Expresar su preocupación por lo dispuesto en la Nota S.E. Nº 199 del 18 de Enero de 2012 de la Secretaría de Energía de la Nación, por la cual la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) aplicaría a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) un "Cargo Adicional" por supuestos incumplimientos a la política de tarifas definida en Nota S.E. 8752 del 2011, poniendo en riesgo con dicha "multa" la prestación del servicio eléctrico en la provincia.

Señor presidente:

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), pertenece al Estado Provincial y con más de un millón de clientes se ubica como la tercera distribuidora del país solamente detrás de las empresas que abastecen a Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Esta empresa, creada en el año 1986, sobrevivió al proceso de privatización iniciado en la década del 90 y ha logrado subsistir a las diferentes crisis económicas del país permaneciendo bajo la órbita estatal. Esas circunstancias son un orgullo para sus trabajadores y todos los santafesinos que hoy cuentan con una empresa pública en plena recuperación y crecimiento.

En la provincia de Santa Fe, la prestación del servicio constituye tanto desde el punto de vista técnico, comercial y de recursos humanos un gran desafío, fundamentalmente si se considera que en los casi 134.000 km2 de superficie, cuenta con una infraestructura de red de más de 50.000 km de longitud entre los niveles de alta, media y baja tensión; lo que le permite a su población desarrollarse en una de las provincias con mayor grado de cobertura de suministro a través de la red del servicio público de distribución de electricidad.

El 15 de noviembre pasado, por Nota Nº 8752, el Secretario de Energía de la Nación, dispuso que todo aumento de tarifa a los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, respecto de los valores tarifarios correspondientes al mes de noviembre de 2011, se considere que forma parte del costo mayorista de compra del Distribuidor", ordenando a la Compañía Administradora del Mercado eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA) a requerir a las empresas distribuidoras de energía que informen sobre los aumentos de tarifas autorizados y los montos de mayores ingresos obtenidos en función de dichos aumentos.

Por otra parte, el 18 de enero de 2012, la Secretaría de Energía de la Nación, por Nota 199, dispone que CAMMESA aplique un Cargo Adicional a la EPE por supuestos incumplimientos a la política de tarifas eléctricas definida por el gobierno nacional en la nota citada precedentemente.

La sanción contra la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se puso en práctica luego de que en enero pasado, el Ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, afirmara que las empresas de energía provinciales que incrementasen sus tarifas verían reducido, en idéntica proporción, el subsidio que reciben del Estado nacional.

En el caso de la EPE, la variación de la tarifa se produjo en el mes de diciembre de 2011, cuando la empresa debió aplicar un incremento del 13,4% para garantizar la normal prestación del servicio eléctrico, en virtud del incesante aumento de costos en relación a los recursos materiales y humanos.

Las sanciones que podrían aplicarse de acuerdo a la nota 199 ascienden, a la fecha, a la suma de 36 millones de pesos, sin que se tenga certeza del monto final que alcanzará esta penalidad durante el resto del ejercicio 2012.

Inmediatamente luego de conocerse las sanciones, el Presidente de la EPE, Ing. Daniel Cantalejo, expresó su total disconformidad manifestando que: "...no estamos en contra de la quita de subsidios, todo lo contrario, estamos acompañando la gradualidad con la cual se quitan los subsidios a nivel nacional, pero entendemos que mezclar el precio de la distribución eléctrica con el precio de la compra mayorista no es acertado por parte de la Nación y vulnera un principio básico de la autonomía provincial que manda nuestra la ley 2014 en el párrafo en el que dice que los precios de la EPE en relación a la tarifa debe acompañar la evolución de los costos, si así no fuera nosotros veríamos seriamente comprometido los planes de inversiones que estamos llevando adelante en la provincia".

Coincidimos con el titular de la EPE, en el sentido de que una sanción como la dispuesta a través de CAMMESA implica vulnerar la autonomía provincial en el sentido de poder fijar tarifas que permitan prestar con normalidad y eficiencia el servicio de distribución eléctrica en Santa Fe. La EPE, como sujeto público provincial autárquico y autónomo, cuenta con facultades propias para establecer el costo de la energía en lo que respecta a la etapa de distribución de la misma. (Arts. 4, 6, 7, y concs Ley Prov. 10014).

Debemos advertir que de concretarse y prolongarse en el tiempo la aplicación de los cargos adicionales por incumplimiento el plan de inversiones previsto por la EPE para 2012 (estimado en 400 millones de pesos) resultaría de imposible instrumentación, comprometiendo seriamente la prestación del servicio y el normal funcionamiento de la empresa.

Es importante destacar que, a efectos de instrumentar las políticas adecuadas para garantizar la competitividad, el proceso de industrialización y el acceso universal a los servicios públicos, la EPE elaboró y puso en marcha un plan estratégico 2010-2015 con el fin de garantizar el derecho a la energía de la comunidad santafesina.

La provincia ha redoblado esfuerzos para transformar a la distribuidora estatal en un ejemplo de gestión y calidad en el servicio brindado. Para ello se ha trabajado fuertemente en sanear las finanzas, renovar la dotación de personal, modernizar los útiles y herramientas y a la vez realizar las obras necesarias para atender la creciente demanda. Se ha llevado adelante y se está concretando un ambicioso Plan de Obras, tendiente a satisfacer la creciente demanda no solo de los centros urbanos, sino también en apoyo al desarrollo del sector productivo primario e industrial. Ese plan de obras se ve seriamente en peligro por las multas que pretende aplicar CAMMESA.

Asimismo, la EPE es pionera en diseñar y aplicar tarifa diferenciada para jubilados y carenciados, defendiendo el principio innegable de igualdad de oportunidades, en la convicción que todos los santafesinos merecen tener un servicio confiable a un precio justo.

Consideramos un avance ilegitimo del gobierno nacional pretender inducir un congelamiento de tarifas en el actual contexto inflacionario y sin considerar las características particulares de los costos operativos de la Empresa Provincial de la Energía dado el gran impacto que tiene el costo de distribución en la extensa geografía provincial.

Por todo lo precedente solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.