y el cuestionado decreto ha sido impuesto.

Hoy nuestro país tiene frente a sí un proyecto de desarrollo nacional, como lo es Vaca Muerta, que podría iniciar una era donde la restricción de aprovisionamiento de energía no sea una espada de Damocles sobre nuestra economía y podría posibilitarnos, a partir de la exportación de petróleo y gas, el ingreso de las divisas que tanta falta le hacen a nuestra economía.

Una situación que ya estamos viendo en el mercado del gas: donde no solo logramos disminuir fuertemente los costos internos de este insumo, logrando una enorme ventaja competitiva para nuestra industria frente a nuestros competidores regionales y permitiendo el ingreso de divisas que nos posibilitaron superar el déficit energético que arrastraba nuestro país.

Medidas como las dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, atentan contra un proyecto de desarrollo nacional y en un segundo dilapidan el trabajo de más de una década.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.