Expresar su más enérgico repudio y preocupación por el hostigamiento y persecución política, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, a las supervisoras de Nivel Inicial de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, como acto intimidatorio por su defensa a los derechos de las niñas y niños de 4 y 5 años a tener acceso al jardín de infantes como lo dispone la ley.

Señor presidente:

En el año 2014 la provincia de Río Negro asumió la responsabilidad legal de incluir la obligatoriedad de la sala de 4 años. En aquella fecha, las autoridades gremiales y otros actores del sistema educativo visibilizaron, en la ciudad de Cipolletti, la falta de vacantes para hacer frente a dicha obligación. Situación agravada por la falta de planificación y decisión política para ejecutar las obras correspondientes para contener aquella nueva demanda.

La respuesta del Gobierno provincial fue paupérrima, pretendió cerrar las existentes salas de 3 años, en patente violación a los derechos conquistados de nuestros niños y niñas, así como pretendió ampliar jardines existentes en lugares no aptos para la seguridad de los niños y alejados de las nuevas salas. La realidad de los niños y niñas de Cipolletti, se encontraba en una situación muy precaria y lejos de tener una solución definitiva.

En este contexto, Stella Maris Errotabere y Paula Frese, ambas supervisoras titulares que accedieron a su cargo a través de un concurso público de oposición y antecedentes, realizaron reclamos administrativos a fin de que el Ministerio de Educación de la Provincia arbitrara los medios para garantizar el derecho de escolaridad de los niños.

A falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades provinciales, el 10 de agosto, la comunidad educativa se presentó ante la justicia a fin de encontrar soluciones para garantizar el derecho a la educación de sus niños y niñas. La Cámara Civil hizo lugar al pedido y mandó a fortalecer la educación inicial y a escolarizar a los niños y niñas que a la fecha se encontraban sin vacantes.

Sin embargo, el Ministerio desconoció la obligación impuesta por la justicia, y destituyó de sus cargos a las supervisoras, en un claro acto de hostigamiento por defender el derecho social a la educación y de las condiciones dignas en que se garantice ese derecho.

Como prueba de la discriminación, avasallamiento y persecución política de dichas supervisoras, las mismas no fueron reubicadas dentro del sistema educativo tal como suele realizarse en estos casos. Durante un año no tuvieron destino asignado y además fue avasallado su derecho a la evaluación docente, toda vez que la Junta de Clasificación de Educación Inicial, otorgó a ambas supervisoras el puntaje máximo, el que fue modificado por el poder político, en patente violación de las normas legales.

Este acto de intimidación y disciplinamiento por parte de las autoridades provinciales de turno, resulta un atropello al derecho a la educación y a la sana obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar la violación de normas legales.

Bregamos por el cumplimiento cabal de la ley de educación provincial, y porque se garantice el derecho a la educación obligatoria a los niños y niñas de 4 y 5 años en el correspondiente jardín de infantes. Asimismo, reclamamos la inmediata restitución de las supervisoras destituidas, la anulación de los sumarios y la sanción correspondiente a las autoridades provinciales por semejantes actos de persecución política y desconocimiento de la normativa vigente.

Reforzamos nuestro compromiso con la educación inicial, y con la ampliación derechos conquistados para todas las niñas y niños de mi provincia Rio Negro y de nuestro país.

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto de declaración.