Expresar preocupación por los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de La Plata producto de la irrupción de un grupo de personas autodenominados “Pro-Vida” en la Escuela Secundaria N°8 Pedro Benoit en contra del dictado de una clase de Educación Sexual tal y como lo consigna la Ley Nacional 26.150 de “Educación Sexual Integral”.

Señor presidente:

El día 17 de octubre del corriente año la ciudad bonaerense de La Plata fue el escenario de un hecho de violencia que preocupa y nos debe llamar a la reflexión. Un grupo de personas autodenominados “Pro-Vida” irrumpieron de forma ilegal y violenta en la Escuela Secundaria N°8 Pedro Benoit. Escuela que es menester destacar es pública, laica y gratuita tal y como lo establece nuestra legislación.

El motivo de mencionada irrupción fue impedir que se dicte una charla sobre Educación Sexual Integral. Las personas dispuestas a ingresar por la fuerza al establecimiento consideraron que tenían el derecho de exigir la prohibición de la charla prevista. Frente a lo cual, las autoridades del colegio, -como se desprende de los testimonios del hecho divulgados por la prensa escrita y audiovisual, así como también por videos viralizados por redes sociales- explicaron a las personas presentes que la charla sobre Educación Sexual se enmarca en la ley nacional 26.150 que es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional.

Estos hechos de violencia fueron organizados por la agrupación “Pro-Vida” El Bebito / La Plata y convocada mediante su Facebook. Según consta en su página, la organización de la “protesta” fue con motivo de "apoyar a una docente a quien obligaban a dar ESI".

En este marco, varios son los aspectos a resaltar que dan cuenta de la importancia de la presente expresión de preocupación. En primer lugar, la aplicación de las leyes, cualquiera sea ella, no es una cuestión de buena o mala voluntad. Dentro del sistema democrático en el cual vivimos, el efectivo cumplimiento de las leyes es una obligación de todos y todas, sea individual o institucionalmente. En el caso de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral –sancionada en el año 2006- lamentablemente tan sólo 9 de las 24 provincias han adherido a la ley, siendo la provincia de Buenos Aires una de ellas.

Además, tal y como sostiene la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito “incorporar la educación sexual de manera expresa en el sistema formal de educación es un desafío para las autoridades educativas, ya que no se trata de incorporar “un contenido más” a la currícula o simplemente de transmitir información, sino de abordar la cuestión de la sexualidad de manera clara, justa y no discriminatoria” En este sentido, es una obligación del Estado velar por la seguridad de aquellos y aquellas educadores que imparten la materia con compromiso y seriedad, máxime teniendo en cuenta el clima hostil que comenzó a vivirse a partir de la creación de estos grupos autoritarios y violentos.

Por último, la Ley de Educación Sexual Integral –conocida popularmente como ESI- consagra el derecho de niñas, niños y adolescentes de acceder a información vital para el desarrollo de vidas libres de violencia. Otorga herramientas no sólo para una libre elección sexual, ausente de estereotipos y discriminación, sino también para la detección temprana de abusos, para una anticoncepción adecuada previniendo el embarazo adolescente, para la protección frente a Enfermedades de Transmisión Sexual. En suma, consagra derechos irrenunciables en el marco de la construcción de una sociedad justa.

Es por todos los motivos expuestos que solicito a mis pares la aprobación de la presente resolución.