Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, adopte las medidas necesarias para impulsar en el territorio de la Provincia de Salta la construcción y extensión de redes externas de distribución de gas natural domiciliarias así como la incorporación al servicio de aquellos inmuebles que cuentan con redes externas, pero que no gozan de la conexión domiciliaria con el objeto de resolver el acceso al uso del gas, en especial a los usuarios residenciales en estado de vulnerabilidad socioeconómica.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene como antecedente inmediato la presentación que se hiciera el año pasado de uno similar en el que se remarcaba con especial énfasis una problemática que se ha venido sucediendo en la provincia de Salta desde hace varios años y que tiene ya un carácter estructural: el acceso al gas por parte de los habitantes de la provincia.

En aquel entonces, señalamos que el principal problema suscitado refería al cupo de gas licuado de petróleo (GLP) que se destinaba para la comercialización de las garrafas sociales en Salta. Al respecto, se había planteado la falta de garrafas sociales que afectaba de manera preocupante a las familias con mayores necesidades ya que se valían tanto de éstas como otras formas de suministro como kerosene, leña y carbón, todos más onerosos que el gas natural.

La escasez de las garrafas sociales se puso en evidencia antes y a la llegada del invierno del año pasado. En aquel entonces, reconocimos como importante las solicitudes en pos de ampliar dicho cupo a las que nos sumamos aunque sostuvimos que para paliar dichas necesidades era necesario emprender un camino que termine por solucionar la problemática más estructural.

En vista a que la situación continúa imperando y se torna necesario dar solución definitiva a esta realidad, es que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con las jurisdicciones, la ampliación de las redes de gas natural así como la conexión a la misma por parte de nuevos usuarios. Consideramos que este acceso constituye un servicio que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de la Nación ya que es una prestación pública y esencial.

En especial para la provincia de Salta, no sólo es imprescindible por la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos sino por su impulso para la región. Asimismo, constituiría un ahorro importante frente a los valores del gas licuado de petróleo y otras formas de suministro. Según cálculos de costos, para los habitantes que dejan de depender del GLP, el gas se les abarata entre cinco a seis veces. Asimismo, la mejoría implica, también, que con las redes de distribución el gas llega a los usuarios de manera más regular, eficiente y segura. Por otra parte, resulta injustificable que Salta siendo productora del 20% del gas de todo el país, continúe con el problema estructural del acceso al servicio de gas natural por redes.

De acuerdo a datos del INDEC, residen en la provincia de Salta alrededor de 1.270.000 habitantes y según registros de Gasnor, se puede inferir que son 120.000 los usuarios residenciales de gas natural, representando de esta forma un 45% de los hogares salteños. El restante 55% depende de la garrafa o como se dijo anteriormente de la leña y el carbón. Cabe aclarar que, según datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, dicho número asciende a un 62% de la población salteña que no está conectada a la red de gas natural.

A propósito de esto, señalamos dos situaciones paradojales. Una, que en ciertos departamentos de la provincia se vive con las redes externas instaladas pero sin las conexiones domiciliarias internas. La otra aún peor y que muestra las falencias del sistema energético nacional, es que localidades enteras carecen de gas natural domiciliario cuando en su jurisdicción se encuentran diversos yacimientos gasíferos que inyectan millones de metros cúbicos diarios al gasoducto que abastece a Buenos Aires. Tal es el caso de la localidad de Cornejo y General Ballivián. Asimismo, General Mosconi, Aguaray y Tartagal, también localidades con yacimientos gasíferos, cuentan sólo con un 30 y 40 por ciento de hogares conectados al servicio de gas por red.

Debemos señalar que en agosto de 2006 se comenzó a concretar un Plan de Conexiones provinciales que incorporaría unos 60.000 usuarios a la red con un alcance a 20 barrios de la capital y 21 municipios del interior. Aquel plan, que fue instaurado a partir de un convenio suscripto con Gasnor y el Banco Macro, contemplaba la construcción de la red externa y la disposición de las instalaciones internas domiciliarias. Vemos con agrado la realización de estas obras y bregamos por la conclusión de las mismas. Aún así resta añadir a estos trabajos un plan de construcción más amplio que abarque a los sectores más vulnerables y mayor cantidad de población.

Por ello, es esencial la presencia de la Nación con el objeto de asegurar los derechos de todos los habitantes de nuestro territorio, en este caso, de Salta y de acompañar las iniciativas de las Provincias. El año pasado, frente a esta situación, se había implementado, como paliativo, la distribución de las garrafas sociales para abastecer a los habitantes que aún no contaban con el servicio. A esto, debemos sumarle los reclamos por la escasez y los problemas en la cadena de distribución que originó distorsiones abusivas en los precios de este producto. Creemos, como señaláramos anteriormente, que si bien necesaria, esta solución fue precaria y continuará siéndolo, ya que el problema de base es la falta de redes de distribución de gas natural y la consecuente ausencia de acceso por parte de la población a este servicio, servicio que por demás es más económico, eficiente y seguro.

Por todas las razones expuestas, y porque creemos que el Estado debe garantizar a los habitantes de la Nación el servicio de gas natural ya que es una prestación pública y esencial es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.