Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos pertinentes, información sobre los mercados de energía eléctrica y combustibles, y en particular que:

Remita un listado de los sujetos públicos y privados (incluyendo sociedades comerciales, sociedades del Estado, organismos públicos descentralizados y entes autárquicos) que desde el año 2003 inclusive a la fecha, han tomado parte como operadores, cualquiera sea su nivel de participación, en la importación y/o exportación de energía eléctrica y combustibles de toda clase. En todos los casos, cuando fuera pertinente, informe la razón social y número de Constancia Única de Identificación Tributaria (CUIT). Asimismo, informe el rol que cada uno de los sujetos ha tomado y/o toma en los procesos de importación y/o exportación de energía eléctrica y combustibles de toda clase.

Para el caso de las sociedades comerciales y sociedades del Estado a que se refiere el punto 1), provea copia de los Estados Financieros individuales y consolidados auditados, aprobados por el síndico o comisión fiscalizadora y el Directorio y la Asamblea de la sociedad. En particular, provea copia de las Memorias Anuales y los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, para los ejercicios cerrados a partir del 1° de enero de 2003 hasta la fecha.

En el caso de que las Memorias Anuales y Estados Financieros a los que se refiere el punto 2) no se encuentren auditados, aprobados por el síndico o comisión fiscalizadora y el Directorio y la Asamblea de la sociedad, sírvase proveer los mismos con las debidas aclaraciones pertinentes.

Para el caso de operaciones de importación y/o exportación de energía eléctrica y/o combustibles de toda clase, realizadas por organismos públicos y/o entes autárquicos en el marco del punto 1) y cuando no fuera posible proveer la información especificada en los puntos 2) y 3), sírvase proveer informes de índole contable y financiera que den cuenta de las cantidades físicas (en todos los casos de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades) y los montos dinerarios involucrados en cada transacción (en pesos y en dólares estadounidenses, aclarando para cada momento del tiempo el tipo de cambio considerado), para el período al que hace alusión el punto 2).

Para el caso de operaciones realizadas por organismos públicos y/o entes autárquicos en el marco del punto 1) y cuando no fuera posible proveer la información especificada en los puntos 2), 3) y 4), informe los motivos de la imposibilidad de cumplimentar con el pedido.

En todos los casos en que se hubieren realizado condonaciones y/o exenciones impositivas para cualquiera de los actores a los que alude el punto 1), sírvase detallar las normas, de cualquier jerarquía legal, que dispusieron las mismas.

En relación a las acciones a las que alude el punto 6), sírvase detallar los montos involucrados y los gastos tributarios asociados, desagregando la información de acuerdo a los sujetos a los que alude el punto 1) y para el período a que alude el punto 2). En el caso de condonaciones y exenciones impositivas de tributos coparticipables, detalle los montos correspondientes por separado.

En todos los casos en que se hayan establecido multas y/o sanciones pecuniarias determinadas por organismos públicos y/o entes autárquicos para cualquiera de los sujetos a los que refiere el punto 1) y durante el período a que refiere el punto 2), sírvase listar las mismas detallando su naturaleza, los motivos que las generaron y los montos involucrados, con una frecuencia por lo menos anual.

En caso de que las multas y/o sanciones a que refiere el punto 8) no hubieran sido pagadas por los sujetos sancionados, detalle estos pasivos junto con los intereses resarcitorios y/o punitorios devengados (si correspondiera).

En el caso de que se registren pasivos que tengan como origen las actividades relacionadas con el objeto social de las empresas involucradas, entre empresas que se encuentran reguladas por el Estado, en los mercados de energía eléctrica y de combustibles de todo tipo, sírvase detallar los mismos para el período al que hace alusión el punto 2), con una frecuencia por lo menos anual.

En relación a los sujetos a los que alude el punto 1), sírvase informar si a la fecha de contestación de este pedido registran pasivos tributarios (nacionales, provinciales y/o locales) y/o con organismos de la Seguridad Social, tanto en situación regular como en situación de mora. En caso de respuesta afirmativa, sírvase detallar los montos de los mismos desagregándolos por concepto y persona jurídica, para el período al que alude el punto 2) y con una frecuencia por lo menos anual.

Sin perjuicio de la información solicitada en los puntos 1), 2), 3) y 4), sírvase proveer copia de todas las Actas de Asamblea, Actas de Directorio, Actas o Informes del Comité de Auditoría, Nóminas de Órganos Sociales y Gerentes, Estatutos Vigentes (con las modificaciones realizadas en el pasado, si correspondiera) de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), así como de su Contrato Constitutivo, desde su constitución a la fecha. Sírvase adjuntar copia de los anexos de todos los documentos mencionados, cuando existieran.

Informe las estimaciones realizadas para los próximos cinco (5) años, con frecuencia mensual, sobre las importaciones y/o exportaciones de energía eléctrica y combustibles de toda clase, que el organismo competente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y de máxima jerarquía entre aquellos que realizan proyecciones similares, haya confeccionado (aclarando el carácter y nombre del organismo). Sírvase desagregar estos datos de acuerdo a los sujetos a los que alude el punto 1).

Señor presidente:

Durante la última década, la evolución de los mercados de energía eléctrica y combustibles en nuestro país muestra que estos han tomado, progresivamente, una importancia creciente. Por una parte, podemos observar las dinámicas y políticas públicas ejecutadas al respecto en el mercado doméstico. Por otra parte, el comercio exterior en estos rubros ha exhibido una actividad creciente. Si queremos conocer cabalmente cómo ha sido el devenir del sector de la energía eléctrica y de los combustibles en general, no podemos ceñirnos a información exclusivamente relativa a los mercados en nuestro país, sino que debemos poder acceder a los datos particulares de los operadores de comercio exterior en general y a las cantidades físicas y montos dinerarios en particular, involucrados en la importación y exportación de energía eléctrica y combustibles.

Las políticas públicas ejecutadas en el marco del mercado doméstico o nacional son relativamente asequibles y es posible reconstruir su evolución durante la última década (realizamos esta afirmación sin perjuicio de pedidos de informes al respecto que podamos presentar en el futuro). No obstante, las operaciones vinculadas al comercio exterior exhiben un alto grado de opacidad, en un punto tal que se vuelve imposible para la población en general conocer cabalmente las políticas públicas y las acciones tomadas en este sentido, tanto por actores privados como públicos.

Lo dicho anteriormente cobra especial relevancia a la luz de la pérdida, por parte de nuestro país, del llamado superávit energético o de combustibles, durante el año 2011. Si bien no es nuestra intención en este proyecto analizar normativamente las políticas públicas que se han ejecutado en estos sectores desde la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia en 2003, y la continuidad en términos partidarios e ideológicos que implica la llegada de Cristina Fernández a partir de 2007, naturalmente en un período de tiempo tan prolongado como una década, las decisiones políticas tomadas o no, han marcado el perfil y la evolución de los sectores en cuestión.

De la misma forma resulta evidente, y así ha sido declarado incluso por algunos funcionarios del oficialismo, un viraje en las políticas públicas de la administración central en el sector de la energía. Podemos tomar como punto de inflexión en el tiempo la expropiación de la mayoría simple de las acciones de YPF S.A. en 2012, de forma tal que el Estado Argentino retomara el control efectivo sobre la empresa. A esta medida, sin dudas la de mayor resonancia política y pública, siguieron otras disposiciones, tal vez con menor exposición o difusión mediática.

A modo de ejemplo, podemos citar los Decretos de Necesidad y Urgencia 751/12 ("Déjanse sin efectos los beneficios impositivos y aduaneros para las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo"), 1277/12 ("Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.741. Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina", que a su vez creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas) y, más recientemente, la Resolución 35/13 ("Precio tope de comercialización de hidrocarburos líquidos") de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Estos son solos algunos de los ejemplos más resonantes de las normas que en el último año a dictado el PEN en relación a la energía y los combustibles, que claramente se orientan a una mayor participación del Estado en la regulación de los mercados a los que nos referimos en este proyecto.

Debemos ser claros en el objeto de este proyecto en general, de la misma forma que desarrollamos a continuación el espíritu de algunos de los puntos de nuestro requerimiento en forma particular, en los casos en que su interpretación podría prestarse a ambigüedades. Argentina ha perdido en el año 2011 el autoabastecimiento en materia energética y de combustibles. Este hecho sin dudas es un freno para el desarrollo de nuestro país. Más precisamente, es un costo que generaciones de argentinos pagarán a lo largo de muchos años porque, con una balanza comercial energética deficitaria, nuestro país se encuentra lamentable e ineludiblemente, sujeto al errático y volátil devenir de los mercados de commodities energéticos mundiales. Las cuestiones en torno a las que orbita este pedido de informes se vuelven centrales a la luz de estos hechos. Es preciso conocer cómo se ha desempeñado el Estado en todas sus funciones: como agente activo, como regulador, como garante de un marco legal adecuado, etc. Es por estos motivos que nos vemos obligados a requerir la información solicitada.

En lo que sigue, expondremos los motivos que nos llevan a solicitar informes para algunos de los trece puntos de los que consta nuestro pedido. En especial, haremos foco en aquellos cuya interpretación pudiera resultar dudosa. Consideramos que más allá de la precisión y detalle que son debidos en términos de técnica legislativa, el espíritu que motiva cada información que solicitamos debe quedar unívocamente claro. Mientras que en algunos de los trece puntos la redacción no se presta a confusiones, en otros casos es preciso aclarar su espíritu.

En el punto 1), en consideración de que por restricciones materiales es necesario establecer un punto de corte en el tiempo, tomamos como tal el año 2003, cuando Néstor Kirchner accedió a la presidencia de la República. Si bien los principales lineamientos económicos del gobierno de Néstor Kirchner encuentran su origen en los primeros meses posteriores a la crisis que vivió nuestro país en diciembre de 2001, consideramos que la llegada de Néstor Kirchner, por tratarse de una persona del mismo signo político de quienes hoy aún constituyen el oficialismo a nivel nacional, es un punto de corte razonable.

El punto 2) es un corolario natural del punto 1). Una vez que han sido identificados todos los sujetos involucrados en la exportación e importación de combustibles, es preciso poder acceder a las Memorias y los Estados Financieros de las sociedades comerciales y sociedades del Estado, que no son otra cosa que resúmenes, de distinta clase y naturaleza, de las operaciones de las empresas y organismos comprendidos en el punto 1).

Por una parte las Memorias contienen información que tiende a ser de índole cualitativa, resumiendo el devenir del ente durante un período o ejercicio particular. Asimismo, los Estados Financieros presentan información cuantitativa, absolutamente necesaria para comprender las operaciones comerciales. Los puntos 3), 4) y 5) contemplan, de distinta manera, posibles excepciones o imposibilidades de presentar la información solicitada en el punto 2).

El punto 4) toma en cuenta que en muchas oportunidades, las operaciones llevadas a cabo por organismos públicos no se registran contable o financieramente en Estados Financieros asimilables a aquellos que las sociedades comerciales se encuentran obligadas a elaborar por ley. Por lo tanto, considerando esta realidad, solicitamos información asimilable a la del punto 2), contemplando estos casos particulares.

El punto 7) constituye asimismo un corolario natural del punto 6): una vez identificadas las condonaciones y/o exenciones impositivas, se vuelve necesario contar con datos precisos sobre los montos involucrados. Mientras que las condonaciones se realizan ex post el devengamiento de tributos, las exenciones se establecen ex ante, de forma tal que se vuelve más complejo estimar los montos potencialmente involucrados.

En este punto, nos referimos con el concepto de "gastos tributarios" a aquel que considera la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: "Se denomina Gasto Tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos". Somos conscientes de que las exenciones impositivas modifican el comportamiento de los agentes económicos en tanto, como hemos señalado, son disposiciones ex ante. En otras palabras, se vuelve imposible conocer cuál hubiera sido el comportamiento exacto (y su reflejo en los Estados Financieros) de los agentes involucrados en caso de no haber existido tales exenciones. Es por esto que entendemos que los gastos tributarios a los que hacemos alusión constituyen, per se, estimaciones.

El punto 9) se vuelve un requerimiento necesario a partir de la información solicitada en el punto 8). Por una parte es necesario conocer la totalidad de las sanciones y sus montos, y por otra parte conocer los sujetos que no las hubieran pagado y que por lo tanto se encuentren en mora en este sentido. Entendemos que la aplicación de multas y sanciones que se extienden en el tiempo en situación de mora no cumple su función como herramienta de regulación, en el marco de las políticas públicas, y por ello se vuelve menester conocer los sujetos que se encuentran en esta situación.

El punto 10) probablemente constituya uno de los requerimientos más importantes de este pedido de informes. Sabemos con certeza que, por ejemplo, en el mercado eléctrico se registran faltas de pagos o pagos parciales por parte de distintas empresas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Esto constituye solo un ejemplo, pero es importante dejar en claro el espíritu de este punto.

A lo largo de los últimos diez años, el congelamiento de tarifas y la intervención estatal en empresas y mercados ha generado desequilibrios a nivel financiero o microeconómico en distintas explotaciones comerciales encargadas de la provisión de servicios públicos. Es por esto que, taxativamente, hablamos de pasivos relacionados al objeto social de las firmas involucradas. Para conocer la situación de los actores de los sectores de la energía eléctrica y los combustibles, cualesquiera estos sean, es imperioso contar con información detallada sobre los pasivos que se han generado al interior de cada mercado, dado que en la cadena de valor de los servicios públicas intervienen usualmente muchas empresas, con distinto grado de regulación por parte del Estado.

El punto 12), así como lo señalamos para el punto 10), probablemente constituya uno de los apartados más importantes de este pedido de informes. La empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), creada en 2004, se ha constituido desde entonces en uno de los mayores importadores de combustibles de nuestro país, con el objetivo principal de proveer este insumo a las empresas generadoras de energía eléctrica.

No obstante la importancia de esta empresa y de los millonarios montos de dinero que maneja, no existen Estados Financieros completos y públicos. Es por estos motivos, por la importancia que ha adquirido ENARSA desde su constitución, que solicitamos en forma explícita, sin perjuicio de toda la información que se solicita en los puntos 1), 2), 3) y 4), información completa sobre el gobierno y las operaciones de esta firma.

Consideramos absolutamente crucial volver transparentes para la sociedad toda, las operaciones de ENARSA. Solo a través de la difusión de esta información, la ciudadanía podrá confiar en un Estado que administra ingentes y crecientes recursos con destino a importación de energía y combustibles. Si el Estado ha exportado y/o importado estos bienes a través de otras empresas o agencias públicas, esta información deberá estar contenida, como hemos aclarado precedentemente, en los puntos citados más arriba.

A modo de conclusión y cierre del espíritu que motiva este pedido de informes, podemos decir con claridad y convicción que deseamos proveer a una mayor y mejor transparencia en la regulación y el manejo de recursos por parte del Estado Nacional. En este caso en particular, en lo que atañe a los mercados de energía eléctrica y combustibles. Como aclaramos más arriba, la importancia relativa que estos mercados han adquirido para nuestra economía durante la última década, es considerable y digna de ser observada.

Es por ello que como legisladores, como representantes de los pueblos de las provincias y de la Capital Federal, tenemos la obligación de conducir todos los medios necesarios tendientes a la difusión de información que debería siempre ser pública, estar a la alcance del ciudadano de a pie, y contribuir así a la transparencia de un Estado que, lamentablemente, en los últimos años ha tendido a retacear la difusión de información.

Por los motivos expuestos, señor Presidente, solicito a mis pares, me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.