Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que disponga la inmediata concurrencia del Ministro de Educación de la Nación, Dr. Alejandro Finocchiaro, a esta Cámara de Diputados a fin de que brinde informes verbales e información pormenorizada acerca de la grave situación que atraviesan las universidades públicas y colegios preuniversitarios nacionales en el marco del conflicto por la negociación paritaria con los gremios que agrupan a las y los docentes, quienes recibieron a la fecha una oferta salarial del 10,8 por ciento, rebajando incluso la anterior oferta de un 15 por ciento en cuatro cuotas, cuando se estima que la inflación superará el 32 por ciento. Requerir asimismo información pormenorizada acerca de los planes presupuestarios que su cartera prepara en el marco del Presupuesto 2019 para destinar a las instituciones universitarias estatales, así como sobre el desalojo policial ocurrido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba el dia 23 de agosto del corriente, cuando sin ningún tipo de explicación la Policía de esa provincia, en complicidad con las autoridades de la institución, decidieron desalojar la Facultad a minutos de que comenzara una multitudinaria asamblea de docentes y estudiantes.

Señor presidente:

Nos encontramos con un extendido y masivo conflicto en las universidades nacionales ante el ofrecimiento de un aumento miserable para las y los docentes y ante una perspectiva de mayor ajuste en la universidad. En todo el país los paros, marchas, abrazos y clases públicas dan cuenta de la preocupación por la grave situación que atraviesa la educación superior, así como del enorme apoyo que la lucha docente concita entre los estudiantes y la comunidad educativa de conjunto. Señalamos en anteriores proyectos presentados en esta Cámara que desde el inicio del ciclo lectivo las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación no han hecho más que sostener con las propuestas que realizan en cada mesa de negociación paritaria su manifiesta voluntad de atacar a la educación pública y el salario docente.

El gobierno realizó la pasada semana lo que desde los gremios denominaron una "provocación": reducir la oferta salarial del 15 % en cuatro cuotas a un 10,8 % en dos. Este fue el resultado de la cuarta reunión paritaria, luego de que en la anterior ocurrida el 13 de mayo generara el rechazo unánime del conjunto de las federaciones docentes que representan a 190 mil docentes en 57 universidades de todo el país. Cabe recordar que los salarios docentes vienen rezagados frente a la inflación desde hace años, profundizándose su deterioro con la profunda caida de su poder adquisitivo en 2018. Tal es así, que mientras la línea de pobreza medida por el Indec es de $ 20.000 a junio de este año, el sueldo de un cargo testigo (ayudante de primera con dedicación semiexclusiva) en la Universidad de Buenos Aires (la más numerosa del país) es de $ 12.000, mientras que el de un ayudante simple es de $ 6.000, y otros tantos miles de docentes trabajan gratuitamente, los mal llamados "ad honorem".

La gravedad del conflicto desatado por las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación al pretender sistemáricamente rebajar el sueldo de las y los docentes requiere de su inmediata presencia ante esta Cámara a fin de brindar explicaciones sobre esta crisis que pone en peligro el funcionamiento de las universidades y colegios preuniversitarios, y perjudica a las y los docentes y no docentes y las y los alumnos.

En los últimos días, junto con el paro dispuesto por los gremios, en todo el país se ha extendido el reclamo y las medidas de lucha. Desde Jujuy hasta Neuquén, pasando por Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe o La Plata miles de docentes, estudiantes y la comunidad educativa toda se pronuncian frente al ataque al salario docente y el ajuste en las universidades nacionales.

Sólo por mencionar algunos ejemplos, en la ciudad de Córdoba el pasado miércoles decenas de miles de personas ocuparon más de cinco cuadras, en un pronunciamiento contundente por la defensa de las universidades públicas. Al igual que en el 2005 y en el 2010, la comunidad educativa de Córdoba, que este año conmemora los 100 años de la Reforma Universitaria, se puso de pie. La masividad de la movilización acaecida en esta provincia iba a tener como continuidad una asamblea en la Facultad de Derecho a realizarse este jueves 23 de agosto del corriente año, pero sin ningún tipo de explicación la policía de Córdoba, en complicidad con las autoridades de la institución, decidieron desalojar la Facultad a minutos de que comenzara la reunión. Creemos que sobre este punto también debe brindar urgentes informes verbales el Ministro Alejandro Finocchiaro.

También en la provincia del Neuquén se realizó una sesión extraordinaria de todos los Consejos Directivos de las facultades de esa provincia. Sobre la avenida Leloir, una de las principales de la ciudad de Neuquén, las autoridades de las Facultades de Humanidades, Ingeniería, Economía y Administración, Turismo y Ciencias del Ambiente y la Salud convocaron a sesionar de forma abierta a los respectivos Consejos Directivos. La actividad, que bloqueó 3 carriles de la avenida, contó también con la participación del Rector y de los y las secretarias gremiales de ADUNC, CEDIUNCO, APUNC y la FUC. El eje central de la convocatoria estuvo en el problema presupuestario que atraviesan hoy todas las universidades nacionales y, particularmente la UNCo, a la que el gobierno nacional adeuda montos millonarios de la partida presupuestaria votada para 2018.

Asimismo en Mar del Plata, en el marco de la tercera semana de paro docente, la comunidad universitaria realizó un masivo abrazo que rodeó la manzana del Complejo Universitario. La medida fue convocada por los sindicatos ADUM, APU y ATE-Conicet, además de la Federación Universitaria Marplatense. Desde las 11 de la mañana, más de mil personas entre docentes, estudiantes, trabajadores e investigadores se reunieron en la entrada del complejo universitario, y posteriormente realizaron un abrazo que alcanzó a rodear las dos manzanas de la sede académica. Los trabajadores del INIDEP, en particular, se hicieron presentes con una bandera en repudio al intento de intervención del instituto de investigación.

En el conurbano bonaerense diversas universidades se plegaron al reclamo, como por ejemplo la UNSAM (Universidad de San Martin), donde se realizó una movilización de la comunidad educativa de la UNSAM desde el Campus Miguelete hasta la peatonal, donde luego se realizó una radio abierta e intervenciones artísticas.

Catamarca es otra de las provincias donde el conflicto se siente fuerte: cientos de estudiantes, docentes y no-docentes de la UNCA vienen movilizandose y realizando clases públicas y cortes de calle. El miércoles a la mañana volvieron a reunirse en el playón de entrada de la UNCA para marchar por la ciudad.

En Jujuy también los estudiantes, docentes y no-docentes de la UNJu cortaron el puente Lavalle y la avenida 19 de abril denunciando el recorte al presupuesto universitario. Participaron delegaciones estudiantiles de las facultades de Humanidades, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Ingeniería, Escuela de Minas y de la Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra, bajo la consigna “Basta de recortes a la educación pública, más presupuesto para educación no para la deuda”.

Este extendido y prolongado reclamo de docentes y estudiantes no sólo rechaza el miserable aumento que ofrece el Gobierno nacional a los gremios sino también el virtual ajuste en curso y la pretensión de las autoridades de recortar el ya magro presupuesto universitario. El plan de ajuste que está implementando el Gobierno luego de haber puesto al mando de la economía al FMI, llegará también al proyecto de Presupuesto 2019 y a las partidas destinadas a las universidades nacionales, razón por la cual requerimos también un informe pormenorizado de parte del Ministro del área sobre el tema, ya que la educación pública se encuentra en peligro.

Debemos recordar aquí que cuando se fijó hace un año atrás el presupuesto para las 57 universidades nacionales se pronosticaba una inflación del 15,7% –corregida el 28/12–y un dólar en promedio a $19,3 para este año. Sin embargo, la realidad superó a un presupuesto que quedó en la ficción. Al mes de julio la inflación acumulada es casi del 20 % y según el Banco Central sería del 31,8%, al menos, hasta fin de año. El tipo de cambio se elevó un 57 % desde el pronóstico de 19,3 al nuevo máximo de 30,4 que tocó en la segunda semana de agosto.

De esta manera se combina un ajuste por inflación que golpea de lleno a los salarios docentes y no docentes con la propuesta paritaria del gobierno y en el caso de los estudiantes con las becas del PNBU (Programa Nacional de Becas Universitarias), que se pagan en cuotas mensuales de $900, y también sufren un impacto considerable. Pero además, el ajuste por la suba general de precios se combina con una licuación en dólares que se va desarrollando a medida que se devalúa el peso. El presupuesto universitario de $103.000 millones (sin considerar el recorte de $3.000 millones que denuncian los gremios) lleva perdido hasta hoy, con la devaluación, un 36%, pasando de U$S 5.336,7 millones a U$S 3.421,9 millones.

La contracara del retroceso del presupuesto universitario en dólares es el acelerado proceso de saqueo de los recursos públicos del país que conlleva el círculo vicioso de fuga de capitales y pago de la deuda. Durante los primeros siete meses del año se fugaron 20.027 millones de dólares, lo que equivale a 6 presupuestos de las 57 universidades públicas de todo el país. A la vez que, este año, los vencimientos de deuda alcanzan la friolera de 78.000 millones de dólares, un equivalente a casi 23 veces el presupuesto de las universidades nacionales.

Con la llegada del FMI y el compromiso asumido por el gobierno nacional y los gobernadores de llegar al déficit cero en 2020, los presupuestos de educación, ciencia y técnica y de la universidad no van a ser ajenos a recortes de envergadura. La última vez que se proyectó eliminar el déficit fiscal siguiendo las órdenes del FMI fue en julio de 2001 con Domingo Cavallo como ministro de Economía. En ese entonces, la universidad estaba en la mira del arancelamiento ya desde1999 bajo el menemismo y, en 2001, con López Murphy como ministro de De la Rúa. En ambas ocasiones la respuesta contundente del movimiento estudiantil, las y los docentes y no docentes fue clave para derrotarlos.

Hoy nos encontramos nuevamente ante un Gobierno que puso en la mira del recorte y el ajuste a las universidades y a sus trabajadoras y trabajadores. El Ministro Finocchiaro debe hacerse presente ante la Cámara de Diputados y dar explicaciones ante tamaña crisis que afecta a la educación pública y cuya responsabilidad recae en su cartera.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.