Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Energía y Combustibles »
ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0495-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DESGLOSE DE LOS 5000 MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES ESTABLECIDO COMO MONTO COMPENSATORIO POR LA EXPROPIACION DEL 51% (CINCUENTA Y UNO POR CIENTO) DE LAS ACCIONES DE REPSOL.
Fecha: 11/03/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 5
Dirigirse al Poder Ejecutivo de
la Nación para que, a través de quien corresponda, informe:
1) Como se desglosa el monto
de 5.000 millones de dólares estadounidenses establecido como monto
compensatorio por la expropiación del 51% de las acciones de la empresa
REPSOL. Detalle cada uno de los distintos ítems.
2) Que criterio ha adoptado el
gobierno nacional para establecer esos montos compensatorios.
3) Por qué se acordó el monto
con Repsol antes de que el Tribunal de Tasación de la Nación se
expidiera.
4) Porque el informe del
Tribunal de Tasación es tan escueto y con tan pocos detalles sobre los
distintos parámetros que conforman el patrimonio de la empresa.
5) Cual era el valor de la
Empresa Repsol-YPF al momento de la expropiación del 51 % de sus
acciones.
6) Si la República Argentina
deberá hacerse cargo de demandas iniciadas contra la empresa Repsol y
que actualmente se hallan tramitando en distintos juzgados.
7) Por qué se ha establecido
la renuncia a acciones por daños ambientales hacia Repsol, si en una
audiencia en Senado de la Nación, en abril de 2012, el actual Ministro de
Economía, Axel Kiciloff, manifestó que la Argentina demandaría a Repsol por
daños ambientales.
8) Si el Gobierno Nacional
tiene elaborado estudios técnicos que demuestran el daño ambiental
producido por la Empresa Repsol.
9) De ser cierto el punto
anterior, informe detalladamente sobre la magnitud cuantificada de los
daños ambientales y los montos compensatorios estimados.
10) Si se ha tenido en cuenta
en el valor del acuerdo, los montos por desinversión y vaciamiento
empresario, además de la compensación por daños ambientales,
mencionados por el Ministro Kiciloff en la audiencia en el Senado de la
Nación en abril de 2012 al explicar los motivos de la expropiación, y
manifestando que Repsol, debería pagarle a la Argentina por esos
ítems.
11) Detalle cuales son los
montos, en forma detallada y desglosada que correspondería a Repsol
abonar por lo expuesto en el punto anterior.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalmente, y como en una
historieta tragicómica, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció el
acuerdo alcanzado entre Repsol y la República Argentina con motivo de la
expropiación efectuada por nuestro país.
Es una verdadera historieta,
como lo califico, pues no se debe olvidar que el mismo personaje que
anunció este acuerdo, es el que allá por abril de 2012 sentenció que serían
los españoles quienes nos pagarían a los argentinos por la desinversión, el
vaciamiento empresario y los daños ambientales que la petrolera habría
ocasionado.
Ahora, nos dice que a Repsol
debemos abonarle la significativa cifra de 5.000 millones de dólares como
compensación por la expropiación. ¿Se acabó aquella cruzada homérica de
Kiciloff, convencido de ser la vanguardia antiimperialista en la región,
arengando a los empleados y becarios estatales de "La Cámpora"
ofreciéndose como "los pibes para la liberación"?
Es bueno recordar que la Ley
26.741, por la cual se expropió YPF, desde un principio ha sido violada
negociando con Repsol el monto de la indemnización sin intervención previa
del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Obviamente, ex post, el Tribunal ha
dictaminado que el precio es el "razonable", sin mayores explicaciones, lo
que se desprende de su informe.
El Tribunal de Tasación de la
Nación fue creado por la Ley 21.626 y es conducido por cinco miembros,
todos designados por el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, "soldados"
obedientes de las órdenes emanadas desde la Casa Rosada, como nos
tienen acostumbrados. No hay que ser muy suspicaz para llegar a la
conclusión que un Tribunal como este está direccionado y no puede ser otro
su dictamen.
Estamos atrapados por un
sistema de conducción monolítica por el que las decisiones y órdenes son
acatadas sin observaciones por una "tropa" alineada que solo obedece.
Si se observa el dictamen de
este Tribunal, se ve claramente que no detalla con certidumbre cada ítem
de una indemnización que realmente asciende a un valor que, por lo alto,
debería ser minuciosamente detallada en cada uno de sus
componentes.
Ante el pedido del Ministerio
de Economía, el Tribunal de Tasación analizó la oferta de compensación que
planeaba hacer el Ejecutivo, pero no está claro si realizó una valuación de la
empresa en su totalidad. Entre algunos legisladores de la oposición
circulaba el dato de que la valuación de YPF no estaba lista hasta la semana
pasada. El Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, también dijo que
se les "prohibió auditar" sobre el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Repsol.
El ex secretario de Energía Jorge Lapeña afirmó que "deberíamos conocer el
valor del bien expropiado".
Para pagarle a Repsol, se
formó una sala ad-hoc del Tribunal de Tasación. "Se ha examinado los
términos y condiciones del acuerdo, y en particular el valor de la
Compensación que la República Argentina ofrece a Repsol S.A en su
Cláusula Primera que totaliza US$ 5.000 millones", detalla el escrito firmado
entre las partes. Pero en ningún párrafo queda explícito cuál era el valor de
la compañía al momento de ser expropiada y el desglose de cada
componente en la evaluación.
"Esta sala considera que el
valor a acordarse es justo y razonable a todos los efectos del avenimiento y
solución amigable previstos en el convenio y resulta consistente con los
principios y bases de valoración aplicados por este Tribunal", señala el
informe.
No surge del texto de la nota
del Tribunal de Tasación que forma parte como Anexo II del Convenio que
este organismo público haya intervenido en forma previa y haya producido
una tasación independiente del 51% de las acciones.
Tampoco hay en el dictamen
del Tribunal de Tasación ninguna memoria de cálculo que justifique el
monto acordado, ni existen referencias en el Informe del Tribunal de que
hayan existido requerimientos específicos de tasación antes de la fecha 25
de febrero de 2014 que figura al inicio de la nota. Por lo informado, el
Tribunal de Tasación aprobó el monto a pagar y las condiciones al secretario
de Política Económica, Emmanuel Álvarez Agis, pero no está claro cuál era
el valor de la compañía al momento de ser expropiada. El único número
mencionado en todo el informe es el de US$ 5.000 millones propuestos por
el Gobierno. No se especifica si la compañía valía el doble (US$ 10.000
millones) y eso es lo que se paga por el 51%.
Cuando se produjo la
estatización, se le prohibió a la oposición auditar. El Gobierno nacional puso
una cláusula expresa por la cual la empresa queda fuera de la órbita de la
Auditoría General de la Nación.
Lo único expresado por el
Tribunal es que se ha realizado una valuación de las acciones sujetas a
expropiación con arreglo a los principios generales y bases de valoración
previstos en las Normas Nacionales de Valuación y los criterios utilizados en
carácter de Órgano Rector en tasación de bienes, con la debida
consideración del aspecto sustantivo o patrimonial, de conformidad con la
legislación aplicable y las características de los bienes en cuestión. No hay
ningún cálculo detallado que justifique el monto, una deuda que va a
condicionar a futuros gobiernos dejando una hipoteca pesada de levantar y
con valores referenciales hasta hoy desconocidos. Nuestra ciudadanía debe
conocer cabalmente los detalles de este acuerdo.
Por otra parte, además de
conocer de dónde sale este monto indemnizatorio, necesitamos saber cuáles
son los daños ambientales que produjo el mal accionar de Repsol y quien se
va a hacer cargo de los juicios iniciados por cuestiones ambientales, tal
como denunciara en ocasión de la expropiación el Ministro Kicillof.
De acuerdo al Convenio,
Repsol queda liberada de futuras acciones o condenas por los daños
producidos y el Estado argentino deberá hacerse cargo de estos pasivos
que ascienden a sumas prácticamente similares o tal vez mayores al monto
indemnizatorio, con lo cual, la suma de U$S 5.000 millones podría hasta
duplicarse o aún más.
La aventura antiimperialista
del señor Kicillof, ahora devenido en un auténtico discípulo de Adam Smith,
podría endeudar muy seriamente a la Argentina en el mediano plazo.
"Se fue Repsol pero la
contaminación queda en el cuerpo y las tierras Mapuche", reza el
comunicado del pueblo Mapuche, que se dio a conocer luego que se informó
de lo que el gobierno planea pagar a la petrolera española por la
expropiación de YPF.
Según publicó el Observatorio
Petrolero Sur (OPSur) ya en el 2012, días antes de la expropiación, el
gobierno de Río Negro calculó un pasivo ambiental de 1.500 millones de
dólares. El diario Tiempo Argentino, órgano de prensa oficial del
kirchnerismo, informó en su momento que el pasivo ambiental que dejó en
el país Repsol, es de 6 mil millones de dólares.
La empresa Repsol-YPF perdió
una demanda por 483.000 dólares presentada contra dos comunidades
mapuches por el incumplimiento de un acta acuerdo en donde ambas partes
se habían comprometido a estudiar la contaminación ambiental y remediar
los perjuicios causados por las actividades hidrocarburíferas en Loma de la
Lata.
Luego del fallo judicial la
petrolera deberá cumplir los puntos pactados, entre ellos, remediar el costo
de los daños ambientales y culturales ocasionados en la zona.
El objeto de la demanda por
daños y perjuicios presentada en el juzgado civil 4, a cargo de la jueza Julia
Buisson de Baggio, Repsol-YPF pretendía rescindir el acta acuerdo firmada
en setiembre de 2000 con las comunidades Paynemil y Kaxipayin.
La empresa argumentó que
las comunidades no cumplieron el plazo establecido en el acta para
presentar los resultados de un estudio sobre la contaminación
hidrocarburífera y solicitó que las comunidades repusieran a la firma el
dinero invertido para ese fin, dando por concluido el acuerdo.
En su fallo, Buisson de Baggio
tomó en cuenta que la empresa tampoco presentó su informe técnico
dentro de los plazos establecidos.
El acta de setiembre de 2000,
modificaba un acta previa donde las comunidades mapuches autorizaron a
Repsol a realizar distintos trabajos en sus territorios. En el nuevo convenio,
ambas partes acordaron realizar dos estudios paralelos para determinar el
impacto ambiental producido por la actividad petrolera en esas tierras, para
lo cual fijaron un plazo máximo de 9 meses.
El representante legal de los
mapuches, Mariano Mansilla, indicó que Repsol se apuró para rescindir el
contrato recién cuando terminaron los trabajos en las tierras mapuches, y
recalcó que, en el acta acuerdo que dio origen a esta demanda, "por
primera vez una petrolera reconoce el daño cultural causado por la
contaminación del ambiente".
"Esto sienta un antecedente a
nivel mundial para los pueblos originarios, y también es un antecedente
desde el punto de vista de los reclamos por el medio ambiente", sostuvo
Mansilla, "al ganarles este juicio queda vigente el acta acuerdo".
El abogado recalcó que "con
este fallo a favor, estamos más cerca de ganar el juicio grande" en
referencia a una demanda presentada por los mapuches para que la
petrolera pague por la remediación de los daños causados, tal como se
planteaba en el acuerdo.
La demanda presentada por
las comunidades, que también es tramitada en el juzgado 4, exige a Repsol
el pago de 450.000 dólares para contrarrestar los daños ambientales
certificados en los estudios que hicieron ambas partes.
"Ahora la discusión va a ser
por los montos", señaló Mansilla, "porque el estudio de la empresa valúa la
remediación en tres millones de dólares".
El acuerdo firmado entre el
gobierno nacional y Repsol pone fin a dos años de disputas luego de la
expropiación de la empresa pero también frena cualquier tipo de reclamo
del estado por el pasivo ambiental de la empresa española durante su
gestión en el país. Sin embargo, no ocurre lo mismo con ciudadanos y
organizaciones sociales y ambientales, quienes, presentando pruebas,
todavía pueden iniciar reclamos legales.
Mientras que todavía existen
dos causas abiertas en la Corte Suprema por el pasivo ambiental, expertos
ambientales y legales aseguraron que YPF, Repsol, el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales podrían ser sujetos de demandas por el pasivo
ambiental causado por la empresa española, el cual se estima en más de
US$ 6.000 millones.
"Al firmar el acuerdo con
Repsol, YPF le quitó al gobierno su derecho para reclamar una
compensación por el pasivo ambiental. Fue un error y un mal precedente
legal ya que el Estado actuó a través de una empresa. Sin embargo, toda
persona afectada por el daño ambiental y que tenga pruebas puede
presentar un reclamo en cualquier juzgado", afirmó Andrés Nápoli, Director
Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Tanto Argentina como Repsol
renunciaron a "promover cualquier reclamo extrajudicial, administrativo,
judicial y/o arbitral en el futuro en cualquier fuero o jurisdicción nacional,
extranjera o internacional", de acuerdo al acuerdo firmado entre las dos
empresas. Sin embargo, el problema parece estar lejos de terminar.
Dado que el daño ambiental
no prescribe y es de carácter colectivo, ya que afecta a un número
indeterminado de personas, en la medida que haya evidencia de daño
ambiental, puede haber nuevos reclamos contra el gobierno nacional,
gobiernos provinciales, YPF y Repsol.
Enrique Viale, Presidente de la
Asociación de Abogados Ambientalistas, reveló que actualmente existen dos
causas analizadas por la Corte Suprema acerca del daño ambiental causado
por Repsol, una de las cuales fue iniciada por él contra Repsol, YPF, el
gobierno nacional y gobiernos provinciales. "Nuestra causa está
actualmente en la Corte Suprema, pero no hubo avances en el último
tiempo. La Constitución Nacional establece en su artículo 41 la obligación de
compensar por daño ambiental recuperando el área afectada o pagando una
compensación monetaria si el área no se puede recuperar", afirmó Viale.
La segunda causa fue
presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA)
contra YPF y otras empresas como Chevron por daño ambiental en Neuquén
en la década de 1990. La investigación se basa en un informe de las
Naciones Unidas que aseguró en 1997 que el 65% del territorio de Neuquén
había sido afectado por perforaciones petroleras.
"El informe estima un pasivo
ambiental de US$ 900 millones y por eso el gobernador de Neuquén de
aquel entonces declaró la emergencia ambiental en la provincia. Fue la
primera vez que una provincia en Argentina hacía algo por el estilo" afirmó
Fernando Cabrera, miembro del Observatorio Petrolero Sur (OPSUR).
La decisión del gobierno de
renunciar a un futuro reclamo por el pasivo ambiental de Repsol contradice
con declaraciones previas del Ministro de Economía Axel Kicillof, quien
aseguró que la empresa española "va a tener que pagar por el daño
ambiental" al hablar en una audiencia en el Senado luego de anunciar la
expropiación.
En junio de 2012, el gobierno
nacional presentó el Informe Mosconi, el cual hace un balance de la gestión
de Repsol en Argentina de 1990 a 2012. En el informe, Argentina acusa a
Repsol de falta de inversiones en el país, lo que llevó no sólo a una caída en
la producción de gas y petróleo, sino también por la no implementación de
un plan de manejo ambiental.
"Los desechos no fueron
manejados apropiadamente, numerosos pozos no fueron sellados y las
piletas no fueron limpiadas, lo que llevó a que numerosos químicos se
filtraran a través de las napas y contaminaran el agua a la que acceden los
ciudadanos", sostuvo Cabrera.
El informe fue una
herramienta política usada por el gobierno para aumentar las críticas a
Repsol en momentos de tensión con la empresa. Debería ser rescrito y el
gobierno debería ir a verificar la contaminación en las áreas que
supuestamente se vieron afectadas.
Luego de la publicación del
"Informe Mosconi", varias provincias como Santa Cruz, Chubut y Neuquén
sacaron a la luz sus propios informes ambientales en los cuales dan cuenta
del pasivo ambiental de Repsol en sus provincias. El Ministro de Energía de
Neuquén, Guillermo Coco, aseguró que el pasivo ambiental era de US$
1.500 millones, mientras que el gobierno de Santa Cruz afirmó que 1.700
de las 5.000 piletas de desechos tóxicos no fueron debidamente tratadas.
Luego de la publicación del
informe, varios gobernadores desempolvaron informes ambientales que
antes habían sido escondidos donde se detalla el daño ambiental. Algunos
calculan que el pasivo de Repsol alcanza los US$6.000 millones pero creo
que es mucho más.
La contaminación que deja
Repsol incluye miles de pozos mal saneados y abandonados. El 28 de junio
de 2012, el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación confirmó que el lago los Barreales contenía
hidrocarburos muy por encima (50 veces más) del máximo permitido para
realizar actividades acuáticas y que no era apta para consumo humano,
señaló un comunicado Mapuche.
El lago Barrales, en Neuquén
abastece a la ciudad de Cutral Co y Plaza Huincul. Sin embargo, a pesar de
que la justicia condeno a la petrolera, ni el gobierno provincial, ni el
nacional presionaron a la petrolera para que se haga cargo de los daños
ambientales provocados. Es que la principal preocupación del gobierno
kirchnerista, es vender la imagen al resto de las petroleras de que
Argentina respeta las leyes y tiene seguridad jurídica. Por si no lo sabían,
las empresas petroleras que explotan yacimientos en distintos lugares del
mundo, tienen expertos economistas y en inversiones, que saben muy bien
que nuestro país está gobernado por improvisados e incoherentes
funcionarios que poca seguridad brindan a los inversores con sus marchas y
contramarchas y no darán nunca pasos en falso, salvo con "arreglos" como
el de Chevron, donde la empresa hace lo que quiere sin respetar la
legislación nacional. ¿Y la soberanía dónde está?
No hay que olvidar que la
multinacional Chevron acaba de aterrizar en el país y ya se alzó con el
permiso para explotar los hidrocarburos de Vaca Muerta a través del
"fracking" o fractura hidráulica. Chevron llega al país huyendo de la justicia
ecuatoriana después de negarse a pagar los daños ambientales provocados
en ese país.
¿La Presidenta Kirchner y su
socio Sapag (gobernador de Neuquén) seguirán el camino de Chevron, que
evitó pagar sus responsabilidades sobre la tragedia ambiental y cultural que
generó en la amazonia ecuatoriana?
Todos estos interrogantes
hacen necesario que pidamos explicaciones a través del presente pues es
una obligación que un recurso natural, que es patrimonio de la ciudadanía
sea tratado en forma trasparente. No puede haber cláusulas secretas, no
debe haber segundas intenciones, y menos aún marchas y contramarchas
como nos tienen acostumbrados los representantes del partido gobernante.
No podemos hipotecar el futuro de los argentinos. Este gobierno terminará
su mandato y vendrán otros y no es justo dejar condicionadas a futuras
administraciones por acciones del actual gobierno que esconde datos y
acciones.
Por todo ello, Sr. Presidente,
es que solicitamos la aprobación del presente Pedido de Informes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MARTINEZ, JULIO CESAR | LA RIOJA | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |