Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, adopte los recaudos necesarios a fin de SUSPENDER el ajuste tarifario en los servicios de energía eléctrica a usuarios y consumidores residenciales, comerciales e industriales de Misiones, que haya tenido lugar desde la declaración de Emergencia Energética por el Decreto 134/2015 al amparo de la Resolución 6 y 7 / 2016 de la Secretaría de Energía de la Nación, contraria al principio constitucional del Art. 75, inc. 2 y se garantice dicho extremo.

Señor presidente:

En esta oportunidad vengo a defender esta declaración, en virtud de traer a este recinto la preocupación del pueblo que me honra con su mandato, Misiones.

Nace la necesidad de la presente, luego de que el Sr. Presidente Ing. Mauricio Macri anunciara la declaración de Emergencia Energética por el Decreto 134/2015 al amparo de la Resolución 6 y 7 / 2016 de la Secretaría de Energía de la Nación, y que por esto se aumentara deliberadamente los precios de la energía eléctrica, especialmente en la Provincia de Misiones, generando malestar, angustia e indignación en los usuarios tras recibir en sus hogares boletas de entre el 100-250% de aumento.

Misiones constituye un eslabón importante en el sistema hidroeléctrico del país, ya que con la construcción de la represa de Yacyretá y por la relación estratégica con nuestro rio Paraná ha participado en forma directa a la generación eléctrica y también ha pagado el costo ecológico que implica el funcionamiento de la misma que es una de las fuentes más importantes de energía natural y renovable del país.

Puesto que jamás se debe dejar de comprender que la construcción de una represa y el consecuente embalse que produce, tuvieron impactos ambientales, sociales, y económicos sobre el medio natural y humano existente en su área de influencia,

Sin embargo, es el pueblo misionero quien debe soportar los mayores daños y tarifas por el servicio energético excesivos otra vez, al promedio del resto de las provincias, a esto debemos agregarle que la provincia no cuenta con la administración de gas natural tan postergada para la zona del NEA.

Con lo cual, como representante del pueblo Misionero me siento en la obligación de invocar un principio constitucional, que parece ser olvidado por todos a la hora de realizar transformaciones necesarias como básicas pero que perjudican directamente a quienes hoy piden ser atendidos en su reclamo; a saber hago referencia e invoco al valor igualdad en su aspecto material, puesto que la Igualdad Formal se desarrolla en el Art. 16 de la CN y en los Tratados de Derechos Humanos vigentes por el art. 75 inc. 22, es decir que todos los argentinos son iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Siendo este nuestro mayor reclamo, al notar que: la Igualdad Material pretende equilibrar, compensar, proporcionar, igualar o remediar la situación de desequilibrio en el desarrollo económico, educativo, sanitario y de infraestructura existente en la sociedad a través de una distribución de los bienes equilibrada y justa respecto al mayor número posible de personas. Esto, se denomina justicia social.

Para profundizar el desarrollo del interior es necesario, además de re direccionar los costos de las tarifas eléctricas que afectan a los usuarios residenciales facilitar, las condiciones necesarias para la industria y el comercio.

Porque al mantener el costo de la energía a niveles elevados, las circunstancias se mantendrán en condición desfavorable para un desarrollo productivo diversificado y la imperiosa generación de empleo sustentable tan necesario. Lo cual queda expresado de éste modo, a nivel nacional

Evidentemente, el plan de acción impulsado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación no contó con el consejo de las provincias que por medio de sus representantes que planteamos el repudio ante tal aumento; teniendo en cuenta, que la misma ha sido sancionada de manera inconsulta a los usuarios afectados por dicho incremento, incumpliendo los procedimientos establecidos por el marco regulatorio eléctrico y lo estipulado en los contratos de concesión de las empresas distribuidoras en cuanto a la difusión pública que debe realizarse por un plazo de treinta (30) días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si la modificación tarifaria se ajusta a las disposiciones de la ley y al interés público.

Es así, que a ésta situación se suma a la falta de conexión a la red de gas natural y al aumento diferencial del combustible, formando una composición de factores que desequilibran las oportunidades en el territorio nacional y que le cuesta a la provincia de Misiones $1000 (mil) millones de pesos al año.

Sr. Presidente, constituyendo nuestro deber como legislador expresarse frente a este tipo de medidas solicito a mis pares su acompañamiento y posterior cumplimiento de nuestra C.N.