Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o el organismo que corresponda, brinden información sobre los siguientes puntos:

1. Si existe instancia de entendimiento entre la empresa YPF S.A y la empresa petrolera REPSOL SA, o la empresa controlada por la misma.

2. En caso afirmativo, detalle objetivos y compromisos asumidos, plan de gestión, beneficios para la empresa YPF S.A derivados del mismo, marco legal en que se basa dicho acuerdo entendimiento, áreas involucradas.

3. Informe, de corresponder, por involucrarse áreas en ámbitos provinciales si en tal acuerdo se ha previsto la debida participación a los ejecutivos locales afectados y la metodología a tal fin.

4. Si tal instancia de entendimiento se encuadra en los supuestos considerados en la HCDN con motivo de tratarse la expropiación por el Estado Nacional de acciones de Repsol YPF.

5. Se informe si dichas negociaciones son concordante con los principios federales y medioambientales consagrados en nuestra Constitución y leyes afines.

Señor presidente:

La importancia de la explotación racional y responsable de los recursos hidrocarburíferos se transforma en una cuestión fundamental, tanto como el impacto socio productivo que de tan estratégico recurso se derive.

Es conocida por todos la anterior historia próxima pasada donde el Estado Nacional, por desconocimiento o negligencia permitió la destrucción de reservas y con tal la constitución de serios perjuicios a los fondos federales permitiendo no solo inmensas transferencias de recursos al exterior, sino poniendo en peligro el abastecimiento de sectores productivos y sociales de gas e hidrocarburos comprometiendo la sustentabilidad del sistema económico nacional y el acceso a insumos básicos para la satisfacción de necesidades sociales imprescindibles a la hora de defender la justicia social y los derechos de niños, ancianos y adultos.

El respeto a nuestros preceptos Constitucionales que consagran los principios del federalismo y por ende los derechos de las provincias Argentinas como propietarias de los recursos naturales existentes en sus ámbitos geográficos, consagrado en el Art°124 de Nuestra Constitución y el compromiso asumido en la misma con todos los habitantes de nuestra nación a fin de garantizarles el derecho a un medio ambiente sano y saludable tal como lo prevé el Art°41 de nuestra carta magna, así como la importancia del acceso a información clara, detallada y comprensible de los actos del Estado se transforman en una obligación básica y premisa de toda política económica que persiga el bien común de manera sustentable.

Es además una tarea indelegable de esta HCDN el representar a los intereses comunes de todos los ciudadanos, velando además por el logro de un sistema social equitativo fundado en los principios de la justicia social y el respeto a las instituciones fundantes de la democracia.

Por lo expuesto, Señor Presidente, es que solicito a los demás Diputados de la Nación, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución