Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que corresponda, informe por escrito las siguientes cuestiones referidas al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR):

1) Cuál es el monto o el incremento asignado previsto en el Programa para las becas individuales para el año lectivo 2019.

2) Cuál es el criterio que se utiliza para la actualización del monto de la Beca “PROGRESAR”.

3) Por qué razón se congelaron los montos de las Becas previstas para el ciclo lectivo 2019.

4) En caso de utilizar un único criterio para la actualización del monto de la Beca “PROGRESAR”, explique cuál es su fundamento, visto la diversidad de casos y de realidades diferentes en relación con las distintas universidades, la multiplicidad de carreras y de sedes de facultades; las distintas regiones del país y la diversidad de calendarios académicos.

5) Cuáles son los criterios utilizados para la asignación de las Becas “PROGRESAR” en el caso de los grupos prioritarios.

6) Cuál es el criterio de asignación de las Becas “PROGRESAR” para el caso de aspirantes provenientes de familias numerosas.

7) Por qué la asignación de la Beca “PROGRESAR” es considerada incompatible con la Asignación Universal por Hijo.

8) Cuál es la razón de la modificación arbitraria de las fechas de solicitud de becas y de inscripción a las mismas.

9) Detalle con qué organismos y con qué sectores la Autoridad de Aplicación consensúa las modificaciones introducidas al Programa de Becas “PROGRESAR”. Aclare específicamente si el Consejo Interuniversitario Nacional o los representantes de distintas Asociaciones Estudiantiles intervienen o son consultados de alguna forma a lo largo del proceso de la toma de estas decisiones.

Señor presidente:

Es indudable que desde su creación el Programa de Becas “PROGRESAR” ha contribuido tanto a la inclusión social y laboral de los argentinos en condiciones de vulnerabilidad como a la redistribución del ingreso en el país.

La numerosa cantidad postulantes a ese Programa pone en evidencia, por un lado, su necesariedad; y por otro, la numerosa cantidad de argentinos interesados en continuar sus estudios para estudiar, capacitarse, desarrollarse y prosperar.

Es particularmente preocupante la situación actual de las personas incluidas en los grupos prioritarios para la obtención de la Beca. Estos grupos estaban conformados por aquellos aspirantes que reunían una serie de condiciones que justificaba que la beca les fuera asignada de manera automática. Desde la creación del Progama a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84/2014 y hasta 2017 se los incluía expresamente. El 30 de enero de 2018, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 90, se decidió modificar el Decreto que creaba este Programa y en el nuevo Decreto se quitó toda referencia a los grupos prioritarios.

A esta desacertada decisión se suma este año la de declarar la incompatibilidad del derecho a obtener la Beca por parte de aquellos aspirantes que perciban –o en el caso de que algún integrante de su grupo familiar perciba- la Asignación Universal por Hijo. Esto se encuentra establecido expresamente en el Protocolo para el ciclo lectivo 2019 enviado a las Secretarías de Bienestar Estudiantil de las distintas Universidades. Específicamente, en el artículo 20 del Anexo I del Reglamento General de Becas “PROGRESAR”, en el que se establecen los requisitos para la evaluación socioeconómica de los postulantes. En dicho artículo se sostiene que la evaluación, que se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se elaborará “en función de los ingresos del postulante y los de su grupo familiar que se registren en las bases de datos de dicho organismo, al momento de la inscripción. Entiéndase por ingresos a la suma de las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad o maternidad Down, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, al monto de la Prestación por Desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.”

Por otra parte, en la página de la ANSES destinada a la inscripción al Programa de Becas “PROGRESAR”, en el apartado referente a los requisitos, el artículo 4 establece explícitamente que “No habrá más grupos prioritarios, se deberán cumplir todos los ingresos del grupo familiar”.

Señor Presidente: resulta inentendible y constituye una situación particularmente injusta el hecho del congelamiento de los montos destinados a las distintas líneas de becas del Programa “PROGRESAR”. Es de público conocimiento que en 2018 la inflación superó el 40% y, por esta razón, es imposible imaginar cuál fue el criterio que rigió la decisión del gobierno nacional de congelar los montos de las becas. Esta medida impacta de manera fuertemente negativa en la vida de los estudiantes que necesitan acceder a la beca y les quita toda posibilidad de previsibilidad y de ayuda económica. No debemos olvidar que los postulantes a las becas son personas que viven en condiciones económicas, sociales y territoriales cuanto menos adversas, y en la mayoría de los casos, expuestos a una fuerte vulnerabilidad socio-económica.

Cuando se reflexiona sobre las decisiones políticas implementadas desde el gobierno nacional en relación con el Programa de Becas “PROGRESAR” queda la impresión de que el objetivo que se busca sería exactamente el contrario al estipulado en los considerandos del DNU 90/2018, donde se advertía “la necesidad de fortalecer el sistema de becas introduciendo nuevas estrategias y condicionalidades que contribuyan al efectivo tránsito y egreso del sistema educativo por parte de los jóvenes en situación de vulnerabilidad que buscan desarrollarse y prosperar.”.

Las decisiones políticas tomadas no fortalecen el programa, al contrario: de ellas sólo puede generarse un desincentivo en el interés por el estudio, situación que trae como consecuencia inmediata la cancelación de las posibilidades de aumentar las oportunidades de inclusión laboral y social y de lograr desarrollar las condiciones para lograr una vida digna y con los estándares de calidad que todas las personas, sin excepción, nos merecemos.

Señor Presidente: desde el espacio político que integro entendemos que la educación es un derecho y no un privilegio.

La educación es pública, porque debe estar garantizada a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

La educación es integral, porque debe desarrollar todas las competencias personales, más allá de las intelectuales.

La educación debe ser inclusiva, porque el ingreso debe estar garantizado a todos, sin importar condición social, económica o cultural.

La educación debe ser integrada, porque debe favorecer la incorporación de las personas con discapacidad.

La educación debe ser permanente, ya que se produce a lo largo de toda la vida y debe atender las distintas alternativas para la educación formal y/o laboral de los adultos.

Por todas las razones expuestas, pido a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.