Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, decrete la correspondiente reglamentación de la ley 26.659 que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

Señor presidente:

Con fecha 16 de marzo de 2011 se sancionó la Ley 26.659, con unanimidad en ambas cámaras, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, sobre un proyecto de mi autoría y que fuera promulgada de hecho el 12 de abril de 2011.

En la misma, se establece que las personas y empresas que operen en suelo nacional no podrán realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad nacional competente. Tampoco podrán efectuar transacciones económicas, a título oneroso o gratuito.

El objetivo primordial de esta ley es proteger los intereses nacionales ante el atropello a la soberanía nacional registrado por varias petroleras internacionales que exploran hidrocarburos en aguas circundantes a nuestras Islas Malvinas, sin autorización del gobierno nacional. Estas actividades están violando los acuerdos internacionales y resoluciones de la ONU como la 31/49. Esta Ley busca impedir que empresas o personas físicas nacionales (o que desarrollan actividades económicas en nuestro país) obtengan beneficios económicos en violación de las leyes y derechos argentinos.

En este sentido, la exigencia de la Ley 26.659 establecida al Estado Nacional y los Estados Provinciales es aún mayor, puesto que se le impide tener vínculos comerciales o económicos no sólo con estas empresas sino además con sus accionistas y propietarios en forma directa o indirecta.

Según el artículo 7°, la Ley entró en vigencia a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, es decir el 11 de julio de 2011. Sin embargo, para que su vigencia tenga poder real, es necesario que la Secretaría de Energía de la Nación, como autoridad de aplicación establecida, confeccione una nómina de carácter público de las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina en infracción con la ley nacional. Por este motivo, el artículo 8° de la Ley daba un plazo de 60 días para su reglamentación (que se venció el 13 de junio de 2011).

En estos momentos en que el Reino Unido de Inglaterra refuerza su presencia militar en la región y avanza con la exploración unilateral de con el otorgamiento de permisos petrolíferos en el Mar circundante a las islas, es necesario cumplir tanto los reclamos nacionales en las instancias internacionales como la toma de medidas concretas que busquen limitar este tipo de acciones inconsultas, unilaterales e ilegales que incumplen los acuerdos internacionales y resoluciones de la ONU como la 31/49. En cuanto a los apoyos internacionales, los derechos argentinos sobre las islas han sido reconocidos por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, por la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe y la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR). Con referencia a las medidas concretas, se debe otorgar plena vigencia a la Ley 26.659 sin mayor pérdida de tiempo.

Asimismo, sería beneficioso que el Poder Ejecutivo Nacional lleve adelante los contactos diplomáticos necesarios a fin de que los países miembros de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) tomen medidas tendientes a limitar la actividad comercial en su territorio de personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina.

El hecho que diversas empresas petroleras inglesas declararan que las perforaciones iniciales realizadas en el Mar circundante a nuestras Islas Malvinas hayan resultado alentadoras y con grandes posibilidades de generar extracción en escalas económicas, debe acelerar los tiempos de tratamiento de este tipo de medidas, para impedir la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales no renovables que por derecho pertenecen a todos los argentinos.

Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.