Artículo 1°.- Deróganse los decretos 1055/1989, 1212/1989 y 1589/1989

Artículo 2°.- Se revierten al Estado Nacional todas aquellas concesiones de explotación y permisos de exploración que:

a) Excedan el número de cinco (5) concesiones permitido por los arts. 34 y 25 de la Ley 17.319.

b) Las obtenidas por reconversiones y contratos de explotación derivados de los decretos 1055/1989, 1212/1989 y 1569/1989.

c) Las prorrogadas en violación a la Ley 17319.

d) Todas aquellas tipificadas como de explotación con exploración complementaria, que excedan la superficie o los plazos permitidos por la Ley 17319.

Artículo 3°.- Dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente Ley, se constituirá una empresa del Estado Nacional integrada entre el mismo y las provincias, cuya gestión conservará el Estado, de acuerdo a las normas y reglamentación que oportunamente se dicten.

Artículo 4°.- De forma.

Señor presidente:

El problema de los recursos de hidrocarburos que afecta ya gravemente a nuestro país, es simplemente el emergente de un colapso generalizado que se ha empezado a detectar a través de los propios informes de las compañías petroleras más importantes del mundo. Las informaciones disponibles, muestran que lo que decimos, no son simples manifestaciones de oportunismo político, sino lo que hemos receptado de esos informes. Como ejemplo podemos citar que Chevron Texaco, la segunda empresa energética de los EE.UU. informa de la existencia de un notable desequilibrio entre su producción y la restitución de sus reservas. Royal Dutch Shell declaró que había sobreestimado sus reservas de crudo y gas natural en un 20%, habiendo bajado sus reservas en más de un 10%, lo que implica una pérdida de neta de 5.300 millones de barriles de crudo. Es importante mencionar que la tasa de reposición de Repsol YPF, es la más baja entre las compañías petroleras del mundo, siendo de 18%.

Estos ejemplos demuestran que la voracidad financiera de las empresas, donde lo único importante ha sido extraer, vender sin explorar nuevas fuentes, está creando complicaciones cada vez mayores, con un horizonte a la vista altamente preocupante. Al respecto Mike Rodgers que firmara un estudio publicado por PFC ENERGY de Washington D.C. sostuvo que "En efecto, las existencias mundiales de crudo son todavía muy dependientes de las posesiones de antaño, descubiertas durante los tiempos de auge de la exploración" lo que revela la falta de exploración y de búsqueda de nuevas reservas, y el Dr. Michael Klare, profesor del Hampshire College, y autor de Blood an Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Petroleum Dependency, es contundente al explicar "Qué tan pronto ocurrirá el aplastamiento energético y qué tan severo puede ser son materia de un debate considerable. En gran medida, este debate gira en torno al concepto de "clímax petrolero" o producción máxima sostenible diaria. En los cincuenta un geólogo del petróleo, M. King Hubbert, publicó una serie de ecuaciones que muestran que la extracción de cualquier pozo o reserva de crudo seguirá una curva parabólica en el tiempo. La producción aumenta rápidamente después de la perforación inicial y luego pierde fuerza conforme la extracción alcanza su máximo, su "clímax" o "pico", como se lo conoce por lo común. Este se alcanza casi siempre cuando se ha extraído la mitad del monto total del petróleo de dicha fuente, después de lo cual la producción cae a una tasa de caída más y más pronunciada. En 1956 y usando esas ecuaciones, Hubbert predijo que la producción de crudo convencional (es decir líquido) en Estados Unidos tendría un pico o clímax a principios de los setenta. Su predicción provocó mucha mofa en esa época, pero le dio gran renombre cuando en efecto la extracción estadounidense llegó a su nivel pico en 1972. Debido a los insuficientes datos que había entonces, Hubbert no pudo aplicar sus ecuaciones a la producción estadounidense. Sin embargo, él predijo que la producción global -al igual que la estadounidense- alcanzaría eventualmente su nivel pico y después iniciaría su declive irreversible. Sostuvo que "Aun con una producción mayor de tales sustitutos, la inevitable contracción en las existencias mundiales de petróleo solo pospondrá unos cuantos años la crisis Eventualmente, los científicos y los ingenieros podrían desarrollar fuentes totalmente nuevas de energía -por ejemplo sistemas geotérmicos, de biomasa o con base de hidrógeno- pero a las tasas actuales de desarrollo, ninguna de estas alternativas estará disponible en la escala suficiente cuando los productos del petróleo comiencen a ser escasos.

Así, aunque en este momento los principales accionistas de Exxon, Chevron y otros gigantes del petróleo no manifiesten su preocupación, el resto de nosotros quedamos muy perturbados por los informes recientes. Pese a todo el optimismo mostrado por Washington, estamos ante una amenaza difícil de escapar y sustancial: la escasez global de energía solo traerá penosas consecuencias para nuestra economía y la de resto del mundo. Esta escasez próxima no puede evadirse con solo desearlo ni puede borrarse perforando en el refugio nacional ártico, que contiene, por lo que se sabe tan poco petróleo que no hace diferencia significativa en las existencias estadounidenses. Solo un ambicioso programa en materia de conservación de la energía que entrañe la imposición de estándares mucho más estrictos de eficiencia en los combustibles usados y un financiamiento masivo en la investigación y desarrollo y luego un despliegue de gran escala de combustibles alternativos, ambientalmente amigables, pueden ofrecer la esperanza de evitar la crisis que de otra manera se avecina."

Si el panorama global que muestra el distinguido investigador estadounidense es preocupante, lo referido al caso argentino llega a extremos de gravedad que no pueden soslayarse y demuestra que todo el proceso de desregulación y desnacionalización de los hidrocarburos, no fue el producto de decisiones desacertadas de política económica, sino el resultado de un plan deliberado para agotar nuestros recursos, sin las inversiones indispensables para restablecer el equilibrio necesario entre la explotación y las reservas.

Como se podrá ver en datos que se consignarán más adelante al consignar las consecuencias de la desregulación la explotación irracional de los recursos energéticos preanuncia una crisis que es necesario evitar. Y los antecedentes que se pueden mostrar lo evidencian claramente. Solo cabe recordar que el 26 de marzo de 2004 la Secretaría de Energía dio a conocer la Resolución 265 por medio de la cual se ponía de manifiesto que la situación de abastecimiento de gas al parque generador termoeléctrico se transformó en complicada dado que el mismo "no está plenamente en condiciones de operar física y financieramente sobre la base de combustibles líquidos". Eso la llevó a establecer un programa de racionalización energética, buscando la importación de combustibles líquidos y gaseosos y estableciendo un plan para alentar la reducción del consumo de gas y electricidad (Resolución 415) Estas racionalizaciones determinadas por un comienzo de crisis, no reparaban que se hablaba de reducciones al consumo, ignorando el hecho de que hay más de 13 millones de personas que carecen de provisión de gas por redes según el Indec, aunque nuestros propios estudios llevan esa cifra a 15 millones de personas. A partir de allí y no obstante las medidas restrictivas adoptadas, la situación no ha variado sustancialmente, y es por eso que es necesario importar gas, para cubrir el faltante necesario que satisfaga el consumo interno. Ejemplo de ello es el preacuerdo firmado por ENARSA con la empresa Qatargas de Qatar para importar durante veinte años 5 millones de metros cúbicos anuales de GNL.

No existiendo una auditoria integral de reservas, por parte de técnicos argentinos independientes, no vinculados a las empresas privadas no se puede saber con exactitud el nivel de reservas existentes, ya que no resultan confiables los datos que suministran las petroleras privadas.

En el actual estado en que se encuentra la producción, el consumo y la exportación, los niveles de reservas de gas y petróleo no llegan a los 7 y 6 años respectivamente, cuando a fines de la etapa estatal llegaban a 36 y 16 años respectivamente. No obstante ello reiteramos los datos que circulan no nos merecen fe, por lo tanto cualquier decisión técnica, económica o política que se adopte en el futuro sobre la base de los mismos, no es creíble, y tiene grandes posibilidades de estar equivocada. Ante los constantes requerimientos de desgravaciones impositivas para los gastos exploratorios, son muchos los técnicos independientes que piensan que realizando una estimación disminuida de las reservas de petróleo, los concesionarios pueden conseguir exenciones impositivas desusadas en el mundo. También existen presunciones sobre una sobrestimación de las gasíferas, originada en la necesidad de conseguir autorizaciones de exportación, que se ha convertido en la parte más rentable del negocio de gas natural.

Siendo el conocimiento de las reservas de gas y petróleo un dato insoslayable en la fijación de la política energética, y considerando las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo hasta hoy, la conclusión natural es que la política del sector la siguen fijando las empresas concesionarias de acuerdo a sus intereses, que no son precisamente los de la Nación y el actual estado de cosas está perjudicando de manera irreversible el futuro de la comunidad, al entregar sus bienes estratégicos, limitándose el Estado a ejercer retenciones sobre lo que exportan, como si ello fuera un considerable logro, y aportara recursos importantes. No se tiene en cuenta que tampoco existe el debido control sobre lo que declaran las empresas, lo que no es algo nuevo en nuestro país, pero a lo que debe ponérsele fin, y si bien deben liquidar lo que obtiene por exportaciones ello no es suficiente porque el control es casi inexistente.

La crisis energética en ciernes provocada por toda la estructura jurídica inconstitucional del menemismo que no fue modificada quedó una vez más evidenciada, por un importante personaje del mundo petrolero, Alí Moshiri, Presidente de la división para exploración de América Latina de Chevron Texaco, quien el día 10 de agosto de 2006, en la conferencia "Argentina: crecimiento y oportunidades de inversión" que organizó el Consejo de las Américas, dijo "la inversión actual solo alcanza para mantener la producción pero no para sumar nuevas exploraciones", mostrando un gráfico donde se señalaba el agotamiento total de las cuencas de gas y petróleo para el año 2030, lo que fue ratificado por Gustavo Cañonero, economista-jefe del Deutsche Bank quien dijo " la Argentina se beneficiaba de la coyuntura internacional que era muy favorable con las economías que producen commodities. Hasta 2007 está todo controlado. Pero después hacen falta fuertes inversiones. Estamos hablando de un mínimo de 5000 millones de dólares en los próximos cuatro años y 10.000 si lo que se quiere es ampliar la oferta actual" (La Nación, 11 de agosto de 2006) Esta palabra *commodities" del banquero, no es casual y muestra cual es el concepto que nos imponen sobre nuestro petróleo: una simple mercancía negociable. Lo que es un recurso estratégico para las grandes potencias, que prefieren importarlo para cuidar sus reservas, ha pasado a ser en la Argentina, nada más que un simple comoditie, con lo que se lo despoja de su valor histórico y de su utilidad para el servicio público, pudiendo así exportarlo sin limitación

Desde el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, comenzó una larga lucha para asegurar que esa riqueza fuera explotada en beneficio del país. El 3 de junio de 1922 el presidente Irigoyen dictó un decreto creando la "Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y el 19 de octubre del mismo año el presidente Marcelo T. de Alvear mediante un instrumento análogo designó como Director General de la entidad al Coronel Enrique Mosconi, quien desarrolló una fundamental labor para consolidar a la empresa como una de las petroleras más importantes. Su labor permitió demostrar la mentada falacia que era necesario contar con grandes capitales para desarrollar una industria nacional, sin tener en cuenta que esos capitales habrían de obtenerse de los beneficios producidos por la empresa. Es bien conocida la actuación de este notable hombre público que se enfrentó a los trust petroleros, y desplazando a las principales compañías, consiguió controlar todo el mercado interno del petróleo.

Desde ese año 1922, hasta 1989, la industria petrolera sufrió una gran variedad de alternativas que no es del caso comentar aquí en homenaje a la brevedad, y que son suficientemente conocidas; pero a pesar de ello, en ningún caso hubo duda alguna que los recursos hidrocarburíferos eran propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación. El art. 40 de la Constitución de 1949 nacionalizó el subsuelo y terminó con las concesiones, y aún cuando esa ley fue derogada por una disposición emanada de un gobierno usurpador, nunca estuvo en peligro cierto la propiedad de los recursos del subsuelo, pese a una serie de alternativas contractuales que llevaron a la celebración de contratos con empresas extranjeras durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, los que fueron anulados por un decreto del Presidente Arturo Illia.

Aunque no se tenían las ideas de Mosconi, y eran otras las concepciones económicas vigentes, el gobierno presidido por el Gral. Onganía, sancionó la ley 17.319 ( B.O. 30/6/67) en cuyo artículo 1º se establece que "Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio del República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio imprescriptible e inalienable del Estado Nacional" y en la exposición de motivos elevada con la firma del Ministro Adalbert Krieger Vasena si bien se admite la intervención de empresas particulares para la explotación de hidrocarburos, queda muy en claro que la misma estará subordinada a la explotación que lleve a cabo YPF, indicando que " La intervención subsidiaria de las empresas particulares en modo alguno afectará el papel fundamental que Y.P.F. y Gas del estado, seguirán desempeñando en la política nacional de los hidrocarburos, ni menoscabará los poderes de que dispone el estado para reglar la exploración, la explotación, el transporte, la industrialización y la comercialización de esas sustancias, desde que tanto la fijación de la política en la materia, como la conducción y el contralor de su aplicación estarán totalmente a cargo del Poder Ejecutivo" agregando que la actividad de las empresas particulares sería "tributaria del quehacer de las empresas estatales, únicas titulares de los derechos mineros referidos a yacimientos de hidrocarburos". Es decir que ni remotamente se suponía que YPF abandonara el papel rector que tenía en materia petrolera ni que el Estado pudiera resignar sus potestades en materia de control sobre tales recursos. Pigretti sostiene que la ley 17.319 es casi una copia literal de la ley española del 26 de diciembre de 1958 sobre Régimen Jurídico de Investigación y Explotación de los Hidrocarburos, es decir que no se trató de algo original de ese gobierno, sino que se adoptó un texto legal que más allá de algunas falencias, seguía asegurando la propiedad estatal de los recursos ( cif. Eduardo A. Pigretti, El nuevo Régimen Legal de los Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos, ADLA. XXVIII-B 1967, págs. 1486 y sig.).A su vez, y determinando el carácter que tenían los hidrocarburos, la Corte Suprema afirmó: "Que la ley 17.319 -cuyo art.1º fue declarado constitucionalmente válido por esta Corte en la causa "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c.Mendoza, Pcia. De y otros/nulidad de concesión minera" del 3 de mayo de 1979- confirió a los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la República y su plataforma continental, el carácter de establecimiento de utilidad nacional -por su calidad de complejo de obras y servicios-, en los términos del art. 67, inc. 27 de la Constitución Nacional, quedando sometidos a la legislación exclusiva de la Nación y en las condiciones inherentes a la vital importancia que revisten para la economía general del país y su defensa" (CSJN., 6-12-84, "B.J. Service Argentina S.A. c. Provincia de Mendoza", considerando 2º, La Ley 1985-B, 199) y cuatro años después volvió a ratificar tales criterios al sostener "Que si bien la utilidad nacional de los yacimientos de hidrocarburos puede derivarse racionalmente de su propia naturaleza (doctrina de Fallos t.302, p. 1223) cabe señalar que su incorporación entre los establecimientos amparados por el art. 67, inc. 27 de la Constitución es consecuencia de la interpretación de las normas de la ley 17.319 y, por consiguiente, de la voluntad del legislador nacional al que esta Corte ha reconocido, por principio, la atribución de determinar la existencia del fin nacional así como la elección de los modos de satisfacerlo (Fallos, t. 259, pág. 413, consid.. 8º)" (CSJN. 2/8/88, "Provincia de Mendoza c. Estado Nacional, La Ley 1989- A, 447)

Durante la dictadura cívico-militar hubo algunos intentos de privatizar a YPF, a través de proyectos propiciados por el ministro de Economía de Galtieri, Dr. Roberto Alemann, y por los Dres. Juan Alemann y Alberto Grimoldi, pero más allá del descomunal endeudamiento al que se sometió a la empresa durante esa dictadura, que la llevó a tener que afrontar obligaciones por casi 6.000 millones de dólares, YPF seguiría manteniendo el control de la política petrolera. Sería con el advenimiento del presidente Menem, donde se instrumentaría en proceso de liquidación de la petrolera estatal, entregando el dominio de los recursos del subsuelo a empresas extranjeras a través de los decretos desregulatorios 1055/89, 1212/89 y 1589/89 que se convirtieron en un verdadero "corpus" reglamentario para terminar con el control del Estado sobre el sector; convirtiéndose tales normas en los antecedentes inmediatos para proceder a convertir a YPF en una sociedad anónima, despojándola de su carácter de sociedad del Estado, y luego privatizarla hasta la entrega final a la petrolera Repsol.

La producción total de hidrocarburos a fines de 1989 se encontraba en constante aumento, habiéndose establecido en ese año un record histórico de 51.028.000 m3. (26.702.000 de petróleo y 24.326.000 de gas equivalente en valor calórico al petróleo) La cantidad de pozos perforados hasta esa fecha, se mantuvo con altibajos en un promedio del orden los 800 anuales, solamente superado en América Latina por Brasil en los últimos años y superior a los de México y Venezuela, y a países de la OPEP como Arabia Saudita, Nigeria o Indonesia. Los aspectos negativos que podían señalarse estaban dados por la actividad de recuperación secundaria que era inferior en un 13% al promedio mundial. Esto no ocurría por la baja actividad de la industria o por el no alineamiento con la economía petrolera mundial, sino que la baja producción relativa de petróleo se debía a las características geológicas del territorio que situaba a la producción de sus yacimientos en los 7 m3/pozo/día, mientras que en Venezuela es de 100/pozo/día y en Arabia Saudita de 1000m3/pozo/día.

La capacidad instalada de refinación estaba en condiciones de satisfacer las necesidades del país hasta el año 2010. Las destilerías de YPF de La Plata y Luján de Cuyo se encontraban en un nivel tecnológico de avanzada. La balanza comercial energética arroja resultados positivos.

Las grandes obras de infraestructura realizadas hasta 1989 correspondían en gran parte al área de los hidrocarburos, destacándose entre las principales; el aumento de la capacidad de conversión y procesamiento de las destilerías de La Plata, Luján de Cuyo y Campo Durán, de propiedad de YPF, con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares, la construcción por parte de Gas del Estado del gasoducto troncal NEUBA II que demandó una inversión de 480 millones de dólares y la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto del Norte. YPF, concretó el Oleoducto Puerto Hernández-Cerro Divisadero; la realización de las plantas de tratamiento de gas venteado en la provincia de Mendoza; la finalización y puesta en marcha de las plantas satélites del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, con aportes realizados que excedieron los 400 millones de dólares y el avance del 95% de las obras correspondientes al Complejo de Aprovechamiento de Olefinas de Petroquímica General Mosconi en el Polo de Ensenada, con inversiones superiores a los 180 millones dólares

La relación creada entre las empresas estatales del sector con la infraestructura científico-tecnológica de las universidades nacionales, permitió que YPF, en su laboratorio de Florencio Varela, desarrollara exitosamente el primer catalizador de origen nacional, dando así un paso de importancia en la ruptura de la dependencia con el exterior en el campo de los insumos críticos. Todo lo anteriormente mencionado en apretada síntesis se logró por intermedio de la acción desarrollada por las sociedades estatales mencionadas y, a pesar de la continua "sustracción" de ingresos genuinos que el Ministerio de Economía realizaba sobre YPF. Esa apropiación se originaba e un desmedido e ilegal avance tributario sobre la renta o ingresos petroleros que impedía a la empresa estatal efectivizar el total recupero de sus costos y la obtención de una razonable y legítima utilidad. En el caso de Gas del Estado, la situación presentaba ciertas analogías, ya que por razones de política internacional era obligada a adquirir a Bolivia grandes volúmenes de gas natural que no necesitaba, a un precio varias veces superior a los costos de YPF. En razón de esto esta empresa gasífera del Estado, debía cargar en sus resultados empresarios con una pérdida anual aproximada de 250 millones de dólares. Para dar una idea de la magnitud de toda esta situación, incluyendo los préstamos internacionales que se obligó a tomar a YPF sin necesidad durante la dictadura militar, debemos decir que el desvío de ingresos a que era sometido el sector de las empresas del Estado, superaba anualmente los 2.500 millones de dólares, lo que demuestra lo falaz de la afirmación sobre las pérdidas multimillonarias de esas empresas. Solo se trató de afirmaciones sin sustento para justificar la venta de las empresas del Estado y la desregulación de todo el sector-

A fines de 1989, cuando asumió Menem la legislación vigente era:

Ley 17.319 de Hidrocarburos

Ley 21.778/78 de contratos de riesgo

Decreto 1.443/85 y decreto 623/87

Es decir que existía una legislación, que a pesar de sus falencias conservaba la autonomía de YPF en el sector y el control del Estado sobre las operaciones. El gobierno menemista vendría a modificar todo ese sistema a través de una arquitectura "paralegal" que se iría perfeccionando a través de numerosas resoluciones y diversos actos administrativos para terminar con propiedad estatal, desregulando el sistema. De tal manera y a través de lo ocurrido de allí en adelante el país perdería su renta petrolera, sería enajenada la empresa estatal, y las empresas extranjeras, especialmente, pasarían a ejercer el manejo total de los recursos hidrocarburíferos, sin controles efectivos por parte del Estado.

Pero esta historia comienza mucho antes, y tiene que ver con un plan minuciosamente preparado para quedarse con las empresas públicas, a través del mecanismo de la deuda externa. En efecto, en el mes de octubre de 1983 se reunieron en un "foro" Henry Kissinger, Alan Greenspan, miembro del consejo directivo de Morgan Guaranty Trust, Helmut Schmidt, Valery Giscard d'Estaign y otros prominentes personajes para tratar distintos problemas internacionales, dedicando parte sustancial del encuentro a tratar el "apremiante problema de los países en desarrollo". Allí Greenspan planteó la idea de que los países pagaran con acciones de sus empresas, mientras Kissinger manifestó que la idea era acabar con ciertos conceptos de soberanía que podían obstaculizar los planes. Además de decidir que no se otorgarían más créditos bancarios a los países deudores, se comenzó a planificar una adecuada estrategia para solucionar el problema de las deudas. Fue así que David Rockefeller creó una Comisión de la Deuda Latinoamericana, cuya dirección ejecutiva le fue confiada a Robert Hormats, asistente de Kissinger en la casa bancaria Goldman Sachs and. Co.. Uno de los miembros de esta comisión declaró al poco tiempo en Nueva York "Las leyes de América Latina sobre inversión extranjera, tienen que cambiar, y eso es un problema de soberanía nacional...La Comisión ha recogido las ideas de la mayoría de las empresas multinacionales y los bancos de los Estados Unidos y ahora se las estamos explicando a los gobiernos de América Latina. Por ejemplo nos vamos a reunir en breve con funcionarios del Ministerio de Hacienda de Argentina para decirles lo que los norteamericanos piensan sobre nuevas inversiones...Tomemos el caso de Fabricaciones Militares, propiedad del Ejército y que participa en la industria y la minería mucho más allá de las necesidades militares. Les vamos a decir Tienen que suprimir todos los subsidios de su economía, empezando por las empresas públicas. La verdad es que de algún modo hay que introducir el concepto de quiebra al sector público. Se tienen que cambiar las leyes estatales de Argentina, Brasil, México y otros países. Primero, ningún subsidio estatal a empresas públicas como Fabricaciones que no operan sobre bases comerciales, como cualquiera compañía privada normal. Segundo, se les debe permitir declararse en quiebra o, si necesitan más dinero, abrirlas a la inversión privada extranjera...Una vez que se pueda llevar a una empresa del sector público en quiebra a los tribunales, los acreedores pueden hacer lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos en el caso de la Chrysler o lo que hacen los bancos en Alemania cuando una empresa deudora tiene dificultades. Se convierte parte de la deuda en acciones y se la ayuda a resolver sus problemas...No hay sustituto para el proceso de austeridad... Es completamente cierto que causa caos social, pero las protestas de masas se pueden usar para promover cambios. Debido al desempleo, habrá una tremenda presión pública sobre esos gobiernos para que cambien sus leyes a fin de obtener nuevos créditos. Tenemos que usar la austeridad y el caos social para quebrar las instituciones de esos países y cambiar las leyes" (Cif. EIR, Resumen Ejecutivo, Vol. 1, Nº 8. 1 de octubre de 1983)

Estas propuestas, junto a otras que permitían la privatizaciones del sector público de los países latinoamericanos, junto a una justificación teórica que se fue estructurando sobre lo que se dio en llamar el "Public Choise" sirvió para que uno de los principales acreedores de la Argentina en 1989 -el Citibank- pusiera en marcha un plan minuciosamente estudiado para quedarse con las empresas públicas y las industrias más rentables del país. El mecanismo idóneo y la justificación para realizar ese operativo sería la "deuda externa argentina".

El audaz proyecto sería revelado en forma minuciosa al Ministro de Alfonsín, Dr. Rodolfo Terragno, en el mes de octubre de 1988, por Edwin Yeo, quien era para ese entonces asesor del Federal Reserve System (el banco central de los Estados Unidos). Yeo le informó a Terragno, que en Estados Unidos se sabía que la economía argentina no funcionaba, que estábamos sitiados por el Fondo Monetario y los acreedores, y que la intención del Citibank, del FMI, y del Tesoro de los Estados Unidos, en particular el subsecretario David Mulford era de que se pagara la deuda con industrias y empresas de servicios públicos. Le indicó que para el Citibank, la deuda no era un problema sino un verdadero negocio a instrumentar.

En el memorando redactado por el Dr. Terragno después de la entrevista consignó que Yeo le había dicho textualmente "Mulford trabajó siempre para los árabes. A fines de los 60 ya era asesor de la SAMA (Saudí Arabian Monetary Agency-banco central saudita) Mulford es el nexo con dictaduras y gobiernos corruptos en América Latina y otras partes del mundo. Les hace prestar todos los dólares que quieran sin garantías. Los gobiernos reciben los que Uds. llaman plata dulce. Los banqueros saben que no van a recuperar capital, pero no les importa. El objetivo de ellos= cobrarse en especie. Ahora están quedando al descubierto. Ahí lo tiene a Rhodes, persiguiéndolos a Uds.; y a Mulford dándole apoyo a Rhodes desde el Tesoro. Ellos quieren que los países deudores conviertan su deuda en bonos. Y los van a ayudar a Uds. a colocar los bonos argentinos en fondos de inversión, que manejan la plata de pequeños ahorristas diseminados en todo el mundo. Cuando llegue el momento de pagar, y no puedan, ¿cómo van a hacer Uds. para renegociar con millones de ahorristas dispersos por todo el mundo? No van a poder. Entonces les dirán: PAGUEN CON ACCIONES. Para resolver el problema de la deuda Uds. tendrán que entregar hasta la última empresa pública. Y no solo eso: los obligarán a que abran de golpe el mercado interno. La industria argentina no lo resistirá y ellos se quedarán también con empresas privadas. El Citi ya está saliendo a comprar bonos de la deuda argentina, y les dice a los tenedores "No esperen 20 años ni corran riesgos; reciban dinero contante y sonante ya mismo; eso si con descuento. El Citi compra títulos de la deuda argentina a 15 y después, cuando quiera quedarse con una empresa argentina les va a dar a Uds. esos mismos bonos como si valieran 100. Además, ellos quieren trasnformar créditos en bonos al portador. ¿Por qué? Para facilitar la compra de las empresas a precio vil. O Uds. reaccionan, o esta gente se va a quedar con toda la Argentina" (cif. Rodolfo Terragno, La Simulación- Argentina y el FMI: dos décadas de mentiras y autoengaños. Planeta, Buenos Aires, 2005, Pág. 22)

Para posibilitar la puesta en marcha de una política de desguace del Estado Nacional, se dictó la ley 23.696 de Reforma del Estado, que habilitó todo el sistema de privatizaciones y abrió el camino para la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales. También se dictó la ley 23.697 de Emergencia Económica, que determinó la suspensión de los subsidios, la desafectación de los Fondos Energéticos, la fijación de precios y las variables de pago de regalías petroleras. En referencia a este tema puntual, se estableció que las regalías serían abonadas sobre la base del Valor Boca de Pozo (VBP), que el mismo no sería del 80% del valor internacional del petróleo y que esas regalías, que eran del 12%, podían reducirse hasta el 8% del total producido. Dado el apuro con él que intentaba privatizar, se produjeron notorias contradicciones entre las normas, ya que si bien la ley de emergencia prohibía los subsidios, estos se otorgaron generosamente.

Pero además, para perfeccionar ese plan de extranjerización de la economía se dictó la ley 24.156 de administración financiera que daba amplias facultades al Ministerio de Economía de la Nación para renegociar todo lo que tuviera que ver con la deuda externa, tanto en lo relacionado con los acreedores privados, como con los organismos multilaterales de crédito. Esta ley, y todo lo relacionado con el endeudamiento estarían inescindiblemente relacionado con la política de hidrocarburos que se llevaría a cabo en adelante.

Para comenzar la articulación de todo este plan, y después de promulgada la ley 23.696, se comenzó por dictar el decreto 1055 el 10 de octubre de 1989, uno de cuyos objetivos era "reemplazar en forma creciente la intervención del Estado en la fijación de los precios, márgenes de bonificaciones, cuotas, cupos, etc. por los mecanismos de asignación del mercado y el libre juego de la oferta y la demanda" y "la desregulación progresiva e integral de la actividad, que conduzca a la efectiva y libre competencia en todos los segmentos en el menor tiempo posible reflejando los valores internacionales, debiendo en consecuencia conceder la libre disponibilidad de la producción obtenida bajo estos esquemas de explotación tanto en el mercado interno como para la eventual exportación de los productos".

El 8 de noviembre del mismo año se firmó el decreto 1212 por medio del cual se indica la necesidad de transformar a YPF en una empresa competitiva "y darle las condiciones de autonomía que permitan su inserción, en igualdad de condiciones con las empresas privadas, en un mercado local más competitivo y en los mercados internacionales" y posteriormente con el decreto 1589/89, se completó una estructura reglamentaria que serviría para poner en ejecución la política de todo el sector. Se alteró así el régimen establecido en la ley 17.319, dando nacimiento a un mercado de competencia internacional abierto, que determinaría oligopolizar en manos privadas y mayoritariamente extranjeras, todos los segmentos del ciclo económico de los hidrocarburos.

Debemos decir que todo lo que se fue articulando mediante los decretos en cuestión estaba debidamente planificado, con un conjunto de Bancos y con la participación del FMI. No se trató de una improvisación circunstancial, sino que respondió a la necesidad de poner en práctica un nuevo modelo de Estado, que respondiera funcionalmente al sistema en el que debía insertarse el país, cuya asignación geopolítica estaba dada por la llamada doctrina del "realismo periférico" que suponía seguir las políticas neoliberales que se estaban implementando, donde la libre empresa iba a sustituir definitivamente otras concepciones del Estado, el que debía ser reducido a su mínima expresión.

Todo este proceso desregulador arrancaba de la evolución de una serie de teorías económicas, que para uno de sus apologistas ha hecho cimbrar los cimientos mismos de algunas instituciones clásicas del derecho administrativo, y que pueden resumirse en lo que se ha dado en llamar "nueva economía pública" (public choise). Esta nueva escuela ha cuestionado la función intervencionista del Estado, realizando un análisis de las supuestas falencias que tendría como regulador y aún como administrador, entendiendo que toda acción del Estado enderezada al bien común no es más que una simple teoría que los hechos se encargan de refutar a cada paso. La obra clave donde se desarrollan estas teorías, "The Calculus of Consent, (University of Michigan Press, An Arbor, 1962), fue publicada por los profesores James M. Buchanan y Gordon Tullock, del Virginia Politecnic Institute, quienes crearon el Center of Public Choise en 1969. Otros autores como Henri Lepage (Demain le Capitalismo, Le livre de poche, Pluriel, 1978) y Dennis Mueller (Public Choice II, Cambridge University Press, 1989) fueron desarrollando a partir de allí una verdadera escuela destinada a demostrar la validez de estas teorías que en síntesis demolían la concepción jurídica clásica del Estado, atribuyéndole todo un conjunto de inequidades en su estructuración, mientras se ponderaban las virtudes del mercado libre como la única posibilidad de una maximización de posibilidades para el hombre común, quien era caracterizado nada más que como "hombre económico" que solo persigue su interés individual.

En nuestro país, todas estas teorías y aquellas que fulminaban la capacidad del Estado como agente del bien común y promotor de la riqueza nacional, fueron divulgadas por algunos institutos de investigación como CEMA, FIEL, la FUNDACION MEDITERRANEA, que en diversas ocasiones suministraron sus cuadros más importantes para dirigir la economía del país. Como dice uno de sus apologistas refiriéndose a los trabajos preparados por estas organizaciones: "estos trabajos ayudaron a dimensionar la naturaleza de los graves problemas que había que enfrentar, proveyeron datos empíricos y comparaciones internacionales, focalizaron el debate y le dieron mayor profundidad a la discusión sobre políticas instrumentales" (Felipe de la Balze, Reforma y Crecimiento en la Argentina, en "Reforma y Convergencia" CARI y ADEBA, Buenos Aires, 1993, pág. 59)

Por supuesto no fueron trabajos desinteresados, ya que esos institutos de investigación estaban financiados por empresas privadas nacionales y extranjeras, para quienes resultaba prioritaria la desregulación económica, como la forma más viable, para poder controlar las mayores fuentes de recursos del país. Es importante señalar que precisamente en el mismo año en que se promulgó la ley de reforma del Estado, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) publicó un libro que se llamó Los costos del estado regulador (Fiel, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1989) en el que analizaba la imposibilidad de continuar con un Estado como el existente, siendo necesario adoptar un conjunto de medidas económicas que desregularan todos los sectores, para acabar con ese enorme Estado al que resultaba necesario achicar.

Tales concepciones no hubieran pasado de tener un mero interés académico, o ser materia de reflexión para aquellos interesados en el análisis de los aspectos burocráticos del Estado; sin embargo se fueron afirmando en muchos países lo que determinó el concepto de que el Estado-Nación se debilitara, pasando a configurar una nueva forma de Estado: el posmoderno donde confluiría la globalización, con el liberalismo económico, la fluidez mediática, el hiperconsumo de los sectores privilegiados. Así se convirtió a la riqueza en el valor supremo en torno al cual debían girar todas las políticas, pasando el Estado a convertirse en un disminuido administrador de lo poco que le quedaba.

Uno de los propugnadores de esas condiciones limitativas del Estado fue el Dr. Roberto Dromi, propulsor de la reforma del Estado, para quien éste no debe intervenir sino "en subsidio... El Estado más pequeño, con menos funciones, es más libre para actuar. Surge a partir del traspaso a manos privadas de los cometidos prestacionales una nueva administración, la subsidiaria o no estatal, que hereda esas funciones del Estado servidor. (Roberto Dromi, El Derecho Público en la Hipermodernidad, Hispania Libros y Facultad de Derecho Universidad Complutense, Buenos Aires, 2005, pág.314) Dromi, como ministro del gabinete de Menem puso todo su empeño para lograr esa disminución del Estado, haciendo realidad la falacia propugnada durante la dictadura militar de que "achicar al estado es agrandar la Nación". Empero resulta de tal magnitud la indignidad del proyecto de reforma, que el citado Dromi habla de los anteriores planes de reforma, que cita como precedentes: "Prebisch (1955) de "restablecimiento económico": Alsogaray (1958), de "austeridad y racionalización"; Krieger Vasena (1966), de "abaratamiento del gastos público"; Gelbard (1973), de "contención del gasto público", Martínez de Hoz(1976), de "racionalización administrativa", que fueron puestos en práctica por gobiernos que decidieron ejercer "siempre una lucha sin límites contra el déficit fiscal, la inflación y el desmedido tamaño del Estado" (cif. Roberto Dromi, Reforma del Estado y Privatizaciones. To. I, Legislación y Jurisprudencia, Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 37).

Los precedentes de Dromi no podrían ser más oportunos para poder analizar la filiación ideológica del proyecto que llevó a cabo el gobierno peronista de Menem, bajo la asistencia técnica de su ministro, que elaboró toda la corrupta estructura que posibilitaría el desguace del Estado, y la sustracción continuada de nuestros recursos para ser transferidos al exterior, como ha quedado ampliamente demostrado en hechos que son de público conocimiento. Además el ministro Dromi había confesado en el Congreso de la Nación que el país "estaba de rodillas" ante los acreedores, y no existían otras alternativas que la privatización total. Es decir que el proyecto de los banqueros funcionaría a la perfección encontrando un Poder Ejecutivo, que atropellando normas fundamentales de la Nación procedería a hacer el trabajo que se les exigía desde los bancos acreedores. Hoy este singular administrativista y supuesto asesor del Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, estaría proponiendo un plan para estatizar nuevamente YPF, lo que hace suponer que se trata de una nueva maniobra para beneficiar a algún grupo empresario y no para recuperar la empresa para la Nación.

Para llevar a la práctica, esas teorías - perfectamente funcionales al poder de los capitales extranjeros- se utilizaron diversos fundamentos: se habló de la esclerosis productiva, del bloqueo social, de las rigideces regulatorias, de la distorsión en la asignación de los recursos, de la ineficiencia administrativa, etc. etc., todo lo cual ocasionaba una especie de caos operativo que aumentaba exponencialmente los gastos del Estado, produciéndose déficit, que eran un constante factor de perturbación económica y de inequidad social, al que debía ponérsele término. También se argumentó sobre la necesidad de solucionar los graves problemas fiscales y amortizar el pago de la deuda externa, ya que los títulos de la misma a podrían ser utilizados como forma de pago por los activos públicos

Una de las formas utilizadas para implementar todo este plan desregulador y privatizador fue mostrar una situación de peligro inminente, como si un caos de consecuencias imprevisibles amenazara la misma estructura del Estado. Si bien es cierto que el gobierno de Alfonsín dejaba un estado hiperinflacionario preocupante, las empresas públicas y entre ellas las de hidrocarburos, funcionaban adecuadamente. Pero el problema no radicaba en ciertas insuficiencias burocráticas, sino en el propósito de entregar los recursos para obtener en el corto plazo fondos que sirvieran para disminuir el problema del sector externo, y además desprenderse de lo que se consideraba eran factores de incremento del gasto público, caballito de batalla que no solo agitaban todos los economistas, sino los medios en su totalidad y los divulgadores de un discurso superficial que se había enseñoreado de la Argentina

Con el argumento del peligro y la necesidad de sanear al Estado, despojándolo de trabas que obstaculizaban su eficiencia se dictaron las leyes de reforma del Estado (23.696), y de emergencia económica (23.697) por las cuales se le dieron amplias facultades al Poder Ejecutivo, para configurar esa situación. Es precisamente en estas dos leyes, donde parte toda esa especie de arquitectura que llamamos "paralegal" que daría fundamento a una singular batería de decretos, parte de los cuales son los que impugnamos, con el único propósito de proceder al desguace del Estado, a quien se le quitarían indispensables fuentes de recursos, para entregarlos a grupos internacionales, en negociaciones previamente acordadas. No es ocioso recordar también la sanción de la ley 24.156 de administración financiera, por la cual se delegó en la Oficina del Crédito Público la potestad legislativa de renegociar la deuda externa, con los organismos multilaterales y contraer nuevas deudas. Fue así que con el sustento de estas tres leyes se puso en marcha el mentado mecanismo de "reforma", determinando que el país se viera privado en corto tiempo de sus principales empresas, despojado de su renta petrolera, endeudado a límites insostenibles, y sometido al control de los grupos financieros y los organismos multilaterales.

Entre los argumentos que también se manejaron para justificar toda la legislación que se pondría en marcha, estuvo: la disminución de la deuda, el autoabastecimiento, el impulso de las exportaciones, ampliar las reservas de hidrocarburos a través de una intensiva exploración, y además garantizar a las nuevas generaciones una riqueza que sería factor fundamental para el crecimiento del país. La deuda no disminuyó sino que subió de 62.000 millones de dólares a 152.563 millones de dólares en 1999, las reservas de hidrocarburos empezaron a disminuir por la falta de exploración siendo muy comprometido el panorama futuro como lo demostraremos más adelante, y a las nuevas generaciones tal política solo les garantizó un futuro de pobreza, de exclusión, y de marginalidad.

La realidad de hoy es demostrativa de la intencionalidad política que tuvo todo el proceso que se llevó a cabo, beneficiando únicamente a las empresas petroleras privadas. Es importante mencionar al respecto, que los teóricos de la eficiencia empresaria solo evalúan en sus análisis la relación costo-beneficio desde una perspectiva de la incentivación de las ganancias, propia de una empresa privada. No se tuvo en cuenta que en determinados casos las empresas estatales -como en el caso de YPF- cumplían una función que la empresa privada no podía realizar, dado que sus objetivos eran sustancialmente distintos. En muchos casos YPF mantenía pozos que no eran rentables debido a que en torno a los mismos se habían desarrollado pueblos enteros que dependían de esa empresa pública. YPF había construido escuelas, hospitales, desarrollado zonas inhóspitas y contribuido con los recursos de la explotación de hidrocarburos a la realización de fundamentales obras de infraestructura que beneficiaron a toda la Nación Si bien ese manejo empresarial no resultaba demasiado ortodoxo dentro del concepto de la rentabilidad individual de lo que debiera ser una empresa, respondía a una función elemental del Estado que es la de promover el bien común de sus habitantes, aunque para ello necesite prescindir de los habituales mecanismos crematísticos con los que se manejan las empresas convencionales. Por otra parte toda la política privatizadora fue nada más que una herramienta del programa macroeconómico del gobierno menemista, en el que las reformas estructurales no eran nada más que un artificioso enunciado para que los recursos del Estado fueron transferidos al sector privado, en el convencimiento que ello traería una profunda modificación del esquema productivo vigente, con un Estado meramente administrador de los ingresos fiscales. En ese momento los esquemas teóricos de la eficiencia, trazados por diligentes funcionarios subvencionados por las empresas transnacionales, mostraban a ese nuevo modelo como el único posible para insertar a la Argentina en el mundo.

La realidad actual de la política hidrocarburífera, consecuencia de esas prácticas, es la que muestra un cuadro altamente preocupante, en el que puede observarse una notable disminución de las reservas de petróleo y de gas.

La caída de reservas, producto de la falta de inversión y exploración, no es algo nuevo, ya que estuvo presente desde el comienzo de la desregulación. Después de privatizada YPF, y cuando estaba en plena operatividad la política desregulatoria, comenzaron a caer los niveles de reservas de hidrocarburos. En la memoria de la sociedad de 1993, se confirma esto, cuando se dice que "a partir de 1991, la Sociedad comenzó un programa de transformación que incluyó la enajenación de reservas y otros activos, de acuerdo con la política del Gobierno de fomentar la competencia en la industria del petróleo y gas a través de la participación del sector privado y en cumplimiento del programa estratégico de la Sociedad y su rentabilidad. En gran medida como resultado de estas enajenaciones, las reservas probadas de petróleo y gas de YPF cayeron de 4.100 millones de barriles de petróleo (BPE-652 millones de m3) al 1º de enero de 1991 a 2.500 millones (397millones de m3) al 1º de enero de 1994, cayendo la producción de petróleo de 127 millones de barriles (20 millones de m3) en 1991 a 109 millones (1,3 millones de m3) en 1993; y la producción de gas disminuyó de 619.000 millones de pies cúbicos (17.528 millones m3) en 1991 a 447.000 de pies cúbicos (12.658 millones de m3) en 1993" (YPF, Memoria, pág. 22) Y así se continuaría, al no haberse establecido compromisos de inversión y exploración que permitieran revertir la caída de las reservas.

Además de los datos que hemos consignado -fácilmente verificables- creemos necesario poner algunos ejemplos de cómo se adjudicaron algunas áreas a los efectos de que se pueda observar las reales intenciones de la desregulación, donde hubo singulares repartos de reservas entre multinacionales importantes y hábiles negociadores locales, que visualizaron la oportunidad de lucrar a costa de los bienes públicos. Enfáticamente podemos decir que las áreas secundarias fueron regaladas a empresas vinculadas con funcionarios del Estado en una increíble colusión de intereses.

1.- Áreas El Vinalar y El Mosquito: tenían 1005 y 763 kilómetros cuadrados respectivamente, con lo que excedían el límite impuesto por el art. 34 de la ley 17.319 de 250 kilómetros. Fueron adjudicadas a la empresa EPP Petróleo el 15 de enero de 1991.

2.- Áreas Puesto Guardíán y La Brea: adjudicadas a un consorcio integrado por EPP Petróleo y Tripetrol, que pagó por ellas 8.500.000 y 200.000 dólares respectivamente.

3.- Ésta empresa EPP Petróleo, era del presidente de la "nueva" YPF José Estenssoro y la había constituido junto con él quien fuera Vicepresidente de YPF, Nells León, en el mes de febrero de 1990 con un capital de 2.500.000 australes, equivalente a la suma de 120 dólares estadounidenses. Cuando Estenssoro hizo la presentación en la Inspección General de Justicia para la inscripción de la sociedad, ese mismo día 8 de febrero, se publicaba el edicto llamando a Concurso Público Internacional para la adjudicación de las áreas secundarias, lo que hace presumir cual fue la real intención de constituir la sociedad: quedarse con áreas que tenían la seguridad que les iban a ser adjudicadas.

4.-Área Cañadón Alfa: ubicada en Tierra del Fuego, significó una inversión por parte de YPF de 150 millones de dólares en casi veinte años, a través de diversas obras, habiendo perforado 71 pozos. A través de un extraño procedimiento de unitización (palabra desconocida) que integraba esa área con una explotada por la compañía francesa Total, se cedió a esta compañía el área, quien pasaría a operar y gerenciar el área unitizada, cuya estimación de reservas era de 1.000.000 de metros cúbicos de crudo, con reservas gasíferas aún mayores. A través del contrato firmado YPF le pagaba a Total por el petróleo que esta extraía en el área un precio cuatro veces superior al que le costaba, cuando operaba el área.

5.- Área Puesto Hernández: tenía 535 pozos perforados y 359 en producción, extrayéndose diariamente 40.000 barriles de petróleo, contando con una reserva aproximada de 106 millones de barriles. Se le adjudicó a Pérez Companc en sociedad con la compañía Occidental, por la irrisoria suma de 240,7 millones de dólares

6.- Área El Tordillo: tenía 846 pozos perforados, 376 en producción, extrayéndose diariamente 12.700 barriles, y contando con reservas comprobadas de 47,8 millones de barriles. Se adjudicó a Santa Fe Energy Company of Argentina (empresa norteamericana) y a Tecpetrol (del grupo Techint). El capital de ambas empresas no superaba los 5000 dólares, y Santa Fe Energy estaba asociada con Sol Petróleo, una empresa que Estensoro había presidido. Por ésta área se pagaron 107,6 millones de dólares, pero no fue un pago en efectivo, sino que solo una parte fue en dinero y el resto en créditos contra el Estado que tenían empresas del grupo Techint.

Las ventas de las áreas centrales solo generó divisas por alrededor de 400 millones de dólares, lo que resultaba una suma ridícula respecto del valor que tenían las referidas áreas. Sin embargo, había que cumplir con el pago de la deuda externa y los objetivos del gobierno eran hacerse en el corto plazo de la mayor cantidad de recursos aunque para ello debiera rematar esos bienes "inalienables e imprescriptibles"

Como decía una representante del Banco Mundial "Uno de los beneficios del programa de privatizaciones en Argentina, ha sido permitir la movilización de los recursos necesarios para normalizar la relación con los bancos comerciales privados a través del Plan Brady, que se completó en 1993. Esto permitió a la Argentina obtener una reducción parcial de su deuda y la reestructuración en términos y condiciones. En gran medida esto se logró mediante el programa de privatizaciones. Bajo este programa, Argentina recibió unos 12.000 millones de pesos (dólares) de las deudas de los bancos extranjeros como pago parcial por parte de los nuevos dueños de las empresas privatizadas. Esto facilitó la reestructuración de unos 19.000 millones de pesos de la deuda externa pública argentina, una reducción de los intereses adeudados por un total de 7.5 mil millones de pesos y una reducción de la deuda en 3.3 mil millones de pesos...Asimismo, Argentina utilizó los créditos de 3 mil millones de pesos de la venta de las acciones de YPF en 1993, con el fin de pagar deudas nacionales...Los ingresos de las privatizaciones no sólo ayudaron al gobierno a concluir con el Plan Brady, sino que esos ingresos fueron también importantes fuentes que ayudaron a financiar el déficit fiscal público en la primera etapa del programa de reformas" (Myrna Alexander, Privatizaciones en Argentina, en Privatizaciones e Impacto en los Sectores Populares. Banco Mundial, Universidad de Belgrano. Instituto de Investigaciones del Nuevo Estado, Buenos Aires, 2000, pág.39-40) Se olvidaba decir la Dra. Alexander que los títulos entregados por las privatizaciones y reconocidos por el gobierno a su valor nominal fueron comprados en el mercado internacional por los bancos extranjeros al precio que fluctuaba entre el 12 y el 17% de su valor nominal, y que ese déficit, provenía precisamente del pago de los servicios de la deuda, ya que de excluir éstos, el país tenía superávit primario.

Para terminar con el análisis de las consecuencias que produjo este remate de la riqueza petrolífera vamos a consignar una serie de cifras oficiales que muestran como la explotación irracional va saqueando al país de este recurso hasta que en poco tiempo no quede nada, y debamos nuevamente recurrir a la importación

EXPORTACION DE PETROLEO

AÑO m3/día INDICE EXP. PET.

1990=base 100

1990 2,839 100.0

1991 3.939 138.8

1992 8,400 295.9

1993 13,789 485.7

1994 32,094 1,130.5

1995 44,353 1,562.3

1996 51,747 1,822.8

1997 52,956 1,865.3

1998 52,562 1,851.5

1999 42,708 1,504.4

2000 43,790 1,542.5

2001 44,816 1,578.6

2002 43,066 1,517.0

2003 36,571 1,288.2

Como lo indicáramos en los párrafos precedentes, cuando asumió Menem la Presidencia de la Nación, el endeudamiento artificial de YPF era singularmente cuantioso, y sería el pretexto para modificar sustancialmente todo el esquema sobre utilización de los hidrocarburos que regía hasta entonces. Las viejas teorías sobre el "Estado mal administrador" fueron desempolvadas y contra lo que enseñaba la propia experiencia argentina se comenzó a teorizar sobre las virtudes de la empresa privada, mostrando los males que habían aquejado al país por el manejo de empresas que debían entregarse a la explotación particular. Se utilizó una conocida retórica abundante en frases hechas sobre "empresas en crisis" "reducción del gasto público" "Estado ineficiente y burocrático" hábilmente integrada con otras afirmaciones fundadas en esa concepción vulgar pero repetida desde siempre que sostenía la "inevitabilidad de la privatización", "único camino viable", "no hay otra opción". Es decir que la creatividad de las nuevas autoridades para resolver la difícil situación de la administración del Estado, pasaba únicamente por enajenar todo el patrimonio disponible.

Según los artífices del proyecto era necesario descargar al Estado de todo ese peso antifuncional con su secuela de déficit estructural, crónica ineficiencia, carencia de recursos, estancamiento tecnológico, desinversión y falta de rentabilidad. La mejor forma de terminar con esta situación, era poner en práctica un régimen de irrestricta libertad de mercado, y fue el Dr. Roberto Dromi, uno de los que confeccionaría el andamiaje teórico de tal proyecto, que sería utilizado por los grupos financieros para controlar toda la economía del país. Para Dromi: "La libertad de mercado es un principio básico de la democracia económica, el derecho que tiene toda persona humana a definir, por su propia iniciativa, el ámbito del ejercicio de la libertad...La manifestación más excelsa de la libertad económica se traduce en la iniciativa privada. Es incuestionable el papel del trabajo humano disciplinado y creativo con iniciativa y espíritu emprendedor...En el legítimo ámbito de la libertad de la actividad económica no debe intervenir el Estado" (Roberto Dromi, Empresas Públicas- De estatales a privadas. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 26). Naturalmente que estas expresiones nada tienen que ver con la realidad que funciona en cualquier estado periférico, donde el poder de las grandes corporaciones, controla los aspectos fundamentales de la actividad económica, cuando, como en nuestro país, no existen controles de ninguna naturaleza para regular la acción de tales grupos. Por otra parte toda esa infantil teorización del libre mercado no resiste un análisis serio de lo que es la influencia de los sectores monopólicos en la economía. Como con meridiana claridad lo afirmaba el Dr. Rodolfo Bledel en el dictamen presentado en noviembre de 1959 en la Sexta Conferencia Nacional de Abogados: Es un hecho indiscutible que en estos momentos la comunidad argentina está sometida a una firme y definida presión ideológica, realizada en nombre de la llamada doctrina económica de la libre empresa. No importa que la doctrina especializada en el estudio de las economías de los países subdesarrollados o de desarrollo intermedio aconseje, para situaciones similares a la nuestra, una política económica fundada en principios diametralmente contrarios. No importa el fracaso de la política libreempresista en varios países subdesarrollados, en particular de la América Latina. Se trata de imponer por todos los medios el ideario neoliberal. Se instaura el dogma según la cual la empresa privada y no el Estado constituye el agente impulsor del desarrollo económico. Se va más allá del pensamiento de Schumpeter, puesto que él veía en el empresario privado el ente impulsor del desarrollo en el mercado pero acá se trata del empresario privado que asume directamente el poder político y entonces se plantea un problema fundamental: si él puede ser el árbitro del interés público... Si no existe un orden jurídico-institucional que proteja el poder adquisitivo de las masas, que proteja a la industria nacional -que es el fundamento de la liberación económica de un país insuficientemente desarrollado-, si no mantiene o instituye un sistema de industrias claves en manos del Estado, nos encontraremos con que el país será un mercado abierto en el cual predominarán los intereses de los monopolios internos e internacionales. En tal caso habrá ocurrido que en este país habremos pasado de un intervencionismo estatal de bases jurídicas, fundado en el derecho público y en principios de justicia, a un intervencionismo de hecho, en el cual la fuerza de los monopolios, de los oligopolios y de las distintas combinaciones que pueden interferir en el mercado, serán los ejecutores del referido intervencionismo de hecho" El pensamiento de Bledel, era el reconocimiento de cómo funcionaba la economía bajo tales pautas, y el peligro de la injerencia de los capitales en la administración estatal. Por otra parte, esta concepción del Estado como mal administrador, había sido impugnada hacía más de un siglo, por el Gral. Roca, un personaje insospechable de concepciones trasgresoras o revolucionarias, que al oponerse a la venta de Obras Sanitarias a un consorcio inglés en 1897, escribió en una carta dirigida a su amigo Agustín de Vedia: "Ese proyecto de venta de las Obras de Salubridad ha sido, también, un proyecto desgraciado que se ha arrojado a los opositores, como buena presa para clavar su diente lleno de ponzoña. Yo aconsejé en contra, pero no me hicieron caso. Si a pesar de todo, el proyecto, rechazado casi por unanimidad en la forma de contrato, se convierte en ley, será una ley contraria a los intereses públicos en el sentir de la mayoría de esa capital, tan esquilmada por las compañías de gas y otros servicios. A estar a las teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bajo bandera de remate a la Aduana, al Correo, al Telégrafo, a los puertos, a las Oficinas de Rentas, al Ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder". Tampoco compartía el Presidente Roque Sáenz Peña, los planteos oportunistas sobre la ineficiencia de la administración estatal, y es así que en el decreto firmado el 24 de diciembre de 1910 y refrendado por el Ministro de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos, creando la Comisión Administradora para la Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia, decía: "Todos los estudios realizados demuestran satisfactoriamente la utilidad de la explotación directa por el Estado...las nuevas y legítimas exigencias de la economía social y financiera no pueden detenerse por el solo peligro de la incapacidad del Estado para llenar sus fines, mientras no se demuestre la ineptitud mayor de sus agentes para sacrificar su comodidad particular al interés común y para hacer efectiva la responsabilidad que comporta este olvido de su misión y sus deberes".

Por supuesto que al desenfreno privatizador menemista, no le interesaba resguardar el patrimonio público sino convertir al Estado en un ente que administrara aquello que habían decidido dejarle los grupos financieros que estaban diseñando ese nuevo modelo de país, que respondía a lo que uno de los teóricos de la nueva política llamaría "el realismo periférico"

Pero la propia historia de YPF, era la evidencia más incontrastable de las posibilidades de la administración estatal, y del enorme factor de desarrollo que esa gestión había determinado en todos aquellos lugares donde la empresa tuvo presencia, por lo cual todos aquellos argentinos que tuvieron una visión nacional de lo que la riqueza petrolera significaba, vieron la necesidad de preservarla de toda ingerencia privada.

Sin embargo, el advenimiento de la dictadura cívico-militar en 1976, cambiaría todo ese gran proyecto nacional empresario y crearía las condiciones necesarias para justificar todo el posterior proceso de privatización, a través de un demencial e injustificado endeudamiento. En efecto, cuando fue derrocada María E. Martínez de Perón, la deuda de la empresa era de 324 millones de dólares, y la idea del Ministro de Economía Martínez de Hoz, de redimensionarla, encubría en realidad el propósito de generar las causas que posibilitarían su desaparición. Fue así que el endeudamiento de la empresa empezó a crecer, llegando en 1981 a una cifra estimada de 6.000 millones de dólares, tal como lo informara en mayo de ese año su presidente, Gral. Suárez Mason.

Cuando asumió el gobierno nacional el Dr. Raúl Alfonsín se encontró con una empresa petrolífera depredada, y se trató de encarar una reactivación de la misma a través de la implementación de diversos planes. El gobierno invirtió mil millones de dólares a través de un préstamo del Banco Mundial para efectuar la reconversión de las destilerías de Lujan de Cuyo y de La Plata. Luego a través del Plan Comodoro Rivadavia- Houston se realizaron alrededor de setenta contratos de riesgo, para que se explorara el territorio, llegándose a obtener una inversión de 700 millones de dólares. En ningún caso se puso en duda el control que debía ejercer YPF sobre toda la actividad petrolera, y recién a partir de los decretos que hemos citados, comenzó no solamente la reconversión a favor de los capitales trasnacionales, sino el proceso inexorable de enajenación de la empresa estatal, que comenzó gradualmente, para evitar que se manifestara una real oposición a esos proyectos.

Al asumir Menem, y después que firmara todos los decretos desregulatorios a que hiciéramos referencia empezaron las tratativas para dar cumplimiento efectivo al plan que se venía madurando de la liquidación de YPF. Fue así que contando con el asesoramiento de la consultora Mac Kinsey & Company, y previo pago de 1.000.000 de dólares, financiados por el Banco Mundial, se fue estructurando un plan que tendría varias etapas hasta llegar a la venta total de la empresa.

A los efectos de hacer posible el plan propuesto el 24 de septiembre de 1992 se dictó la ley 24.145 (B.O. 6/11/92), mediante la cual se dispuso la federalización de los hidrocarburos, y la transformación empresaria y privatización de YPF.

La última y definitiva etapa del proceso, se produciría cuando Repsol, adquiriera la mayoría accionaria de la empresa en 1999, operándose de tal manera la transferencia a un solo operador petrolero, quien repatriaría cuantiosas ganancias, producto de la explotación de una riqueza de propiedad de toda la Nación. Habiendo citado a las exportaciones, tanto de gas como de petróleo, es necesario señalar que las mismas tienen íntima relación con el nivel actual de reservas, especialmente con las comprobadas. La ley 17.319 ordena mantener un adecuado nivel de reservas y permite exportar sólo excedentes, que se produzcan cuando el mercado local está autoabastecido. En el caso del petróleo, con un horizonte de reservas de aproximadamente de siete años, lejos está de poderse afirmar que estamos autoabastecidos. Con el gas natural, el autoabastecimiento está más lejano, pues tenemos al 60% de la población sin poder acceder al mismo, y faltantes de abastecimiento pronunciados, que han podido ser cubiertos con la importación proveniente de otros países. En forma pública la Secretaría de Energía ha reconocido que solamente se dedica a sumar los informes que le elevan las concesionarias y permisionarias, avalados por los estudios de firmas auditoras especializadas contratadas por ellas mismas, con lo cual la independencia de criterio, sería por o menos dudosa, habida cuenta de los manejos que realizan las empresas, para incrementar sus ganancias.

Respecto a las indexaciones a las que hiciéramos referencia, es de conocimiento público, que desde 1991 vivimos bajo el imperio de una ley de orden público llamada de "convertibilidad". Esta ley prohibía en forma expresa, incluso retroactivamente cualquier tipo de indexación. Ni el sector público pudo indexar sus impuestos, ni los propietarios pudieron hacerlo con los alquileres, ni los trabajadores con sus salarios, pero si lo pudieron hacer los concesionarios de producción con el precio del petróleo en boca de pozo, alegando la vigencia de los decretos desregulatorios 1055/89 y 1212/89, siendo numerosísimas las declaraciones de los máximos responsables de las empresas en apoyo de esa postura ilegal. La Ley de Emergencia Económica dictada en el 2002 mantenía la prohibición de indexar, pero las empresas petroleras no la respetaron. Al respecto cabe preguntarse: ¿si la ley era de orden público y fue transgredida, no correspondería la devolución de los importes incorrectamente cobrados a los consumidores? ¿Algún organismo de control, tomó alguna medida para terminar con esta flagrante violación de la ley?. Cabe apuntar que los decretos desregulatorios citados, están en un nivel inferior al de la Ley de Convertibilidad y de la Ley de Hidrocarburos, y de manera alguna puede invocarse su validez, para obviar las disposiciones de las leyes citadas.

Otra muestra de las ilegalidades que venimos señalando, es el que corresponde al origen de los contratos de concesión. La Ley 17.319 considera "absolutamente nulos" a los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto a lo establecido por ella. La gran mayoría de los actuales titulares adquirieron esa condición de concesionarios de producción, mediante una "reconversión" de sus contratos de obras y servicios, que son totalmente distintos. Cabe preguntarse también sobre la eventual responsabilidad de estas especiales adjudicaciones directas, sobre áreas que de acuerdo a la Ley citada, deberían haberse adjudicado.

Es importante señalar, que los decretos cuya derogación se pretende con este proyecto carecen de toda legalidad en razón de los puntos que siguen a continuación:

1.- Los decretos cuestionados, se dictaron, como supuestas reglamentaciones a la ley, pero como ya lo hemos mencionado, en realidad solo trataron de modificarla, alterando el sentido que se le había dado sobre la indisponibilidad de los hidrocarburos como bienes "inalienables e imprescriptibles" Al decidir la libre disponibilidad, tal como surge del texto de los decretos, se estaba modificando la ley.

2.- Los tres decretos permitieron la reconversión de los contratos de explotación del Plan Comodoro Rivadavia- Houston (decretos 1.443/85 y 636/87), en concesiones de explotación, sin cumplir los requisitos exigidos por la ley 17.319, que exigía que para alcanzar la categoría de concesionario existían dos posibilidades: a) haber sido previamente un exitoso permisionario de exploración o b) haber ganado una licitación realizado por la Secretaría de Energía

3.- Se permitió la acumulación en una misma persona jurídica o física de más de cinco permisos de exploración, lo que hemos detallado en los puntos precedentes, cuando el artículo 34 de la ley establecía con toda claridad que "Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco concesiones de explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen. Como era natural para sortear tales limitaciones, el decreto 1212 dispuso en su artículo 18: El Ministerio de Obras y Servicios Públicos elevará en el plazo de treinta días, un proyecto de ley propiciando la eliminación de las limitaciones previstas en los artículos 25 y 34 de la Ley No 17.319, a fin de posibilitar la conversión de los contratos preexistentes al régimen previsto en el presente Decreto y promover la participación del mayor número de empresas en los concursos futuros. Hasta tanto no se produzca la derogación indicada precedentemente, las limitaciones de la ley 17.319 se aplicarán con ajuste a la reglamentación del párrafo siguiente. Para el cómputo de las limitaciones indicadas en los artículos 25 y 34, cuando los titulares constituyan una persona jurídica distinta o asuman la forma de Unión Transitoria de empresas o asociación, la restricción se aplicará exclusivamente respecto a dicha persona, Unión Transitoria de Empresas o asociación con igual composición de integrantes"

La ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (art. 367) es clara en cuanto a que las Uniones Transitorias de Empresas o asociaciones no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Es decir que la ficción buscada no tenía ningún respaldo normativo, ya que no existe manera de equiparar una UTE, con una sociedad debidamente constituida. Debe recordarse al respecto que las UTE, son uniones accidentales de empresas que se asocian para emprender un proyecto común. En el caso del petróleo, la ley 17.319, había querido evitar que precisamente se formaran conjuntos empresarios de naturaleza accidental, que a través de esa ficción societaria se apoderaran de áreas, monopolizando la comercialización de lo que extraían

Todas las empresas que hemos mencionado, poseen mucho más de las cinco áreas fijadas por la ley, ya que nueve de ellas, poseen 183 áreas, según datos oficiales de la Secretaría de Energía. Como los datos están agrupados por operador, que es sólo uno de los integrantes del consorcio, los números de acaparamiento de áreas se acrecientan. Todos esos operadores superan el número máximo de cinco fijado en la ley de hidrocarburos, como lo indicamos en los párrafos anteriores. Por otra parte esos nueve operadores que hemos mencionado producen más del 91/92 % de la extracción local de gas y de petróleo; además integran el capital de transportadoras y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica; y las dos mayores empresas -las únicas verticalmente integradas Repsol-YPF y Petrobrás- dominan el 65% del mercado de refinanciación y comercialización de los combustibles líquidos, incluido el GLP (gas licuado de petróleo). Esta acumulación de ofertas en muy pocas sociedades obliga a considerar la relación que pueda existir en cuanto aparece la posible trasgresión a las Leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor, e incluso con las nuevas normas constitucionales.

Para mostrar el acaparamiento de áreas que hemos señalado indicamos a continuación las que poseen diversas empresas de conformidad con las informaciones oficiales de la Secretaría de Energía.

PETROBRAS: posee las siguientes áreas:

25 de Mayo-Medanito S.E.

Aguada de la Arena

An-Aike (Santa Cruz II)

Atamisqui

Bajada del Palo

Bajada Fortaleza (Santa Cruz I)

Barda Las Vegas (Santa Cruz II)

Campo Boleadora (Santa Cruz I)

Campo Indio (Santa Cruz I)

Cañadón Deus (Santa Cruz I)

Dos Hermanos (Santa Cruz I)

El Cerrito (Santa Cruz I)

El Mangrullo

Estancia Librum (Santa Cruz I)

Jagüel de los Machos

La Amarga Chica

La Menor (Santa Cruz I)

La Paz (Santa Cruz I)

La Porfiada (Santa Cruz I )

Laguna de Oro (Santa Cruz I)

María Inés (Santa Cruz II)

María Inés Oeste (Santa Cruz II)

Puesto Hernández

Puesto Peter (Santa Cruz I)

Refugio Tupungato

Rincón de Aranda

Río Neuquén

Río Turbio

Santa Cruz I

Santa Cruz I- Fracción A

Santa Cruz I- Fracción B

Santa Cruz I- Fracción C

Santa Cruz II

Santa Cruz II- Fracción A

Santa Cruz II- Fracción B

Sierra Chata (Chihuidos)

Veta Escondida

CHEVRON SAN JORGE posee las siguientes áreas:

Campo Bremen

Chorrillos

CNQXXVI- Río Negro Norte

Confluencia

El Sauce

Huantraico

La Carmen

La Tehuelche

La Terraza

Las Bases (CNQ-16/A)

Loma Negra (Río Negro Norte)

Moy Aike

Océano

Palermo Ayke

Puesto Flores- E. Vieja- P. Prado

San Cristóbal

PAN AMERICAN posee las siguientes áreas

Acámbuco

Anticlinal Funes

Anticlinal Grande- Cerro Dragón

Cerro Tortuga- Las Flores- Río Chico

Chulengo

Koluel Naike- El Valle

Lindero Atravesado

Los Chorrillos

Piedra Clavada

Tierra del Fuego

PIONNER NAT. RESOURCES.ARG. posee las siguientes áreas:

Al Norte de la Dorsal

Al Sur de la Dorsal

Anticlinal Campamento

Bajo Baguales

Cerro Vagón

Cutral- Co Sur

Dadín

Dos Hermanas

Estación Fernández Oro

La Calera

Lago Fuego

Loma Negra- Zona NI

Meseta Sirven

Neuquén del Medio

VINTAGE OIL posee las siguientes áreas:

Agua Botada

Bella Vista Oeste

Bloque 127

Cacheuta

Cañadón León

Cañadón Minerales

Cañadón Seco

Cerro Overo

Cerro Wenceslao

El Cordón

El Huemul- Kolhuel Naike

Las Heras

Meseta Espinosa

Meseta Espinosa Norte

Piedra Clavada. (CGSJ IV)

Piedra Colorada- Estruct. Intermed

Sierra Azul Sur

Sur Piedra Clavada

Tres Picos

TECPETROL S.A. posee las siguientes áreas:

Agua Salada

Atuel Norte

Catriel Viejo

El Caracol Norte

El Tordillo

Fortín de Piedra

José Segundo

La Tapera

Los Bastos

Puesto Quiroga

San Antonio Sur

Sierra de Aguaragüe

Tres Nidos

PLUSPETROL S.A. posee las siguientes áreas:

Agua Blanca

Aguada Baguales

Centenario

Cuchuma (Olleros)

El Porvenir

Loma Guadalosa

Loma Jarillosa este

Palmar Largo

Ramos

Puesto Bouquet

Tartagal Oeste

TOTAL AUSTRAL S.A. posee las siguientes áreas:

Aguada Pichana

Cam-l (Tauro)

Cuenca Marina Austral

Octan- Pegaso (Cam I)

San Roque

Spica (Cam-I)

Taurus- Sirius (Cam-I)

No transcribimos las 56 áreas que tiene Repsol YPF, pero las mismas pueden consultarse en la Secretaría de Energía. En lo que respecta a las áreas que tiene esta empresa, el artículo 25 de la ley 24.145, eximió a YPF del cumplimiento de los artículos limitativos de explotación de áreas, pero entendemos que tal eximición no rige en la actualidad, por lo cual el acaparamiento es otra muestra del quebrantamiento de la ley. Esto es así porque cuando se dictó la ley en el año 1992, se hizo mención a que YPF era una Sociedad de Estado (art. 3º, decreto 2778/90) y de tal manera, se justificaba históricamente, eximirla de esa limitación. Aún cuando ya se estaba desregulando el sector, el hecho de ser una sociedad del Estado, le daba el razonable privilegio de no encontrarse en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras. Empero la situación varió sustancialmente al ser privatizada en su totalidad, siendo la actual propietaria del paquete accionario Repsol, de allí que la nueva denominación de la empresa sea Repsol YPF S.A. Es decir que la empresa ahora, tiene una distinta conformación jurídica ya que ha dejado de ser una empresa del estado, para ser una convencional empresa privada.

La Ley 17.319, es estricta en cuanto en su artículo 79, inc.c establece que Son absolutamente nulos...los permisos y concesiones adquiridos en modo distinto al previsto en esta ley. Esto determina la nulidad de pleno derecho de todas las concesiones y privilegios concedidos en violación a la norma. Y esta nulidad como hemos dicho se produce desde el mismo comienzo en que el acto es realizado, por lo cual reviste el carácter de nulidad insalvable, no solucionable por cualquier medida posterior. En nada obsta a la nulidad que las concesiones y los privilegios hayan sido concedidos por los decretos impugnados, debido a que hemos demostrado de manera suficiente que tales decretos no pueden modificar la Ley 17.319, y la supuesta reglamentación que se invoca, no puede desnaturalizar a la Ley, contrariando su espíritu, además que debe tenerse en cuenta de la inferior jerarquía que tienen los decretos reglamentarios respecto a la Ley, ya que se trata de normas subordinadas. Al respecto Bidart Campos es claro cuando indica que "El exceso reglamentario transgresor de la ley que se reglamenta es siempre inconstitucional. Tal infracción a la Constitución no admite distinción según la naturaleza federal o común de la ley reglamentada...La facultad reglamentaria de que dispone el poder ejecutivo respecto de las leyes no presta fundamento para a) modificar o derogar leyes, ni siquiera so pretexto de necesidad y urgencia; b) ampliar incriminaciones legales, o incluir en ellas conductas ajenas a la tipificación legal, porque en tal supuesto queda violentado el principio de legalidad, c) ampliar tributos establecidos en la ley, o incluir en ella ampliaciones que resultan extrañas al hecho imponible que la ley determina claramente. (Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Sirtes, 1997, Tº III, pág. 245). Es por ello que es más que palpable la inconstitucionalidad de los decretos impugnados, en cuanto mediante su articulación se modificó concretamente la ley en aspectos de la misma que hacían al manejo del estado de las reservas y se ha alterado su espíritu, sin perjuicio de todas las otras transgresiones que hemos señalado en cuanto a la forma, oportunidad situación en que fueron dictados tales reglamentos.

En razón de las circunstancias expuestas, y los hechos invocados en esta fundamentación solicito a mis pares se sirvan acompañar este Proyecto.