Solicitar al Poder Ejecutivo que proceda a ejecutar en todo concepto los fondos adeudados a las universidades nacionales, correspondientes a las partidas presupuestarias asignadas en la Ley de Presupuesto Nacional 2018.

Señor presidente:

El Gobierno actual lleva adelante un ataque contra la Educación Superior en su conjunto. Asfixiar a las universidades es una decisión política de este Gobierno, la cual es puesta en marcha a través de una sub-ejecución selectiva del presupuesto universitario. Esta intención ya había quedado explícita con las declaraciones de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el pasado mes de mayo de 2018. Desde el exclusivo Rotary Club, la gobernadora cuestionó las universidades de la provincia de Buenos Aires: “todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”. Este discurso de clase en el que la educación pública es un “gasto” innecesario responde a la idea de una universidad ajena a las mayorías trabajadoras, al servicio de las empresas y que reproduzca el orden social vigente. En este sentido, la comunidad académica ha alertado que la falta de dinero terminará por promover el éxodo hacia las universidades privadas.

De acuerdo con los datos provistos por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), más de 20 universidades del país han declarado la emergencia económica financiera por la crisis que atraviesan. El 21 de agosto del corriente año, los docentes universitarios iniciaron el paro en rechazo al aumento salarial del 15% ofrecido por el Gobierno. Este monto, según la inflación promedio (34,8%) con la que trabajó el Gobierno para la elaboración del proyecto de Presupuesto 2019, superior a la proyectada inicialmente para el 2018, quedaría desactualizado. Los docentes reclaman un incremento del 30% más una cláusula gatillo de ajuste automático por la inflación. La falta de acuerdo en torno a estas demandas motivó la realización de jornadas de protesta en el mes de abril, la ejecución de medidas de fuerza en mayo y la organización de la segunda Marcha Federal Educativa, en conjunto con otras centrales sindicales. La nula convocatoria al diálogo por parte del Gobierno durante semanas recrudeció el conflicto y las federaciones gremiales decidieron alternar el dictado de clases públicas con el paro de actividades durante la segunda semana de agosto.

Aun cuando el año paritario de los universitarios va de marzo a marzo, los docentes recibieron un primer adelanto del 5 % a cuenta de futuros aumentos recién en el mes de mayo. El segundo aumento del 5,8 % fue pagado en agosto, cuando la inflación acumulada entre marzo y junio promediaba el 14,7 %. Esto indica que sus salarios, a la fecha, se encuentran 3,9 % por debajo de la inflación. El 27 de agosto, el Gobierno hizo una nueva oferta con un anticipo del 4,8 % para septiembre, la que también fue rechazada. Cabe recordar que, en el año 2016, los salarios docentes cerraron un 7 % abajo de la inflación registrada. En el caso de los salarios no docentes, y ante el pedido de reapertura de paritarias que habían cerrado en torno al 15 %, la respuesta del Gobierno fue adelantar a septiembre la última cuota de aumento salarial prevista para noviembre, para volver a reunirse en el mes de octubre. Aunque la parte sindical aceptó esta propuesta, es evidente que se está lejos todavía de resolver el problema de fondo, más aún cuando la inflación proyectada para todo el año se espera que sea superior al 40 %. Dado que conforman entre el 85 y el 90 % del presupuesto total, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes son medulares para el sistema universitario nacional. También lo son porque con base en dichas partidas se estiman los gastos de funcionamiento de las universidades.

Es evidente que las metas de inflación (15,7 %) y el valor del dólar (19,3 pesos) calculados en la Ley de Presupuesto 2018 quedaron muy lejos de la realidad, arrastrando consigo la capacidad adquisitiva de los presupuestos universitarios. Desde mediados de diciembre hasta la actualidad, la devaluación del peso supera el 50 % y la inflación desde enero a agosto acumula un 24,3 %. Dado que estas diferencias no fueron compensadas, esto no puede generar sino serias dificultades para el funcionamiento de las universidades.

El impacto del traslado a precio de la inflación y de la casi permanente devaluación en la que vivimos se ven agravados por el retraso en el envío de partidas presupuestarias, principalmente en tres aspectos. Primero, para los gastos de funcionamiento. La situación es preocupante si se toma en cuenta el gran incremento en las tarifas de servicios. El segundo aspecto es el retraso en las partidas para la realización de obras que ya están adjudicadas, que debieran estar en plena ejecución. El tercer aspecto es el recorte a las becas otorgadas por la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU). Las becas para carreras prioritarias disminuyeron de 39.715 en 2015 a 29.520 en 2017. Las becas para estudiantes de bajos recursos cayeron desde 23.019 a 14.985 en 2017.

Este retraso desactualiza aún más la capacidad de adquisición de los recursos necesarios para la vida universitaria. En este punto nos estamos refiriendo no sólo a la compra de bienes requeridos para el funcionamiento cotidiano, sino al impacto derivado del aumento de las tarifas de servicios, de los alquileres, de los combustibles y de diversos insumos con componentes importados, en general equipamientos y elementos tecnológicos y de laboratorios para distintos campos de las ciencias. El recorte de estos fondos genera un perjuicio presente y futuro que obliga a funcionar en forma inadecuada. Muchas veces significa la imposibilidad del dictado de carreras. Otras, su desarrollo en condiciones de gran precariedad, el hacinamiento de estudiantes o la obsolescencia de aulas y equipamientos.

Las condiciones que perjudican el normal funcionamiento de nuestras instituciones y ponen en riesgo su desarrollo y crecimiento, se encuentran acompañadas por acciones de judicialización y de desprestigio que operan sobre la imagen social de las universidades públicas con el objetivo de legitimar lo que está aconteciendo. Ello ocurre, además, en un contexto en el cual los pagos por los servicios de la deuda compiten con otras inversiones estratégicas del sector público. Así, en términos de la relación deuda-presupuesto universitario, en el año 2016 se pagaron en servicios de deuda, el equivalente a 4.8 presupuestos universitarios, 3,6 en 2017 y probablemente sean 4 en 2018.

Un dato no menor es que la Ley de Educación Superior Nº 24.521 en su art. 58 establece que: “el aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido”. Sin embargo, desde que asumió este Gobierno, el presupuesto universitario disminuyó. Entre los años 2016, 2017 y 2018 hubo una muy significativa reducción del presupuesto universitario asignado a las actividades del programa analizado, que, entre otras cosas, redujo fuertemente la asignación para salarios docentes, la suspensión de las obras licitadas, adjudicadas y contratadas y el recorte a las becas universitarias.

De acuerdo con lo expresado, la lucha emprendida desde la defensa de la educación avanza contra el techo salarial en las paritarias, el ajuste en las universidades pero, sobre todo, en reclamo del cambio de políticas que, a través de acuerdos con el FMI o la entrega del Banco Central al capital trasnacionalizado, nos quieren llevar a un país de miseria y exclusión social. La suspensión o eliminación de fondos para las Universidades Nacionales representa un retroceso para la Educación Pública, que afecta directamente al futuro de nuestros jóvenes y a nuestra identidad como país destacado por la calidad de la enseñanza y de la educación pública y gratuita, que significó el eslabón más importante en la promoción de la movilidad social ascendente. Gracias a nuestra universidad pública y gratuita y a las escuelas públicas es que contamos con profesionales de excelencia que son distinguidos en el mundo y considerados de gran valor en diversas áreas. La universidad pública argentina es una excepción en la región y en el mundo, donde la tendencia a la mercantilización de la educación superior es dominante. Pero este carácter excepcional no es un atributo casual, ni exclusivo de los universitarios. La universidad pública argentina es el resultado de 100 años de lucha de nuestro pueblo, que tuvo momentos de avance, como en 1918, con la gratuidad en el año 1949, la universidad popular en el año 1973.

En definitiva, defendemos la educación pública y gratuita, apoyamos a los estudiantes y a los trabajadores que se movilizaron para hacer visible su lucha. Rechazamos las políticas de desguace de la Educación Superior y el recorte presupuestario del sistema universitario de este Gobierno. No permitimos ni permitiremos el cierre de ninguna universidad pública, ni el arrebato de este derecho conquistado por el pueblo argentino.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen para la aprobación del presente proyecto.