FEDERALIZACION DE YPF S.A.

Artículo 1º: Sustitúyase el artículo 8º de la ley 26.741, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 8°: Las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo: el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) pertenecerá al Estado Nacional y el CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%) restante se distribuirá en forma igualitaria entre todas las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º: De forma.

Señor presidente:

La modificación del capital accionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima (YPF S.A.) en un sentido federal e igualitario, es un paso necesario y fundamental para que Argentina avance hacia una verdadera soberanía energética en general y una soberanía hidrocarburífera en particular. Por este motivo, y convencidos de su plena vigencia, es que representamos el proyecto de ley 6052-D-2014 el cual propone modificar el artículo 8º de la ley 26.741 con el fin que el 49% de las acciones expropiadas se distribuyan igualitariamente entre todas las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cumplimiento con el art. 124º de la Constitución Nacional, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En este sentido, reconocemos los derechos que la carta magna establece para las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Asimismo, sostenemos que todas las provincias y CABA deben estar incluidas también en el 49% del capital accionario correspondiente, en el convencimiento que todos somos parte de un proyecto de Nación, en el cual la Política Energética es de vital importancia para el desarrollo integral del país.

Las políticas de Hidrocarburos en la Argentina deben debatirse y elaborarse como de Políticas de Estado, trascendiendo diferendos sectoriales, políticos o jurisdiccionales. Debemos trabajar mancomunadamente por una política sectorial de largo plazo, inserta en la política global de desarrollo del país y de la Región.

Desde el Estado tenemos la responsabilidad de elaborar y poner en práctica una política hidrocarburífera activa, tomando en cuenta la significativa importancia y vinculación del sector con las dimensiones del desarrollo sustentable: la Economía, la sociedad civil, el Medio Ambiente y la Gobernabilidad.

Debemos asumir un compromiso intergeneracional, e iniciar las acciones para el diseño de un Plan Estratégico Hidrocarburífero Nacional, que profundice y sistematice los desafíos de largo plazo con la participación de todas las provincias de la Nación. En este camino, es necesario definir una hoja de ruta consensuada y multiactoral, que refleje coherencia entre las acciones y definiciones del corto y el largo plazo; identificar estrategias para implementar un programa de exploración y explotación sustentable; aplicar de manera efectiva políticas de eficiencia energética, seguridad y diversificación; invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector; recrear el Banco Nacional de Desarrollo como fuente genuina de financiamiento de parte de las inversiones del Sector; reforzar la capacidad institucional para aumentar eficiencia en la gestión de políticas hidrocarburíferas; avanzar en estrategias para la articulación y la integración Energética Regional, entre otras líneas estratégicas.

La ley 26.741, sancionada el 3 de mayo de 2012, declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento (51%) del patrimonio de YPF S.A.

Desde el Partido Socialista acompañamos la iniciativa, con la misma coherencia que en la década neoliberal de 1990, nos opusimos a su privatización. No obstante, manifestamos nuestra disidencia parcial respecto a diversos artículos, entre los que se encuentra el punto referido a la participación de las provincias en el capital accionario, la necesidad del control de la Auditoria General de la Nación (AGN) a YPF, entre otros.

En este contexto, y desde el convencimiento de la necesidad de debatir y reformular la concepción y funcionamiento de YPF dado su estratégico valor para el desarrollo del país, presentamos esta iniciativa en conjunto con el proyecto de ley para incluir a YPF S.A. e YPF Gas S.A en el control externo por parte de la AGN y de la Sindicatura General de la Nación, conforme lo establecen la Constitución Nacional y las leyes que regulan el control.

La creación de YPF en 1922, durante un gobierno democrático y con la dirección y visión del General Ing. Enrique Mosconi, marcó un hito de soberanía nacional en América Latina y un motivo de orgullo para nuestro país. En esa primera década de desarrollo, YPF tuvo un crecimiento y una expansión notable, lo cual le valió convertirse en modelo de organización empresarial y de inversión estatal en la actividad petrolera para el resto de los países del continente.

YPF ha sido la nave insignia de la soberanía argentina. Alfredo Palacios, en los años 30, ya decía: "El petróleo es el nervio vital en la economía de las naciones e interesa por eso a nuestro país de una manera urgente y principal. Debe hallarse bajo la salvaguardia del Estado".

Al recorrer su historia, nos encontramos con una política errática, de avances y retrocesos, que van desde lograr el autoabastecimiento hasta convertirla en la única empresa de hidrocarburos en el mundo que daba pérdidas. Luego, llegamos a la década de 1990 de la mano de las políticas neoliberales. Se privatizó o concesionó casi todo lo que pertenecía al Estado: YPF, Aerolíneas, los bancos, YCF, el gas, las rutas, los aeropuertos, los teléfonos, los ferrocarriles, los subterráneos, la marina mercante, la energía eléctrica y hasta el agua. Era la "moda" económica del Consenso de Washington y que, según sus defensores locales, nos conduciría al Primer Mundo. En este contexto, Argentina fue el único país que accedió, privatización mediante, a perder su soberanía petrolífera. Recordemos que ni Chile privatizó el cobre, ni Bolivia el estaño, ni Brasil el petróleo.

Quiénes en ese momento nos opusimos a tal desguace del Estado, fuimos acusados de nostálgicos, de defensores de lo imposible, de utópicos o testimoniales que no entendíamos la realidad política. Guillermo Estévez Boero advertía, marcando los contrastes regionales: "Hoy, la Asamblea Constituyente del Brasil aprueba que todas las riquezas del subsuelo, incluso el petróleo, son de propiedad del Estado y no se pueden enajenar a compañías privadas y menos al capital extranjero. En un país como Brasil que crece, mientras nosotros nos achicamos, no se piensa que ser moderno es ser colonia extranjera. Se piensa que lo moderno es preservar el interés nacional".

Con las mismas ideas y acciones consecuentes que entonces declamaba este gran dirigente socialista, en el 2012 acompañamos la ley 26.741.

A más de treinta años de la recuperación de la democracia y a cuatro años de la recuperación de YPF S.A., consideramos que existe una oportunidad para que debatamos el federalismo del siglo XXI. Estaremos en condiciones de batallar contra las desigualdades territoriales en la medida que adoptemos criterios federales y solidarios para pensar, elaborar e implementar políticas de Estado.

Vivimos en un país con fuertes disparidades territoriales para acceder a un empleo, a la educación, a la salud, a una vivienda. Atravesamos un proceso de fragmentación; en nuestro territorio se distribuyen escuelas y hospitales para ricos, y escuelas y hospitales para pobres. Todo ello ocurre, en un país con condiciones naturales y humanas óptimas para desarrollarse dadas las oportunidades que el mundo globalizado ofrece.

La Argentina que queremos, y que estamos trabajando para construir desde el Partido Socialista, es un país verdaderamente federal. Trabajamos para que las economías regionales se vean impulsadas y, con ello, la distribución geográfica del ingreso. Trabajamos para que se revierta la reprimarización de la economía; para que podamos industrializar cerca de los lugares de producción, agregando valor, constituyendo cadenas que permitan la cooperación entre campo e industria, y evitando que cada vez más pueblos y ciudades del interior sean abandonados por su gente.

Trabajamos, también, por la recuperación del autoabastecimiento energético y la diversificación de la matriz, aprovechando los desarrollos de las energías alternativas.

Este es el horizonte económico productivo al que apuntamos, y para el cual es necesario recrear el Estado federal para que sea eficaz y eficiente y al servicio de la transformación social.

En este marco, consideramos que YPF S.A. con participación igualitaria de todas las provincias y CABA en la política energética, cristaliza una nueva etapa del federalismo con un proyecto común de país. Proponemos un nuevo federalismo cooperativo cuya razón de ser sea equilibrar las desigualdades con un criterio de solidaridad territorial.

Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.