Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de la Jefatura de Gabinete y demás organismos que corresponda, gestione las medidas necesarias para garantizar la regularización del dictado de clases en las universidades públicas de nuestro país, como así también la estabilidad salarial de los docentes y trabajadores que se desempeñen en el ámbito de las mismas.

Señor presidente:

Es sabido que el derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales. La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” contempla este derecho, al igual que lo hace nuestra Constitución Nacional.

El derecho a la educación como aquel derecho humano fundamental para el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los derechos y las libertades fundamentales es la piedra angular para el desarrollo de un modelo de sociedad óptimo e inclusivo. En nuestro país, la educación superior, al igual que la de los niveles anteriores, es gratuita, es pública, para todos y todas. Argentina es ejemplo de educación por el simple hecho de que damos la oportunidad de estudiar y formarse a todos y cada uno de nuestros ciudadanos haciendo accesible económicamente el estudio superior.

Sin embargo, al día de hoy, hay más de cincuenta y siete universidades públicas en el país que no están dictando clases, desde el día 6 de agosto los paros y las movilizaciones tanto de docentes como de alumnos se alzan en reclamo de un aumento salarial para aquellos trabajadores y docentes de las universidades públicas.

Los docentes de las universidades han recibido un aumento de 5% en el mes de mayo, desde esa fecha no han recibido otro. Se esperaba un aumento de 5,8% en el mes de agosto y en septiembre una porción más. Llegando de este modo al 15% de aumento con una inflación paralela que no para, con el aumento de los productos básicos que no da tregua, con la subida del solar que tampoco lo hace. Son los docentes junto con sus alumnos quienes tienen que salir a defender su fuente de trabajo porque no solo se les está negando la posibilidad de llegar a una paritaria y discutir mayores porcentajes, sino que también hay un importante recorte presupuestario a las universidades.

El derecho al trabajo también es un derecho humano, igual que el derecho a la educación. La declaración de Universal de Derechos Humanos también consagra este derecho al trabajo, con condiciones equitativas, con salarios satisfactorios que le aseguren una existencia conforme a la dignidad humana.

No podemos mantenernos indiferentes a semejante atropello de los derechos humanos. Están en juego el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Ambos pilares de nuestra sociedad, ambos derechos fundamentales para el desarrollo de una vida digna para todos y cada uno de los ciudadanos de este país.

Por tal motivo, solicito a mis pares me acompañen con su voto, en este proyecto de resolución. -