Artículo 1°: Exceptúase de los alcances de las Resoluciones N°6/2016 y N°28/2016, del Ministerio de Energía y Minería, a las Universidades Nacionales.

Artículo 2°: Prohíbese el incremento en las de tarifas de energía eléctrica, gas y/o agua a las Universidades Nacionales, cuyos montos no hayan sido contemplados en las respectivas partidas establecidas en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Pública Nacional o en sus modificaciones.

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El aumento de tarifas aplicado por el gobierno nacional ha impactado fuertemente en todos los sectores de la economía, mucho más que las previsiones que el Ministro de Energía supo comunicar. Cabe destacar que recién estamos comenzando a observar el impacto, aún no sabemos cuál será dimensión en la economía real.

En este nuevo contexto socio-económico, las Universidades Nacionales dan señal de alarma. En el primer plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, realizado en la ciudad de Avellaneda a principios del mes de abril, se expuso la preocupación generada por aumento de tarifas de luz, de gas y del alquiler de sedes edilicias.

En algunas universidades los aumentos han llegado hasta el 600 por ciento en la electricidad. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, según su decano, Glen Postolski, el costo de la luz pasó de 7 a casi 80 millones de pesos. También podemos mencionar, entre otras tantas, las distintas facultades de la Universidad de La Plata que han recibido facturas con incrementos entre el 100 y el 400 por ciento, por ejemplo la Facultad de Ingeniería recibió un aumento interanual en la tarifa eléctrica del 400%, pasando de 60.000 pesos en marzo de 2015 a 250.000 en marzo. Las cifras hablan por sí solas y exponen uno de los problemas que deben afrontar los claustros académicos.

El decreto 134/2015, firmado por el Presidente Mauricio Macri, declaró la “emergencia del sector eléctrico nacional” y estableció que los organismos públicos, entre los cuales se encuentran alcanzadas las Universidades Nacionales, debían llevar adelante una reducción del consumo energético. Más allá de la buena voluntad por disminuir el consumo con un objetivo económico-ambiental, las universidades dictan clases nocturnas donde la mayoría de los alumnos son trabajadores que no pueden cursar en otro horario, por lo tanto, es poco probable que puedan disminuir el consumo en una proporción que las aleje del aumento tarifario.

Por otra parte, el Presupuesto Nacional 2016 fue sancionado antes del aumento de tarifas dispuesto por las Resoluciones N°6/2016 y 28/2016, del Ministerio de Energía y Minería con fecha 25 de enero y 28 de marzo respectivamente. Por lo tanto, corresponde exceptuar de la normativa a las Universidades Nacionales o ampliar las partidas presupuestarias a fin de cubrir la diferencia que se presenta ante el incremento no previsto.

Además, al tema tarifario debemos agregarle el crecimiento de la inflación que deberá ser tenido en cuenta para la discusión salarial y modifica todos los gastos en insumos.

Ninguno de nosotros puede soslayar la difícil situación que estamos atravesando los argentinos, se impone colaborar con ideas y soluciones a los problemas que afectan a nuestro pueblo, es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto con el fin de garantizar el normal funcionamiento de nuestras Universidades.