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ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 131
Secretario Administrativo DRA. FERREIRO MARÍA CECILIA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2119 Internos 2119/18
ceycombust@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0370-D-2016
Sumario: COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA PARA EL ANALISIS, EVALUACION E INVESTIGACION DE HECHOS REFERENTES A IRREGULARIDADES Y POSIBLES ILICITOS COMETIDOS EN EL AMBITO DEL SECTOR PRIVADO O PUBLICO ESPECIALMENTE REFERIDO AL VACIAMIENTO DE REPSOL YPF S.A. CREACION EN EL AMBITO DE LA H. CAMARA.
Fecha: 04/03/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 4
1°) Crear en el ámbito de la Cámara
de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora que tendrá como
objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos referentes a irregularidades
y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público, y la relación
de complicidad y/o falta de control por parte de los diferentes organismos
competentes del Estado en lo relativo al vaciamiento de Repsol YPF S.A.
En especial la comisión deberá
avocarse a:
a) Analizar las posibles violaciones u
omisiones de un actuar diligente en cuanto a los mecanismos de control de
reservas de hidrocarburos, la especulación financiera de la compañía y la
manipulación de los balances que han sido aprobados por funcionarios del Poder
Ejecutivo y síndicos de la SIGEN.
b) Evaluar en términos económicos
los alcances del convenio con Repsol, así como también su eficacia y
eficiencia.
c) Evaluar la tasación impuesta por el
Tribunal de Tasación de la Nación a los efectos de determinar los alcances de
aquella, ejerciendo un control legal y financiero.
d) Proponer modificaciones a los
mecanismos de control utilizados por los distintos entes que ejercen o deben
ejercer funciones de control sobre las reservas de hidrocarburos.
e) Evaluar la actuación de los
representantes del Estado Nacional en el proceso para determinar el valor de la
indemnización a pagarle a la empresa Repsol, en virtud de la expropiación
realizada de acuerdo a la ley 26.741. Todo ello, teniendo en cuenta las maniobras
denunciadas en estas actuaciones que produjeron la descapitalización de la
empresa YPF S.A., así como también las conductas "depredatorias" en perjuicio de
las reservas de gas y petróleo, y la "manipulación" del valor de sus acciones
efectuada a los fines de provocar ad hoc "movidas financieras". Dichas acciones
fueron observadas por las autoridades de las sociedades titulares de la citada
empresa, a cuyas participaciones haremos referencia.
f) Evaluar la conducta de los Sres.
Miguel Matías Galuccio, Axel Kicillof y Carlos Alberto Zannini por la posible comisión
de los delitos tipificados en los artículos 248, 249, 265 y siguientes del Código
Penal y/o los que considere se puedan configurar en virtud de las consideraciones
de hecho y de derecho que en adelante expondré.
g) Proponer modificaciones a la
legislación que propenda a combatir eficazmente las conductas irregulares que
llevaron a la situación actual de YPF.
La enumeración precedente no es
taxativa, pudiendo la Comisión ampliar la investigación a otros casos judiciales o
extrajudiciales que tengan relación con la estructura de complicidad entre grupos
del sector privado y órganos de control del Estado, en los que se habrían
producido violaciones a normas legales vigentes.
2°) La Comisión estará conformada
por 15 Diputados a instancia de los Bloques Legislativos, respetando la
proporcionalidad política. En ningún caso, un mismo partido o bloque podrá
proponer más de 5 diputados, propiciando así la pluralidad de voces y la
representación de las minorías.
3°) La Comisión elegirá a su
presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos y dictará su propio
reglamento interno debiendo garantizarse la plena vigencia de todas las garantías
y derechos constitucionales. El reglamento interno será aprobado por el voto
afirmativo de las dos terceras partes los miembros de la Comisión.
4°) El quórum para sesionar será el
establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados. La
Comisión tomará las decisiones por mayoría absoluta de sus miembros, salvo
aquellas para las que la presente ley establezca expresamente una mayoría
calificada.
5°) La Comisión investigadora tendrá
su sede en el Congreso de la Nación. Sin embargo, podrá actuar y constituirse en
cualquier lugar de la República Argentina o de otros países.
6°) A los efectos de poder desarrollar
su tarea de investigación, la Comisión tendrá las siguientes facultades y
atribuciones:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre
los hechos que son objeto de la investigación.
b) Requerir y recibir declaraciones
testimoniales, y efectuar careos cuando se lo considere necesario.
c) Solicitar al juez que por turno
corresponda el auxilio de la fuerza pública en los casos de citación a testigos
renuentes a declarar.
d) Realizar inspecciones oculares,
debiendo dejarse constancia de sus resultados.
e) Solicitar informes escritos u orales,
y el envío de documentación sobre los hechos que sean objeto de investigación a
los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de la administración pública
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o municipal, o de
entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos, así como
también a toda persona jurídica de existencia física y/o ideal. La Comisión podrá
establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.
f) Denunciar ante la justicia cualquier
intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios
relacionados con el curso de la investigación.
g) Ordenar la realización de pericias
técnicas.
h) Conocer el estado de las causas
judiciales relacionadas con los hechos investigados y requerir la remisión de
expedientes judiciales y administrativos, o en su defecto copia certificada de
aquellos. Si los instrumentos o documentación remitida correspondieran a un
expediente judicial en secreto de sumario, se tomarán los recaudos necesarios
para su garantía.
i) Requerir al juez competente el
allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u
otra clase de prueba vinculada a la investigación.
j) Requerir al juez competente la
intervención de comunicaciones telefónicas o el secuestro o retención de
documentación que pudiera tener relevancia para la investigación.
7°) Toda la documentación recibida
por la Comisión será tratada acorde a la clasificación de seguridad con que viniera.
Asimismo, se considerará "documentación" -además de los escritos producidos o
recibidos por la Comisión- a todo impreso, fotografía, película cinematográfica o de
video, discos o cintas de computación, material digital, grabaciones o discos
fonográficos y, en definitiva, todo derivado del empleo de un medio físico de
grabación.
8°) Los requerimientos al juez de
allanamientos, secuestros o intervenciones telefónicas deberán ser decididos
mediante el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión
investigadora y fundados en pruebas que demuestre la existencia de un hecho
vinculado directamente con el fin de la investigación.
9°) La Cámara de Diputados proveerá
la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de
las funciones de esta comisión especial de investigación.
10°) La Comisión deberá elevar un
informe a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados
dentro de los 180 días contados a partir de su constitución, pudiendo emitirse
informes parciales sobre los avances de las investigaciones. El plazo de duración
de la Comisión investigadora podrá prorrogarse por resolución de esta
Cámara.
El informe final precisará las
responsabilidades que pudieran emerger de la investigación procediendo, en caso
de advertirse la posible comisión de delitos, de acuerdo a lo establecido en el
siguiente artículo. Asimismo, deberá sugerir las modificaciones normativas que
estime conveniente como consecuencia de la investigación llevada a cabo.
El informe será dado a publicidad por
los medios que la Comisión estime pertinente.
Sin perjuicio de lo establecido
precedentemente, la Comisión procederá a informar a esta Cámara, en el
transcurso de su desempeño, sobre todo aspecto que considere necesario.
11°) La comisión deberá formular la
correspondiente denuncia ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de
prueba recopilados, si como consecuencia de la investigación se advirtiera la
comisión de actos que pudieran considerarse delictivos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce el
expediente N° 293-D-2015 de mi autoría.
1- Análisis de la Cuestión
Planteada
En el año 2006, junto con la entonces
diputada Nacional Fabiana Ríos, presentamos una denuncia penal -ante el Juzgado
Federal a cargo de Ariel Lijo- solicitando que se investigue el vaciamiento de la
empresa Repsol YPF y que se indague si la compañía petrolera cometió los delitos
de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros. En igual
sentido, en dicha presentación solicitamos que se investigue la posible comisión de
los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público - ante la
ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía- y de evasión fiscal.
En nuestra denuncia advertimos que,
de acuerdo a información que ya había tomado estado público, las reservas
petroleras de la República Argentina habían sufrido una importante disminución a
través de los años, sin que esto responda a ningún parámetro objetivo de
medición que lo justifique y sin que los representantes del Estado Argentino hayan
tomado medidas al respecto.
Dijimos, entonces, que en nuestro
país, anualmente, se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso
llamara la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana, y que esta
circunstancia ponía de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de toda
la cadena hidrocarburífera, así como también de las exportaciones que se realizan
de dichos productos.
En tal sentido señalamos, luego de
hacer un recorrido cronológico de los disímiles valores de las reservas de petróleo
y gas natural -consignados sucesivamente-, que existía un claro indicio de
manipulación de datos en la producción estadística concerniente a las reservas
certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin causas
racionales de tales reservas.
En este sentido, es dable recordar
que en mi intervención en el recinto al momento de aprobarse la expropiación de
la compañía señalé que la compra de parte del paquete accionario de YPF por
parte del grupo Petersen, que fue presentada desde el gobierno argentino como
"un paso a la nacionalización" del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la
salida de Repsol YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba
desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en
Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y
precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol
YPF era el líder.
De acuerdo a lo expuesto, a través de
las denuncias efectuadas ante la justicia federal, pusimos de manifiesto la
realización de negocios financieros por parte de Repsol y la "preparación del
terreno" para el retiro de la misma de la República Argentina una vez que el
vaciamiento de YPF no dejara otra alternativa que el retiro de la empresa española
y la "reacción argentina".
En la actualidad, a más de un año de
la expropiación nos encontramos ante un preacuerdo por el cual el Estado
Argentino indemnizaría a Repsol sin ajustarse a las prescripciones legales que
deben ser observadas a los fines de determinar si corresponde el pago. Tampoco
se brinda información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se
destinarán al pago del resarcimiento a una empresa cuya actuación se encuentra
cuestionada.
Es importante que este Honorable
Congreso de la Nación Argentina indague y se comprometa a determinar si Repsol
realizó, en complicidad con el Ejecutivo Nacional, maniobras tendientes a vaciar y
descapitalizar YPF, perjudicando de esta manera al Estado Argentino. Esta
circunstancia se acentuaría con el posible pago de una indemnización millonaria a
la empresa que generó los perjuicios que describí largamente en mis
presentaciones ante la Justicia.
Ante la situación planteada, es posible
conjeturar que si la Justicia argentina y nuestro Parlamento hubiesen investigado
el vaciamiento denunciado desde 2006, hoy no nos encontraríamos ante el pago
millonario con dinero de todos los argentinos a una empresa depredadora de
nuestros bienes y recursos.
1. a- El valor de la expropiación. Los
incumplimientos a las leyes 21.499 y 26.741
En este punto -y ya para analizar las
falencias en el proceso llevado a cabo con el objeto de determinar el monto con el
cual se indemnizará a Repsol- consideramos preciso hacer un análisis de las leyes
que regulan la expropiación de YPF en particular, y el régimen de las
expropiaciones en general.
La ley 26.741 fue sancionada y
promulgada en el mes de mayo de 2012 con el ambicioso título "De la Soberanía
Hidrocarburífera de la República Argentina". Esta ley declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el 51 % de las acciones de la empresa YPF S.A.
pertenecientes a Repsol YPF S.A. El mismo cuerpo normativo determina, en su
artículo 12, que la tasación de los bienes sujetos a expropiación debe ser
efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Sin embargo, a un año y medio de su
sanción, encontramos que partes fundamentales de la ley son letra muerta, puesto
que la determinación de la cuantía de la indemnización podría establecerse sin
tomar en cuenta las disposiciones contempladas en este cuerpo legal. De esta
manera, la empresa Repsol sería premiada con una indemnización cuyo valor se
determinará sin la intervención del organismo facultado a tal efecto.
En mi opinión, el pago de una
indemnización a Repsol constituiría un enriquecimiento sin causa en virtud de las
estratagemas realizadas que posibilitaron la descapitalización y el vaciamiento que
se describieron largamente en esta actuaciones y sobre las que volveré a
explayarme a lo largo de la presente.
Volviendo a la letra de la ley, como ya
expresamos, el valor de los precios de los bienes sujetos a expropiación debe ser
determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuya misión es establecer
valores objetivos para la adquisición, enajenación, locación o registro contable de
bienes, ante el requerimiento del Poder Judicial de la Nación o de organismos
municipales, provinciales, nacionales, binacionales o multinacionales de los cuales
el Estado Nacional forme parte, para sí o para aquellos entes a los cuales
supervisan, controlan o auditan (1) .
Sin embargo, lejos de determinarse el
precio en forma transparente y con la debida publicidad con la que debe tratarse el
manejo de los fondos públicos, nos encontramos ante una negociación que se
realiza en penumbras, sin que la población pueda conocer las condiciones en las
que se le pagará a la empresa corresponsable junto a la administración
kirchnerista del vaciamiento y la depredación de YPF.
En tal sentido, es indispensable tener
en cuenta que, a pocos días de concretarse la indemnización, no se conoce el valor
establecido por el Tribunal de Tasaciones y ni siquiera se sabe a ciencia cierta si
este organismo ha intervenido en una valuación en la que debe participar por
mandato legal.
Nos encontramos, entonces, ante un
claro apartamiento de la normativa dictada hace poco más de un año para el caso
particular que nos ocupa, coyuntura que, a nuestro entender, reviste una inusitada
gravedad. Como es del conocimiento de la vasta ilustración de esta Cámara de
Diputados, no es potestad del Poder Ejecutivo apartarse del imperativo establecido
por la ley y, mucho menos, es su facultad determinar los parámetros de la cuantía
de la indemnización con la que se "premiará" a Repsol.
Una clara muestra de la inobservancia
por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo de la normativa de aplicación fue
la declaración del propio Ministro de Economía, Axel Kicillof, quién insólitamente se
amparó en cuestiones de confidencialidad para no dar detalles del preacuerdo
alcanzado por Repsol para indemnizar a la compañía española por la expropiación
de las acciones que poseía. Estas declaraciones muestran a las claras los
parámetros con los que se manejó la relación con Repsol desde 2003 hasta la
fecha, siendo aquellos la falta de publicidad en el manejo de los fondos de los
argentinos, la impunidad de la empresa española para manejar recursos naturales,
la inobservancia de la normativa y la falta de un control efectivo por parte del
Estado Argentino.
En este mismo sentido, diversos
medios de comunicación dieron cuenta en los últimos días que, según una
propuesta del Ministro de Industria español, a los fines de facilitar el proceso de
justipreciar la indemnización por la expropiación de Repsol, la empresa española
nombraría un banco de inversión e YPF designaría otro para facilitar el proceso.
Esta operatoria no sólo se aparta de lo preceptuado por la ley 26.741, sino
también de toda la normativa aplicable al régimen de las expropiaciones.
De esta manera, la ley 21.499
establece que, en los casos de no haber acuerdo acerca del valor de los bienes que
no sean inmuebles, deberá sustanciarse a través de peritos que deben ser
sorteados en la instancia judicial. Entonces, de acuerdo a la legislación argentina,
las entidades bancarias no pueden determinar el valor de la indemnización que se
pagará. Asimismo, tampoco puede hacerlo el Poder Ejecutivo por más que proceda
la instancia jurisdiccional internacional porque, de hacerlo, implicaría apartarse de
la normativa que regula el procedimiento en nuestro país.
En cuanto a la expropiación -y a los
efectos de sostener doctrinariamente nuestra denuncia- cabe recordar que se
entiende por expropiación al "(...) medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene
que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad
pública...". (2)
La expropiación es un procedimiento
extraordinario y de excepción. Por lo tanto, no puede ser utilizado como un medio
de especulación oficial ni de enriquecimiento injusto, de ahí que no se puede lucrar
con el beneficio que se obtenga. El beneficio pecuniario o la especulación
financiera, que resulta evidente este caso, no quedan incluidos en el concepto de
utilidad pública. (3)
De lo expuesto precedentemente se
desprende que nos encontramos ante incumplimientos de la formalidad establecida
por la legislación que profundizan la matriz de vaciamiento descripta en la presente
denuncia, lo cual debe ser investigado por la justicia.
1. b- El cambio de posición del
Gobierno Nacional. Los roles de Galuccio, Kicillof y Zaninni. La intervención de
Felipe González
Como es de dominio público, el
Gobierno Nacional celebró pomposamente la "nacionalización" de YPF. En efecto,
los discursos oficiales reivindicaron la soberanía nacional además de fustigar
largamente la gestión de Repsol al frente de la petrolera argentina.
Además, el actual Ministro de
Economía, Axel Kicillof, según una información publicada el lunes 23 de abril de
2012 en el diario La Nación -días antes de la sanción de la ley 26.741-, aseguró
que una vez que intervenga el Tribunal de Tasaciones, el Estado Argentino nada
debería pagarle a la empresa española.
Cabe preguntarse, entonces, cómo es
posible que a sólo diecisiete meses de la afirmación del Ministro haya habido un
cambio tan radical en la postura del Gobierno Nacional sobre este tema. Asimismo,
también resulta difícil de comprender cómo el Gobierno Nacional cambió de
posición, puesto que antes decía que no se le iba a pagar a Repsol -alegando que
no correspondía hacerlo- y ahora pretende pagarle 5 mil millones de dólares sin
observar los procedimientos establecidos por una ley sancionada hace poco más
de un año.
Como señalaron diversos medios de
comunicación y como informó un comunicado oficial -enviado desde la casilla de
mail del Ministerio de Economía- los negociadores argentinos, a los fines de
establecer el valor de la indemnización a Repsol, fueron el Ministro de Economía,
Axel Kicillof, y el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini,
quienes en el edificio de la empresa -ubicado en Puerto Madero- cerraron el
principio de acuerdo con la petrolera española.
Según ratificaron en YPF, el CEO de la
petrolera, Miguel Galuccio, estuvo ajeno a la propuesta económica. Sin embargo,
tuvo un rol muy activo en las negociaciones. En octubre de este año se reunió con
el ex presidente español Felipe González, quien en la actualidad es lobbista de Gas
Natural FENOSA (GNF) -empresa en la que tiene participación el magnate
mexicano Carlos Slim-, en ocasión de la visita del ex socialista a nuestro país. Es
dable señalar que GNF tiene intereses en común con YPF, puesto que Caixa tiene
el 35,3% de sus acciones y, a su vez, el 13% de Repsol.
A fines de aquel mes Galuccio viajó a
España donde se reunió con el Ministro de Industria, José Manuel Soria, y
prometió a la prensa una solución antes de fin de año. Soria, en estos días, llegó a
nuestro país a cerrar el acuerdo junto a directivos de Repsol, de La Caixa y de la
mexicana Pemex, también inversora en la petrolera española.
Galuccio insistió en una compensación
a Repsol para evitar litigios y favorecer la llegada de inversiones privadas en el
reservorio Vaca Muerta. Kicillof, en cambio, pugnaba por no pagar más de lo que
dictara el Tribunal de Tasación, que nunca se expidió.
Al final, el Gobierno pagará con títulos
públicos. Según allegados a Repsol, entregará U$S 5.000 millones en "activos
líquidos". Esa es la pretensión de la ex controlante de YPF. El Gobierno argentino
no confirmó el monto. Pagará con bonos líquidos en el mercado, pero resta saber
por cuánto y a qué plazo.
Pragmático, Kicillof emitirá deuda
para pagarle a Repsol más de lo que, en principio, quería. Pero liberará así
inversiones para desarrollar Vaca Muerta de una vez por todas. Cierra así las
desventuras del Gobierno con YPF, cuya gestión primero nacionalizó con un socio
local que entró casi sin poner plata (la familia Eskenazi) y cuatro años después
estatizó.
Para cerrar este círculo que le
brindaría sustento al giro de 180 grados operado con el gobierno, es preciso
resaltar que la empresa mexicana PEMEX (Petróleos Mexicanos) ha demostrado en
los últimos meses un pronunciado interés en participar de la explotación del
yacimiento de Vaca Muerta. Cabe recordar que Repsol inició acciones legales
contra Chevron por haber negociado con YPF la explotación conjunta de Vaca
Muerta porque seguía considerándose legítima dueña de la petrolera
argentina.
En este sentido, autoridades de la
empresa mexicana mostraron interés de asociarse con YPF para explotar Vaca
Muerta e, incluso, se barajó la posibilidad de entablar una relación tripartita entre
Pemex, YPF y Repsol. Pero todas estas intenciones se ven imposibilitadas si avanza
el juicio que Repsol le inició a YPF, coyuntura que impediría la explotación del
yacimiento. Es preciso recordar que Pemex es socio de Repsol por lo que la propia
petrolera española podría tener injerencia en la explotación del yacimiento
argentino que más interés ha generado.
Esta compleja trama de
multimillonarios intereses empresariales podría ser uno de los motivos del abrupto
cambio de postura del gobierno, incluso de los integrantes del núcleo más duro del
gobierno como Axel Kicillof. Considero que la inminencia de un negociado
millonario como el señalado explicaría, además, la premura por indemnizar a la
empresa y el apartamiento de los procedimiento establecidos por la ley.
Por ello, es necesario que este
Honorable Congreso de la Nación Argentina investigue la actuación de los
funcionarios argentinos Miguel Galuccio, Carlos Zannini y Axel Kicillof en esta
trama ya que considero que en ella se podría haber incurrido en negociaciones
incompatibles con la función pública.
1. c- El valor de las acciones de
YPF
Otro aspecto a tener en cuenta es
que el valor de las acciones de YPF alcanzó en los últimos meses su techo,
superando largamente el coste que tenían al momento de la expropiación y en los
meses subsiguientes.
Considero que esta coyuntura
también es perjudicial para el erario público, puesto que el cálculo del valor de la
indemnización -en el cual el precio de las acciones es trascendental- debió haberse
realizado al momento de la expropiación cuando aquellas estaban muy por debajo
del valor actual.
Más allá de poseer elementos que me
permiten arribar a la conclusión que Repsol no puede ser acreedora de alguna
indemnización -en virtud de las maniobras de vaciamiento llevadas a cabo con el
aval de la administración kirchnerista, por acción u omisión-, el pago de una
compensación tomando las acciones con un valor muy superior al del momento de
la expropiación, también constituye un perjuicio para el Estado Argentino y un
enriquecimiento sin causa para Repsol, cuyos responsables deben ser investigados
por la justicia.
Por lo tanto, podemos afirmar que
nos encontramos ante el último acto de la tragedia cuyo argumento es el
vaciamiento y descapitalización de la empresa YPF, con las funestas consecuencias
que ello trae para la política energética en nuestro país.
Tal como se señaló en la denuncia
oportunamente presentada y en las respectivas ampliaciones de aquella, la
empresa Repsol llevó a cabo -en complicidad con el gobierno que asumió en el año
2003- una política que culminó con el agotamiento y la entrega de los recursos
naturales petroleros. Considero que esta política forma parte de una estratagema
pensada y diseñada cuyos responsables deben ser investigados por la justicia a los
fines de deslindar responsabilidades.
Como conclusión de este proceso, nos
encontramos ante el supuesto pago de una indemnización -a la cual se llega sin
cumplir con los pasos establecidos por la ley vigente- con la posible intervención
de actores del sistema financiero elegidos a dedo y, básicamente, sin poder
establecer los fundamentos que llevan a determinar los motivos por los cuales el
Estado Argentino le pagaría a Repsol la suma de 5 millones de dólares. Dicha
circunstancia se transformaría en un enriquecimiento sin causa de Repsol, en
virtud de los numerosos incumplimientos en los que ha incurrido la empresa
española.
2- Antecedentes
A mayor abundamiento, es
importante hacer un análisis de los antecedentes que concluyeron en la
expropiación y en la posterior negociación con Repsol YPF.
En el año 2006 -durante el
tratamiento de la ley 26.154 que estableció regímenes promocionales por plazos
de 15 años para la exploración y explotación de hidrocarburos a empresas que se
asociasen con Energía Argentina S.A. (ENARSA)- advertimos en esta Cámara de
Diputados sobre varias cuestiones relacionadas con el tema.
La crisis energética, el cambio
climático, la crisis mundial que se avizoraba para el año 2010 y su implicancia en
materia energética fueron objeto de mi intervención en el recinto.
En aquella oportunidad hicimos
referencia especial al rol de Repsol YPF en nuestro país, explayándonos respecto
de circunstancias graves y preocupantes que debían ser de conocimiento de todos,
pero de lo que, sin embargo, no se hablaba. Advertimos sobre la desinversión que
Repsol realizaba en su filial Argentina; que su actividad en nuestro país se trataba
de un negocio financiero y no petrolero; sobre sus engaños al declarar reservas
probadas cuando en realidad eran probables; y sobre la utilización de la renta
extraordinaria obtenida en nuestro país para invertirla en sus exploraciones en el
exterior. Todas estas cuestiones, como lo señalamos entonces, ya habían sido
denunciadas ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
A continuación nos permitimos
transcribir la citada intervención -correspondiente a la Sesión Ordinaria del 13 de
septiembre de 2006- que resultó reveladora de lo que se anunciaba, más que
como probable como inevitable, si no se tomaban medidas que permitieran
desandar el camino que se había emprendido con la privatización de nuestra
petrolera de bandera.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA
AVELINA.- "Señora presidenta: ojalá pudiéramos analizar y saber lo que va a
suceder en el mundo en los próximos diez o quince años, sobre todo si tenemos en
cuenta las tres crisis que se están desarrollando: la crisis por el cambio climático,
que tendrá consecuencias ecológicas impensadas para el planeta; la crisis
energética, que no es sólo un problema de la Argentina sino mundial y que va a
vivir esta generación -porque está previsto que en 2010 la crisis estará en su
plenitud-, crisis que además en este momento está desencadenando el mayor
conflicto geopolítico mundial en Medio Oriente, porque es el lugar donde está la
mayor cantidad de reservas; y la crisis de confianza en la moneda mundial, que es
el dólar.
De modo tal que no estamos en una
situación de franca estabilidad, de civilización; no estamos en un momento de
petróleo barato. Por el contrario, estamos en un momento de crisis mundial
enorme, y en este contexto la Argentina forma parte quizás del único continente
que puede ser el emergente de un panorama estable en los próximos veinte años -
depende de cómo actúe-, que es precisamente Sudamérica.
Pero Sudamérica va a poder estar
alejada de ese conflicto estratégico mundial y va a poder resolver algunos temas
energéticos centrales y de cambio climático si resuelve en conjunto y en el
continente tres cuestiones centrales: la reserva de los recursos naturales, la
reserva de los recursos energéticos y una política conservadora -diría yo- en esta
materia. Cuando se tiene tan cerca una crisis de escasez, los países que no son
exportadores -porque no tienen sobreabundancia- sino sólo productores, deben
regular sus recursos, porque justamente conservar lo que se tiene es la política
estratégica correcta de cara al futuro.
La Argentina -ya se sabía en la
década del noventa, y de allí la diferencia entre nuestro país y Brasil- actúa
exactamente al revés que los países más serios del mundo que tienen estrategias.
Brasil, sin petróleo, tiene a Petrobras y se extiende por América del Sur. Los
mismos actores que entregaron YPF ahora entregan la exploración de la
plataforma. Entendemos para qué se creó ENARSA, y por eso nosotros votamos en
contra. ENARSA es el instrumento jurídico al servicio de esta nueva entrega.
Tomemos el gran problema del campo energético argentino. Nosotros hemos
entregado la petrolera estatal mientras ningún otro país de la región lo hizo, y
Chile tampoco entregó el cobre. Nuestro país hoy padece un problema aún mayor:
en materia de energía el mercado es monopólico. El 60 por ciento del gas y el 45
por ciento de los hidrocarburos pertenecen a una sola empresa: Repsol. Entonces,
nos preguntamos: si esa empresa obtuvo la mayor renta petrolera en los últimos
años, ¿por qué no invirtió en exploración?
Recordarán los señores diputados que
en enero tomamos conocimiento de que Repsol había notificado a la Bolsa de
Nueva York la disminución, en un 25 por ciento, de sus reservas en la Argentina y
en el resto de América Latina, y tal cuestión dio lugar a una demanda de parte de
todos los que habían invertido en esas acciones. Al leer esa demanda queda en
claro qué es lo que hizo Repsol. Es cierto que determinó como reservas
comprobadas las que eran probables, pero el gran problema que se planteó -que
hicimos constar en nuestra denuncia penal- se refiere a qué había hecho Repsol,
para qué vino a la Argentina y cuál es su objetivo final. Queda claramente
establecido que Repsol hizo de la petrolera argentina un negocio financiero que
incluso le permitió subir las acciones de una manera extraordinaria en el corto
plazo. Explotó lo que había explorado YPF, y como sigue siendo una empresa
mediana en términos de la concentración mundial producto de la crisis energética,
la renta petrolera debía desligarse de su posición dominante en la Argentina para
mostrar que desarrollaba exploración en Europa.
La renta petrolera obtenida por
Repsol en la Argentina está financiando la exploración en Rusia y en África, y de
esta manera equilibra sus activos para la venta a otras grandes empresas. Como
ella tiene que usar esa renta petrolera para salir de la posición dominante en un
solo país, nosotros sancionamos este proyecto de ley para eximirla del pago de
impuestos. Esto significa que el pueblo de nuestro país está financiando las
actividades de exploración de una empresa que en nuestro país tuvo una
rentabilidad escandalosa, para que luego pueda ser vendida mejor.
Esta información no es secreta;
consta en el diario "El país", y además, en las denuncias de los inversores en
Nueva York. La coherencia es absoluta y la entrega es formidable. Todos
entendemos que estamos frente a una crisis energética local y mundial, pero
prácticamente se desarrolla la misma política de saqueo, que está llevándose a
cabo en minería. En este país hay impunidad pero no hay responsables; esto lo
tengo en claro. Quienes votaron por la entrega de YPF gobiernan la Argentina con
enorme popularidad; esto también es clarísimo.
Es cierto que hoy vamos a votar con
mucho mayor silencio la entrega pública respecto de lo que fue la privatización de
YPF. Algo así como si ya no nos importara cuánto se entregó, y entregamos el
resto. Es más, comprendo a los diputados nuevos en la Cámara, en cuanto a su ira
e indignación. Algunos hemos visto tantas cosas que ni siquiera nos queda la
indignación. No sé si algún día habrá responsables, aunque no importa; lo que sí
sé es que esta entrega es igual, por el resto, a la de YPF. (Aplausos)"
2. a- Presentación ante la Comisión
Nacional de Valores
Durante el año 2006 la suscripta,
junto con otros diputados de la CC ARI, solicitamos ante la Comisión Nacional de
Valores que se iniciara una investigación respecto de la firma Repsol YPF en
relación a que se había informado públicamente la baja en las reservas totales de
la empresa en un 25% indicando haber declarado ante la Security Exchange
Commission (SEC) reservas de petróleo y gas probadas y probables, cuando en
realidad debían haberlo hecho sólo de sus reservas probadas.
Ese 25% comprendió una baja de
52% en las reservas probadas de Bolivia y de 42% en las de Argentina, junto con
menores cantidades en Venezuela y otras áreas. Dicha situación provocó un gran
impacto en los mercados de capital.
El antecedente de todo ello fue
claramente retratado en el artículo publicado en "Resource Investor", el 27 de
enero de 2006, escrito por la Agencia Periodística del Mercosur que dice: "El
mercado bursátil se maneja en base a informaciones concretas y a expectativas.
Una información concreta es la presentación pública del balance de una empresa,
una expectativa es el anuncio de la salida al mercado de un nuevo producto, por
ejemplo. Repsol YPF obtuvo muy buenos resultados cuando anunció en forma
pública el nivel de reservas de gas de su propiedad. Las acciones, por entonces,
subieron. Es decir, trabajó sobre las expectativas.
Sin embargo, también anunció a los
accionistas la posesión de un recurso del cual no era dueño. El directorio de esta
compañía -según reflejó la prensa internacional- inscribió como propias las
reservas de gas que explota en Bolivia, cuando en ningún momento ese Estado se
las entregó.
Las autoridades de Repsol YPF
estaban urgidas para que se firme el contrato con la empresa energética LNG
Pacific, en sociedad con British Petroleum y British Gas, sin importar que se ejecute
en 50 años, debido a que el objetivo era asegurarse la anotación de las reservas
en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero como el contrato finalmente no se
suscribió, esa anotación en Estados Unidos constituiría un fraude fiscal y en Bolivia
un posible delito de estelionato, es decir, vender una propiedad que no es suya"
(la negrita nos pertenece). (4)
"Es por ello que el engaño del
proyecto Pacific LNG consistía en lograr que las acciones en la bolsa de Madrid
subiesen de 11 a 18 euros". Ello, en base a "...la complicidad de una mañosa
conversión de reservas probadas en probables..." (5) .
En el artículo escrito por Víctor Ego
Ducrot, el 30 de enero de 2006, y publicado en Cuyo Noticias -diario digital de
Mendoza- titulado ¿Quién le puede creer a Repsol YPF? se mencionó que: "...Las
afirmaciones avaladas por el titular de la compañía, Antonio Brufau, no pasan de
ser estimaciones capciosas, cuando no directamente falsas. Porque su posesión del
20 al 25 por ciento de las reservas de gas de Bolivia siempre contradijo la
legislación específica de ese país y porque en Argentina, como consecuencia del
carácter cuasi delictual de la privatización de la petrolera estatal YPF, a principios
de la pasada década del '90, Repsol YPF jamás informó fehacientemente acerca de
las reservas petroleras y gasíferas de este país.
Esta falta de información le valió al
Estado argentino el desconocimiento acerca de su actualidad y potencial
energético y, además, el sometimiento a una realidad comercial y financiera
inédita en el sector petrolero mundial, cual es aceptar que una operadora privada -
en este caso Repsol YPF- deje de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido
por sus exportaciones.
Este sistema hizo que Argentina -un
país no petrolero- exportase petróleo a expensas de su capacidad de desarrollo y
sólo para permitirle a Repsol YPF la obtención de una renta preferencial fuera de
casi todo contralor fiscal..." (La negrita nos pertenece).
Desde entonces, se ha hecho
evidente que Repsol tiene mucho más interés en el negocio financiero que en la
exploración. Así consiguió, con la declaración incorrecta de reservas probadas
(donde incluía las probables), que sus acciones en la Bolsa de Valores de NY
subieran de U$S 10 a U$S 30 por acción, es decir, una ganancia financiera del
300%.
En tal sentido, como ya fue señalado,
en el año 2006 también realizamos una denuncia penal en contra la empresa
Repsol YPF ante los tribunales federales -la que dio origen al inicio de la causa N°
3518/2006, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 4, Secretaría N° 7- para que se investigara si la compañía petrolera
cometió los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre
otros, además de solicitar que se investigue la posible comisión de los delitos de
incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado
en su ejercicio de poder de policía.
En dicha presentación judicial - que
continua instruyéndose- advertimos que, de acuerdo a información que ya había
tomado estado público, se podía concluir que a través de los años las reservas de
la República Argentina habían sufrido una importante disminución.
Sostuve, entonces, que en nuestro
país anualmente se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso
llamara la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana, y que esta
circunstancia ponía de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de toda
la cadena hidrocarburífera, como así también de las exportaciones que de dichos
productos se realizan.
Luego de hacer un recorrido
cronológico de los disímiles valores de las reservas de petróleo y gas natural -
consignados sucesivamente- señalamos que existía un claro indicio de la existencia
de una manipulación de los datos en la producción estadística concerniente a las
reservas certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin
causas racionales de tales reservas.
Al respecto denunciamos el siguiente
cuadro de situación:
El remanente de las reservas
comprobadas de petróleo al 31 de diciembre de 2004 alcanzaba los 368,9 millones
de metros cúbicos, y el correspondiente a las de gas natural, para igual fecha,
alrededor de 534 mil millones de metros cúbicos.
Comparación de los Horizontes de
Vida de Petróleo y Gas Natural según clasificación de reservas, al 31 de diciembre
de 2004 (en millones de metros cúbicos y años):
Fuente: elaboración propia en base a
datos de Boletín Anual de Hidrocarburos 2004, de la Secretaría de Energía de la
Nación
En igual orden, para el quinquenio
2000 - 2004 el promedio de extracción alcanzado fue de 43 millones de m3, un
10% superior al registrado durante la década del ´90 y un 12% inferior al
registrado en 1998. Incluso, si se compara el nivel de extracción de 2004 con el de
1998, la disminución corresponde al 18 %. No obstante, el horizonte de vida de
reservas petroleras disminuyó de 14 años -en 1988- (año previo a las reformas
estructurales) a 9 años -en 2004-.
La situación se reitera cuando se
analiza la evolución de las reservas certificadas de petróleo. En este caso se
observa que en 1989 tales reservas eran de 344,6 millones de m3 y al año
siguiente habían disminuido casi un 28%, registrándose 249,6 millones de m3 al
31 de diciembre de1990. Considerando el nivel de extracción de 1990, equivalente
a 28 millones de m3, no se encuentra acreditado cómo es posible que el
remanente de reservas para ese año haya caído muy por debajo de los 316
millones de m3.
En el caso del gas natural durante el
período 1980 - 1989 el nivel de extracción promedio correspondió a 18 mil millones
de m3. Durante el período 1990 - 1999 el promedio anual de extracción gasífera
alcanzó los 31 mil millones de m3, es decir, un 72% superior al registrado durante
la década anterior. Asimismo, cabe señalar que entre 1980 y 1989 la extracción
gasífera se había incrementado un 79% debido, principalmente, al ingreso del
NEUBA II a la red de gasoductos troncales que abastecen al mercado interno. Este
incremento registrado durante los años ´80 explica por qué había descendido el
nivel de extracción petrolera durante igual período puesto que la política
energética de entonces estaba orientada a otorgar mayor participación al gas
natural en la matriz de consumo energético, en particular, en el suministro a las
centrales térmicas y abastecimiento a las grandes industrias.
También puede observarse que, a
diferencia del petróleo -que alcanzó su pico de extracción en 1998-, en el caso del
gas natural la extracción todavía no ha alcanzado su "pico" y su posterior
declinación durante el quinquenio 2000 - 2004. Más bien se trataron de niveles
récord (más de 52 mil millones de m3 en 2004, un 3% superior al de 2003 y casi
17% más que el de 2000). Ello se explica por las exportaciones, las cuales se
incrementaron significativamente.
Es por esto que cuando se analiza la
evolución de las reservas certificadas de gas natural se observa que en 1989 tales
reservas eran de 743.900 millones de m3 y al año siguiente habían disminuido más
de un 22%, registrándose 579.100 millones de m3 al 31 de diciembre de 1990.
Considerando el nivel de extracción de 1990, equivalente a 23 mil millones de m3,
aquí, como en el caso de las reservas petroleras, tampoco se encuentra acreditado
cómo es posible que el remanente de reservas para ese año haya caído muy por
debajo de los 720 mil millones de m3. No obstante, al año siguiente aumentaron a
592 mil millones de m3 y volvieron a disminuir drásticamente en 1993 a 516 mil
millones de m3. A partir de 1994 el nivel de reservas certificadas se fue
incrementando hasta alcanzar un registro récord en el año 2000, con un
remanente de 777 mil millones de m3, similar al registrado en 1988: 773 mil
millones de m3. De 34 años de reservas certificadas en 1988 se pasó a apenas 10
años en 2004.
Por ello, entendimos que la presente
información era un indicio claro de la existencia de manipulación de datos en la
producción estadística concerniente a las reservas certificadas de hidrocarburos, en
particular, por la evidente caída sin causas racionales de tales reservas.
En esta misma línea de pensamiento,
otro indicador que nos permitió sustentar lo dicho es lo concerniente al consumo
nacional de gas natural registrado en 2004. Según el Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS) la demanda interna fue equivalente a 33.472 millones de m3,
representando un incremento del 8,6% respecto al consumo nacional de 2003
(30.830 millones de m3), y casi un 7,2% de aumento en relación a 2000 (31.238
millones de m3), año en que se había registrado la mayor demanda interna. De
esos 33.472 millones de m3 de gas natural consumidos en el mercado interno
durante 2004:
- El 20,7% correspondió a usuarios
Residenciales,
- El 3,3% a Comercios,
- El 1,1% a Entes Oficiales,
- El 33,5% a las Industrias (incluye
RTP-Cerri), 30,9% a las Usinas Eléctricas (incluye consumo de gas en "boca de
pozo"), apenas 9,1% al Transporte Automotor (GNC) y el 1,4% a
Subdistribuidores.
Ante esto, cabe señalar que al
analizar la extracción total de gas natural de 2004, equivalente a 52.318 millones
de m3 -considerando un consumo nacional y exportaciones de este fluido
equivalentes a 33.472 millones de m3 y 7.299 millones de m3, respectivamente,
en base a datos del ENARGAS-, no queda muy claro cuál fue el destino de los
11.547 millones de m3 restantes. En igual forma, en 2003 quedaron sin resolver el
destino de 13.082 millones de m3.
Sostuvimos que luego del análisis del
total de gas entregado por tipo de usuario durante el año 2004, la evolución de la
extracción total, demanda interna, exportación y volúmenes con destino
desconocido entre 1996 y 2004, y el discriminado de destino desconocido emerge
los siguientes interrogantes: Las exportaciones no fiscalizadas, el venteo excesivo y
la manipulación de datos por parte de las productoras para incrementar el valor de
las acciones que cotizan en bolsa.
Asimismo, de dicho análisis surge que
el Estado se había divorciado de sus funciones básicas en el sector energético. A
saber, aquellas vinculadas a la gestión, planificación, control y regulación de la
cadena energética. Todo ello, como resultado de las reformas estructurales
neoliberales iniciadas en los años 90.
Total de gas natural entregado por
tipo de usuario, año 2004 (en millones de
Metros cúbicos de 9.300 kcal y
porcentajes de participación) (6) :
Fuente: ENARGAS, 2005, en base a
datos de las Licenciatarias de Gas y Usuarios en boca de pozo (7) .
Respecto de la evolución de la
extracción gasífera para el período 1996 - 2004 (en 1996 se realizó por primera
vez la exportación de gas natural), que incluye la demanda interna, la exportación
y el volumen de extracción con destino desconocido, se destacó que en 2004 la
demanda interna representó casi el 64% de la extracción, las exportaciones casi
un 14% y los volúmenes con destino desconocido más del 22%.
La Resolución 143/98 de la Secretaría
de Energía estableció normas y límites para el control de gas aventado. Sin
embargo, también estableció excepciones determinándose, por otro lado, la
responsabilidad de parte de la Secretaría de Energía de inspeccionar, por sí o a
través de las provincias productoras, la verificación de la correcta aplicación de la
norma.
Asimismo, es de interés destacar que
el Estado obtiene parte de las ganancias de la industria petrolera mediante
regalías, impuestos a las ganancias y retenciones a la exportación.
La Constitución Nacional, a partir de
la reforma de 1994 (artículo 124), confiere la propiedad original de los recursos
naturales a las provincias productoras. En consecuencia, son las provincias las que
reciben las regalías (que representan un 12% del valor del hidrocarburo en boca
de pozo, en dólares, en función de lo estipulado por la Ley de Hidrocarburos Nº
17.319).
Por otra parte, el Estado recauda
impuestos sobre las ganancias (35%) y sobre las exportaciones (entre un 25% y
un 45%, dependiendo del precio internacional).
Los ingresos totales del Estado se
habían incrementado considerablemente -en términos absolutos- en esos últimos
años debido a la expansión de la renta total y a la introducción de impuestos a las
exportaciones; entre 2002 y 2004 se exportó, en promedio, 30,5% de la
extracción.
Sin embargo, según un estudio de la
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2005),
la participación del Estado decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004,
mientras el resto fue acumulado por firmas privadas.
Por otra parte, se destacó que la
Secretaría de Energía de la Nación, la AFIP y los organismos provinciales
pertinentes no controlaron cuánto ni cómo se extrajo sino que, simplemente, se
limitaron a "aceptar" las declaraciones juradas de los agentes productores, lo cual
sugiere que la mayor porción de ese volumen de la producción con destino
desconocido (11.547 millones de m3) se debe a exportaciones no fiscalizadas y
consumo propio no fiscalizado de productores y transportistas.
Advertimos que el acumulado para el
período 1996 - 2004 de estos volúmenes con destinos desconocidos (o
"blanqueados" vía "gas aventado" o "consumido en yacimiento") asciende a 93.062
millones de m3, es decir, el equivalente a más de 2 años y medio de satisfacción
de la demanda del aparato productivo nacional.
Asimismo, señalamos que con la
privatización de YPF el Estado perdió su instrumento clave para explotar
racionalmente los yacimientos de hidrocarburos y captar su renta para financiar el
desarrollo de fuentes alternativas de energía.
Repsol YPF era el principal titular de
concesiones de explotación gasífera concentrando en forma directa el 39,4% de
las reservas, y un 46,3% considerando las de su controlada Pluspetrol. En relación
a las reservas petroleras se replica una situación similar de liderazgo ya que esta
Petrolera concentraba en forma directa casi el 38% del crudo que se encuentra en
el subsuelo argentino, o 39,4% incluyendo las reservas petroleras de su controlada
Pluspetrol respecto a la extracción gasífera. Repsol YPF concentraba el 32,6% en
forma directa, y el 41,3% incluyendo la participación de Pluspetrol, mientras que
en la extracción petrolera concentraba en forma directa el 42,7%, incluyendo la
participación de Pluspetrol el 44,8%.
Como resultado de tal concentración
económica de reservas de hidrocarburos, del precio promedio internacional del
barril de petróleo durante el ejercicio anual 2004 (superior a los U$S 36), del costo
total de producción de un barril de petróleo situado en apenas U$S 6,1 y de los
resultados operativos acumulados en igual fecha equivalentes a U$S 2.638
millones -de los cuales el 64% provino de Argentina (Repsol YPF, 2005)- se
observa que las inversiones resultantes de tales ganancias extraordinarias
realizadas en el país se orientaron más precisamente al desarrollo de pozos
existentes, siendo que las inversiones de capital de riesgo fueron casi nulas: sólo 6
pozos de exploración (1 de gas natural y 5 de petróleo), mientras que los pozos de
hidrocarburos en desarrollo totalizaron 308 (284 de petróleo y 24 de gas natural) y
los de avanzada 65 (2 de gas natural y 63 de petróleo).
Con relación al contrabando
denunciado por Bolivia advertimos que, si bien los hechos descriptos no constituían
en sí prueba que acreditara el contrabando de Repsol en nuestro país, a nuestro
entender constituía un indicio que evidenciaba el comportamiento comercial de la
petrolera en los países donde opera.
Estos indicios -sumado al evidente
déficit en los controles estructurales, observados y señalados entonces por la
Auditoría General de la Nación (Informe A.G.N. Nro. 195/05)- constituían el
escenario propicio para el accionar contrario a las normas.
Por ello, entendimos que ameritaba
que el Estado Argentino, a través del Poder Judicial, dispusiera una investigación
tendiente a esclarecer el accionar de la empresa en nuestro país.
Dicha petición encontraba sus
antecedentes en Bolivia: Repsol concentraba en dicho país el 31.5% de los bloques
de exportación de gas a través de Andina (50% de Repsol) y de Maxus Bolivia
(100% de Repsol con sede en las Islas Caimán).
El gobierno de Bolivia estaba
investigando a una subsidiaria de Repsol, Andina, por contrabando de petróleo a la
Argentina.
Al respecto, la nota de AP del 8 de
febrero de 2006, publicada en Madrid, dice: "El gobierno de Bolivia está
investigando un supuesto contrabando de petróleo por parte de la compañía
petrolera hispano argentina Repsol YPF", dijo el nuevo directivo de la empresa
estatal del país sudamericano YPFB, en una entrevista publicada el miércoles. "El
petróleo ha sido sacado sin autorización, y para ello se ha alterado
documentación", citó a Jorge Alvarado el Diario El Mundo. "Existen signos, de
acuerdo a la Aduana, que Repsol YPF ha alterado documentos para sacar petróleo
de Bolivia sin autorización." Alvarado dijo que le había pedido a Repsol presentar
pruebas de que la alegación es mentirosa.
El 20 de febrero de 2006, en relación
a la denuncia sobre la filial de Repsol Andina, se publicaron distintos artículos -
entre los que citamos el de finanzas.com- que decía: "Bolivia investigará a Repsol
YPF por indicios de contrabando de petróleo. Es por ello, que la Aduana Nacional
(AN) de Bolivia pedirá a la Fiscalía del distrito de Santa Cruz de la Sierra la
apertura de un proceso de investigación a la petrolera española Repsol YPF,
sospechosa de contrabandear crudo y de incurrir en el delito de falsedad
ideológica".
"Nosotros vamos a denunciar a
Andina (filial boliviana de Repsol YPF) por un contrabando de 230.400 barriles (de
petróleo), por un monto de 9.215.000 dólares".
"La Aduana Nacional se constituirá en
parte civil, es decir, ayudará al fiscal a tener una visión clara y, al final del período
de investigación, el fiscal decidirá si es el caso de acusar formalmente a la
empresa Andina". "Repsol YPF llegaría a una instancia ulterior que consiste en
acusarla mediante un juez", anunció el presidente de la AN, Ricardo Alba.
El titular de la AN dijo haber
encontrado "indicios de presunta comisión de delito de contrabando" en las
operaciones de la Repsol YPF en Bolivia, entre junio de 2004 y julio de 2005.
Como corolario de lo expuesto, el 26
de febrero de 2006 se informó el pedido de captura al presidente de la filial
boliviana de Repsol en la causa donde tramitan los hechos enunciados
precedentemente.
Por otro lado, continuando con las
circunstancias preocupantes respecto de nuestro país, también denunciamos la
debilidad de los controles y la utilización irregular de las declaraciones juradas, en
tanto la ausencia de control estatal sobre los datos de producción, exploración y
exportación era tan evidente como la pérdida injustificada de reservas.
Al respecto denunciamos que, aunque
parecía increíble en la fase de desarrollo tecnológico de entonces -en la que se
podían obtener a bajo costo una variada gama de instrumentos de medición
efectiva, tanto de los volúmenes extraídos como de los posteriormente exportados-
, la información con la que trabaja el Estado -a través de su Secretaría de Energía-,
tanto para el cobro de regalías como para la evaluación del funcionamiento del
sistema, provenía de las declaraciones juradas que presentan las mismas
controladas.
Esta ausencia total de control, a
nuestro entender, se exponía cruelmente al afirmarse que la información con que
cuenta el sector público se basa en aceptar como fidedignos y en dar por ciertos
los datos suministrados unilateralmente por aquellos a quienes debería
controlar.
La "justificación" del esquema se basa
en que las declaraciones juradas son, a su vez, auditadas por firmas de control
externo las que son, a la vez, contratadas por las mismas Petroleras. Esta
autorización legal se encuentra regulada por la Resolución N° 482/98, aprobada
durante la gestión de Menem y no modificada durante la gestión de Néstor
Kirchner.
Todo ello, sumado a que el Estado no
objetó en ningún caso la información proporcionada por las empresas, ni siquiera
en los casos en que los datos proporcionados por estas eran absolutamente
inverosímiles e improbables desde el punto de vista técnico.
El Estado Argentino parece no sólo
desconocer el volumen de reservas gasíferas sino que, además, tampoco tiene
control alguno sobre el tránsito y la renta final del fluido que atraviesa su territorio.
Por otra parte, tampoco se muestra eficiente para establecer un control sobre las
ganancias por exportaciones que perciben las petroleras ni para develar la
verdadera ingeniería financiera y societaria que ostentan las compañías del
sector.
Esta descripción de la privatización
del control estatal encuentra su basamento jurídico en la Resolución N° 2057/05
del Secretario de Energía Daniel Cameron que delega en el empresariado misiones
y funciones que por ley les son propias. En dicha norma se establece el siguiente
procedimiento:
1. La información estadística y la
documentación técnica es suministrada con carácter de declaración jurada.
2. La responsabilidad de la remisión
en tiempo y forma de la misma estará en cabeza de las petroleras.
Asimismo, delega en las Compañías el
deber de proporcionar el pronóstico de producción de petróleo y gas natural. En
este sentido, lo define como "...un informe consustanciado con las hipótesis
asumidas para la determinación de dichos pronósticos, haciendo expresa
referencia a las inversiones y/o eventos relacionados, de cuya consecuencia se
deducen los pronósticos respectivos...".
La ausencia del Estado en el control
aduanero, y su consecuencia lógica de contrabando, fue descripto detalladamente
en el Informe de la Auditoría General de la Nación que tuvo por objeto la "Gestión
y procedimientos de control aduanero a través de canales de selectividad,
aplicados sobre la importación y exportación de mercaderías...".
En el acápite 4.1.9.4 "Aduana de
Neuquén" se observan irregularidades y debilidades en los controles, a saber:
En esta Aduana la problemática
central en la materia surge de diferencias en la valoración de las exportaciones de
petróleo. De los controles en campo realizados por dicho Organismo de Control
Externo surge que se han "... verificado operaciones con cambio de canal
originadas en la misma, nos encontramos con una situación repetida y de
magnitud significativa, que se encuentra sometida a una investigación desde julio
de 2001. En ella, se investiga una eventual subvaluación de precio en las
exportaciones de petróleo crudo, originadas en contratos a largo plazo, llevadas a
cabo por Repsol YPF".
El valor del barril fue exportado, como
consecuencia de contratos FOS (Forward Oil Sales), a un promedio aproximado de
U$S 13,50, cuando el precio del mercado, expresado en los WTI (West Texas
Intermediate), lo duplica, lo cual da lugar a un reclamo por subfacturación.
El expediente administrativo de la
Dirección General de Aduana Nº 416972/02 consiste en una investigación por
cambio de canal de selectividad, que benefició a determinadas empresas y que,
conforme lo informa la AGN, del análisis de aquel surge que "los contratos
acompañados pertenecientes a las compañías petroleras se encuentran en copia
simple, con firmas incompletas y sin identificación del firmante".
Todos los contratos se refieren a la
venta de petróleo crudo de Repsol YPF a: OIL TRADING CORP -Islas Caimán-
(contrato 1); OIL ENTERPRISES LTD -Islas Caimán- (contrato 2); y a Repsol YPF -
España- (contrato 3).
La modalidad operativa es idéntica:
contrato 1: compra prepagada con depósito del 95.14% en cuenta de Repsol YPF,
sin sede ni banco; contrato 2: compra prepagada con depósito mediante
transferencia electrónica de fondos (96.58%) desde la cuenta comprador; contrato
3: compra prepagada mediante la transferencia electrónica de fondos (95.67%) a
la cuenta del vendedor (innominada en el contrato).
El monto de los tres contratos
ascendió a la suma de U$S 1.109.491.409. El total de los barriles comprometidos
en el contrato fueron más de 75 millones. Sin embargo, la Auditoría General
destaca que, como no hay seguimiento de volúmenes exportados por parte de la
Aduana, no hay evidencia de la cantidad de barriles efectivamente exportados bajo
esta modalidad contractual, y tampoco del control de los contratos aludidos.
La Aduana ha incurrido en largos y
recurrentes períodos de inactividad en la investigación enunciada. Asimismo, la
AGN ha verificado anormalidades en el expediente, a saber:
a. Faltante de fojas;
b. Refoliaturas diversas;
c. Alteración de fechas acorde a
desarrollo de foliatura;
d. Hojas agregadas sin foliatura ni
sellos;
e. Faltante de sello aclaratorio de
firma del funcionario actuante;
f. En general, del expediente surge
una significativa dilación y falta de interés.
La AGN realizó una compulsa en el
SIM ( Sistema Informático María) sobre exportaciones de petróleo crudo y sus
valores la cual encontró casos similares a los expuestos, con una marcada
dispersión de precios entre los valores de mercado y aquellos declarados por las
empresas petroleras en las Aduanas de Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, y
Rio Gallegos.
El informe de la AGN N° 195/05,
actuación 39/04, resuelto el día 28 de diciembre de 2005, demuestra con claridad
la ausencia del Estado en la verificación de pago de cánones de permisionarios de
áreas de exploración y de concesionarios de áreas de explotación.
En dicho informe se auditó el período
comprendido entre los años 2001 y 2003 en el cual, como resultado de la
investigación, se describen, entre otros, los siguientes hechos:
La AGN indicó que el valor del canon
de explotación no reflejaba las variaciones que había registrado el precio del
petróleo crudo nacional en el mercado interno, a saber:
- El artículo 102 de la Ley N° 17.319
establece que "los valores en pesos moneda nacional que esta ley asigna al canon
de exploración y explotación, podrán ser actualizados con carácter general por el
Poder Ejecutivo Nacional sobre la base de las variaciones que registre el precio del
petróleo crudo nacional en el mercado interno".
- A través de este mecanismo los
valores del canon fueron actualizados por los decretos N° 1037/90 y 2057/91 que
fijaron el valor de A 4.195.000 (australes) por km2 o fracción.
- Durante el período auditado -así
como también en la actualidad- el valor precedentemente detallado es el que se
aplica y resulta de la conversión del monto de Australes a Pesos (1=10.000), toda
vez que el decreto N° 820/98 no modificó el valor.
- En el marco de la facultad conferida,
la Secretaría de Energía no propuso la modificación del valor actual, siendo que
existen dos proyectos de ajuste del valor del canon, elevados por la Dirección
Nacional de Economía de Hidrocarburos, tramitados por expedientes CUDAP 751-
001704/2001 y re caratulados por expedientes CUDAP S01:0048464/2003 y N°
S01:0186904/03.
- Es importante aclarar que -a partir
del decreto Nº 820/98 y su acta acuerdo aprobada por resolución SE Nº 588/98-
las áreas de exploración se reconvirtieron en áreas de explotación y áreas de
superficie remanente. En consecuencia, se calculó el valor anual que hubiera
alcanzado el canon de explotación (CE) de haberse aplicado el mecanismo de
actualización regulado.
- El día 29 de diciembre de 2005 el
Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1770/05 a través del cual se modificó la
fecha de pago del canon. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a la
modificación de monto, teniendo conocimiento de las observaciones emitidas por
la AGN.
- Ante la falta de actualización del
valor del canon, el Estado -durante el período auditado (años 2001 a 2003), y
respecto de las 61 áreas analizadas- dejó de percibir un 71% en concepto de
canon.
- La facultad delegada en el Poder
Ejecutivo por el artículo 102 de la Ley N° 17.319 -según lo entiende la doctrina
administrativista- es de las denominadas "discrecionales". Ello, por cuanto la
norma mencionada le da la facultad de adecuar el valor del canon a la evolución
del precio del crudo en el mercado interno.
La metodología aplicada por la
Secretaría de Energía para el cálculo de los intereses en caso de mora es
incorrecta.
La Secretaría de Energía (SE) no
actúa como un buen administrador al imputar los pagos parciales, primero al
capital. Ello genera una menor recaudación.
La SE no realiza un control eficiente
en materia de deslinde y mensura de las áreas adjudicadas, debilitando
significativamente el poder de policía que le compete en la recaudación del
canon.
La SE no ha reglamentado la forma
para la presentación de las DDJJ, por lo que los datos expuestos por los
permisionarios y/o concesionarios son incompletos.
La Secretaría de Energía no aplica la
potestad sancionatoria conforme a los alcances del régimen regulado.
El artículo 80 determina que "las
concesiones o permisos caducan a) Por falta de pago de una anualidad del canon
respectivo, tres meses después de vencido el plazo para abonarla".
En su parte final el artículo especifica:
"...Previamente a la declaración de caducidad por las causas previstas en los
incisos a)....del presente artículo, la Autoridad de Aplicación intimará a los
permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el
plazo que fije".
Constituyen casos extremos las Áreas
de Río Cullen, Las Violetas y Angostura en las que si bien se verificaron pagos
parciales, la cancelación definitiva de las deudas fue realizada luego de 11,12 y 10
anualidades, respectivamente.
Según surge de los registros
proporcionados por la Secretaría de Energía los pagos que las adjudicatarias
realizan son imputados al capital, en tanto que los intereses se tienen por
abonados al momento de la cancelación total de la deuda.
Este criterio de imputación no condice
con la práctica, generando una menor recaudación al disminuir la base de cálculo
de los intereses.
A su vez, como debilidad en el buen
orden administrativo, surge que 35 áreas no figuran en el soporte magnético
remitido por la SE, aunque existen declaraciones juradas y pagos remitidos por esa
Secretaría en fotocopia certificada.
Finalmente, la AGN brinda algunas
recomendaciones:
La Secretaría de Energía deberá
crear, administrar, mantener, operar y gestionar una base de datos integral que
refleje el estado de cada una de las adjudicaciones respecto a los aspectos
técnicos y contables. Ello a fin de observar mecanismos de transparencia que
garanticen el control que le es atribuido por el marco regulatorio y ejercer las
políticas definidas para el sector, máxime cuando se está frente a adjudicaciones
de importante envergadura económica (Cde. Obs. 4.1.,
4.2., 4.3., 4.4., 4.5. y 4.6.).
En el marco de la facultad establecida
por el artículo 102 de la Ley Nº 17.319, corresponde que la Secretaría de Energía
impulse las actuaciones iniciadas con relación a la actualización del valor del canon
(Expte. CUDAP N° S01:0186904/03), teniendo en cuenta la evolución del precio
del crudo en el mercado interno. (Cde. Obs. 4.1.).
Y concluye:
Durante el período auditado, de las
61 áreas adjudicadas comprendidas en la muestra, se verificó que en el año 2001,
2002 y 2003 pagaron fuera de término 60, 54 y 51 áreas respectivamente,
representando un 98,36% en el año 2001, un 88,52% en el año 2002 y un 86,61
% en el año 2003.
A su vez, surgió que 35 áreas no
figuran en el soporte magnético remitido por la SE, aunque existen declaraciones
juradas y pagos remitidos por esa Secretaría en fotocopia certificada.
En materia de deslinde y mensura, la
Secretaría de Energía no realiza un control eficiente, debilitando significativamente
el poder de policía que le compete en la recaudación del canon. Constituye este
tema un claro indicio de la falta de ordenamiento sistemático en la emisión de los
Actos Administrativos que el Marco Regulatorio exige.
Respecto a las declaraciones juradas,
la Secretaría de Energía no ha emitido un formulario normalizado, y tratándose
aquellas de una autoliquidación de los importes a ingresar en concepto de canon e
intereses por mora, la SE no ejerce controles sobre las adjudicatarias, al no validar
la información aportada por aquellas.
A su vez, la Secretaría de Energía no
aplica su potestad sancionatoria conforme los alcances del régimen regulado.
Resultan casos extremos las Áreas Río Cullen, Las
Violetas y Angostura, que declaran y
pagan el canon e intereses desde el otorgamiento del área y luego de 11
anualidades en el primer caso, de 12 y 10 anualidades en los otros dos casos
citados. Ante este importante incumplimiento, la SE demuestra una ausencia de
control al no intimar y disponer la caducidad que dispone la Ley.
Finalmente, se concluye que la
Secretaría de Energía no poseía una base de datos integral y actualizada para
administrar y operar el estado de cada una de las adjudicaciones respecto de sus
aspecto técnicos y contables, a fin de observar mecanismos de transparencia que
garanticen el control que le es atribuido por el Marco regulatorio.
2. b- La venta de acciones de Repsol
YPF al Grupo Petersen. Proyecto de resolución para la creación de una Comisión
Especial Investigadora. Intimación por cartas documentos
Luego de dichos sucesos -ante el
anuncio de Repsol YPF sobre el avance en las negociaciones para la venta del 25%
de las acciones de la filial local- los diputados de este partido presentaron un
proyecto de resolución ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(Expediente N° 5812-D-2007) para la "Creación de una Comisión Especial
Investigadora que tendrá como objeto el análisis, evaluación e investigación de
hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del
sector privado o público y la relación de complicidad y/o falta de control por parte
de los diferentes organismos competentes del estado en lo relativo al tratamiento
de la matriz energética, especialmente respecto a la venta de parte de "YPF SA",
en el ámbito de la Honorable Cámara".
Mediante dicho proyecto se promovió
la creación -en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación- de una
Comisión Especial Investigadora que tendría como objeto el análisis, evaluación e
investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en
el ámbito del sector privado o público y la relación de complicidad y/o falta de
control por parte de los diferentes organismos competentes del Estado en lo
relativo al tratamiento de la matriz energética, especialmente respecto de la venta
de parte de YPF S.A. recientemente ocurrida.
En especial, la Comisión debía
avocarse a "...b) Analizar si hubo violaciones u omisiones de un actuar diligente en
cuanto a los mecanismos de control de reservas de hidrocarburos y en cuanto al
proceso de la venta de parte de la empresa YPF S.A., y cómo esto repercute en la
economía del país. También se deberán estudiar, analizar y evaluar los distintos
procedimientos y mecanismos que permitieron eludir tales controles". Así como "c)
Proponer modificaciones a los mecanismos de control utilizados por los distintos
entes que ejercen o deben ejercer funciones de control sobre las reservas de
hidrocarburos, y sobre el proceso de venta de YPF S.A., si estos fueran
considerados ineficientes o poco efectivos. d) Examinar el origen del dinero para la
adquisición del porcentaje de la petrolera. e) Proponer modificaciones a la
legislación que propendan a combatir más eficazmente cualquier tipo de posibles
irregularidades en las materias en cuestión". Lamentablemente, el oficialismo no
acompañó la propuesta y la comisión nunca fue constituida.
Tal como fue expresado en los
fundamentos del proyecto de resolución, "Detrás del anuncio de Repsol YPF sobre
el avance en las negociaciones para la venta del 25% de las acciones de la filial
local, aparece una modalidad en donde el Estado abandona su rol tradicional de
garante de igualdad de oportunidades, como de generador del crecimiento y del
desarrollo del país, para pasar a ser garantía de un proceso de concentración
donde se benefician determinadas empresas cuyos titulares se encuentran
relacionados con las máximas autoridades del gobierno".
Fue entonces que advertimos sobre la
inacción y el silencio del Estado -con participación en el directorio de YPF- respecto
de la operación de venta de la petrolera cuya negociación se sustentó en un "pacto
de confidencialidad" que interfiere e impide el conocimiento de las empresas
interesadas señalando que, de ese modo, desde el gobierno se avaló esta forma
de operatoria en un campo tan sensible como el energético, poniendo en juego los
propios intereses del Estado argentino, facilitando el ocultamiento de la
procedencia y antecedentes de aquellos capitales que hubieran querido integrar la
compañía, así como los planes de financiación e inversiones que proponían los
interesados en la operación.
En particular, se indicó que la forma
en que se realizó la operatoria de venta era sumamente llamativa y demostraba la
flexibilidad de la vendedora en las condiciones de la operación, altamente
beneficiosas para el comprador, Enrique Eskenazi.
También referimos a que la entrada
de su grupo empresario "Petersen" se haría en dos tramos: En el primero, Repsol
se desprendería del 14,9% -éste es el límite que fija el estatuto de la empresa
para no obligar a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA)-
evitando así someterse al cumplimiento de un régimen legal estricto, con
importantes controles por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por otro lado, se denunció también
que el grupo Eskenazi pagaría U$S 2235 millones por ese porcentaje y que tendría
opción para adquirir el 10,1% restante en un plazo máximo de cuatro años, y al
mismo precio por acción. El valor tasado para YPF es de unos U$S 15000 millones.
Los Eskenazi pagarán el 55% del primer tramo con financiación propia y de los
bancos Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP-Paribas e Itaú. Para el restante 45%
recibiría un préstamo de la propia Repsol que tendría como garantía las acciones
de YPF.
En el mismo sentido señalamos que
"el gobierno nacional, en consonancia con Repsol, no hace públicas las condiciones
en que se negocia la venta de la compañía y su plan de negocios".
Finalmente, pusimos la atención en
que el grupo accionista argentino de los Eskenazi controlaba el mayor conjunto de
bancos regionales de Argentina, entre los que se destacaban el Banco San Juan, el
Nuevo Banco de Entre Ríos, el Nuevo Banco Santa Fe y el Banco de Santa
Cruz.
Además, recordamos que la relación
con el ex presidente Kirchner se remontaba al año 1996, cuando comenzaban las
negociaciones para adquirir el Banco de Santa Cruz, en épocas en que Lázaro Báez
participaba del proceso privatizador. En el Banco de Santa Cruz Enrique Eskenazi
era socio de la provincia que gobernaba el ex presidente Néstor Kirchner. Y fue a
través de esta entidad bancaria que se produjo las oscura operación a través de la
cual se depositaron los U$S 594,13 millones que Santa Cruz colocó en el exterior
antes de la crisis de 2001. Coincidentemente, fue el Crédit Suisse -donde se
depositaron parte de dichos fondos- el que, entre otros, financió la compra de las
acciones a Repsol.
Por ello, lo que desde el gobierno
argentino se presentaba como "un paso hacia la nacionalización" del petróleo, no
fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol YPF de un escenario altamente
desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de
desinversión del grupo español en Argentina, junto con los altos niveles de
retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de
combustibles al mercado interno, donde Repsol YPF era el líder.
Por aquella época, Cristina Kirchner
elogiaba públicamente a Sebastián Eskenazi en los siguientes términos: "...Quiero
agradecer al ingeniero y a su empresa, el creer y seguir aportando como siempre
lo hizo en el país...".
Por supuesto, el bloque de
legisladores del Frente para la Victoria se negó a acompañar y a tratar ese
proyecto; por lo que insistimos mediante el presente dictamen, para que al fin se
conforme dicha Comisión Especial Investigadora.
Es de destacar, por otro lado, que en
mayo de 2007, tanto el Director Titular de YPF S.A., Lic. Roberto Baratta, como el
Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel Omar Cámeron, fueron intimados
mediante sendas cartas documentos por parte del entonces diputado nacional
Fernando Sánchez para que ambos funcionarios informaran el nombre de las
empresas que habían suscripto entonces el acuerdo para la compra del 25% de la
filial local de Repsol YFP. En dicha intimación rechazó la oponibilidad del "pacto de
confidencialidad" que pudiera ser invocado con el fin de denegar la información
solicitada -en tanto aquel "protege el secreto del origen de los capitales y su
procedencia, en desmedro de los intereses del Estado Argentino-, haciéndolos
responsables civil y penalmente si capitales de dudoso origen integran finalmente
la composición accionaria de la mencionada empresa.
Como era de esperar, dichas
intimaciones no fueron contestadas más que con evasivas, negándole toda
posibilidad de control republicano al Diputado Nacional. Debido a la gravedad del
tema, en el año 2008 profundizamos la investigación del tema, elaborando
conjuntamente con diputados de este bloque un informe en cuyo capítulo 1°
advertimos "Qué se esconde tras la venta de Repsol".
Así, la venta del 25% de las acciones
de YPF pone al descubierto que se está ante la ejecución de la nueva matriz de
saqueo. El Estado abandona su rol tradicional de garante de igualdad de
oportunidades como de generador del crecimiento y del desarrollo del país, para
pasar a ser garantía de un proceso de concentración donde se benefician algunas
empresas "amigas" e íntimamente relacionadas con el gobierno.
Por eso, no resulta un dato menor
que tanto Enrique Eskenazi como su hijo Sebastián pertenezcan al círculo
privilegiado de personas con acceso al despacho presidencial contando con el
"...beneplácito del mandatario para presentar ofertas de compra en diversas
operaciones que tenían pretendidamente como objetivo evitar que las empresas en
liza terminaran en manos de capitales extranjeros. Es decir, el Grupo Petersen
ganaba en influencia y al mismo tiempo servía a la política de argentinización
impulsada por Kirchner (...). Pocos meses después era el nombre propuesto por
Kirchner para la entrada de un socio argentino en YPF..." (8) .
En ese contexto, se inscriben
cuestiones tales como:
1. La inacción y silencio del Estado,
con participación en el Directorio de YPF, respecto de la operación de venta de la
petrolera cuya negociación se sustentó en un "pacto de confidencialidad" que
interfiere e impide el conocimiento de la/s empresa/s interesada/s. Así, desde el
gobierno se avaló esta forma de operatoria en un campo tan sensible como el
energético, poniendo en juego los propios intereses del Estado argentino,
facilitando el ocultamiento de la procedencia y antecedentes de aquellos capitales
que hubieran querido integrar la Compañía, así como los planes de financiación e
inversiones que proponían los interesados en la operación.
2. Se pone en juego
irresponsablemente el desarrollo económico de nuestro país teniendo en cuenta
que Repsol YPF es, en la actualidad, el propietario más importante de las reservas
probadas de petróleo y gas natural de la Argentina, así como también su principal
productor y exportador, constituyéndose en un factor importante en la economía
de nuestro país, capaz de regular y establecer los precios y condiciones del
mercado.
3. La forma en que se realizó la
operatoria de venta es sumamente llamativa y demuestra la flexibilidad de la
vendedora con respecto a las condiciones de la operación, altamente beneficiosas
para Ezkenazi. A saber: la entrada del Grupo Petersen se hará en dos tramos. En
el primero, Repsol se desprenderá del 14,9% (9) -este es el límite que fija el
estatuto de la empresa para no obligar a lanzar una Oferta Pública de Adquisición
de Acciones (OPA)-, evitando así someterse al cumplimiento de un régimen legal
estricto, con importantes controles por parte la Comisión Nacional de Valores
(CNV) . El grupo Ezkenazi pagará € 1563 millones (U$S 2235 millones) por ese
porcentaje, y se compromete a adquirir el 10,1% restante en un plazo máximo de
cuatro años y al mismo precio por acción. El valor tasado para YPF es de unos €
10500 millones (U$S 15000 millones). Adicionalmente, Repsol colocará en Bolsa el
20% del capital de su filial argentina en el primer semestre de 2008. La compañía
española mantendrá la mayoría con el 55% del capital. Los Eskenazi pagarán el
55% del primer tramo con financiación propia y de los bancos Crédit Suisse (banco
donde se encontrarían depositados los fondos de la Provincia de Santa Cruz),
Goldman Sachs (antes del 2002, cuando los fondos de la provincia eran
administrados por Mercado Abierto, se hicieron inversiones en este banco), BNP-
Paribas e Itaú. Para el restante 45%, recibirá un préstamo de la propia Repsol que
tiene como garantía las acciones de YPF.
Actualmente, las acciones de Eskenazi
se encuentran en cabeza del empresario Slim, tal como lo enunciamos
anteriormente, luego de una pelea con los Kirchner que tuvo como consecuencia el
apartamiento del grupo Petersen de YPF.
2. c- Antecedentes sobre el rol del
Estado Argentino en relación a Repsol
El rol del Estado Argentino en YPF lo
encontramos en el ejercicio de la acción de oro. "...Se conoce como acción de oro
a la potestad que han conservado algunos Estados en ciertas sociedades
privatizadas, -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos
esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptante en determinadas
e importantes decisiones empresarias".
La Ley N° 24.145 y su modificatoria
N°24.474 establecen que "Mientras el Estado Nacional conserve al menos una (1)
acción de la Clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para:
1. Decidir su fusión con otra u otras
sociedades;
2. Aceptar que YPF SA sufriera una
situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión
del 51 % del capital social;
3. Transferir a terceros la totalidad de
los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley N° 17.319, de modo
que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de
YPF SA.;
4. La disolución voluntaria de YPF S.A.
"Para tomar las decisiones referidas en los incisos 3 y 4 se requerirá además del
voto afirmativo de las acciones Clase A, la previa aprobación por ley".
"Desde el inicio de la privatización el
Estado designó un Director y Síndico con sus respectivos suplentes, siendo los
síndicos propuestos por la SIGEN.
En la gestión de copamiento hostil
realizada por Repsol, gracias a la Ley N° 24.474, el gobierno de Menem le vendió
el 20 % del capital accionario que poseía el Estado, conservando sólo 1.000
acciones, con lo cual el Estado perdió la potestad de designar a sus directores y
síndicos. Pero tal situación fue subsanada de inmediato mediante la modificación
del Estatuto Social que, no solamente le permite mantener los cargos directivos y
de control, sino que agregó una potestad limitativa más a las cuatro ya
mencionadas, referida al acuerdo de las acciones Clase A para mudar el domicilio
fiscal o legal de la Sociedad.
No se conocen casos donde los
representantes del Estado hayan planteado en las reuniones del Directorio de YPF
SA y en las Asambleas sus discrepancia con medidas violatorias de las leyes de la
Nación, como la indexación del precio de los combustibles según las variaciones
del precio internacional expresamente prohibida por las Leyes de Convertibilidad y
la Emergencia Pública vigentes; ni tampoco se conoce impugnación alguna sobre
la prórroga de la concesión de Loma de La Lata con 17 años de anticipación,
cuando Bielsa era el Presidente de la SIGEN; ni de la vigencia de decretos
menemistas que permiten la acumulación de más de 5 áreas por persona jurídica,
transgrediendo explícitas limitaciones de la Ley de Hidrocarburos... No es cierto, en
consecuencia, que al Estado le quede solamente la presión política para "apretar" a
Repsol y que carezca de otros mecanismos, pues además de sus directores y
síndicos, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de la Nación, que son la
fuerza de todos. No es que el gobierno no pueda, la realidad es que no quiere"
(10) .
En igual sentido, agrega Mariano
Ramirez, Profesor Emérito de la Universidad en Mendoza, "...Considero que es
legítimo que los organismos estatales correspondientes se informen sobre el
particular y procedan como corresponda. Como el Estado nacional, al día de la
fecha, todavía continúa siendo propietario de la acción de oro de YPF SA, ello le
permite designar en esta petrolera a funcionarios que representan al PEN con
cargos de director o síndicos, para defenderlo. Sin embargo, las facultades
especiales que le otorga al Estado nacional la acción de oro, no han sido aplicadas
por los directores nombrados en cada gobierno de turno entre 1999 y 2004,
faltando así a su obligación pública y profesional, de la que deberán rendir cuenta,
ya que está de por medio el patrimonio nacional...". (Adviértase que esta nota se
publicó el 10 de agosto de 2005).
"...Esas facultades, cuyo
cumplimiento no se exigieron, le permitían al Estado nacional nada menos
que:
1) Pedir explicaciones a YPF SA de
por qué se indexan los precios de los combustibles cuando se viola la Ley de
Emergencia Nacional (Ley 25.561);
2) Analizar los balances y pedir
rendición de cuenta de los impuestos (35% de impuesto a las ganancias, 12% de
regalías, 21% de impuesto al valor agregado y menos del 2% de ingresos brutos,
no se perciben ingresos brutos por exportación);
3) Controlar dónde y cuánto se
invierte por cada una de las cuencas sedimentarias del país, pues se está
evadiendo un porcentaje significativo de las regalías provinciales, porque tanto el
Estado nacional como las provincias desconocen cuánto es lo que se extrae, se
desperdicia y se contamina;
4) En relación a las exportaciones,
exigir a las empresas que respeten las obligaciones impuestas por las leyes
(17.319 y 24.076), ya que primero deben satisfacerse las necesidades energéticas
del mercado interno y únicamente exportar el excedente de producción;
5) Revisar todos los contratos
firmados en calidad de concesiones de explotación y permisos de exploración de
yacimientos hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), ya que la gran mayoría son
violatorios de la Ley Nº 17.319...".
Así, en virtud de las competencias
enunciadas precedentemente, el Estado Nacional ha nombrado a Roberto Baratta
como miembro del directorio de YPF el 26 de abril de 2006, quien será puesto otra
vez en funciones en el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entre los antecedentes más destacados de Baratta se encuentra ser un hombre de
extrema confianza del Ministro Julio De Vido quien ya con anterioridad lo había
designado Subsecretario de Coordinación y Gestión de Planificación Federal.
2.d- Antecedes del "vaciamiento" de
YPF como consecuencia "anunciada". La ampliación de la denuncia penal
Hábilmente Repsol aprovechó los
argumentos "nacionalizadores" del gobierno para separar los activos del holding
español de los de la petrolera estrictamente argentina.
Así, Repsol se aseguró los yacimientos
que YPF había comprado previamente en Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos,
Indonesia y Rusia, cuando era una multinacional argentina controlada por el
Estado nacional. Esos yacimientos hoy tienen valores millonarios, porque los
compró a US$ 20 el barril de crudo, que hoy está a US$ 100.
Esta política de reparto de dividendos,
conocida y consentida desde el Gobierno Nacional -Roberto Baratta era miembro
del Directorio -fue agresiva y absolutamente contraria a la realización de una
política de inversiones posible y sustentable. El Cash Flow de la empresa está
condicionado por el esfuerzo en la política de dividendos.
Abona lo dicho el Informe de Estados
Contables ejercicio 2010 de Repsol YPF S.A. que indicó que "Conforme lo dispone
la LSC, la fijación de la política de dividendos es tema que corresponde a la
Asamblea de Accionistas; el Directorio sólo propone su pago de acuerdo con las
facultades que le confieren el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades
Comerciales. Adicionalmente, se informa que los accionistas principales de la
Sociedad han hecho público sus acuerdos sobre política de dividendos consistentes
en potenciar una política que contribuya a la caracterización de las acciones de la
Sociedad en los mercados como potencialmente atractivas por su pay out".
De acuerdo a lo reseñado la
"argentinización" de Repsol YPF S.A. fue una puesta en escena para ocultar una
gran estafa. Los accionistas de YPF distribuyeron "casi US$ 5000 millones en
ganancias, endeudaron a la empresa en US$ 2300 millones, mientras las reservas
y la producción cayeron en un pozo sin fondo. En cuatro años los Eskenazi
recibieron cerca de US$ 1000 millones y con eso repagaron gran parte de los US$
2235 millones que Repsol y un consorcio de bancos europeos les prestaron para
financiar el 25% de la petrolera" (María Eugenia Estenssoro- "El vaciamiento de
YPF").
Como ya hemos dicho, Repsol
consintió el acuerdo porque incrementaba sideralmente su patrimonio, a costa de
la notoria descapitalización de YPF. De hecho, según consta en sus balances, en el
período 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa al amparo de
la inacción y complicidad del Gobierno argentino.
Tanto es así que, a pesar de la
contención de precios impuesta por el Gobierno de Cristina Kirchner y a los altos
niveles de importación, YPF ha tenido en estos años ganancias anuales cercanas al
20% de sus activos y superando el 40% sobre el patrimonio neto. En igual período
contrajo deudas por aproximadamente U$S 4000 millones. Esta situación fue
avalada por el mencionado representante del Gobierno en el Directorio. Desde
2008 las deudas crecieron más que los activos, configurándose el vaciamiento. No
puede soslayarse, además, que Repsol YPF paga dividendos superiores a su
utilidad neta.
Tampoco debe escaparse del análisis
que fue el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner el que aprobó el acuerdo
societario de vaciamiento y el que convalidó -mediante el representante del Estado
Roberto Baratta y posteriormente Santiago Carnero- todas las actas de directorio
donde se aprobaron los balances retirando utilidades, que implicaban la ejecución
del ya descripto vaciamiento. En consecuencia, es inconcebible e impúdico que el
gobierno pretenda asumir el rol de víctima en esta situación, ya que de acuerdo a
todo lo expresado no caben dudas que se ha constituido en el victimario de
YPF.
En relación al modelo de gestión de
Repsol en YPF, se puede observar que se ha caracterizado en todos estos años,
por extraer todo el volumen de hidrocarburos posible, es decir, hubo
sobreexplotación de los yacimientos sin realizar inversiones de capital de riesgo
para mantener un horizonte estratégico de reservas (alrededor de 7 pozos anuales
de exploración entre 1999 y 2005), y sin preocuparse por el daño al medio
ambiente que pudiera provocar (como ocurrió catastróficamente en Mendoza,
Chubut, Santa Cruz y Neuquén).
Es preciso recordar que la compra de
YPF en el año 1999 convirtió a Repsol en una empresa petrolera mediana para los
cánones del mercado internacional. Esta, como señalamos, más que interés en la
exploración, ha mostrado gran habilidad en el negocio de la especulación
financiera, a través del cual consiguió, por ejemplo, que sus acciones en la Bolsa
de Valores de Nueva York subieran de U$S 10 a U$S 30 por acción, una ganancia
financiera del 300%. Todo ello en base a una la declaración incorrecta de sus
reservas probadas, donde como expresamos precedentemente, incluía las
probables.
En el mediano plazo era evidente que
por el tamaño de Repsol le sería difícil sobrevivir y debería afrontar ser comprada,
por lo que la declaración de la baja de reservas podría considerarse "una operación
de limpieza"; o como menciona el periódico digital español Hispanidad en un
artículo del 24 de abril de 2006: "... Puede ser la empresa que haga subir a los
gigantes mundiales un puesto en el ranking. No es lo suficientemente grande para
comer, pero sí para ser comida. Este es el problema."
Por ello, no se explica ahora el
supuesto "enojo" del Gobierno que, invocando la pérdida del autoabastecimiento
energético del país, dice pretender "correr" a los Eskenazi y a los españoles de
Repsol de YPF. Es verdad que en los últimos tiempos se desplomaron las reservas
y la producción de gas y petróleo de YPF, pero es importante destacar que en los
casi nueve años que lleva este gobierno en el poder -en las sucesivas presidencias
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner-, las reservas de gas cayeron
55%, y las de petróleo, 15%, cuando en el mundo y la región hubo una
importante expansión. Una prueba acabada de ello es que las importaciones de
petróleo, realizadas por la estatal ENARSA, crecieron 20 veces desde el 2003.
En síntesis, es el Directorio el que
aprueba el plan estratégico o de negocios, así como los objetivos de gestión y
presupuestos anuales, para lo cual analiza la política de inversiones y financiación
al momento de considerar y aprobar el presupuesto anual, teniendo en cuenta el
periodo que se trate. Salvo el correspondiente al balance y memoria 2011 el resto
han contado con el aval de los representantes del Estado en el Directorio y en la
Sindicatura.
- En diciembre de 2007 se firmó el
acuerdo para la compra del 14,9% de las acciones con una opción a 4 años para
totalizar el 25% a U$S 3750 millones. Por los 14,9% se pagaron U$S 2235
millones. El precio de toda la compañía fue fijado en U$S 15000 millones.
- En enero de 2008, como lo hicieron
recientemente, las provincias petroleras informaron su intención de comprar un
10% del paquete accionario a U$S 2000 millones. Chubut, Santa Cruz, Mendoza,
Neuquén y Formosa, tras un encuentro con Brufau en Madrid, informaron que se
acordó la posible compra del 10% del paquete accionario a igual precio que el
pagado por Eskenazi (aproximadamente U$S 2000 millones), pero sin financiación,
situación que nunca se efectivizó. Adviértase que los estados provinciales, poder
concedente de las reservas, se encontraban en una posición desfavorable en
relación a las condiciones de contratación obtenidas por Eskenazi.
- En marzo de 2008 Cristian Folgar,
Subsecretario de Combustibles de la Nación, comenzó a exigirle a Repsol y a otras
petroleras mayores inversiones por la baja en la provisión de combustibles.
- El 16 de abril de 2008 distintos
diarios locales informaron sobre la caída de reservas por más del 20,3% respecto a
diciembre de 2005. A esta fecha las reservas probadas eran de 8,1%. (Reproducen
un comunicado de la compañía a la Bolsa). Esto produjo una baja en el valor de las
acciones.
- El 8 de mayo de 2008 Eskenazi
compró el 0,1% a través de una OPA (Oferta Pública Abierta) con lo que completó
el 15% de las acciones.
- En julio de 2008 cambia status en
Bolivia para convertirse en sociedad mixta y en Ecuador cambia sus contratos,
situación que no se produce en nuestro país.
- En agosto de 2008 se anunciaron
perforaciones productivas en conjunto con Enarsa y Enap -Sipetrol en las costas
del Golfo San Jorge que serían iniciadas en SEP. La concesión es por 30 años.
Usaron la plataforma "Ocean Scepter" y se inauguró en octubre de 2008. En
septiembre del mismo año pasó a llamarse sólo YPF, cambiando el color, logo, etc.
para lucir "más argentina".
- En septiembre de 2008 la provincia
de Neuquén le extendió a Repsol YPF los contratos de explotación hasta el año
2027.
- El 6 de noviembre de 2008 Brufau
visitó a Cristina Fernández de Kirchner y ratificó el plan de inversiones, que
contaba con el aval del gobierno argentino.
- El 13 de junio de 2009 Cristina
Fernández de Kirchner viajó a Suiza en avión de Repsol.
- El 16 de Junio de 2009 se mencionó
que, además del 10% de la opción de compra de Petersen, otro 30% podría
comprarlo el Estado a través de ENARSA. "Repsol se quiere ir" titulaba el periódico
on line TERRA en España. El 1 de julio del mismo año, el diario Crítica informó que
Repsol criticó en Wall Streel al gobierno argentino. En esa nota voceros de la
empresa afirmaron que recibieron distintas propuestas pero ninguna en firme
luego de la pérdida en las elecciones legislativas celebradas en junio de 2009.
- Repsol encargó a Goldman Sachs
buscar compradores para YPF. Mientras tanto diarios españoles dicen que "sería
ventajoso que REPSOL saliera de Argentina (El País, 5 de julio del 2005, "El último
tango de REPSOL").
- El 6 de julio de 2009 las petroleras
chinas afirmaron que lo que quieren son acuerdos de participación no la compra
del 75% del paquete accionario. El gobierno argentino informó que prefiere a
Repsol como interlocutor y no a los chinos.
- En octubre de 2009 Enrique
Eskenazi sigue interesado en su opción del 10% de la Compañía. El 8 de ese mes
Repsol retomó su plan de colocar el 20% en la Bosa para ofrecerlo en marzo de
2010.
- El 12 de noviembre de 2009 los
principales accionistas de Repsol quieren la venta de la filial argentina (SACYR
20%, La Caixa con Criteria y la Caixa de Catalunya 14%). Se produjo una caída del
30,6% de los beneficios en los tres primeros trimestres del 2009.
- A principios de 2010 CNOOC compró
parte de Bridas Holding porque no pudo llegar a un acuerdo por YPF. Les interesa
Bridas por su gasoducto en Turkmenistán. CNOOC vuelve a interesarse en REPSOL
a través de C. Bulgheroni (que había vendido en U$S 3000 millones el 50% de
Bridas). Este último dijo estar interesado en un 20% de YPF y convertirse en su
presidente (Finazas.com.es).
- El 26 de noviembre de 2010 Repsol
registró en la SEC (Security Exchange Commission, New York) un folleto para la
venta del 15% de las acciones de YPF Argentina por U$S 2360 millones (€ 1792,8
millones). La SEC analizó la venta de YPF tras una denuncia que le presentaron los
trabajadores con PPP, acusando a la compañía de información falsa en el
prospecto. Finalmente, en diciembre de ese año, vendió el 3,3% de YPF a 2 fondos
de inversión por U$S 50 millones. Son Eton Park y Capital Guardián. Aquí el Grupo
Repsol tiene el 79,84%; Petersen, el 15,4% y 4,69% "free float".
- El 31 de enero de 2011 el Citi
informó que manejará la venta del 20% de YPF durante el primer trimestre del
2011.
- En febrero de 2011, durante la
presentación de los resultados anuales de 2010, Repsol dijo haber "adelantado
significativamente el cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico" hasta
2014, que incluyen la venta de una parte de YPF hasta reducir su posición al
50,1%.
- El 8 de abril de 2011 Mendoza
prorrogó hasta el año 2027 (10 años) la concesión a REPSOL de 16 zonas.
Adviértase que alguna de ellas fueron retiradas al año siguiente aduciendo
incumplimientos que paradójicamente no fueron tenidos en cuenta por el ejecutivo
provincial un año antes, cuando la relación entre el gobierno y la empresa era
óptima y nada hacía presagiar la ruptura.
- El 5 de junio de 2011 Eskenazi
(Grupo Petersen) ejerció su opción con 9 meses de anticipación y compró el 10%
por U$S 1304 millones, por lo que su posición ascendió al 25,46%.
- El 10 de julio de 2011 el CEO de la
empresa, Brufau, dijo que le venderá a 4 provincias el 10% de acciones por €
1022 millones (Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén).
- El 12 de julio de 2011 la compañía
asumió el compromiso de mantener el 50,1% de YPF hasta febrero de 2013.
(Publicado en diarios españoles).
- El 22 de enero de 2012 el gobierno
argentino expresó su malestar por la gestión de Repsol YPF. Una de las razones
sería el retiro y giro al exterior de utilidades en diciembre de 2011, cuando
afrontaban una corrida cambiaria; también habría molestado verse forzados a
mayor importación de combustibles por la falta de inversión.
- El 4 de febrero de 2012 el Gobierno
argentino suprimió estímulos a las petroleras coincidentemente con la nueva visita
de Brufau. Los estímulos eran Petróleo Plus y Refino Plus. Petróleo Plus beneficiaba
a PAE, YPF, Occident-Sinopec Pluspetro Total Austral, Enap Sipetrol y Petrobras
por $ 1752 millones. Refino Plus subsidió a YPF, ESSO y Petrobrás con $ 351
millones. La primera beneficiaria era PAE, que es controlada por British Petroleum
con el 60%. El día 8 del mismo mes los ministros Lorenzino y De Vido se reunieron
con Brufau y negociaron la reinversión de utilidades para exploración y
producción.
- El 29 de febrero del 2012 Repsol
informó una baja del 90% en ganancias del 4º trimestre atribuyéndolo a la
suspensión del programa Petróleo Plus y a las huelgas en la argentina, así como al
conflicto en Libia. El neto anual se redujo en un 53,3% en comparación a 2010.
Las acciones de YPF cayeron 7,55% en la bolsa de Buenos Aires; y las de Repsol
YPF en Wall Street, un 5,61%, acumulando una caída del 22%.
- En la apertura de las sesiones
ordinarias se esperaban anuncios de medidas que afectarían el futuro de la
empresa. Como no se produjo este supuesto, el 2 de marzo subieron las acciones
en Nueva York a U$S 29, 71 (13,3%) y en Buenos Aires a $146 (16,8%).
- El 3 de marzo del 2012 la provincia
de Chubut intimó por decreto, con un plazo de 7 días, a que presenten un plan de
producción sustentable e inversión para los yacimientos de El Trébol Escalante y
Campamento Central Bella Vista Este Cañadón. En esa región es fuerte Pan
American Energy, de los Bulgheroni. (Chubut produce el 37% del petróleo del
país). En el mismo sentido, Santa Cruz le otorgó 5 días a YPF para justificar la falta
de inversión amenazando sacarle concesiones en 20 yacimientos. (Santa Cruz
produce el 20% del petróleo del país).
- El 6 de marzo de 2012 Mendoza
emplazó a YPF a invertir en un mes los fondos acordados para 2 áreas (Malargüe y
Rivadavia) bajo apercibimiento de retirarle las concesiones. La Compañía tiene el
80% de la explotación de crudo de la provincia que produce el 15% del total del
país. En este sentido, no se tiene constancia alguna de igual comportamiento por
parte del estado provincial ante los incumplimientos históricos de la Compañía en
esa Provincia.
- El 7 de marzo Repsol YPF denunció
una "persecución sistemática" en Argentina y advirtió que defenderá sus derechos
en la Justicia, al rechazar en un comunicado las acusaciones de 3 gobiernos
provinciales (Chubut, Sta. Cruz y Mendoza).
- El 8 de marzo YPF apeló en la
Justicia la Resolución de la CNV que había impugnado la reunión de Directorio del
23 de febrero del 2012. La CNV había declarado "irregulares e ineficaces" las
decisiones que se adoptaron en dicha reunión y dijo que no "aparece justificada" la
decisión de impedir la participación en la reunión de directorio de los
representantes del Gobierno que no ocupan formalmente sillas. La CNV había
abierto un expediente en contra de la petrolera por la denuncia de Baratta. Ante
esto, la empresa retrocedió y celebró una nueva reunión de directorio, debido a la
suspensión de la del 23 de febrero. Participaron -además de Baratta- Kiciloff y
Cameron. Allí, el PE se opuso, a diferencia de otras veces que había avalado, a la
memoria y el balance presentados por la empresa correspondientes al último
ejercicio anual. Los representantes del Estado también habrían sugerido, por
primera vez, que los dividendos aún no distribuidos sean utilizados para crear un
fondo de reserva para importaciones, explotación e inversión, con el objetivo de
revertir las pérdidas anunciadas.
- El 9 de marzo la Provincia de
Neuquén (mayor productora de gas natural del país) solicitó a Repsol un plan de
acción para mayor producción en 3 áreas: Don Ruíz, Chihuido de la Salina y Rincón
del Mangrullo.
- El 10 de marzo el representante de
la Compañía por el Estado Nacional, Baratta, declaró al diario Página 12 que
"Hasta que la producción o la performance de la empresa, tanto en petróleo como
en gas o en combustible no mejore, hasta que no cambie la tendencia, sí o sí (las
utilidades) tienen que ir a inversiones". Este comportamiento es contrario a toda
su gestión al frente de la representación estatal en el directorio.
- El 14 de marzo las provincias de
Chubut y Santa Cruz le retiraron a YPF las licencias de explotación de 4 áreas
debido al "incumplimiento de los compromisos de inversión y las metas de
producción". En Chubut, en el Trébol Escalante y Campamento Central Cañadón
Perdido, licencias que vencían en 2017. En Sta. Cruz, en Los Monos y Cerro
Piedras (0,003%). YPF anunció que emprenderá "las medidas legales oportunas
para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de
responsabilidades públicas". Aseguró que ha realizado "las inversiones necesarias
para una explotación racional y adecuada de los yacimientos" con "un crecimiento
ininterrumpido" de ellas, hasta llegar a los U$S 350 millones en 2011 lo cual
representa un incremento del 236% desde 2009 a la fecha.
El Ministro de Gobierno de Chubut,
Javier Touriñan, afirmó que la compañía "no puede abandonar los yacimientos ni
dañarlos, el retiro no será inmediato. El proceso de reversión puede llevar entre 60
y 90 días. En ese lapso se garantiza la continuidad del pago de salarios a los
agentes". Según los analistas del sector, la caducidad no supone un golpe fuerte,
pues sólo posee el 16% de la explotación petrolera en Chubut. Y, sobre todo,
porque hasta entonces conservaba otro yacimiento, Manantial Behr, en donde lleva
invertidos € 6 millones en la construcción de la primera etapa de una planta
deshidratadora.
- Contrariamente a lo esperable, el 16
de marzo las acciones de Repsol subieron un 1,08% en la bolsa de Madrid a pesar
de la pérdida de concesiones, cerrando a € 19, 18.
- El 21 y 22 de marzo Repsol YPF, a
través de un comunicado, informó que invertirá sus beneficios en capitalizar la
empresa, en lugar de lo que pretendía el Estado, crear una reserva de inversiones
con las ganancias de 2010 y 2011. Esto fue rechazado por el Estado argentino
mediante el ejercicio de su rol en el directorio de la Compañía. Adviértase que el
acuerdo avalado por el Gobierno Argentino le permitía repartir utilidades por el
90%, como ya hemos expresado. Brufau se comprometió a invertir $ 15000
millones (€ 2600 millones) sólo en 2012, lo que representaría un record histórico
para la petrolera.
- El 23 de marzo Fitch, la calificadora
de riesgo, bajó la calificación de Repsol de BBB+ (nota alta de calidad aceptable) a
BBB (nota media de calidad aceptable), siguiendo lo que había hecho Moody's la
semana anterior. Fitch también decidió desconsolidar a YPF del flujo de capital y
deuda de Repsol, es decir que separó las cuentas de ambas Compañías.
- En un análisis del periódico El País
de España se informó que los inversores han rebajado el valor de mercado de
Repsol en € 2700 millones, mientras que el valor del 57% de YPF sólo ha caído €
2000 millones. En la misma nota se informó, además, que el mayor causante de
esta baja es que la exposición de Repsol en YPF es más cercana al 82% dado que
financió directa o indirectamente la compra del 25% por parte del Grupo Petersen,
y que si no podía pagar el préstamo, Repsol "cargará con el muerto".
- El 24 de marzo Mendoza le revirtió
los contratos de concesión de los yacimientos de Ceferino, en Rivadavia, y de
Cerro Molar 3, en Malagüe. En consecuencia, Repsol anunció que iniciará acciones
legales contra la provincia.
- El 26 de marzo Salta revocó las
concesiones a Repsol YPF del yacimiento Tartagal Oeste.
- El 27 de marzo el gobernador de
Mendoza, Francisco Pérez, anunció que en 60 días crearía la Empresa Provincial de
Energía que tomaría la posta de la exploración petrolera, incluyendo las
explotaciones que se le quitaron a Repsol YPF.
- El 28 de marzo Río Negro revocó la
licencia de explotación que vencía en el 2026, siendo la sexta provincia en tomar
esta medida. El anuncio fue hecho luego de finalizar la reunión de la OFEPHI con
Julio De Vido.
- 29 de marzo el diario ibérico ABC
publicó que el Gobierno argentino estudiaba comprar un 33% de Repsol YPF para
conseguir más peso en su consejo con 4 miembros, que declararía a la petrolera
de interés público, y que un 25% se lo compraría a Petersen y un 8% a Repsol. El
Estado argentino destinaría $18718 millones (€ 3222 millones) y Repsol
mantendría un 50%. Existe una complicación para esta operación, dado que según
los estatutos de YPF quien realiza una oferta por más del 14,9% debe lanzar de
forma automática una oferta por el 100%, por lo que se estudió una vía
alternativa. Las acciones subieron 1%, a $145 por acción, pero pareciera que se
debe al interés de Exxon de explotar Vaca Muerta junto a Repsol. Desde la
privatización en 1999, el Gobierno argentino se quedó con el 0,02% de activos de
YPF, pero tiene el derecho a participar en las decisiones del consejo y poder de
veto gracias a la "acción de oro" que mantiene.
- Repsol YPF anunció el hallazgo de
petróleo convencional y de esquisto en Mendoza. El Secretario de Energía,
Cameron, calificó al hallazgo de irrisorio y que sólo perseguía un fin
mediático.
- El 31 de marzo Neuquén canceló
otro contrato (la explotación del yacimiento de shale gas "Don Ruíz"), siendo ahora
3 los yacimientos que le fueron quitados. Por ello, ahora son 11 las áreas perdidas
por la petrolera.
- El 2 de abril Chubut le revocó la
concesión del principal yacimiento de YPF (Manantiales Behr) que corresponde al
10% de la producción nacional. Las acciones se derrumbaron en 15% en la Bolsa y
tocaron su mínimo en 32 meses.
- El 3 de abril el diario La Nación
informó que el Gobierno estudiaba las vías legales para entrar en YPF. Según la
información referida, tenía 2 caminos: sentarse a negociar con los dueños o
expropiarla. En ninguno de los dos casos estaría a salvo de obstáculos. Las
acciones de Repsol YPF se derrumbaron 17,5% una hora y media antes del cierre
en la Bolsa de Buenos Aires, en medio de versiones de una intervención
gubernamental en la compañía. El valor de la petrolera bajó U$S 6980 millones y el
precio de mercado quedó en torno a U$S 9070 millones, según la prensa.
- El 5 de abril Rio Negro revocó la
concesión del yacimiento de Ñirihuau. Esta medida no tiene impacto en la
producción, puesto que el área está en sociedad con Pluspetrol y es sólo de
exploración.
- En los últimos tres meses la acción
cayó € 5,14 en la Bolsa de Madrid. Pasó de € 23,4 a € 18,26.
De la cronología enunciada
precedentemente se desprenden las siguientes conclusiones:
- Que era voluntad de Repsol salirse
del negocio en la Argentina, situación que habría sido informada a los accionistas
en ocasión de la presentación del Balance de Gestión 2010 (11) . En igual sentido,
esta tesis indica que el 12 de julio de 2011 la compañía asumió el compromiso de
mantener el 50.1% de YPF hasta febrero de 2013.
- Que Repsol fue desprendiéndose de
manera paulatina de sus acciones. Adviértase que el 31 de enero de 2011 el Citi
informó que manejará la venta del 20% de YPF durante el primer trimestre de
2011.
- Que el Estado Argentino y las
provincias concedentes avalaron el plan de inversiones de la empresa, a
saber:
- Tanto el representante del Estado
Argentino en el directorio, Roberto Baratta y/o Santiago Carnero, como los síndicos
por el Estado (SIGEN) avalaron los estados contables, memorias y plan de
inversiones por unanimidad hasta el ejercicio 2011 (12) .
- Las provincias productoras
ofrecieron en más de una oportunidad asociarse a Repsol, aun en condiciones
menos ventajosas que las obtenidas por los Eskenazi. El 10 de julio de 2011 el
CEO de la empresa, Brufau, anunció que le vendería a 4 provincias (Chubut, Santa
Cruz, Mendoza y Neuquén) el 10% de acciones por € 1022 millones.
- Durante 2010 y 2011 las provincias
de Neuquén y Mendoza renovaron por 10 años las concesiones, sin alegar
incumplimiento alguno por parte de la empresa.
- Tanto con el ingreso de capitales
chinos como en relación a PEMEX, el gobierno argentino informó su voluntad de
que Repsol siga teniendo la posesión dominante en la Compañía.
- Que el Estado Argentino avaló un
reparto de utilidades del 90% y que dejó de liquidar en el país hasta el 70% de lo
obtenido por sus exportaciones, lo que produjo el vaciamiento de la Empresa.
Asimismo, no sancionó la manipulación de las reservas lo que provocó una
maniobra financiera denunciada y sancionada por distintos países y por la
SEC.
- Que el gobierno argentino nunca
uso la Acción de Oro avalando, de este modo, todas las maniobras denunciadas y
enumeradas en la presente.
- Que la estatal ENARSA -en virtud de
lo dispuesto por su Ley de creación- tiene la titularidad de los permisos de
exploración y concesión de la explotación de todos los bloques ubicados en la
plataforma continental que no estaban adjudicados al momento de la concesión. El
27 de agosto de 2008 ENARSA, YPF y ENAP SIPETROL, junto con funcionarios del
Ministerio de Planificación (De Vido-Baratta), anuncian un proyecto de exploración
en el mar Argentino por U$S150 millones asociándose, como en otras
oportunidades, el Estado Argentino con REPSOL YPF. El 9 de agosto de 2011
ENARSA suspendió la licitación de 32 áreas de exploración petrolera por la crisis.
La falta de exploración es una constante en el desarrollo de la matriz energética
durante los 10 años de kirchnerismo. Desde el 2003 Argentina aumento en 20
veces las importaciones en petróleo.
A través de su director y su síndico el
Estado puede plantear objeciones a decisiones de la empresa, como el reparto de
dividendos entre accionistas en lugar de incrementar sus inversiones. No obstante,
quienes ocuparon ese lugar desde la privatización a la fecha, en ningún momento
objetaron la política general de la compañía hasta principios del 2012.
Según los Estados Contables al 31 de
diciembre de 2011 el capital suscripto es de $ 3933 millones y está representado
por 393.312.793 acciones ordinarias, escriturales y divididas en cuatro clases de
acciones (A, B, C y D) de valor nominal $ 10 con derecho a un voto por acción que
se encuentra totalmente suscripto, integrado y autorizado a la oferta pública.
Al 31 de diciembre de 2011 Repsol
YPF S.A. ("Repsol YPF") controlaba la Sociedad mediante una participación directa
e indirecta de, aproximadamente, 57,43%, mientras que Petersen Energía S.A.
("PESA") y sus sociedades afiliadas ejercían influencia significativa mediante una
tenencia del 25,46% del capital de la Sociedad. Adicionalmente, Repsol YPF había
otorgado una opción para adquirir hasta un 1,6% del capital accionario de YPF a
otros accionistas minoritarios, la cual ha vencido sin haberla ejercido a la fecha de
emisión de estos estados contables.
Según el Diario de España "La
Vanguardia", el Gobierno argentino de Cristina Fernández indicó en septiembre de
2011 que en el caso de que ingresara la Petrolera Mejicana PEMEX usaría la acción
de oro que tiene en la petrolera argentina YPF.
El diario relató que el 9 de septiembre
de 2011 se celebró en Buenos Aires -en la sede de la petrolera YPF- una reunión
extraordinaria del directorio (que viene a ser el homólogo del consejo de
administración en las empresas españolas) ,que duró una hora, para solicitar
explicaciones sobre los últimos cambios acontecidos en la petrolera. Tras aquella,
YPF envió un comunicado en el que quedó plasmado que no se admitirían cambios
en el actual plan estratégico, lo que supone un respaldo total al actual equipo de
Repsol.
La nota concreta que "las autoridades
de Repsol ratificaron los planes de inversión en el país comprendidos en el periodo
2010-2019 y descartan cualquier modificación en los proyectos que tienen para su
filial en la Argentina". El consejo extraordinario fue solicitado por Roberto Baratta,
actual subsecretario de coordinación y control de gestión del Ministerio de
Planificación, y que representa al gobierno en la petrolera argentina.
En aquella oportunidad el Gobierno
Argentino se mostró plenamente conforme con el accionar de la compañía, tal es
así que solicitó "ser informado en tiempo y forma de cualquier circunstancia que
pueda implicar una modificación en el actual funcionamiento de la empresa". Pidió
también "garantizar formalmente el plan de inversión 2010-2019". Además de
Baratta, representante de la Casa Rosada, acudió al encuentro Antonio Brufau,
presidente de Repsol. Según fuentes cercanas al Gobierno argentino, ambos
ejecutivos próximos al nuevo tándem Sacyr-Pemex (Font y Morales- Gil) han
tratado, a lo largo de la última semana, lograr un encuentro con el Ministro de
Planificación, Julio De Vido, o en su defecto con la propia presidenta Fernández,
para explicar los planes de Sacyr y Pemex (29,51% del capital en Repsol), pero se
les ha negado el encuentro. El gobierno argentino tiene claro que el interlocutor
español en YPF de Repsol es el propio presidente, Antonio Brufau. Así, pues,
Argentina dejó patente que no quería que Pemex gane peso en Repsol (13) .
Con motivo de lo reseñado he
sostenido en la ampliación de la denuncia que resultan evidentes las conductas
delictivas desplegadas por las autoridades de YPF S.A., particularmente las del
Presidente Antonio Brufau Niubó, del Vicepresidente Enrique Eskenazi, de los
integrantes del Directorio, sus actuales Directores, los miembros de la Comisión
Fiscalizadora, y de toda aquella persona que en virtud del cargo ocupado en YPF,
hubiera participado y/o avalado los sucesos descriptos precedentemente.
A esta altura es posible presumir que
han sido cometidos crímenes en contra del orden económico y financiero (Título
XIII de Libro Segundo del Código Penal -arts. 307, 309 y concordantes-), así como
eventuales delitos de evasión fiscal, lavado de activos (Ley 25.246), y
administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 C.P.), fraude en perjuicio de la
administración pública (art. 174, inc. 5 C.P.), entre otros, por parte de los
directivos de la empresa petrolera, en virtud de las acciones desplegadas en las
operatorias anteriormente relatadas. Todos ellos cometidos en pleno conocimiento
del Poder Ejecutivo Nacional quien, al menos, ha omitido fiscalizar y tomar las
medidas de cuidado que le eran exigibles por su rol de control. El vaciamiento de
YPF, entonces, se prueba definitivamente con la ley de expropiación.
En efecto, en esa oportunidad, la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una conferencia de prensa a fin de
anunciar la elevación del proyecto de ley que nos convoca, mediante el cual "se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF
S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa
pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas".
En los fundamentos del proyecto de
ley se consignan hechos que hemos venido denunciando públicamente, y que dan
cuenta del conocimiento cierto que tienen y han tenido la mandataria y los
funcionarios competentes del más alto rango de la grave situación en la que se
sumiera a YPF S.A. en estos últimos años, bajo el propio gobierno del matrimonio
Kirchner.
Entre otros reconocimientos pueden
leerse: "Como se verá a continuación, la estrategia de carácter predatorio ejercida
por parte de Repsol como controlante de YPF tuvo serias consecuencias para la
economía nacional y, seguramente, se profundizarán si el Estado no toma
intervención en el funcionamiento de la empresa.
En primer lugar, la estrategia de
reducción de la producción por parte de la compañía implicó la progresiva pérdida
de soberanía energética de Argentina, puesto que las cantidades importadas de
combustibles superaron a partir de mediados de 2010 a las exportadas (...)".
Llama la atención que, si bien
coincidimos en calificar como "predatoria" la conducta observada por las
autoridades a cargo de YPF S.A., el Estado no haya tomado intervención mucho
antes, cuando pudieron haberse evitado muchas de las consecuencias nefastas del
accionar orquestado por Repsol, que terminaron con el vaciamiento de la
petrolera.
La respuesta es evidente: los
funcionarios mencionados, a pesar de conocer las distintas maniobras realizadas
por dicha empresa, las avalaron, al menos, "dejando hacer"; no utilizaron la acción
de oro que está en sus manos. El director, que debía representar los intereses del
Estado, suscribió siempre los balances de la empresa.
Por eso, en su momento denunciamos
que lo que desde el gobierno argentino se presentaba como "un paso hacia la
nacionalización" del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol
YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años
atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los
altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta
de combustibles al mercado interno, donde Repsol YPF era el líder.
Sigue diciendo el proyecto de ley en
sus fundamentos:
"Así, la política de virtual vaciamiento,
al aplicar una lógica operativa más cercana al mundo financiero que al productivo,
ejecutada por REPSOL -YPF multiplicó las importaciones de combustibles por 11
veces entre los años 1995 y 2011. Para este último año, el nivel de importaciones
de combustibles alcanzaba los US$ 9397 millones, prácticamente equivalente al
saldo comercial total del país, que para ese mismo año ascendía a los US$ 10347
millones.
El análisis de la información de
producción de petróleo y de gas, por su parte, muestra a las claras la
responsabilidad que le cabe a Repsol YPF en este proceso. Entre los años 1998 y
2011 la producción total de petróleo de Argentina se redujo en 15,9 millones de
m3, de los cuales 8,6 millones de m3 fueron responsabilidad de Repsol YPF. En el
mismo sentido, la producción total de gas se redujo entre 2004 y 2011 en 6,6
miles de millones de m3, de los cuales 6,4 miles de millones correspondieron a
Repsol YPF. Vale decir que esta compañía fue responsable del 54% de la caída de
la producción de petróleo y del 97% de la caída de la producción de gas. De
hecho, si YPF hubiera logrado mantener los niveles de producción de petróleo del
año 1999 y los niveles de producción de gas del año 2004, la caída en el primero
de estos hidrocarburos se habría reducido a la mitad, mientras que en el caso del
gas la producción no habría registrado reducción alguna. Es por eso que el país
debió importar combustible para satisfacer las necesidades de su crecimiento.
El accionar de Repsol YPF a lo largo
de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario y
controlante no han coincidido con las necesidades de la República Argentina, en
tanto ha determinado una caída de la producción y una reducción en el horizonte
de reservas que compromete la soberanía energética del país. Como se verá a
continuación, queda en evidencia que el proceder de la empresa se encontró
guiado por una lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindera
con la actividad especulativa, que se tradujo en el vaciamiento progresivo de la
principal empresa de nuestro país.
El actual déficit energético de
Argentina se encuentra estrechamente asociado con las políticas llevadas adelante
por parte del accionista mayoritario, Repsol, a lo largo de la última década. Dicho
comportamiento implicó un nivel de inversiones que resultó insuficiente para
garantizar la expansión de la producción que requiere una demanda doméstica en
continuo crecimiento, en el marco del proceso de expansión económica más
significativo en la historia de nuestro país".
Insistimos que no debe olvidarse que
esa política de reparto de dividendos, agresiva y absolutamente contraria a la
realización de una política de inversiones posible y sustentable, fue conocida y
consentida desde el Gobierno Nacional.
Abona lo dicho los argumentos
esgrimidos por la Jefa de Estado al hacer público el dictado del DNU 530/2012,
publicado en el Boletín Oficial en el Suplemento correspondiente a la edición N°
32.378 del 16/04/2012, mediante el cual dispone la intervención transitoria de YPF
S.A. por un plazo de TREINTA (30) días, designando para el cargo de interventor
nada menos que al Ministro Julio de Vido y, luego también, al Viceministro de
Economía, Axel Kicillof, para el mismo cargo.
En la misma línea que el proyecto de
ley, señalaba en los considerandos:
"Que si bien YPF S.A. es la mayor
empresa del sector petrolero de nuestro país, su accionar a lo largo de los últimos
años demuestra que los intereses del accionista mayoritario han sido distintos a los
de la República Argentina, en tanto ha determinado la disminución de las
inversiones, la caída de la producción y la reducción en el horizonte de reservas
que compromete la soberanía energética del país, quedando en evidencia que el
proceder de la empresa se encontró guiado por una lógica cortoplacista
encaminada a la expansión mundial y lindero con la especulación y que se tradujo
en el vaciamiento progresivo de la principal empresa de nuestro país, la cual
repercutió negativamente en la producción y en el nivel de reservas (...)se ha
asistido a una profundización de la estrategia de virtual vaciamiento de la
empresa, proceso que se ha plasmado en un sensible aumento en la remisión de
utilidades y dividendos al exterior.
Que, la política depredatoria llevada
adelante por el principal accionista desde el año 1999 condujo a una sistemática
pérdida de la relevancia de YPF S.A. en el mercado hidrocarburífero local. Mientras
numerosas empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, expandieron
sus inversiones, y con ello su producción, se verificó una disminución progresiva de
la relevancia de YPF S.A. en la producción de hidrocarburos. Así en el año 1997
YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de la gasífera en
nuestro país, participación que se redujo en el año 2011 al 34% y 23%,
respectivamente (...).
Que esta misma estrategia se verifica
en la producción de gas. Una vez agotados todos los yacimientos descubiertos en
las etapas previas, la falta de inversiones condujo a una contracción en la
producción gasífera por parte de Repsol-YPF. Así, mientras que entre 1997 y 2004
la producción de gas de la compañía aumentó un 33%, entre 2004 y 2011 se
redujo un 38%.
Que al igual que lo que ocurrió con la
producción de petróleo, la política de inversiones en materia de gas determinó la
caída de la producción y de la participación en el mercado por parte de la
compañía: Repsol YPF redujo su cuota de mercado entre 1997 y 2011 en más de
11 puntos porcentuales (...).
Que, la sistemática falta de
inversiones por parte de la compañía condujo a una significativa caída en las
reservas de petróleo en las áreas de concesión de Repsol YPF. Así, las reservas de
petróleo de Repsol YPF se redujeron entre 2001 y 2011 un 50% (...).
En el caso de las reservas de gas, la
reducción del horizonte de reservas ha obligado a la importación de este
combustible, con la consecuente necesidad de financiar esas compras con divisas.
De hecho, desde 1999 las reservas de gas de Repsol YPF se redujeron en más de
un 55%.
Que esta reducción ha sido tan
drástica que determina una caída del horizonte de reservas de gas de los casi 17
años que se registraban en 1997 a solo 7 años en 2011 (...) el comportamiento de
Repsol YPF implicó para Argentina un fuerte deterioro en términos de la capacidad
de autoabastecimiento en materia de combustibles. El resultado de este
movimiento produjo una creciente necesidad de importaciones de combustibles
que implica una mayor vulnerabilidad externa.
Que la estrategia predatoria por parte
de Repsol YPF tuvo serias derivaciones para la economía nacional, puesto que
como consecuencia, las cantidades importadas de combustibles superaron a partir
de mediados de 2010 a las exportadas (...).
Que en conclusión, la política
predatoria ejecutada por Repsol YPF implicó que por primera vez en 17 años
Argentina experimentara un saldo comercial deficitario en materia de
combustibles, que alcanzó en 2011 los US$ 3029 millones (...).
Que en consecuencia resulta
imperioso asegurar el abastecimiento de combustibles, con el fin de garantizar la
cobertura de las necesidades del país, siendo para ello necesario disponer medidas
concretas en tal sentido".
Es de interés resaltar que, en virtud
de lo anteriormente descripto, el Poder Ejecutiva Nacional está confirmando, con
sus propios actos, el alto nivel de conocimiento que ostentaba de la grave
situación que existía que, por otro lado, ha convalidado.
Por ello, lo mínimo que uno podría
preguntarse es si no ha habido, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, una
conducta de encubrimiento de los crímenes que aquí se investigan por no haberlos
denunciados y por no haber actuado a tiempo para impedirlos o para que cese la
comisión de aquellos. Reiteramos, estamos hablando de nueve años
ininterrumpidos de estar a cargo del Gobierno de la Nación.
El mismo 17 de abril de 2012 se
celebró una reunión plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda,
Asuntos Constitucionales y de Minería, energía y combustibles del Honorable
Senado de la Nación, con motivo del tratamiento del proyecto de ley de
expropiación de YPF.
En aquella expusieron los
interventores designados de YPF, el Viceministro de Economía y Finanzas, Axel
Kicillof, y el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido, quienes fueran invitados para informar sobre el proyecto a tratarse.
Lo destacable ha sido la actitud
adoptada por el Viceministro de Economía y Finanzas quien, en consonancia con el
tenor de los fundamentos del proyecto y de los considerandos del DNU que
dispuso la intervención, ha reafirmado, en reiteradas oportunidades, la existencia y
el conocimiento que tenía el PEN del vaciamiento de YPF, de la conducta
predatoria de Repsol respecto de las reservas de la petrolera, de las conductas de
especulación y manipulación de las acciones llevadas a cabo por Repsol y de la
"beneficiosa" operación de compraventa celebrada con el grupo Petersen, de los
Eskenazi.
En tal sentido, es posible leer en la
versión taquigráfica de dicha reunión plenaria cómo Axel Kicillof se jactó de
conocer "el paño" de empresarios como el Presidente de la compañía, al decir: "...
Estos empresarios como Brufau, ¿qué van a entender lo que estamos haciendo?
Ellos están pensando en la expansión trasnacional de un grupo, cosa que han
hecho en buena medida a expensas de los dividendos girados por nuestra
compañía petrolera".
Y tal como sosteníamos, aseguró: "...
pero lo decían los propios diarios españoles y lo leyó la propia presidenta: Repsol,
antes de apropiarse de YPF, era una empresa muy pequeña que prácticamente no
tenía producción de hidrocarburos, y ahora se ha convertido en lo que es".
Siguió diciendo el Viceministro de
Economía: "Porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años.
Porque estaban en la consumación de una política. Entonces, baja la producción, y
si YPF hoy es poco en el mercado doméstico es porque YPF quiso ser poco en este
segmento porque no era el segmento donde tenía mejores precios desde su punto
de vista".
Por ello, sus palabras resultan
contradictorias con un eventual desconocimiento respecto de quién fue siempre
Repsol. Resulta una burda mentira que el estado de situación que hoy utilizan
como fundamento para la expropiación les fuera desconocido.
Asimismo, señaló: "Este gráfico es el
que mostró Cristina, la presidenta, con respecto a la evolución del nivel de
reservas de petróleo. Una caída del 50 por ciento de la reserva. Hemos hablado
estos días con muchos petroleros que nos decían: una empresa petrolera que
pierde reservas de un año al otro, toda la industria petrolera la mira con
desconfianza, porque el día que baja 1 por ciento el nivel de reservas, la empresa
sabe que está poniendo en cuestión su supervivencia. Pero esto es un grupo, que
habrá puesto sus recursos para producir en otro lado, o porque los costos eran
menores o porque los precios eran mayores, y le daba más rentabilidad de corto
plazo. Otro tanto con la reserva de gas: 55 por ciento se redujeron".
El Grupo Repsol se estaba
desprendiendo de la propiedad accionaria de YPF voluntariamente y, además, no
había voluntad de comprometerse tanto con el país.
Aquí nos encontramos en presencia
de un grupo -Repsol- que retiró dividendos cerca de U$S16000 millones. Así, en
términos estrictos, podría decirse que ya recuperó lo que puso en dividendos, no
en títulos, en dólares contantes y sonantes, que se llevó al extranjero. Sin
embargo, además, vendió al Grupo Petersen el 25 % de la compañía por U$S 3539
millones, pero este no disponía del efectivo. Por lo tanto, se endeudó y decidió
pagar a través de los dividendos. Esto es un acuerdo privado de accionistas. Por lo
tanto, reconoce expresamente el exitoso "negocio" con el cual el gobierno, a
través de su aval y cobertura, benefició a los Eskenazi.
Incluso, Kicillof, a pesar de las
valoraciones que realiza, reconoce la existencia de la denominada "acción de oro".
El entonces Viceministro de Economía manifestó:
"Ese director que tenemos es porque
la acción de oro desapareció, porque ahora tenemos una acción de oro boba.
¿Cuánto tenemos? 0,9 por ciento. A lo cual el Ministro de Planificación Federal e
Inversión Pública y Servicios contestó: "No, una acción". Luego, el Viceministro de
Economía continuó diciendo: "Una acción. Y por eso tenemos un director de
diecisiete. Ese director ha acompañado todas las políticas de este gobierno, en
términos de que hubo momentos en que parecía que esos señores, y nunca si no
me equivoco... Bueno, el año pasado Barata votó en contra... ¿de?..."
Nuevamente, el Ministro de
Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios expresó: "La remisión..." Por
último, el Viceministro de Economía finalizó diciendo: "La remisión de utilidades.
Porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años. Porque estaban
en la consumación de una política".
Por otro lado, el propio Ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -quien, quizás por su activa
participación en todo el proceso, prefirió no hacer mucha "alharaca"- terminó por
reconocer el estado de emergencia del sector: "...tuvimos que importar
hidrocarburos por las falencias, muy graves, que tuvo Repsol en toda esta historia,
desde 1999 en adelante; y no desde 2003; aunque desde 2003 en adelante
también, porque fue una constante".
En el mismo sentido, el día 25 de abril
de 2012 se ha publicado -en la página web de la petrolera- un comunicado
suscripto por "Intervención YPF" como respuesta a Repsol por la solicitada que
había publicado el día anterior en los diarios de mayor circulación del país.
Al respecto, afirmó dicho comunicado:
"Entre 1999 y 2011, las reservas de petróleo de YPF se redujeron en un 40,5% y
las de gas en un 47,1%, mientras la producción de petróleo caía un 38,3% y la de
gas un 25,4%. Se trata de una conducta depredatoria (sic). Una compañía
petrolera que cada vez produce menos al tiempo que sus reservas decrecen, está
siendo vaciada".
Asimismo señalaron: "las inversiones
no se dirigieron hacia las actividades de exploración que conducen a nuevos
descubrimientos". "El grupo Repsol se dedicó a buscar petróleo en otros países
como Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia,
Libia, Estados Unidos, Brasil, Angola, Rusia, Irlanda, Irak, Túnez y Portugal. Así lo
reconoce en su página de internet donde afirma que "los pilares de su estrategia
son el aumento de la producción y las reservas, la diversificación geográfica de la
actividad con el incremento de su presencia en países de la OCDE".
Concluyeron el comunicado
sosteniendo: "La inversión de Repsol fue INSUFICIENTE porque provocó una
reducción en la producción y las reservas de YPF ocasionando un enorme perjuicio
para la empresa y para el país".
Por otro lado, el ex Ministro de
Economía, Hernán Lorenzino, también reconoció públicamente lo evidente del
vaciamiento de la empresa al señalar: "si uno considera que una compañía, en
cualquier rubro, tenía el 43 por ciento de un mercado y al cabo de unos años tiene
el 34 por ciento, eso quiere decir que algo pasó, que algo no hizo".
Al respecto, el jefe de la cartera
económica destacó que el comportamiento de YPF en manos de Repsol "explica el
54 por ciento de la caída de la producción de petróleo y el 97 por ciento de la
caída de producción de gas".
Tras recordar que "gran parte de
nuestra energía eléctrica se abastece de gas", el Ministro sostuvo que la política de
Repsol de remitir utilidades, endeudar a la compañía y no producir implicó un
perjuicio para la economía, que se tradujo en un perjuicio para la gente".
"El concesionario tiene la obligación
de no bastardear el recurso que le están otorgando", enfatizó el funcionario, quien
cargó contra Repsol por haber distribuido entre 1999 y 2011 "U$S 15728 millones"
de utilidades de YPF mientras que todo el grupo, a nivel global, "distribuyó U$S
13.370 millones" ("YPF acusó a Repsol de aplicar una política "depredatoria" de los
recursos naturales", lanación.com, 25/04/2012).
Es de interés resaltar que dichas
declaraciones demuestran una indiscutible auto incriminación por parte del Poder
Ejecutivo.
Sumado a ello, el ex Jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, -luego de que una publicación del diario "Tiempo
Argentino", del 22 de abril de 2012, lo apuntara como "lobbista" de la empresa
Repsol- salió a aclarar que había sido contratado por la compañía española como
"consultor en temas coyunturales", por gestiones que había realizado el propio ex
Presidente Néstor Kirchner.
El ex funcionario aseguró que su
puesto era de "consultor externo" y que lo consiguió en 2008 gracias a una
"gauchada" del propio ex presidente Néstor Kirchner.
Asimismo, el ex Jefe de Gabinete
Kirchnerista brindó más detalles sobre su contratación por parte de Repsol. En
efecto, sostuvo: "Cuando dejé la Jefatura de Gabinete tuve un problema de salud
que me dejó fuera de circuito durante veinte días. Cuando volví, me reuní con
Kirchner, que se preocupó por mi situación laboral y, para ayudarme, le propuso a
la gente de YPF que me contrate" (ver nota "Alberto Fernández confesó que
Néstor Kirchner le consiguió trabajo en YPF", diario Perfil.com del
23/04/2012).
Dicha situación refleja la "estrecha"
relación que mantenía el ex mandatario con las autoridades del REPSOL.
En suma, la expropiación garantizó
impunidad a Repsol mientras que la intervención "premió" a quienes avalaron el
"vaciamiento" y tiende a garantizar impunidad a los funcionarios partícipes de
aquel.
(1) http://www.ttn.gov.ar
(2) Marienhoff, Miguel Ángel :
"Expropiación, justa indemnización: concepto y fundamento jurídico",
Jurisprudencia Argentina 1959-VI pagina 255 y siguientes.
(3) Bielsa "el método jurídico en la
expropiación". LL 8/09/1966
(4)
http://www.finanzas.com/id.8984587/noticias/noticias.htm
(5)
www.biodiversidadla.org/content/view/full
(6) Total gas entregado a usuarios
finales (incluye usuarios de distribución, by pass comercial, by pass físicos, RTP
Cerri y usuarios en boca de pozo).
(7) http://www.enargas.gov.ar
(8) Diario El País de España, Sección
Economía, 20 de diciembre de 2007
(9) Los Estatutos de la petrolera
obligan a presentar una OPA si el inversor compra más del 14.9% de la
compañía.
(10) InfoMoreno, por Gustavo
Callejas
(11) En febrero de 2011, durante la
presentación de los resultados anuales de 2010, Repsol dijo haber "adelantado
significativamente el cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico" hasta
2014, que incluyen la venta de una parte de YPF hasta reducir su posición al
50.1%.
(12) Según obra en la presentación
ante la Comisión Nacional de Valores, Ejercicio 2010 "puesto a consideración del
Directorio" (...) la memoria, Balance General, Estado de Resultado, Evolución del
patrimonio Neto y Flujo de efectivo, con sus notas, cuadros y documentación
conexa e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio
Económico 34 iniciado el 1/1/2010 y finalizado el 31/12/10". Referencia Asamblea
General Ordinaria N° 35 - CNV 28/4/11
(13) La vanguardia, Economía, 10 de
septiembre 2011
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CARRIO, ELISA MARIA AVELINA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA | CORDOBA | COALICION CIVICA |
| SANCHEZ, FERNANDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| TERADA, ALICIA | CHACO | COALICION CIVICA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia) |
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |