Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que corresponda, se sirva disponer la revisión de las medidas de seguridad de las Centrales Nucleares Embalse y Atucha I y lo contemplado en los proyectos de construcción de Atucha II, tras la catástrofe producida en el Japón.

Señor presidente:

El mundo se ha visto consternado por el cataclismo sufrido por el Japón, a raíz de los intensos terremotos y posterior tsunami, sufriendo además de las lamentables víctimas humanas y destrucción material, graves daños sobre sus numerosas usinas nucleares, que afectan no solo a ese país sino que la gravedad de la situación puede llevar sus consecuencias a otras regiones, con diversas magnitudes.

Se estima como conveniente, con la mesura, prudencia y serenidad que la situación lo impone, una revisión completa sobre las medidas de seguridad nuclear adoptadas en las plantas de Embalse y Atucha I, así como las previstas para Atucha II, próxima a inaugurarse.

Es sabido que nuestras Central reúne las condiciones de seguridad requeridas para su funcionamiento, pero esta nueva experiencia por el siniestro ocasionado por la naturaleza, quizás no esté tan bien desarrollada dado que aparentemente sorprendió a los responsables del diseño y operación.

Países como España y China, entre otros, han iniciado la auditoría por medio de sus organismos de Seguridad Nuclear, en el análisis que se refiere a la posibilidad de que se produzca una catástrofe natural y comprobar si y cómo afectaría a sus instalaciones.

De la catástrofe sucedida en Japón tenemos que sacar las mejores conclusiones a nivel científico para mejorar la actual seguridad. Se pone como ejemplo que es necesario conocer lo ocurrido en Fukushima, para que no funcionaran los sistemas de refrigeración alternativos, por lo cual parecería necesario aún con cortes de energía eléctrica, que se mantuvieran éstos operativos.

Hay que tener en cuenta también, la edad de las centrales Embalse y Atucha que comenzó a operar en 1983 y 1974 respectivamente, a fin determinar los años útiles de vida remanentes, si al parecer las mismas operan hasta aproximadamente los 42/45 años, cuestión que suponemos controlada por el personal científico de la misma.

Cualquier decisión que pudiese tomarse al respecto, debería ser enmarcada en un contenido de racionalidad y fuera de cualquier tipo de prejuicios, quizás también influenciados por los recientes hechos.

Con esto no se busca un debate sobre la conveniencia o no de la energía nuclear, nos limitamos a sostener la necesidad de rever e incrementar las medidas de seguridad ante posibles hechos similares a los vividos o que pudieran surgir como novedosos.

En nuestro país existe la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) creada mediante la Ley Nº 24.804 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear), promulgada el 25 de abril de 1997, como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, y tiene la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y no proliferación nuclear, así como asesorar al Poder Ejecutivo en las materias de su competencia, donde su personal está más que capacitado para este tipo de actividades.

Además contamos con una valiosa y actualizada legislación que rigen la actividad nuclear de la República Argentina desde el año 1950 a la fecha, a lo que se suma la suscripción de los principales Tratados Internacionales sobre Energía Nuclear por la República Argentina, lo que evidencia una política de estado, que permitirá llegar a buen puerto en esta nueva situación mundial que se presenta en lo que hace a la seguridad nuclear.

Por todo lo señalado, es que solicito se apruebe el presente proyecto.