Artículo 1º.- Créase una Comisión de Auditoría de los contratos de exploración y explotación de los hidrocarburos, la que procederá a verificar si las empresas concesionarias de esos recursos han realizado las inversiones necesarias, y si se realizaron los trabajos de exploración conforme surge de las disposiciones contenidas en los pliegos de licitación respectivos.

Artículo 2º.- La Comisión estará integrada por especialistas en recursos hidrocarburíferos que serán designados por la Auditoría General de la Nación, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y por cada una de las facultades que funcionan en las provincias productoras de hidrocarburos.

Artículo 3º.- La Comisión de Auditoría procederá a comprobar si se cumplieron las normas insertas en los contratos de concesión, verificando la exactitud de las inversiones realizadas y la estimación de los recursos disponibles de conformidad con lo que oportunamente se proyectara, en el plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de promulgación de la presente Ley, el cual no podrá ser prorrogado.

Artículo 4º.- La Comisión de Auditoría, procederá a comprobar si en la explotación de los recursos hidrocarburíferos, se han cumplimentado con las normas medioambientales, verificando en cada caso cuales han sido los sectores afectados por el no cumplimiento de las leyes vigentes.

Artículo 5º.- Una vez efectuada la auditoría, se compararán sus resultados con los recursos estimados por las compañías concesionarias, verificándose si las inversiones prometidas y las explotaciones realizadas guardan relación con lo acordado en los contratos.

Artículo 6º.- La Auditoría deberá realizarse cada dos (2) años, comunicándose sus resultados a la Secretaría de Energía de la Nación, quien deberá iniciar las acciones que resulten necesarias contra las empresas concesionarias, que no hayan cumplimentado con lo que acordaran en el momento de serles entregadas las concesiones para su exploración y explotación.

Artículo 7º.- Los resultados del trabajo de la Comisión de Auditoría, deberán hacerse públicos, una vez entregados los mismos al Congreso Nacional y a la Secretaría de Energía de la Nación, quien deberá incluirlos en su página web.

Artículo 8º.- De forma.

Señor presidente:

Resulta suficientemente conocido el déficit energético que presenta nuestro país, como consecuencia de las políticas petroleras llevadas a cabo durante la década del 90, que subsisten en la actualidad, ya que la normativa legal que puso en funcionamiento todo el sistema desregulador no fue alterada desde 1989 hasta ahora.

El sistema desregulador, incluyó la falta de control sobre la propiedad de nuestras riquezas hidrocarburíferas; propiedad que se ha visto vulnerada por una serie de decisiones claramente inconstitucionales, convertidas en el fundamento de una política petrolera vulgar y agraviante a nuestra condición de ciudadanos, que día a día somos despojados de bienes que pertenecen a toda la comunidad desde el mismo momento de nuestra independencia. Y ese despojo es realizado por empresas transnacionales, que se benefician con la extracción de todos los recursos de nuestro suelo sin las contraprestaciones propias de un contrato bilateral justo que beneficie a las partes por igual.

Hay un aspecto fundamental a considerar que sirve de fundamento a este Proyecto y es el que hace al uso de la riqueza petrolera y su renta en beneficio de todos los habitantes, ya que la misma es un bien de todos y está inescindiblemente ligada con la estructura productiva del país. Ese beneficio ahora no existe, ya que los decretos desregulatorios del sistema jurídico del área hidrocarburífera, originados en la ley de reforma del Estado, permitieron que todos los tramos del ciclo económico de los hidrocarburos fueran oligopolizados por firmas extranjeras en exclusivo beneficio del capital privado, resultando consecuencia programada para ello, la liquidación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado. Es por esta inédita circunstancia, que nuestro país ha perdido el autoabastecimiento de gas y petróleo, mientras Pan American, Total, Petrobrás, Chevron y Repsol -ésta última con relación preferencial con el Estado desde la compra de YPF- exportaron tales recursos en un marco de ilegalidad manifiesta, donde -además- existieron operaciones de "auto ventas" de hidrocarburos a testaferros mostrando valores de subfacturación. Esos decretos desregulatorios y la posterior enajenación de la petrolera del Estado, causaron y causan un gravísimo perjuicio a la Nación y lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías de sus habitantes.

La disminución de las reservas, ante la falta de todo control estatal, se debió a que hasta 1989 esas reservas estaban determinadas por la Secretaría de Energía de la Nación, con intervención de YPF y de Gas del Estado, pero también estaban los técnicos de la Dirección Nacional de Combustibles, quienes con los datos verificados informaban al Poder Ejecutivo y luego se producía la publicación de los datos.

Ante la inexistencia de todo control estatal, las empresas petroleras han procedido a la explotación y a la exportación de los hidrocarburos de manera absolutamente discrecional, sin realizar las inversiones que eran debidas, con la consecuencia del virtual desabastecimiento de hidrocarburos. La propia Presidenta de la Nación habló el 16 de abril de 2011 del déficit energético, de importaciones que en ese año superaron los 9100. En efecto si se verifican las cifras sobre los hidrocarburos podemos ver la producción total de petróleo se redujo entre los años 1998 y 2011 en 15.9 millones de metros cúbicos, y la producción de gas se redujo entre 2003 y 2011 en 6.6 miles de millones de metros cúbicos.

Si tenemos en cuenta los números referidos a la producción, podemos ver que en el año 2003 era de 19,1 millones de metros cúbicos y en el año 2011 bajó a 13.3 millones de metros cúbicos. Todo lo cual ha significado que de tener cubiertos nuestros recursos energéticos para el consumo interno, hayamos tenido que importar combustibles debido a lo cual en el año 2008 importamos por valor de 4.383 millones de dólares, en el año 2009 por valor de 2.626 millones de dólares, en el año 2010 por valor de 4.474 millones de dólares, en el año 2011, se superaron los 9500 millones de dólares, en el año 2012, la importación fue de 9.300 millones de dólares y se estima que en el año 2013, esas cifras tuvieron un incremento del 40%, no sabiéndose con exactitud los montos de este año.

Esa significativa cantidad de divisas supone una sangría constante para el tesoro Nacional, y una sustracción de recursos que podrían ser destinados a emprendimientos productivos, a la reconstrucción de los ferrocarriles y a la realización de un conjunto de obras de infraestructura, de fundamental importancia para el desarrollo nacional.

Debe tenerse en cuenta que el déficit energético, y la disminución de la reservas, tienen un claro origen en la falta de inversión de los concesionarios, que se limitaron a la extracción, siendo escasos los fondos invertidos para obtener una adecuada reposición de aquello que extraían.

De tener un horizonte de reservas de petróleo de 14 años en 1988 hemos pasado en el 2014 a 8 años y en cuanto a las reservas de gas, teníamos un horizonte de 37 años en 1988, 7 años en el 2014, con las graves consecuencias que tal situación va a producir no solo en el corto plazo sino respecto a nuestro futuro energético.

Párrafo aparte merecen los nuevos contratos celebrados por YPF, con Chevron y Dow, para explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, bajo el sistema de Fracking, con las consecuencias que ello implica, y que hemos planteado en otro Proyecto. De acuerdo a las estimaciones suministradas por YPF, la Argentina tendría la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la segunda reserva de gas, pero en ningún caso se han mostrado cuales serían las consecuencias medioambientales y los costos de esa explotación, que son singularmente elevados.

Existen pozos de explotación que no tienen riesgo y que fueron los favoritos de los concesionarios debido a su total rentabilidad y los privilegiaron respecto a los pozos de exploración cuyo riesgo minero era alto. Lo que ocurre que a estos pozos es a los que se debe prestar particular atención debido a que son los que permiten explorar la posibilidad de encontrar nuevas existencias de hidrocarburos. Mientras en 1989 el 12.1% de los pozos perforados eran de exploración (98 pozos), en el año 2005, solo fueron perforados para exploración (es decir para la búsqueda de nuevas reservas, el 5,2% (apenas 62 pozos). En el año 2003 apenas se perforaron 25 pozos de exploración, el 1.9 de las perforaciones totales, mientras que los pozos de explotación pasaron del 73,8% en 1989 al 86% en el año 2005. Estos datos son los entregados por las propias compañías por lo cual deben tomarse con la cautela debida, ya que ellas son las que entregan los datos a la Secretaría de Energía quien no ejerce control alguno como ya lo hemos señalado. También se debe consignar que a pesar de las dudas que suscitan las cifras transcriptas el número de pozos resulta inferior a los que se exploraba en otras épocas. Cuando era presidente el Dr. Arturo Illia se perforaron 119 pozos promedio por año (94% efectuados por YPF) y se perforaron 133 pozos en 1983 (86% por YPF).

Luego de la desregulación fueron los pozos de explotación los que llegaron a aumentar un 73% en el año 2005. Por el contrario los pozos de riesgo cayeron significativamente, resultando en el año 2005 el 63% de los perforados en 1989. Estos datos nos hablan claramente del abandono de las inversiones de mediano y largo plazo, siendo las inversiones de corto plazo, con poco riesgo y de carácter netamente extractivo las que acapararon los recursos de las empresas.

Si se toman en cuenta la evolución de los pozos perforados y su distribución, cabe concluir que las inversiones que se llevaron a cabo y las que se están llevando han tenido como único propósito aumentar la extracción y la rentabilidad de las empresas, con el consecuente perjuicio para los recursos estratégicos del país.

La falta de control sobre el manejo de las empresas concesionarias de los yacimientos de hidrocarburos, que hemos señalado por parte de la Secretaría de Energía, debe hacerse extensiva al control de las inversiones proyectadas y al cumplimiento de los pliegos licitatorios correspondientes, y es por eso que debe efectuarse de manera imprescindible una Auditoría, para saber que se invirtió, como se invirtió, y se cumplió con lo contractualmente acordado.

En razón de los fundamentos expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este Proyecto de Ley.