Artículo 1.- Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar a todos los educandos el derecho a recibir educación ambiental con el propósito de concientizar a los ciudadanos acerca de la necesidad de modificar hábitos destructivos del ambiente y revertir la crisis medioambiental actual.

Artículo 2.- Alcance. Todos los establecimientos públicos y privados de las jurisdicciones nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán incorporar los contenidos sobre esta materia que defina el Ministerio de Educación de la Nación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Artículo 3.- Reglamentación. Según lo dispuesto por el artículo 119 inc. c de la ley 26.206 de Educación Nacional, el Consejo de Actualización Curricular, creado como Concejo Consultivo del CFE, en el marco del cumplimiento de sus funciones, deberá proponer las innovaciones que considere pertinentes en los contenidos curriculares comunes.

Asimismo, los Ministerios de Educación provinciales son invitados a adherir a la presente ley mediante las adaptaciones de sus diseños curriculares.

Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

No es una novedad que la degradación del medio ambiente es uno de los problemas más significativos que nos toca afrontar desde hace un tiempo, producto de la creciente intervención del ser humano en procesos naturales, con el objetivo de obtener un rédito. Somos testigos de esta degradación en ámbitos locales, pero también globales. Una consecuencia inevitable de esta situación es el crecimiento de la pobreza, la violencia, la inequidad y el agotamiento de los recursos naturales.

Dada la gravedad de esto que nos toca vivir, la ONU había proclamado los años 2005-2014 como el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de integrar los principios, valores y prácticas del Desarrollo Sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje, de manera que se fomentaran cambios de comportamiento necesarios para preservar en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía, y para que las generaciones actuales y venideras gocen de justicia social. Es evidente que este objetivo no está cumplido, aunque puedan pensarse situaciones en las que se ha tomado mayor conciencia.

Creemos que revertir este drama ambiental del que nos toca ser testigos es una tarea urgente, que no podrá llevarse a cabo sin un cambio de mentalidad, en el que necesariamente debe intervenir la educación: debemos pasar de una lógica del dominio a una lógica del cuidado. El Papa Francisco llamó la atención sobre esta problemática y la describió con acierto en la encíclica Laudato Sí cuando se refiere a lo que le está pasando a “nuestra casa común” (en términos de contaminación y cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida y la degradación social consecuente, la inequidad planetaria y la debilidad de las reacciones) y, sobre todo, a las raíces humanas de esta situación.

La globalización de las problemáticas ambientales que nos aquejan exige de nosotros un cuestionamiento profundo a las prácticas habituales que subsisten en nuestra sociedad. No hemos sido capaces de abandonar la lógica del domino para adoptar una lógica del cuidado: buscamos un permanente crecimiento de lo que llamamos “calidad de vida” sin tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones; de allí que no nos preguntemos por cuestiones éticas a la hora de evaluar ciertos proyectos, siempre y cuando sean redituables. Es por eso que consideramos urgente comenzar a transitar ese cambio cultural que necesitamos: empezar a cuidar y dejar de dominar. En este camino, la educación aparece como el proceso totalizador e integral que permite el desarrollo pleno del ser humano a partir del cuestionamiento de prácticas instaladas y la propuesta de acciones transformadoras para un desarrollo sustentable.

Se entiende el desarrollo sustentable como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo [CMMAD], 1988, p. 67). Se trata de un proceso armónico que demanda a los diferentes actores de la sociedad responsabilidades y obligaciones en la práctica de los esquemas económico, político, ambiental y social, así como, en las pautas de utilización de los recursos o bienes naturales que establecen una calidad de vida adecuada. (Cantú-Martínez, 2012b, p. 88).

Consideramos que la educación debe intervenir en la generación de prácticas sustentables y en la superación de cierto conformismo cultural que parece instalar entre nosotros costumbres destructivas del ambiente y de la vida humana. Sabemos que las huellas culturales traen consigo paradigmas que se “normalizan”, eliminando discusiones sobre los conceptos básicos de los que están hechos. Todo ser humano está marcado por una huella cultural que primero se imprime en la familia, luego en la escuela y luego en la vida profesional-laboral. En este sentido, pensamos que la educación debe contribuir y favorecer cambios en los esquemas de pensamiento que alientan nuestra vida social: todos los esfuerzos deben estar orientados a estimular la participación de todos en el desarrollo sustentable.

No podemos olvidar que la gestión ambiental por parte del Estado, comprendida como el conjunto de acciones humanas que tiene por objeto el ordenamiento de las actividades con incidencia en el estado del ambiente, debe incluir un capítulo fundamental en lo que se refiere a la educación y a la implementación de medidas tendientes a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa y diversa. En este sentido, ha sido de fundamental importancia la creación de la Dirección de Educación Ambiental como parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Se está trabajando en el marco de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) para orientar, consensuar y articular las acciones que se concretan en las diferentes regiones del país.

Asimismo, un instrumento fundamental a la hora de evaluar críticamente los datos nos lo brinda el tercer Informe del Estado del Ambiente de la República Argentina, cuya elaboración instruye la Ley General del Ambiente N.° 25675. Allí se encuentran compendiadas información y estadísticas oficiales generadas por el Estado nacional y complementada, en algunos casos, por una multiplicidad de fuentes de orden internacional, nacional, provincial y municipal, del sector privado, académico y de la sociedad civil, entre otras. No es este el lugar indicado para resumir el contenido de un informe tan profundo y de esas dimensiones, que está disponible para consultas en https://www.argentina.gob.ar/ambiente. Sin embargo, es necesario mencionar algunos puntos sobresalientes:

En primer lugar, algo que alude directamente a nuestra tarea legislativa: “la gestión ambiental comprenderá no solo los actos materiales, generales e individuales, sino también aquellos vinculados a “lo normativo”, que componen los temas con arreglo a los cuales debe llevarse a cabo el manejo. Como componente de la gestión ambiental, la política es el primer paso para una adecuada ordenación de las actividades que inciden sobre el ambiente. Existen métodos a través de los cuales se formula la política ambiental: legislación, decretos y otras normas administrativas de diverso rango” (IEA 2017, p.10).

Luego, que existen algunas novedades normativas de interés, que se mencionan en el Informe y se exponen con cierto detalle: la Opinión Consultiva 23/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoce por primera vez como integrante del sistema de derechos humanos el derecho al ambiente; el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe; el Decreto 934/2017, que dispone dispone la transferencia para toda la Administración Pública Nacional de la competencia en materia de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica en favor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Creación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiero en el artículo 52 de la Ley 27431, en desarrollo del artículo 34 de la Ley 25675 General del Ambiente; entre otras.

Luego, cuando se refiere a los niveles de educación y condiciones de actividad por grupo etario en Argentina, el Informe destaca que “en 2017 representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y de Educación (CFE), rubricaron e impulsaron el Compromiso Federal para la Educación Ambiental. Su concreción forma parte de los acuerdos institucionales de apoyo y cooperación que son necesarios para potenciar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, donde también se puede destacar el convenio marco de colaboración en materia de educación ambiental establecido entre los ministerios nacionales de Deporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el mismo año. Entre los objetivos del Compromiso Federal se destaca la articulación de políticas de educación y ambiente orientadas a la formación de una ciudadanía participativa y ambientalmente responsable, el desarrollo conjunto de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental con el Sistema Educativo Nacional y la promoción de proyectos de legislación nacional y provincial en materia de educación ambiental” (IEA 2017, p.50).

Finalmente, el mismo Informe se refiere a la situación argentina según indicadores socioambientales internacionales en los siguientes términos: “La medición del desarrollo en una nación puede realizarse en función de tres lineamientos: crecimiento económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Para cada uno se puede identificar un índice que permite esa medida: el Producto Interno Bruto (PIB), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IODS). El PIB es una medida del valor de la actividad económica de un país, calculando la producción de bienes y servicios para un período determinado. El IDH refiere a la ampliación de oportunidades para las personas, más que un fin económico en sí mismo. Se calcula utilizando como variables mediciones de salud, educación y niveles de vida. Por último, el IODS recopila información de 77 indicadores de variada índole, para finalmente calcular en un solo índice la posición relativa de cada país en su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Argentina, por PIB, se encuentra en el puesto 51 de 183 países, según dispone el Banco Mundial (2015). En cuanto al IDH estipulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016), ocupa el puesto 45 de 188 países. Y finalmente, según IDH - 2016, Argentina está ubicada en el escaño 46 de un total de 149 países.

Desde una óptica local y subnacional, el PNUD Argentina ha delimitado un Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP). Dicha metodología ofrece una cuantificación preliminar sobre las situaciones comparativas de desarrollo sostenible con nivel provincial, al mismo tiempo que incluye a los actores provinciales dentro del sistema estadístico nacional, de tal forma que se puedan obtener más y mejores desagregaciones estadísticas.

Dicho índice se propone capturar: crecimiento económico, a través del ingreso per cápita y capital humano; la inclusión social, con el cálculo de pobreza relativa, empleo formal e informal, salud y educación y; por último, la sostenibilidad ambiental, con las emisiones de GEI y la generación y disposición de residuos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking provincial, en tanto presenta los niveles más elevados en todas las dimensiones antes mencionadas. Seguidamente se ubican provincias como Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén, cuyo IDSP ofrece un valor superior al promedio nacional. Debajo de éste se encuentran Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, San Juan, Tierra del Fuego, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Saltas. Formosa, Chaco y Santiago del Estero expresan la situación más crítica, hallándose al final del ranking.

Según el PNUD (2017), Argentina no presenta serios problemas de sostenibilidad del desarrollo derivados de su balance macroambiental, dado que la huella ecológica se ha mantenido siempre muy por debajo de la biocapacidad del país, aunque esta última tiende a reducirse. Esta es una visión global, que no implica que no existan problemas ambientales específicos” (IEA 2017, págs. 54-55).

La generación de nuevos hábitos implica un enorme desafío para los educadores, ya que incluso en lugares en que los jóvenes han crecido en la conciencia ecológica y en la responsabilidad en torno al cuidado del ambiente, la cultura del consumo está tan arraigada que impide el fortalecimiento de nuevas formas de ver la vida y cuidar la casa. La educación para la sustentabilidad no debe limitarse a la acumulación de información científica y a la concientización sobre ciertos riesgos, sino que, como afirma el Papa Francisco, debe incluir “una crítica de los «mitos» de la modernidad basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas)” (LS 210). Es por eso que creemos que una ciudadanía verdaderamente ecológica debe ser capaz de desarrollar hábitos nuevos en quienes, más allá de controles y castigos, crecen en el compromiso para abandonar la lógica del dominio y abrazar la lógica del cuidado.

Estamos convencidos de que a través de la educación es posible cambiar el mundo y revertir la tendencia a la reducción de la biocapacidad de un país y del mundo. El arraigo de nuevos hábitos y de formas nuevas de interactuar con el ambiente producirá frutos entre nosotros que redundarán en beneficio nuestro y de nuestros hijos.