Artículo 1: Modifíquese la ley 25.975, que modifica el artículo 3 ° de la ley 23.879, modificada por la ley 24.539, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo, a través de los ministerios antes mencionados, informará al Congreso de la Nación, cada noventa (90) días, los resultados parciales de la totalidad de estudios realizados y, una vez finalizados los mismos, le remitirá su evaluación y conclusión definitiva.

Los mencionados estudios deberán ser presentados en audiencia pública. A ese efecto las comisiones de ambas cámaras intervinientes en el tema deberán constituirse en territorio de la o las provincias en donde se prevea desarrollar la obra hidráulica.

Participarán de la misma los funcionarios que participaron en la elaboración de los estudios, junto a organismos no gubernamentales especializados en materia ambiental, universidades, centros académicos y público en general.

Concluida la audiencia, y en un plazo no mayor de 30 días, las comisiones intervinientes darán a publicidad un informe del resultado alcanzado en dicha reunión, y remitirán el mismo a la autoridad de aplicación de la presente ley. Dicho informe tendrá carácter no vinculante, aunque la autoridad de aplicación deberá fundar y publicar su decisión en sentido contrario al mismo.

La omisión de la audiencia pública será causal de nulidad del acto que se produzca en consecuencia.

Articulo 2: El Poder Ejecutivo reglamentara las disposiciones de la ley 23.879 y sus modificatorias dentro del término de noventa (90) días.

Articulo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El incremento del consumo de energía, propio de un país en crecimiento, cuestión que hoy en día no se da pero al que aspiramos en el corto plazo que así sea, plantea un enorme desafío a la incorporación de nuevas fuentes de generación eléctrica para acompañar los requerimientos de la demanda. Por ello, estamos convencidos que es el Estado -tanto a nivel nacional como provincial- responsable de ordenar, promover e impulsar el desarrollo.

“Las presas permiten el almacenamiento de agua en tiempos de excedentes y aprovisionamiento en tiempos de escasez para el consumo humano, riego, industria u otros usos consuntivos o no consuntivos; proporcionan prevención de inundaciones y sequías; producción de energía hidroeléctrica; desarrollo del turismo, de la agricultura, la pesca y recreación; la mejora de condiciones ambientales.

Las presas hidroeléctricas son la únicas fuentes capaces de brindar electricidad con atributos simultáneos de suministro a gran escala de una energía renovable, limpia, estable, flexible, económica en su explotación; y cuyos costos, además de ser sumamente bajos por unidad de energía generada, no están sujetos a variabilidad de precios internacionales (como sí es el caso de los combustibles fósiles, con los que compite en escala de producción la energía hidráulica)” (P.N.O.H. 2025).

En este sentido, reconocemos las ventajas de esta fuente energética, propiciamos su desarrollo e instalación con la consiguiente generación de mano de obra tan necesaria en el país, pero sin desconocer ni ignorar la particular realidad de cada localidad o provincia, y la opinión de sus habitantes y de sus organizaciones.

“No cabe duda de que nadie mejor que los vecinos para exponer importantes consideraciones ante toda posible alteración de su hábitat natural. Ninguna decisión debe ser adoptada y ningún acto debe llevarse adelante sin que previamente la sociedad haya sido informada y oída al respecto” (de los fundamentos al proyecto 1315-D-2004, que luego sería la ley 25.975, del Diputado Julio Cesar Humada)

Es así que compartimos la idea que se lleven a cabo las audiencias públicas priorizando la participación ciudadana local, en el ámbito de los territorios implicados. No creemos conducente que las audiencias públicas se realicen a miles de kilómetros del lugar dónde se asienten las obras hidráulicas. No se reflejaría la realidad local que tergiversa la distancia. Muchas ONG´s, grupos de interés, pueblos originarios, instituciones interesadas, deberían hacer un gran esfuerzo económico y humano para trasladarse hasta la sede del Congreso Nacional, dejando fuera, seguramente, muchas opiniones válidas e interesadas en participar si estos actos se llevasen a cabo, a pocos kilómetros de dónde se planee realizar este tipo de empresa.

“Sin duda, uno de los principales reclamos de los ciudadanos a sus dirigentes políticos es la recepción y análisis de sus inquietudes. La posibilidad de constituir la comisión en el marco de encuentros de las características mencionadas, a todas luces constituye una herramienta para ello”. Del proyecto 1305-D-2008, reforma al artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El rol institucional del Congreso se fortalece cuando sus miembros se trasladan para conocer in situ los lugares y terrenos y regiones, las problemáticas y características locales, además de intercambiar con pobladores, miembros de instituciones de la sociedad civil, que se vean afectados por emprendimientos como los que regula esta norma. Es la posibilidad que los legisladores tomen una mayor y más clara dimensión de aquello que apoyen o rechacen, de acuerdo a su voluntad política.

“La falta de información o la dificultad de acceder a ella provoca que existan sectores sociales que no acercan sus argumentos u opiniones a los representantes porque no saben qué temas se están discutiendo. Estos sectores pueden estar en desventaja frente a otros que, por tener mayores recursos, por ejemplo, acceden a los tomadores de decisión y pueden presionar a favor de sus propios intereses. Por este motivo consideramos que es necesario que todos los sectores tengan las mismas posibilidades de participar en los procesos de toma de decisión….

De este modo también se acompaña el ejercicio de las representaciones políticas para que el legislador mandatario renueve ese vínculo de legitimidad popular luego de su elección, en la interacción social y sobre temas de agenda concreta”. (del proyecto 2202-D-2012, de modificación del artículo 114 del reglamento de la Cámara de Diputados, introduciendo las audiencias públicas).

La idea que sólo en Capital Federal puedan desarrollarse estas actividades queda perimida con los medios de comunicación y de transporte con los que contamos hoy en día. Y siempre será más económico que las instituciones que deseen participar de otros lugares del país se acerquen a la región, donde seguramente es de allí de dónde surja mayor participación y contará con público que esté más comprometida con sus recursos naturales y su propio desarrollo sustentable, y por lo tanto mucho más entusiasta que cualquier otro habitante.

Por otra parte, la modificación que proponemos afianza lo dispuesto por la ley General de Ambiente, N° 25.675, conteniendo y amalgamando los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Creemos que proyecto de reforma dota de mayor legitimidad a las audiencias que se llevarán a cabo de aquí en adelante, confiando que todos somos ciudadanos con las mismas responsabilidades y con los mismos derechos, sin poner al centralismo por sobre las instituciones y los habitantes de las provincias.

El federalismo que pregonamos lo llenamos de contenido con el tratamiento de estas normas.

Por este motivo, solicito a mis pares su aprobación.