Solicitar la presencia, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Dr. Alejandro Oscar Finocchiaro, a fin de que brinde precisa y detallada información a esta Honorable Cámara de Diputados respecto de la asignación de crédito a organizaciones sociales en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 correspondiente a la jurisdicción 70 educación, cultura, ciencia y tecnología.

En ese sentido, le solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que por intermedio del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación informe a esta Honorable Cámara:

1) Motivo de la creación del programa 48 “Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas” correspondiente a la planilla de la Jurisdicción 70, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Proyecto de Ley del Presupuesto 2019.

2) Explicite la causa por la cual se asigna un crédito de 1.323.335.597 pesos al mencionado programa a través de la unidad ejecutora, Secretaría de Gestión Educativa.

3) Informe

a) Nómina de las organizaciones sociales con las cuales firmaron o prevén firmar convenios;

b) Jurisdicciones y Ministerios involucrados;

c) Período de vigencia del convenio;

d) Objetivos, actividades, área de intervención, jurisdicciones de alcance territorial y destinatarios;

e) Detalle de honorarios, facturación, y pagos;

f) Obligaciones de las partes;

g) Pertenencia de la propiedad intelectual;

h) Personal involucrado: contratación, responsabilidad, idoneidad;

i) Control, supervisión, inspección.

4) Respecto a la intervención de organizaciones gubernamentales en el sistema educativo, ¿Ha sido consultada con las instituciones/organismos previstos en la legislación? Consejo Federal de Educación, especialistas, del sistema educativo formal, docentes, representates de entidades gremiales. ¿Cuál ha sido la respuesta de los mismos?

Señor presidente:

Conforme a la Planilla de la Jurisdicción 71, correspondiente a educación, cultura, ciencia y tecnología del Proyecto del Presupuesto enviado al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, se asigna una partida de 1.323.335.597 de pesos (más de mil trescientos millones de pesos) al programa 48 “Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas”. Consideramos que la descripción e información mencionada en el documento es absolutamente insuficiente. Se menciona que ese presupuesto dependerá de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Educativo Territorial y que esta erogación se destina entre, otras a actividades de apoyo escolar.

El programa 48 de fortalecimiento territorial y acompañamiento de organizaciones educativas que depende de la unidad ejecutora Secretaría de Gestión Educativa menciona en sus propuestas las de profundizar las estrategias pedagógicas y socioeducativas orientadas al fortalecimiento de las trayectorias de les estudiantes desde el inicio de la escolaridad hasta su finalización, promoviendo la educación obligatoria como una unidad, sin desatender las particularidades de cada nivel y modalidad educativa, fortaleciendo las capacidades operativas de los distintos niveles en cada jurisdicción, formular, diseñar e implementar programas y políticas educativas, de alcance nacional, que tengan impacto directo en la comunidad educativa, desarrollar el alcance territorial de las políticas educativas, oficiando de nexo entre las provincias y sus municipios, acercar a les ciudadanes mediante la realización de presencias territoriales, articular las acciones del consejo federal de educación y fortalecer la red de agentes comunitarios para el servicio de apoyo escolar.

Estos fines y objetivos de la política educativa nacional están contenidos y explicitados en la Ley de Educación Nacional 26.206 y de Financiamiento Educativo 26.075 en los siguientes artículos:

Ley 26.206

Articulo 11. Incisos a, e y h: Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. (…) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. (…) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades.

Artículo 79. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.

Articulo 80. Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable.

Ley 26.075

Artículo 2. Inc. c): Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza mediante sistemas de compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional. Inc. f) Producir las transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/primaria y media/polimodal.

Asimismo, la Ley 26.206, prevé crear en los ámbitos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos gubernamentales, especialmente con el área responsable de la niñez y familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con el Ministerio de Salud de la Nación, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de les niñes establecidos en la misma Ley. Tras el mismo objetivo y en función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación, en el ámbito de la educación no formal.

Distintas investigaciones arrojan como resultado tendencias privatizadoras en la educación argentina que se dan a través del financiamiento, de la entrega de subsidios públicos a instituciones del sector privado. A partir del cambio de gobierno en diciembre de 2015, uno de los principales canales sobre los cuales se impulsa la privatización es a través de los convenios y acuerdos suscriptos por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación con empresas privadas nacionales e internacionales, Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) y fundaciones vinculadas al ámbito educativo, y universidades privadas.

Tal como lo observamos en la investigación que desarrolló la CTERA y la UBA, a través de la firma de estos convenios y la apertura del sistema educativo a los negocios privados, nuevos actores participan no sólo de la definición de la agenda educativa sino también de la implementación de políticas y programas que impulsan un modelo educativo sustentado en la lógica gerencial asociado a los valores del mercado.

Consideramos que la educación es un derecho humano en oposición a quienes la conciben como una herramienta para la formación de capital humano o de recursos humanos. Sobre el avance de la privatización/mercantilización de la educación, es preciso pensar las políticas privatizadoras en clave de cambio de paradigma. Se trata de una tendencia que excede el sistema educativo: predominan discursos donde lo privado aparece como el ámbito de la eficiencia, la calidad, la capacidad de respuesta y de adaptación a demandas locales. Se descalifica lo público y el Estado para apropiarlo en beneficio de las grandes empresas y los bancos.

En ese sentido, los procesos de privatización del sistema educativo son poco visibles y consisten en promover la emergencia y expansión de proveedores privados.

De acuerdo con la legislación en Argentina la educación se considera un derecho social, el conocimiento un bien público, y el Estado el garante de su concreción; mientras que dentro de la lógica neoliberal la educación es una mercancía más. Sin embargo, la expresión del sector privado se muestra en forma muy diversa según las provincias. Actualmente, en el nivel nacional, la gestión política está a cargo de figuras vinculadas con empresas multinacionales que lucran con la educación e impulsan el establecimiento de lógicas empresariales en el ámbito educativo, muchas veces bajo la forma de ONG o Fundaciones, o universidades privadas, que desarrollan programas de capacitación para “líderes”, en particular con un enfoque orientado a gestionar la escuela pública como una empresa para formar emprendedores, capacitando a les docentes en forma gratuita, acciones que el Estado terceriza. Esto posibilita la participación de hecho de grupos de empresarios en la definición de políticas globales sobre educación.

A continuación, se mencionan y describen algunas de las instituciones (ONG ́s, fundaciones) más relevantes que forman parte de esas redes, que en la mayoría de los casos tienen convenios firmados con el gobierno nacional y con distintos gobiernos provinciales:

Enseña por Argentina: Enseña por Argentina es parte de un movimiento global que, según expresan ellos mismos, se propone terminar con la inequidad social a través de la calidad y el liderazgo educativo. Forma parte de una red global de colectivos autodenominados independientes, la red Teach For All, una red de programas a lo largo del mundo que reclutan a los líderes más prometedores de sus países para atacar la desigualdad educativa.

En Argentina tiene un programa de formación de profesionales “en liderazgo social y educativo”, que entró al país en 2009 y es dictado en CABA, Conurbano, Córdoba y Salta. Los profesionales se desempeñan como educadores en escuelas de zonas vulnerables, bajo la figura del codocente, luego de recibir una breve capacitación de apenas un par de meses. Son socios corporativos de Enseñá por Argentina: Ledesma, Swift, Direct TV, Banco de Galicia, Johnson & Johnson, Grupo Renault, entre otros.

Educar 2050: Este proyecto, que nació en 2007 tiene como misión incidir en política pública, así como también concientizar a la sociedad civil acerca de la importancia de educación de calidad”, e integra la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación (REDUCA), una suerte de Consenso de Washington educativo del siglo XXI.

El fundador y presidente es Manuel Alvarez Trongé, un conocido abogado que cuenta con varios títulos de postgrado en Estados Unidos y Europa. Ha ocupado altos cargos en grandes empresas nacionales y extranjeras como Perez Companc, Telefónica de Argentina y España, y desde diciembre de 2015 es Vice-Presidente de Aerolíneas Argentinas.

Observatorio “Argentinos por la educación”: En el mes de mayo de 2017 se presentó una iniciativa con el objetivo de mejorar la información pública sobre la educación en la Argentina. Se trata del Observatorio “Argentinos por la Educación”, que es una fundación constituida por altos directivos de grandes empresas nacionales y extranjeras, como Roberto Souviron (Fundador de Despegar.com), Ricardo Torres (CEO de Ede- nor), Karina Román (Organización Román), Constanza Gorleri (Banco Galicia), Federico Eisner (Bain & Company) y Agustina Blanco (Educar 2050). También guran en la lista Laura Muchnik (Muchnik.co), Eduardo Elsztain (Fundación IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Diego Be- kerman (Microsoft), Hugo Sigman y Silvia Gold, Federico y María Braun, Santiago Bilinkis, Juan Collado, José e Inés Porta y otros 50 aportantes. Se presenta como un grupo amplio y diverso de aportantes lo que garantiza su pluralidad. Su primera acción fue la firma de un convenio con el Ministerio Educación de la Nación para “analizar múltiples indicadores del sistema educativo”, así como su evolución en el tiempo, y difundirlos a través de la web. Al mismo tiempo, el organismo del Estado encargado de este tipo de análisis, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece) fue vaciada y rebajada a dirección simple.

Educación 137: A fines del año 2014, un grupo de argentinos egresados de universidades de Estados Unidos, nucleados en los clubes de ex-alumnos (Chicago, Northwestern y Yale) dieron nacimiento a lo que denominan Educación 137, un espacio destinado a promover un diálogo entre distintos actores involucrados en la educación.

Fundación Cimientos: Cimientos se define como “una organización de la sociedad civil que diseña e implementa programas educativos con la misión de promover la igualdad de oportunidades en las poblaciones más vulnerables y contribuir con la calidad educativa”. Su presidente es Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa Ledesma. Tiene el apoyo de una gran cantidad de corporaciones privadas, entre las cuales se destacan algunas como Pan American Energy, Techint, Coca Cola, Natura, y varios bancos como HSBC, Galicia, Superivelle, Itau o J.P. Morgan. La Fundación en abril de 2017 firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación por 5 millones de pesos, para la formación de tutores para los colegios secundarios.

Fundación Junior Achievement (JA): Funciona desde 1991 y es una de las mayores ONG a nivel global de educación económica, emprendedurismo y formación para niños y jóvenes. Desarrolla prácticas profesionalizantes en empresas.

Fundación Instituto de Neurología Cognitiva (INECO): Se creó en 2008 con un espíritu de liderazgo para el desarrollo de las neurociencias a nivel mundial.

Los reduccionismos en los abordajes de la relación entre neurociencias y educación en términos de sus implicancias en los procesos pedagógicos y en la de noción de las políticas públicas está siendo objeto de numerosos análisis. Entre otras cuestiones se señala que no hay hasta el momento indagaciones inspiradas en los métodos y técnicas de las neurociencias que hayan logrado éxitos significativos en transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolares” (Castorina, 2016, pág.26) y se advierte sobre el desplazamiento de las formulaciones pedagógicas por aportes de otras disciplinas (Terigi, 2016). También se considera que la Neurociencia Educacional puede contribuir con ideas acerca de cómo enriquecer los procesos de aprendizaje y enseñanza, pero no puede indicar aún al educador o al diseñador de políticas educativas como aplicar esas ideas en contextos educativos específicos (Howard-Jones y otros, 2016, citado en Lipina, 2016.

Fundación CONIN: El 20 de diciembre de 2017, el ex Ministerio de Educación y Deportes suscribió́ un convenio con la Fundación CONIN, que tiene por objeto garantizar una mejora en sus trayectorias escolares y la detección temprana de la desnutrición. La Fundación CONIN es conocida a nivel público a partir de las declaraciones públicas de su director, el Dr. Abel Albino, que dan cuenta de una ideología conservadora y que refuta importantes avances científicos. Distintas sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAPI) reaccionaron fuertemente en contra de la firma del convenio. Las críticas se fundamentan en las ideas del Dr. Albino, como por ejemplo que la masturbación genera frustración, que la homosexualidad es una enfermedad, o que la promiscuidad y la sexualidad indiscriminada son las causas de la desnutrición y de la falta de educación de los niños, y sostienen que las políticas públicas deben estar informadas por criterios científicos y contar con el asesoramiento de sociedades científicas y no de instituciones que promueven políticas basadas en prejuicios y en conceptos arcaicos.

Fundación Lider.ar: La Fundación Lider.ar tiene por misión “potenciar el liderazgo colaborativo de los jóvenes a través de espacios de encuentro”. Entre otras actividades desarrollaron un evento, que contó con un show de cierre y sorteos y se vendieron entradas a beneficio de la fundación. Es decir, se ofreció́ un espacio público a una fundación privada que, además, cobró por la venta de entradas.

La legislación argentina en materia educativa, regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Es imperioso pensar la educación desde “lo común”, además de lo público y lo privado. En torno al discurso sobre la crisis de la escuela pública, lo que en realidad está en crisis es la sociedad y la escuela moderna, y se instaló la idea de que la oferta privada daría respuesta a esa crisis, cuando lo privado en general responde a esos mismos cánones. Su valoración se vincula más con el discurso neoliberal de desvalorización de lo estatal y con las políticas de desfinanciamiento de la escuela pública.

Dado que la política pública en educación sólo se entiende en el marco de un modelo de país, es preciso considerar integralmente el proyecto político, social, económico y cultural en el que está inserta para poder articular una defensa amplia y efectiva de los derechos sociales en general, y del derecho a la educación, en particular. La discusión y el debate de intervenciones educativas, debe darse en el marco de una amplia convocatoria de toda la comunidad educativa (especialistas, docentes, representantes de las entidades gremiales y alumnos).

La Nueva Gestión Pública (NGP) constituye una expresión de las tendencias privatizadoras de la educación en la región que ha ganado enorme fuerza en los últimos años. Se trata, a grandes rasgos, de un programa de reforma del sector público inspirado en las lógicas de funcionamiento del sector empresarial privado y de disciplinas afines que, supuestamente, tiene por finalidad “mejorar la eficiencia, la eficacia y el rendimiento general de los servicios públicos en las burocracias modernas”. Si bien la reforma del sector público no constituye una propuesta novedosa, los modos en que desde la NGP se piensa estos procesos de cambio encuentran hoy un renovado impulso de la mano de un nuevo acuerdo hegemónico. El programa de la NGP no constituye una retirada del Estado, ni su conversión a un intervencionismo mínimo, sino más bien una reformulación de los modos de gobernar lo público alejados de los principios democráticos.

A partir del triunfo de la Alianza Cambiemos se asiste a una verdadera restauración neoliberal y conservadora que ha producido una significativa transferencia de recursos desde los sectores de menores ingresos (asalariados, jubilados, trabaja- dores informales) a los sectores más concentrados de la economía (particularmente, el sector agroexportador y el sector del capital financiero), en un contexto de aumento del desempleo y crecimiento de la pobreza. Uno de los ejes del plan del gobierno actual es el retiro del Estado de aquellas funciones que había desarrollado en los últimos años, en especial, en lo referido a la redistribución progresiva del ingreso, la prestación de servicios a la población y la generación de condiciones para garantizar los derechos sociales. En este contexto, y bajo el objetivo declarado de modernizar el Estado, el sector público en Argentina está siendo objeto de una serie de reformas que son impulsadas por el Ministerio de Modernización creado en diciembre de 2015 y que se sustentan en procesos de individualización de lo social en el marco de la extensión de la perspectiva de la NGP en el campo educativo.

Además de la tendencia a la privatización se da una tendencia paralela a la globalización que se conectan a través de un proyecto político común: el neoliberalismo. Por un lado, la privatización introduce los mecanismos de mercado en la educación, redefiniendo la naturaleza de los individuos y de las relaciones entre ellos y con las instituciones; por otro, cambia la escala desde la que se gobierna la educación, con un poder creciente de actores y agencias con influencia globales. Estos mecanismos atentan contra la materialización del derecho social a una educación pública con calidad integral.

La mercantilización educativa se desarrolla de manera gradual y los procesos de mercantilización no han desembocado en mercados educativos puros, sino más bien en escenarios educativos en los que la esfera estatal convive e interactúa con la esfera del mercado. Habida cuenta de que se han subejecutado y recortado partidas del presupuesto educativo, exigimos la inmediata reformulación del mismo con el fin de garantizar el normal funcionamiento del todo el sistema en la totalidad de las áreas, modalidades y niveles.

Consideramos que no existe motivo expresado en el presupuesto por el cual las organizaciones educativas, deben poseer tal magnitud de intervención en el sistema educativo e interpretamos que los convenios firmados o que prevén firmar con estas asociaciones esconden un fin lucrativo, que este tipo de medidas responden a una lógica educativa mercantilista en beneficio de intereses privados de una minoría y atentan como un derecho social y humano.

Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares, acompañen el presente Proyecto de Resolución.