Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda arbitre las medidas necesarias tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento del Programa Garrafas para Todos, por parte de los fraccionadores, distribuidores y comercios, en virtud de que es el Estado el que subsidia a la cadena de producción de GLP garantizando un precio fijo a las garrafas de 10 kg.

Señor presidente:

En esta oportunidad vengo a defender esta declaración, en virtud de traer a este recinto la preocupación del pueblo que me honra con su mandato, Misiones.

Luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara un cambio en el esquema de subsidios para las garrafas sociales, distribuidores de varias zonas del país aumentaron deliberadamente sus precios que se tradujo también en un pronunciado desabastecimiento, registrado en diversas zonas de la República y especialmente, en las localidades más importantes de las provincias que aún no cuentan con provisión del fluido por redes, a saber: Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. Provincias olvidadas en esta materia, que es justo y necesario recordar que nuestro gobierno como acto de reparación histórica ha comenzado con la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), pero hasta que esta obra no finalice seguirán cautivas de la provisión de gas a través de garrafas y cilindros.

Por este mismo motivo, en el año 2005 se sancionó la ley de marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo, tantas veces postergada, pero como ha ocurrido con la construcción del gasoducto, necesitó de una decisión política y firme convicción para concretarla y en ese marco dispone que es obligación del Estado Nacional velar por el acceso al gas

para todos los ciudadanos, por lo tanto, no se permitirán abusos e incumplimientos por parte de ningún actor de la cadena de producción.

En ese contexto, el poder Ejecutivo creó el programa Garrafas para Todos, que subsidia la cadena de producción garantizando un precio fijo a las garrafas de 10 kilos, asimismo con el objetivo de garantizar su cumplimiento, el Estado Nacional transfiere los montos correspondientes para que productores, fraccionadores y distribuidores cumplan con los precios establecidos.

El precio de la garrafa social había sido fijado en 16 pesos, para los 10 kilos. Sin embargo, en zonas del NOA y NEA se vendía entre 30 y 45 pesos. Luego del anuncio de la Sra. Presidenta respecto a la creación del Programa HOGAR y al cambio de la forma de subsidio de la garrafa social, pasó a venderse entre 80 y 170 pesos. La desinformación provocada por algunos medios de comunicación hizo que muchos se volcaran compulsivamente a stockearse de garrafas, mientras que los empresarios aprovecharon para aumentar precios.

Asimismo, el nuevo Programa HOGAR, entra en vigencia el próximo 1 de abril de 2015, y consiste en una transferencia directa que se depositará mensualmente en la cuenta bancaria de los beneficiarios a partir del mes de abril.

Queda claro entonces, que el Programa Garrafas para Todos rige y/o funciona y/o opera y/o está vigente hasta el 31 de Marzo de 2015, por lo

que todo acto de desabastecimiento o incumplimiento de precios, responde a una acción meramente especulativa y por fuera de la normativa vigente.

Por lo expuesto es que formulo esta declaración de vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda arbitre las medidas necesarias tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento del Programa Garrafas para Todos, por parte de los fraccionadores, distribuidores y comercios.

Sr. Presidente, por las breves consideraciones esgrimidas y convencida de su justicia, solicito a mis pares su acompañamiento para la sanción de la presente iniciativa.