Expresar su preocupación y rechazo por la iniciativa del Municipio de Neschel, Departamento de Chacabuco de la Provincia de San Luis, de destinar 50 hectáreas del predio donde se desarrollan las actividades educativas de la Escuela Técnica N° 1 Elena Ossola de Horas, a emprendimientos lucrativos privados.

Señor presidente:

Naschel es una localidad del Departamento Chacabuco, ubicado en el NE de la Provincia de San Luis.

El pueblo fue fundado el 27 de diciembre de 1907, con la llegada del ferrocarril, aunque como asentamiento poblacional aparecía registrado desde finales del siglo XIX.

“Naschel” puede traducirse como "gente de abajo" debido a su localización en medio de sierras y altos bordes territoriales.

Como en otros casos de nuestro país, fueron un grupito de familias, inmigrantes en muchos casos, que se instalaron ahí para trabajar el campo y forjarse su futuro. Ayudaron así a forjar también el futuro de todos nosotros.

Si bien avanzó su historia con las actividades agrícolas, el aporte de la industria agropecuaria produjo un aluvión de nuevos habitantes, cobrando su fisonomía carácter urbano. Para el censo de 2010 tenía 3.543 habitantes. Hoy hay instaladas empresas nacionales y transnacionales que producen diferentes bienes y le otorgan empleo, no sólo a los habitantes locales sino también de poblados vecinos.

En este ámbito, la Escuela Técnica N° 1 Elena Ossola de Horas, ofrece educación de nivel secundario, otorgando los títulos de Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones, Técnico en Producción Agropecuaria y Técnico Profesional en Producción Agropecuaria.

Asisten alumnos del lugar y de otras localidades. Tiene gran inserción en la comunidad, organizando actividades en las que interactúa con ella, como ocurrió, por ejemplo, este año con la Semana de la miel, realizada en el marco del Día Mundial de la Apicultura.

El predio en el que desarrolla sus prácticas educativas agroproductoras fue donado por un grupo de padres con el cargo de que se utilizara para la escuela. En aquel momento dependía del Estado Nacional, y al ser pasada a jurisdicción provincial, se iniciaron trámites para el traspaso de la propiedad, cuestión que no sabemos a la fecha si se ha concretado.

En lo últimos días ha trascendido un proyecto del Municipio para instalar una actividad industrial, cuyo carácter contaminante no ha sido descartado, y que se asienta en 50 hectáreas de la Escuela Técnica N° 1.

El supuesto emprendimiento beneficiado con la medida, estaría a cinco cuadras del centro histórico de la localidad, lo que es a todas luces temerario y contrario a criterios sustentables de desarrollo urbanístico.

No cabe duda de que, a las críticas respecto de la liviandad con la que se decide qué hacer y dónde, se suma lo inadmisible del hecho de pretender hacerlo sobre un terreno aplicado a la formación de los habitantes del lugar. Destacamos lo dicho más arriba: la actividad agropecuaria es la que sostiene la región, de ahí que el pleno accionar de esta escuela se torna crucial.

No se conoce qué forma jurídica adoptará lo que hoy aparenta como una expropiación, ni de qué manera se tenía previsto comunicar o consultar con la Escuela sobre este cercenamiento. Por otra parte, y siendo que la donación fue hecha con cargo –utilizarse con fines educativos- se estaría violentando esa manda, lo que podría provocar su revocación.

A lo largo de los años, particularmente en toda la zona de influencia escolar de la escuela agrotécnica, hemos sido testigo de maniobras en las cuales, emprendimientos fabriles presentados como grandes desarrolladores, no han sido más que aves de paso, que luego de un primer momento auspicioso, dejaron decenas de familias sin trabajo y sin reconocimiento pleno de sus derechos. Todo lo opuesto a la función social de promoción de los derechos que cumple la escuela afectada, que, como dijimos, tiene además impacto en poblaciones aledañas.

Nada es claro, y lo que se vislumbra es un oscuro negociado entre las autoridades locales e intereses privados, más la necesaria cobertura política del gobierno provincial -aparentemente hoy propietario del predio-, sin lo cual esto no podría concretarse.

Mutilar el patrimonio educativo de una escuela pública, simiente de la igualdad y libertad de los pueblos, es un acto condenable de irresponsabilidad política, y ante el peligro de encontrarnos con un hecho consumado, estamos promoviendo una contundente declaración de preocupación, rechazo y repudio al intento de apropiarse de un bien destinado a la educación pública de las futuras generaciones para adjudicarlo a una empresa privada lucrativa.

Invito, por tanto, a los Señores Diputados a acompañar la iniciativa.