CONGELAMIENTO DE TARIFAS - CREACIÓN DE COMISIÓN PARA LA AUDITORIA Y BALANCE DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADAS

Artículo 1°.- Congelamiento de las tarifas. Se deja sin efecto todo aumento en las tarifas anunciado desde el 27 de enero de 2016 en energía eléctrica, transporte público, peajes, gas domiciliario, comunicación, agua potable y cloacas domiciliarias, hasta tanto la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas pertenecientes a empresas de servicios públicos concesionadas informe sobre los resultados de la Auditoría técnica y administrativa dispuesta en el artículo 2° de la presente ley y subsiguientes.

Artículo 2°.- Creación. Crease la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas pertenecientes a todas las empresas privadas de alcance nacional y provincial que tengan por función la prestación de los servicios públicos de gas, electricidad, transporte, peajes, comunicación, agua potable y cloacas concesionados por el Estado Nacional y que se encuentran bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), así como de los respectivos entes reguladores de control de carácter provincial.

Artículo 3°.- Composición. La Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas estará compuesta por delegados de los trabajadores de las empresas mencionadas en los artículos 1° y 2° de la presente ley y por representantes técnicos y profesionales de las universidades públicas nacionales, quienes tendrán a su cargo la realización de una Auditoría técnica y administrativa, con el objeto de dilucidar el destino de los subsidios brindados por el Estado nacional a las empresas de servicios públicos entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de marzo de 2016.

Artículo 4°.- Apertura de los libros de contabilidad. La Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas de los servicios públicos tendrá plenos poderes para investigar las cuentas y movimientos económicos de las empresas y ámbitos del Estado encargados de otorgar los subsidios mencionados en el Artículo 3°.

Artículo 5°.- Los resultados de la Auditoría técnica y administrativa realizada por la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas deberán ser entregados al Congreso Nacional en un plazo no mayor a los 90 días.

Artículo 6°.- Si de la Auditoría técnica y administrativa resultare que han sido incumplidos los pliegos contractuales asumidos por las empresas mencionadas en los Artículos 1° y 2° de la presente ley, el Congreso Nacional establecerá mediante ley especial la caducidad de las concesiones de los servicios públicos gestionados por las mismas, declarándolas de utilidad pública y sujetas a expropiación.

Artículo 7°.- Los fondos necesarios para el cumplimiento de la presente ley provendrán de una partida especial sancionada por Ley del Congreso Nacional.

Artículo 8°.- De forma.

Señor presidente:

Desde hace casi 15 años, la Argentina implementó un esquema de subsidios a los servicios públicos, particularmente a la energía (electricidad y gas), al agua y al transporte. A partir de la megadevaluación de principios de 2002 el Estado comenzó a subsidiar a los servicios públicos, en su mayoría en manos de empresas privatizadas en la década del noventa. Estos subsidios han ido incrementándose de manera muy marcada desde el año 2006, a punto tal que hoy ascienden a una cifra similar al 4 % del Producto Interno Bruto, unos 22.000 millones de dólares según la estimación del PIB 2015.

A partir de enero del año en curso -2016-, el Poder Ejecutivo Nacional anunció aumentos de tarifas en los servicios de energía eléctrica y, en últimos días, se anunciaron aumentos en el transporte público del Área Metropolitana, del gas domiciliario y del servicio de agua y cloacas. Estos aumentos son entre el 100% y el 500% y afectan en forma directa los ingresos del pueblo trabajador, ya afectados por la creciente espiral inflacionaria que, según cifras oficiales, hablan de un aumento del costo de vida de arriba del 16% de diciembre a marzo de este año, mientras que los salarios siguen con el mismo valor nominal. Esto significa que el gobierno nacional tomó la drástica decisión de transferir el pago de los subsidios a las empresas de servicios públicos desde el Estado hacia los consumidores.

Esto, como es de público conocimiento, ha traído un gran impacto social, pues el 50% de las personas asalariadas perciben menos de 7.500 pesos por mes y ahora gran parte de sus ingresos deberán estar destinados al pago de los servicios públicos, en detrimento de la alimentación, la salud y la educación de sus familias.

El gobierno impuso estos verdaderos tarifazos sin absolutamente ningún monitoreo sobre qué hizo cada empresa prestataria con los multimillonarios subsidios otorgados por el Estado nacional entre 2002 y 1015, mientras que cientos de miles de familias se quedan sin energía eléctrica cuando hay temperaturas elevadas o bajas, y el transporte público es de una pésima calidad. Los propios ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Transporte, Guillermo Dietrich, reconocieron públicamente lo que todo el mundo sabe: las empresas prestatarias no hicieron las inversiones necesarias para prestar eficientemente los servicios pese a los multimillonarios subsidios obtenidos, tal como también se verificó con creces en el juicio por la masacre ferroviaria de la estación de Once.

Nuestro planteo es el de la renacionalización de todas las empresas privatizadas para que sean gestionadas por sus trabajadores con el control de los usuarios, ya que a través esencialmente del Estado antes, y ahora a través de las tarifas desorbitantes que debe pagar cada trabajador, se está subsidiando a la tasa de ganancia de los prestatarios privados.

Nos hacemos eco del clamor popular contra los tarifazos impuestos y planteamos su derogación hasta tanto no se haga una profunda auditoría y monitoreo sobre qué hicieron estas empresas con cada peso que recibieron en concepto de subsidios en todos estos años. La "Comisión para la Auditoría y Balance de las Empresas de Servicios Públicos Concesionadas" que crea este proyecto de Ley está compuesta por trabajadores, técnicos y profesionales que no tienen compromiso alguno con todo el corrompido régimen de privatizaciones y subsidios que el gobierno nacional mantiene transfiriendo la carga directamente a todos los consumidores.

Por los motivos expuestos, y por los que se brindarán oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Ley.