Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional,-Ministerio de Energía y Minería- la imperiosa necesidad de que se garantice la vigencia del subsidio al consumo de gas residencial para la Región Patagónica, tal lo solicitado por la Legislatura de Río Negro.

Señor presidente:

El gobierno nacional, a través del Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren ha anunciado recientemente la quita de subsidios tanto para la electricidad como para el gas a partir del 1° de abril. Sin embargo la quita gradual anunciada podría ser modificada en los próximos días por falta de claridad en el proceso, entre otros factores.

Esta actualización contemplará según informa el gobierno, una tarifa social para proteger a los sectores de menores ingresos y, a largo plazo, el plan preponderante es quitar los subsidios a la luz y al gas en cuatro años. En total, los subsidios energéticos a la demanda equivalen a $ 128.000 millones anuales, de acuerdo al último informe publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP).

Si bien Aranguren aún no se refirió a porcentajes, la primera “actualización” buscará achicar las diferencias entre las tarifas que se abonan en distintas partes de la Argentina. “En promedio, un residente de la ciudad de Buenos Aires hoy está pagando una sexta parte o más de lo que se paga en otras provincias del país, por ejemplo Córdoba. Con la primera actualización, pasará a pagar la mitad”, ejemplifico un funcionario.

En el caso del gas, particularmente, las tarifas son parecidas en todo el país porque todo el territorio posee distribución federal, con lo cual el aumento impactará en más usuarios.

En la región Patagónica, la situación debería ser contemplada de manera diferente al resto del país por ser una región, considerada gas-dependiente por las bajas temperaturas que se presentan.

Es importante aclarar que el subsidio al gas patagónico no depende del Tesoro Nacional sino que se financia con un recargo en la factura de los consumidores de todo el país. Es por eso que los usuarios de la Patagonia no deberían estar alcanzados por la quita de subsidios anunciada por el gobierno.

El subsidio al consumo domiciliario de la Patagonia (más el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, en el extremo norte del país) se comenzó a aplicar en la década del 90, luego de la privatización de Gas del Estado.

Debemos recordar que el aumento tarifario fue tan fuerte en el gobierno de Carlos Menem, que este debió aprobar la aplicación de un subsidio para las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Todos los años el beneficio peligraba, porque dependía de la inclusión en el presupuesto nacional por lo tanto de los recursos para sostenerlo. Durante casi una década los ministros de economía de turno presionaron cada año, desde 1992, para liberar los recursos del Tesoro que en cada ejercicio se incluían con fuertes negociaciones de los legisladores patagónicos.

En el año 2002, cuando se aprobó la ley de presupuesto nacional, que lleva el número 25565, mediante el artículo 75 se creó el Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas. Este subsidio es de alto impacto para las facturas de los hogares patagónicos.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, tiene dos objetos de financiar:

1) las compensaciones tarifarias para la zona Sur del país y el Departamento Malargüe de la provincia de Mendoza, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural, gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales; 2) la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo en las provincias ubicadas en la región patagónica y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y la Puna.

Sin embargo, hay otro subsidio que figura en las facturas de Camuzzi. Este subsidio que se aplica a los consumos residenciales (lo pagan usuarios no residenciales y aquellos que viven en barrios cerrados) no se percibe en la mayoría de los hogares de la zona porque el “Costo de gas Importado” para la región es cero. Este es un recargo que se aplica para financiar la importación de gas de Bolivia o de los barcos regasificadores que traen gas natural licuado (GNL).

Este aumento generalizado de gas anunciado para todos los distritos, resulta al menos inequitativo para las provincias productoras de gas y petróleo como lo es por ejemplo Río Negro; aunque sea incierto aún el porcentaje de reducción del subsidio.

Los anuncios efectuados hasta ahora son parciales y carentes de racionalidad. La manera de explicar el fenómeno como la estrategia elegida para resolver la cuestión de manera clara y entendible para la población en general, es compleja.

Bien se sabe, que en cualquier sociedad existen grupos vulnerables: pobres, pobres extremos, adultos mayores en situación de pobreza también con deficiencias en sus redes de apoyo, etc. Estos grupos también deben será tendidos, acompañados y tenidos en cuenta con el agravante que en la Región Patagónica las bajas temperaturas y las grandes extensiones territoriales sobre todo en la población rural y parajes alejados de las ciudades, se encuentran más vulnerables que en cualquier otra zona del país, si se toman medidas poco razonables que les restringan tener acceso a servicios básicos para no ser un excluido más en esta Argentina donde se promociona desde la tribuna “Pobreza Cero”.

Si bien se puede establecer un debate sobre la pertinencia de algunos subsidios, en este caso particular se considera imprescindible a fin de que las medidas no sean injustas para aquellos sectores del país menos favorecidos por la realidad de las bajas temperaturas características de nuestra zona, sumado a que se contemple y respete a nuestra región como productora de energía por excelencia.

Es por lo expuesto, que le solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto y su respectiva aprobación.