CREACION DE LA COMISION ESPECIAL BICAMERAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA HIDROCARBURÍFERA Y ENERGÉTICA DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL AMBITO DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 1º: Crease en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación una Comisión Especial Bicameral para el seguimiento de la problemática hidrocarburífera y energética argentina.

Artículo 2º.- La Comisión estará integrada por doce senadores nacionales y doce diputados nacionales, elegidos por sus respectivos cuerpos, respetando la pluralidad de representación política de ambas cámaras.

Artículo 3º.- Los bloques parlamentarios de diputados y senadores que no integren dicha Comisión, podrán designar a un miembro, que se sumará a la Comisión Bicameral en calidad de observadores.

Artículo 4º: La Comisión tendrá por funciones:

a) Diseñar una política integral hidrocarburífera y energética sustentable medioambientalmente, con especial atención en las nuevas tecnologías de extracción.

b) Adecuar la legislación vigente en la materia a las necesidades presentes y futuras de nuestro país, a fin de lograr una reforma integral, integradora e inclusiva que garantice la participación de todas las provincias argentinas.

c) Controlar el efectivo cumplimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, en especial la expropiación del 51% de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales ( YPF).

d) Establecer la legalidad y legitimidad de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional.

e) Fiscalizar que la Política Hidrocarburífera y energética nacional favorezca y restablezca el autoabastecimiento, la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburo en el ámbito nacional.

f) Convocar a las Provincias y regiones productoras y comercializadoras del sector a fin de conformar un espacio de consulta, intercambio de información y consenso para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores.

Artículo 5º.- La comisión tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con los fines para los que fue creada, pudiendo requerir informes al Poder Ejecutivo Nacional, citando a funcionarios que se desempeñen en áreas relacionadas con el tema. Asimismo, podrá solicitar la colaboración de gobernadores, intendentes y funcionarios de otras jurisdicciones a fin de recabar información relevante para las tareas de su competencia.

Artículo 6º.- La Comisión emitirá un dictamen en base a lo actuado elaborando un informe final con el diagnóstico y propuestas en la materia.

Artículo 7 º: La comisión fijará en su primera reunión, las pautas de su funcionamiento, debiendo expedirse en un plazo no mayor de cinto ochenta días ( 180 días).

Artículo 8º: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

A mediados de los años noventa, el Estado argentino, participaba directamente en la producción, distribución y comercialización de sus hidrocarburos, es decir, era dueño de fijar la política hidrocarburífera y energética del país.

A partir de 1992, se inició un proceso de desregulación petrolera y privatización de YPF generando un cambio radical en la materia afectando significativamente el desenvolvimiento del mercado energético argentino.

Este proceso de privatización se concretó en varias etapas, la primera se desarrolló durante el período 1991/ 1993, en esta etapa, se dispuso la venta de todos los activos, incluyendo la licitación de las áreas marginales y la primera licitación de áreas centrales, con una sustancial reestructuración de personal y reformulación de costos empresarios, asimismo, se transfirió la titularidad del subsuelo a las Provincias.

En 1999, el Gobierno Nacional emprende la segunda etapa en éste proceso de privatización adjudicando la concesión a la empresa española REPSOL, reservándose un cierto número de acciones clase A, que le garantizarían un representante en el Directorio, en la sindicatura y la acción de oro, lo que le permitiría, conservar la facultad de ejercer el derecho de veto sobre ciertas decisiones empresariales, como: fusiones con otras empresas; aceptar o bloquear una acción hostil que represente la transferencia de la mayoría de su capital social; la transferencia total de los derechos de exploración y explotación concedidos a YPF y la disolución voluntaria de la sociedad.

La tercera etapa se desarrolla a partir de 2007, durante la presidencia de Nestor Kirchner, con la llamada "argentinización" de YPF, proceso que se destacó por la incorporación del grupo Petersen, incorporación que se consumó sin licitación alguna, careciendo el adjudicatario de antecedentes profesionales en la materia de hidrocarburos. Todo este proceso, trajo como consecuencia, la disminución de las reservas hidrocarburíferas.

A partir de 2008, YPF ganó 13.380 millones de pesos (3901 millones en 2008; 3689 millones en 2009; 5790 millones en 2010). En el mismo lapso, la empresa distribuyó utilidades por $ 18.628 millones y hasta el presente la cifra alcanza los $ 25.250 millones de pesos. Por su parte, las deudas contraídas en la operación de adquisición del grupo Petersen se han ido pagando con dividendos de la propia compañía. Para que tal operación fuera posible, YPF informó a la Securities and Exchange Comission (SEC), agencia independiente del gobierno de Estados Unidos (que tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir las leyes federales sobre bolsas y mercados de valores) que, en un acuerdo de sus accionistas, decidió repartir en dividendos hasta el 90% de sus ganancias netas declaradas, por el término de diez años. Ese ritmo de distribución de dividendos se encuentra muy por encima del promedio de los estándares internacionales, lo que demostraría una administración imprudente y alejada de parámetros de buena administración que deben orientar la preservación de una empresa vital para los intereses nacionales.

Por su parte, la española REPSOL fue directa beneficiaria de esta política, que le ha permitido cobrar el 84% de esos dividendos, a expensas de deteriorar la situación financiera de YPF debido a su endeudamiento. A modo de ejemplo, podemos señalar que el activo de YPF desde el 2007, pasó de $ 38.102 millones el 31 de diciembre de 2007, a $ 46.589 millones el 31 de diciembre de 2010, lo que significa un incremento del 22%, mientras que el pasivo aumentó, en igual período de $ 12.042 millones a $ 27.549 millones, es decir, casi un 130%.

En éste contexto, la pregunta que surge es que rol cumplieron los representantes del Estado Nacional que no objetaron a través de su Director y su Síndico la política llevada adelante por la empresa, ya que poseían herramientas legales para vetar tales decisiones, es decir, lo que resulta dudoso es que en lugar de impulsar una política orientada a incrementar la reposición de las reservas de la empresa, en los últimos años, se hayan perdido el 40% de reservas de petróleo y el 55 % de reservas de gas.

En éste contexto, estamos ante un Gobierno que primero promueve y concreta una "argentinización" a manos de un grupo empresario, luego, permite que dicho grupo compre la empresa mediante sus propias utilidades aumentando irresponsablemente la distribución de las mismas; y finalmente denuncia una supuesta expoliación de la empresa a través de la sustracción de utilidades, que habría provocado inversiones insuficientes para sostener su "modelo nacional y popular de acumulación con matriz diversificada e inclusión social", además, cabe destacar, que el representante del Poder Ejecutivo en el directorio sea el propio Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación del Ministerio de Planificación Federal.

Para revertir la situación arriba descripta, el Gobierno Nacional somete a consideración del Congreso de la Nación un Proyecto de Ley por el que declara de utilidad pública las reservas hidrocarburíferas y sujeto a expropiación el 51 % del patrimonio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.), distribuyendo las acciones del siguiente modo, el CINCUENTA Y UN POR CIENTO ( 51%) pertenecerá al Estado Nacional y el CUARENTA Y NUENE (49%) restante de distribuirá entre las Provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.

Ahora bien compañeros, que seguridad jurídica nos ofrece éste gobierno que primero apoyó una política de privatización que sacudió al país en los noventa, en 2007 concretó la argentinización, no diseño una política hidrocarburífera y energética a largo plazo y ahora pretende dar un giro expropiando lo que alguna vez privatizó.

Ante ésta situación, el Congreso de la Nación como representante del pueblo, y en particular de los intereses hidrocarburiferos y energéticos del país, debe tomar intervención directa a través de una Comisión Bicameral que tendrá a su cargo el diseño, seguimiento y control de la política en la materia, a fin de evitar que los errores del pasado se repitan o lo que es peor aún, no se fije una política adecuada que garantice el desarrollo económico del país.

Por lo expuesto, solicito a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.