Declarar su más profunda preocupación por las acciones tomadas por la Universidad Nacional de La Matanza que estipulan el arancelamiento de estudios de pregrado y grado a estudiantes universitarios cuyo país de egreso de estudios secundarios no sea hispanoparlante.

Señor presidente:

Señor Presidente recientemente se difundió que La Universidad Nacional de La Matanza informa en su sitio web oficial que “Mediante Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Matanza, se dispone que para aquellos interesados en cursar carreras de pregrado y grado cuyo país de egreso de estudios secundarios NO sea hispanoparlante, deberán realizar un curso de Lengua Castellana y Literatura Hispanoamericana” [1]. Al finalizar, la comunicación oficial establece que los aspirantes deben acreditar el “Comprobante de transferencia bancaria (equivalente a 1000 módulos)”.

Más allá de que la publicación oficial es confusa, ya que no refiere explícitamente a qué Resolución del Consejo Superior alude, ni tampoco en qué consiste cada módulo que se utiliza como referencia de valor, es pertinente señalar que esta acción va contra la Ley Nacional que regula los estudios universitarios.

En el año 2015 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.204 con el título “Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior”. Uno de los aspectos centrales de esta Ley fue la modificación de un conjunto de artículos sancionados en la Ley de Educación Superior 24.521 de 1995.

Especialmente el artículo 2bis de la 27.204 señala explícitamente que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.”

La implementación de un curso arancelado, de carácter obligatorio, para aquellos estudiantes que aspiran a realizar una carrera de pregrado o grado en la Universidad Nacional de La Matanza, está prohibido por la ley vigente 27.204/15 promulgada mediante decreto presidencial 2358/15.

Este 22 de noviembre se cumplen 70 años del Decreto de Gratuidad de los Estudios Universitarios sancionados por el gobierno democrático del presidente Juan Perón mediante el decreto 29.337 de 1949. Allí se estableció la eliminación de cualquier tipo de arancel para los estudiantes definiendo que sea el Estado Nacional

quien asumiera la inversión financiera que garantice el normal funcionamiento del sistema de educación superior.

Este hito junto a la Reforma Universitaria de 1918, que estableció la autonomía universitaria y el cogobierno, son los dos vectores centrales que democratizaron el acceso a los estudios superiores en nuestro país.

Por ello, es que hoy vemos con profunda preocupación este tipo de iniciativas que van no sólo contra la Ley sino también contra la tradición de gratuidad y democratización en el acceso a los estudios universitarios.

El argumento de mejorar la formación de los estudiantes para desarrollar una carrera universitaria no es válido para cobrar por un curso de carácter obligatorio. La Universidad junto al Ministerio de Educación de la Nación deben generar los mecanismos institucionales que se adecuen a la Ley Nacional que regula la actividad del sector, a la vez que debe respetar una de las mejores tradiciones que tiene este país como es la calidad y gratuidad de sus estudios universitarios, motivo de orgullo y reconocimiento internacional.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados de la Nación, a que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución, con su tratamiento y aprobación.