Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, en virtud de la gravísima situación de infraestructura que se constata en las escuelas y establecimientos educativos en la Provincia de Buenos Aires que llevó a la muerte evitable de dos trabajadores de la educación el pasado 2 de agosto en la localidad de Moreno de esa Provincia, instruya al Ministerio de Educación de la Nación para que solicite los siguientes informes a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires:

1- Qué medidas y decisiones administrativas ha adoptado la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires ante las denuncias de gravísimos problemas de infraestructura que han hecho los docentes, los gremios y las familias de 781 escuelas bonaerenses y que fueron presentadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense el pasado 31 de mayo del corriente año en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires;

2 - Solicitamos detalle las licitaciones, montos, contratistas y plazos estimados de las obras realizadas y por realizarse en las escuelas y establecimientos educativos, así como también el estado de situación de los mismos a la fecha, considerando que las denuncias presentadas refieren a escuelas con faltante de mobiliario (52%); escuelas con necesidades generales de mantenimiento (49,8%); escuelas con problemas en los techos, roturas y/o filtraciones (35%); escuelas con faltantes de aulas y/o edificios (21,4%); escuelas con problemas de sanitarios (19,3%); escuelas con problemas eléctricos (12,3%); obras paradas (6,6%), y escuelas con problemas de gas (4,1%);

3 - Solicitamos informe si hubiera obras de infraestructura escolar que hubieran sido otorgadas a la constructora SES S. A., firma en la cual Jorge Antonio Caputo, hermano de Nicolás Caputo, controla el 50% de la masa societaria y forma parte de su directorio, así como el detalle los pliegos de licitación de dichas obras si las hubiere.

4- Cualquier otra información de interés que sirva al presente.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento el pasado jueves 2 de agosto del corriente año en la escuela primaria Nª 49 de jornada completa “Nicolás Avellaneda”, ubicada en Davaine y Félix Roldan del barrio San Carlos en la localidad de Moreno de la Provincia de Buenos Aires, se produjo una explosión de gas que terminó con la vida de Sandra Calamano, su vicedirectora, y Rubén Orlando Rodríguez, un auxiliar de la educación.

La vicedirectora fallecida había sido protagonista de numerosos reclamos de reparación del servicio de gas en la escuela. Sandra había advertido el peligro que implicaba para los alumnos y personal de las escuelas las condiciones en las que se encontraba la instalación del gas, sin obtener respuesta. El Consejo Escolar se encuentra intervenido por el avocador Sebastián Nasif, según lo dispuesto por el Ministro de Educación de la Provincia.

Estas muertes no son producto de un accidente sino de la desidia estatal de años de desinversión y ajuste educativo, con políticas que optan por financiar intereses de deuda externa, de beneficiar a los empresarios en la Provincia y mantener partidas presupuestarias miserables para la educación pública, a la que asisten más de 4 millones y medio de alumnos bonaerenses.

Este crimen social es, como han titulado varios medios, la “crónica de una muerte anunciada”. Ante el dolor y lejos de paralizarse la docencia en la Provincia junto a la comunidad educativa han dado una masiva respuesta paralizando las escuelas el pasado 3 de agosto y se han movilizado por decenas de miles en las calles y plazas, como ya lo habían hecho en Moreno al enterarse de la brutal muerte de Sandra y Rubén. Esta movilización no va a parar porque los docentes buscan que estas muertes no queden impunes y no se resignan a naturalizar las condiciones en las que se encuentran las escuelas.

Los trabajadores de la educación vienen denunciando el deterioro de la infraestructura escolar y las condiciones de enseñanza y aprendizaje de docentes y alumnos hace muchos años. Vienen exigiendo el aumento del presupuesto educativo con luchas históricas como la huelga de 17 días en el año 2014 bajo el gobierno de Daniel Scioli o los masivos paros desde principio año hasta el pasado 30 y 31 de julio de este año.

El gobierno de Cambiemos, a través de la gobernadora Vidal y su ministro de Educación, Gabriel Sanchez Zinny, vienen desconociendo estos reclamos, dándole la espalda. Sin embargo, han puesto empeño en intentar desacreditar la labor docente, acusándolos de ser responsables de la crisis educativa por abusar de sus licencias laborales, contempladas en el estatuto del docente y sus derechos laborales y se han empeñado en atacar a los gremios, amenazándolos con multas millonarias. Ante la discusión paritaria, han dictado la conciliación obligatoria como juez y parte de un conflicto que no pretenden resolver en favor de la educación pública sino de imponer un techo salarial del 16% cuando se estima una inflación este año va a superar el 30%.

Los docentes denuncian el ajuste en educación que también implica que el 70% de los establecimientos educativos tienen algún tipo de problema edilicio en la provincia. Algunos de una gravedad tal que pueden derivar en hechos tan o más graves como el sucedido en la escuela 49 de Moreno.

Solo por tomar algunos ejemplos, en General Rodríguez el 80% de las escuelas tiene filtraciones en los techos y rajaduras en las paredes, caída de mampostería, falta de sanitarios y de luminaria. En General Pueyrredón, por poner otro ejemplo, el 50% tiene filtraciones en techos y paredes; un 25% falencias de calefacción; y el mismo porcentaje problemas con los sanitarios.

Los docentes y las familias que sostienen día a día la educación pública con la solidaridad, colaboración y esfuerzo diario son quienes mejor saben cuánto y cómo presupuesto debe destinarse para resolver un problema estructural de la educación y revertir esta emergencia educativa en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires.

La gravedad de la situación descripta que llevó a la muerte a dos trabajadores de la educación impone que elevemos este pedido al Ministerio de educación de la Nación, para que por su intermedio se requieran estos informes urgentes a su par de la Provincia de Buenos Aires. Cuando está en juego la vida de trabajadores y alumnos no pueden ponerse por delante razones administrativas o jurisdiccionales.

Por las razones expuestas y con la urgencia del caso es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.