Proyecto de Ley de Reestatización de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica (Edenor, Edesur, Edelap, etc.)

Artículo 1º.- Declarar la nulidad absoluta de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos -leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones- que motivaron la transferencia a empresas privadas de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, en todo el territorio nacional.

Artículo 2º.- La anulación de dichos contratos se realiza sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido al momento de las concesiones.

Artículo 3º.- A partir de la presente ley el Estado Nacional reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de todo el sistema de energía eléctrica -incluida la generación, el transporte y la distribución -, mediante un sistema único, el que operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores y organizaciones de usuarios. A tal fin se crea la empresa "Energía Eléctrica del Estado", sociedad 100% estatal.

Artículo 4º.- La empresa "Energía Eléctrica del Estado" reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones y al que fuera despedido a causa de planes de racionalización o achicamiento.

Artículo 5º. - Se incorporará con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente a los trabajadores que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el servicio de energía eléctrica.

Artículo 6º.- Se crea una Comisión Investigadora especial compuesta por trabajadores del sector, elegidos democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema de energía eléctrica del ámbito concesionado al sistema estatal, facultada además con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos penales y civiles de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.

Artículo 7°- Comuníquese al P.E.N.-

Artículo 8°. - De forma.

Señor presidente:

El aumento de la tarifa de luz, que se suma a los tarifazos de gas, transporte, etcétera, es un nuevo golpe al bolsillo del pueblo trabajador que se empobrece día a día, producto del brutal ajuste que viene aplicando Macri. Este gobierno beneficia a las empresas privatizadas de energía eléctrica con los subsidios y con el aumento de tarifas a pesar de que brindan un servicio pésimo, con cortes de luz diarios que afectan a miles de usuarios. (Según ENRE el 2/3/2017 fueron afectados 373.014 usuarios en Capital y el Conurbano tanto por problemas de generación como por distribución eléctrica, demostrando que el colapso es de todo el sistema). Durante todos estos años, las empresas utilizaron los subsidios para enriquecerse y no para mejorar el servicio. Por eso, presentamos este proyecto de Ley que plantea la rescisión de todos los contratos de concesión y la reestatización de todo el servicio bajo control de los trabajadores y usuarios.

El actual sistema eléctrico es la consecuencia de las privatizaciones de SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, las tres empresas estatales que proveían electricidad hasta 1992. El gobierno de Carlos Menem, con el apoyo de todos los partidos patronales, privatizó el sistema de energía eléctrica, amparándose en la ley 24.065 y de esta manera desintegró el sistema, dividiéndolo en varias empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras. Esta reforma habilitó a que grupos de empresarios extranjeros y nacionales, lucren con un servicio público esencial como es la electricidad.

Desde entonces, las empresas privatizadas recibieron abultados subsidios que solo sirvieron para aumentar sus propias ganancias, ya que no hubo ninguna mejora en el servicio. Muestra de ello fue el histórico apagón de febrero de 1999 que dejó 600.000 porteños sin luz durante 11 días y los cortes que actualmente sufrimos verano tras verano.

Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no controla la falta de inversión de las empresas, ni el acceso de los usuarios, ni la calidad del servicio. Es un organismo que le garantiza las ganancias a los capitalistas siendo cómplice de esta estafa al pueblo trabajador.

El kirchnerismo, que gobernó durante 12 años, mantuvo la misma política de financiar las ganancias de los grupos empresarios, sin invertir un solo peso en mejorar la calidad del servicio. Los subsidios millonarios a las distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur, al igual que al resto de las empresas privatizadas como Enargas, Camuzzi, TBA, etc., sirvieron para aumentar las ganancias de los capitalistas, sin ningún tipo de control sobre la calidad de un servicio que, luego de 25 años de privatización, se demostró que fue un robo y saqueo al pueblo trabajador.

Con el gobierno de Macri, el sistema de subsidios a las empresas se mantuvo (en 2016, Edenor y Edesur recibieron 100.000 millones de pesos), y a esto se sumó el aumento de las tarifas justificado con la farsa de las audiencias truchas que se hicieron el año pasado. A pesar de que trabajadores, consumidores, sindicatos, organizaciones populares y de izquierda nos pronunciamos en contra de los aumentos, el gobierno decidió salvar una vez más a las empresas, habilitando un escandaloso aumento.

Durante las audiencias truchas las empresas intentaron demostrar que trabajaban a pérdida, pero los números no mienten. En el caso de la distribuidora Edesur, ganó $1.324 millones en 2015 y ENEL (la italiana que tiene su mayoría accionaria) aspira tener ganancias por 4.000 millones de euros hasta 2019 en Latinoamérica y 17.300 millones de euros en el mundo. A su vez, el titular de Edenor, Marcelo Midlin, compró los activos de Petrobras por 900.000 millones de dólares. Esto demuestra que los subsidios que durante estos 25 años lleva pagando el estado no fueron para mejorar el servicio sino para enriquecer los propios negocios de sus dueños.

Tanto el gobierno de Macri como todos los gobiernos anteriores, sean peronistas o radicales, fueron parte de estos negociados y continuadores de una misma política de entrega de nuestros recursos a grandes grupos de empresarios usureros, manteniendo una doble vía de enriquecimiento: los subsidios que les paga el estado y las tarifas, cada vez más costosas, que les cobran a los usuarios.

Estas empresas, que llevan 25 años brindando pésimos servicios y burlándose de los usuarios, son premiadas con tarifazos astronómicos y con el perdón de sus millonarias deudas, tal como fue aprobado en el artículo 15 del presupuesto votado por macristas, massistas, una parte mayoritaria del Frente para la Victoria, centroizquierdistas de Stolbizer y los socialistas santafesinos. Allí, se le perdonan a Edenor 1.200 millones de pesos, 430 millones a Edesur y 1.800 millones a Edelap, solo por nombrar a las distribuidoras del área metropolitana. Sumando a las distribuidoras del interior, la cifra total de perdón de deuda asciende a 19.000 millones.

Así como lo denunciamos en la audiencia pública: Edenor, Edesur, Edelap y todas las privatizadas ya demostraron que lo único que les interesa es llevarse sus superganancias. La luz eléctrica es un servicio público esencial, un derecho humano que no puede ser tratado como una mercancía ni en función del lucro privado. Por eso, la única salida para garantizar realmente tarifas accesibles para todos y servicios de calidad pasa por la rescisión de todos los contratos de concesión y la reestatización de todo el servicio, gestionado por quienes realmente saben del tema, sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Ley.